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Los partidos políticos dominicanos tienen argumentos que no convencen en torno a las candidaturas independientes.
Por Elba García
Prácticamente todos los partidos políticos del país o por lo menos la mayoría expusieron sus argumentos en contra de las candidaturas independientes en el encuentro montado por la Junta Central Electoral, cuyo escenario fue también levantado sobre la base de una evidente ruptura con el principio de igualdad, ya que los que tienen una posición en favor de la referida figura jurídica tuvieron que esperar para plantear sus ideas al respecto a que de forma maratónica hablaran los miembros de la llamada partidocracia.
La actividad fue un escenario en el que se escucharon todo tipo de consideraciones para justificar su cuestionamiento a la decisión del TC y la figura de las candidaturas independientes, pero esos criterios fueron confrontados por quienes entienden que se trata de todo lo contrario y que las mismas son una tabla de salvación de una democracia profundamente contaminada.
El encuentro tuvo lugar en la tercera planta de la Junta Central Electoral (JCE) y que fue presidida por su presidente, Román Jáquez, la cual se inició después las diez de la mañana y concluyó en horas de la tarde del pasado 26 del mes de febrero del 2025.
En los debates sobre las candidaturas independientes expusieron los partidos grandes, medianos y pequeños, los cuales sostuvieron que la democracia dominicana está llena de bondades y de logros que sólo ven ellos y desde esa perspectiva consideraron que la sentencia del TC es una forma de golpearla y de crearles riesgo al sistema electoral.
Sin embargo, los que mantienen una posición contraria estimaron que la sentencia del TC sobre las candidaturas independientes se inscribe en el marco de la corriente del neo-constitucionalismo que impacta el derecho interno y el internacional, por lo que decisiones sobre la materia pueden ser encontradas en el derecho comparado.
Entre los exponentes en favor de las candidaturas independientes estuvo el director de este diario, doctor José Antonio Cabral Salcedo, quien sostuvo que la democracia dominicana está profundamente contaminada y erosionada y que se no se modifica tiene pocas posibilidades de sobrevivir.
Expuso que en la República Dominicana se produce un serio problema de institucionalidad que pone en peligro la propia existencia de la nación, porque la falta de visión de los gobernantes los lleva a cometer grandes errores que van en contra de ellos mismos.
Citó que el problema haitiano no implica los peligros que se le atribuyen en razón de que si bien es cierto que el asunto es realmente preocupante, porque el Estado dominicano no está en capacidad de regular nada, no sólo la migración, sino también lo medioambiental, la salud y la educación, entre otros, debe decirse que el problema no está del otro lado de la frontera, sino en el mismo entorno nacional.
Reflexionó sobre la existencia en Haití de un Estado que sólo existe de derecho, pero no hecho, cuya anormalidad, dijo, que no está lejos de lo que ocurre con el dominicano, el cual existe en las dos vertientes, aunque profundamente contaminado.
Señaló la descomposición que se observa en órganos como el Ministerio Público, cuya función es perseguir el crimen y el delito, pero que desconoce totalmente los derechos fundamentales y en consecuencia representa una verdadera tragedia nacional, ya que hasta la figura del archivo definitivo es usado como una retaliación y chantaje en contra de las víctimas y de igual modo citó el comportamiento de los jueces de los tribunales de primera y segunda instancia que regularmente emiten sentencias en violación de las normas.
Explicó que la sentencia del TC forma parte del empoderamiento del derecho constitucional, el cual se apoya en la autoridad que le otorga la Ley 137-11 para recomponer lo mal que está el sistema de justicia nacional y donde el poder público se fundamenta en la vulneración de una serie de normas, valores y principios constitucionales.
Rechazó el planteamiento de los partidos políticos para que en el marco de la regulación de las candidaturas independientes se les requiera tener personalidad jurídica, lo cual choca con el espíritu de la decisión que es empoderar al ciudadano por ser en quien descansa el derecho de elegir y ser elegible.
Planteó que la referida sentencia del TC se inscribe en el marco de la tendencia del derecho procesal constitucional contemporáneo que incluso cuestiona que la modificación de la Constitución de la Republica se haga a través del legislador positivo, cuando debe ser mediante las asambleas constituyentes, cuyos miembros son escogidos por el pueblo, a fin de evitar que cuando los partidos tengan el control del Congreso Nacional introduzcan cláusulas sólo en favor de sus intereses y no de los las grandes mayorías nacionales.
En la actividad también hablo la activista social Yadira Marte, quien denuncio parte de las travesuras de la partidocracia a través de sus principales actores.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.