Por Elba García

El Ministerio Público por la conducta de sus fiscales ha entrado en nivel de descrito que podría decirse que es total, ya que los funcionarios que trabajan a su servicio se prestan a todo tipo de maniobras para mentir e incurrir en acciones antijurídicas en violación de su propia legalidad consignada en el articulo 169 la Constitución de la Republica y en su ley orgánica, la 133-11.

 En el Ministerio Público se ha creado una fuerte muralla en contra de la transparencia y sus fiscales ponen a rodar los pocos logros que ha tenido el país en términos constitucionales, ya que incluso las denuncias y querellas presentadas ante este mecanismo terminan generalmente en el zafacón y para justificar esta irregularidad sus funcionarios incurren en el chantaje y la retaliación en contra de las víctimas a través de la figura del archivo definitivo.

Por lo que se ve, en el Ministerio Público sólo caminan aquellos casos con importancia mediática, porque los mismos son una herramienta para buscar promociones y un falso respeto ante la sociedad, lo cual forma parte de un problema integral del órgano, pese a que se puede decir que es un asunto generalizado en el Estado dominicano.

En los actuales momentos no se sabe cuál de ambos, es decir, la Policía Nacional o el Ministerio Público es el más corrupto del Estado dominicano y al propio tiempo negligente y que no ajusta sus acciones al principio de legalidad, cuya expresión del fenómeno se nota con mayor fuerza en las jurisdicciones donde el crimen  tiene un mayor impacto.

Un lugar peligrosamente impactado por la corrupción de los fiscales es el Distrito Judicial de Santiago, aunque los demás no están libres del mal, pero en esta jurisdicción el descaro y la falta de vergüenza de este órgano público raya en lo peor.

Es tan grande el problema que la ejecución de una sentencia irrevocablemente juzgada a través del otorgamiento de la fuerza publica, la cual es una función de la fiscalía,  es una misión imposible porque en esta instancia se distorsiona este propósito y se le suma la   manipulación de muchos jueces que aparentemente están al servicio de los que se dedican a cometer hechos al margen de la ley.

Es una crisis integral la que afecta a todo el sistema de justicia nacional, pero  con la escogencia de un nuevo procurador general de la República que esté consciente del problema y que de inmediato inicie un proceso de profilaxis de los fiscales, muy probablemente el cuadro pueda variar.

En las próximas horas el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se aboca a escoger al jefe del Ministerio Público y entre los posibles escogidos está Yeny Berenice Reynoso, Milton Ray Guevara, Jorge Subero Isa, entre otros, pero en lo que respecta a estos tres este periódico se inclina por el expresidente del Tribunal Constitucional porque ese órgano del Estado necesita ser insertado en el proceso de constitucionalización que hoy vive el país.

En lo que respecta al accionar del Ministerio Público la mayor parte de sus errores obedece a que los fiscales no están formados para responder a la corriente del neo-constitucionalismo que hoy impacta al sistema de justicia, máxime a nivel penal.

Y si de una cosa sabe Ray Guevara es precisamente de derecho constitucional, lo cual dejó más que claro cuando estuvo al frente del Tribunal Constitucional, el cual en este momento es el mejor referente de respeto a los derechos fundamentales.

Este diario considera que Ray Guevara prestigiaría al Ministerio Público y por su vía podría producir  el cambio que necesita ese órgano del Estado, vital para que se acaben los atropellos en contra de la mayoría de los ciudadanos que en algún momento se convierten en víctimas de aquellos que creen en la violación de la ley y en la comisión de lo mal hecho.

El otro señalado para ocupar el puesto que apoya este periódico es Jorge Subero Isa, porque es una persona con una sólida formación jurídica y de una conducta que hasta pruebas en contrario es recta y firme.

En el caso de Yeni Berenice Reynoso su trayectoria podría proyectar una buena imagen de ella, pero hay detalles de su desempeño que generan muchas dudas, dado que la mayoría de los fiscales adjuntos de Santiago son liderados por su persona  o que por lo menos ella es su madrina, muchos de los cuales tienen un comportamiento que dañan severamente la sociedad.

En realidad, el peso de Ray Guevara y de Subero Isa superan el de Berenice Reynoso y ese es un detalle que cuenta en un Ministerio Público en el peor de los descréditos, lo cual representa una amenaza para el Estado de derecho y la democracia.

El Pleno de la Junta Central Electoral ha invitado a los partidos políticos a plantear sus posiciones en contra de las candidaturas independientes, cuyo escenario también debe ser abierto para todas las personalidades y organizaciones que defienden esta figura jurídica.

Hasta el momento ha prevalecido en los medios de comunicación la posición de la llamada partidocracia, pero a partir de los debates convocados por la JCE es muy importante que se escuchen las voces que entienden que las candidaturas independientes hacen más participativa la democracia nacional y que a través de ellas  se crea otra vía para que los ciudadanos se acojan al derecho de elegir y ser elegible.

Los debates al respecto permitirán que se escuchen las voces de los que entienden que los partidos políticos son los responsables de la gran desgracia de la democracia dominicana, cuya corrupción administrativa lacera todo el sistema institucional de la nación.

Aunque las candidaturas independientes no sean necesariamente la panacea a un problema histórico y cultural, porque a través de ellas se pueden colar personajes del bajo mundo, lo cual ya se produce hace mucho tiempo a través de los partidos políticos del país, pero por lo menos representa una opción diferente a lo que siempre está presente en el escenario electoral.

El debate de esta figura, que llevó al Tribunal Constitucional a emitir la sentencia numero TC/0788/2e, lo que provocó la anulación de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 del régimen electoral, ha abierto la posibilidad de que cualquier persona con las condiciones para aspirar a un puesto de elección popular no tenga que adherirse a los grupos mafiosos que operan a lo interno de los partidos políticos y tampoco pagar un millón de pesos para presentar  una candidatura presidencial  como tienen de requisito las principales organizaciones del país.

Una multiplicidad de voces de diferentes sectores de la vida nacional ha satanizado la sentencia del TC bajo el argumento de que la misma socava la fortaleza de los partidos políticos, pese a que trata de todo contrario.

Entre las organizaciones que han solicitado ser incorporadas al debate del proyecto de reglamento que contempla someter al Congreso Nacional la Junta Central Electoral están el Frente Pro-Candidaturas Independientes (FPCI), el cual está conformado por una serie de profesionales de diferentes ramas de las ciencias.

Entre ellos se encuentran el creador del proyecto de acción de inconstitucionalidad ante el TC, licenciado Alberto Fiallo Billini, el doctor Isaías Ramos, Edgar Paniagua Miguel, licenciado Elba García Hernández, el licenciado Domingo Suarez Sabés y el doctor José Antonio Cabral Salcedo.

Otras organizaciones sin fines de lucro que han solicitado ser incorporadas a los debates sobre el reglamento de las candidaturas independientes son el Foro Cívico y Social y la Fundación Grupo Nacional Azul (Fungrana).

La sentencia del Tribunal Constitucional ha revivido una figura jurídica que tiene décadas en el sistema electoral dominicano, pero que nadie se había interesado en ponerla en vigencia para buscar una respuesta a una serie de partidos políticos que sólo representan la negación de una democracia con transparencia y no corrupta.

La llamada partidocracia sólo ha servido hasta los actuales momentos para sustraer el patrimonio nacional a través del control del Estado y de auto asignarse mediante el Congreso Nacional de grandes cantidades de miles de millones de pesos que nadie sabe a cuáles bolsillos van.

En la República Dominicana los partidos han logrado imponer una serie de antivalores por lo que ninguna persona seria y honesta quiere hacer vida política porque la primera condición para ello es que se defienda lo indefendible.

El Frente Pro-Candidaturas Independientes ya trabaja para impartir conferencias en todo el territorio nacional, así como en las universidades y en otros lugares de concentración de personas para dejar claro el alcance que tiene la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.

Hace algunos días que en el municipio de San José de las Matas se produjo un supuesto atentado a tiros en contra de la alcaldesa de allí cuando varios desconocidos en horas de la noche atacaron la residencia de ésta y un vehículo de su propiedad.

En el ataque no hubo heridos ni daños de consideración y el mismo provocó un proceso de investigación que también revela hasta dónde el Ministerio Público cada día actúa en detrimento de su propia credibilidad.

Los acusados del acto criminal en contra de la referida dama ya están bajo custodia policial, pero en el proceso han ocurrido una serie de hechos que dejan lo suficientemente claro que la República Dominicana atraviesa por una verdadera crisis ético-moral a nivel de todas las instancias del Estado.

Lo primero es que el principal sospechoso del atentado, el cual está adornado con la figura del sicariato, de nombre Gabriel Rodríguez Góris (El Chino), ha sido acusado sobre la base de que se ha establecido que fue quien prestó el vehículo en que se movilizaban los supuestos responsables de los hechos.

Este hombre ya ha ofrecido sus declaraciones en el interrogatorio hecho por el Ministerio Público, el cual resulta altamente contradictorio, porque revela una serie de detalles de los hechos que parecen ser el resultado de las alegadas fuertes torturas físicas que ha recibido por parte de la Policía Nacional para que diga lo que los funcionarios del órgano persecutor del crimen y el delito quieren escuchar y que se inscriban en el contexto de lo que el alcalde de Sajoma busca lograr.

Sin embargo, lo más grave del expediente presentado es que acusan al regidor del referido municipio, Brayan Enmanuel Collado, de ser el autor intelectual y en esa virtud aparece en el caso como prófugo de la justicia, lo que lo ha llevado a éste a presentarse en no menos de cuatro veces ante los fiscales que investigan el caso para que sea investigado al respecto, pero éstos se han negado.

El legislador municipal, quien es estudiante de ingeniería civil de la Universidad Católica Madre y Maestra (PCMM) y reconocido empresario inmobiliario y del sector de las remesas de la mano de su padre en el municipio de San José de las Matas, así como el poseedor del más alto crédito otorgado por la Cooperativa de Ahorros y Créditos San José, el cual asciende a cerca de cien millones de pesos, fue el más votado en las pasadas elecciones municipales en Sajoma.

El caso mientras pasan las horas toma un color que desmiente todo lo que ha plasmado en el expediente el Ministerio Público, el cual aparece sin la fuerza que demanda la presentación, principalmente, de una medida de coerción en contra de cualquier imputado.

El atentado parece tornarse como una auto agresión patrocinada por el alcalde de San José de las Matas, Alfredo Reyes, para sacar de circulación al regidor Brayan Collado en razón de que éste inició una ofensiva de denuncias en contra de una serie de irregularidades que ocurren en el ayuntamiento de Sajoma.

La audacia del regidor ha llegado tan lejos que en algún momento se atrevió a decir que aspiraría en el 2028 a la alcaldía de San José de las Matas, donde parece tener algún apoyo social y político.

Esas intenciones de Collado, un joven de unos unos 29 años, fue motivo de preocupación para el actual incumbente del cargo, quien en la actualidad desarrolla su segundo periodo al frente del ayuntamiento, pero que además ha creado una especie de dinastía en la zona de La Sierra, que incluye a su mujer como alcaldesa del Distrito Municipal de El Rubio y de igual modo financia a los que ocupan el mismo puesto en La Cuesta y en Las Placetas, todos pertenecientes al municipio de San José de las Matas.

Este alcalde, que de acuerdo a lo que se ha podido comprobar, paga hasta seis mil pesos por un voto para mantenerse en el cargo, controla personalmente la Sala Capitular del municipio, cuyos regidores no se atreven ni a pedir cuentas de los ingresos y egresos del cabildo.

Carta enviada por el regidor Collado a la alcaldía de Sajoma.

La confrontación entre el alcalde y el regidor Brayan Collado tomó un giro más preocupante cuando el edil le envió una carta al ejecutivo municipal en la que le anunciaba que presentaría una demanda ante el Tribunal Superior Administrativo por éste manejar en favor de sus intereses grupales las propiedades que tiene la corporación edilicia en Sajoma, algunas de las cuales fueron otorgadas sin la introducción de esos contratos de arrendamientos en la Sala Capitular, que es la tiene la facultad de aprobarlos o rechazarlos.

Continuación de la carta.

Un total de 185 bienes inmuebles propiedad del ayuntamiento fueron identificados en un levantamiento al respecto   y los mismos los controla de manera personal el alcalde, quien, además, maneja sin transparencia la compra de combustibles y el pago de las nóminas de las brigadas que trabajan al servicio de la alcaldía en el principal municipio de La Sierra.

El alcalde Reyes también recibe varios millones de pesos mensuales por concepto de renta de equipos pesados al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), del cual renunció el regidor muchos días antes de la ocurrencia de los hechos en los que se le involucra.

Respuesta del ayuntamiento de Sajoma a carta del  regidor

El  atentado, en el que el regidor aparece como supuesto autor intelectual, se ha tornado complicado para que quienes lo concibieron en virtud de que el último de los interrogados por el Ministerio Público, ha dicho que lo ocurrido obedece a un problema de falda, lo cual, de antemano, descarta la teoría de los fiscales que trabajan en el caso, ya que el último imputado del supuesto atentado también dice  desconocer al joven Collado.

Otro elemento que parece complicar más el caso es cómo se han presentado los hechos, ya que ha trascendido que la persona que entrega al principal imputado del hecho, Gabriel Rodríguez Góris (El Chino), es el alcalde Alfredo Reyes, quien incluso, según una fuente de entero crédito, le puso un abogado a éste, lo cual resulta contradictorio en razón de que ello sólo puede ocurrir si tratara de un auto atentado para inculpar al regidor.

El asunto se ha tornado sumamente preocupante porque el poder económico del alcalde ha permitido que la gente esté llena de miedo para enfrentarlo, sobre todo porque el cabildo se maneja como si San José de las Matas estuviera dirigido por un “Trujillito” o cacique que entiende que la institución pública es un patrimonio personal.

El poder acumulado en La Sierra por el referido ejecutivo municipal ha llegado al nivel que uno de los diputados de la Circunscripción 2 de la provincia de Santiago, Braulio Espinal, cuya curul fue pasada a éste por el alcalde Reyes, es un títere puesto y totalmente controlado por el cacique y por su grupo, cuyo sueldo, según lo que ha circulado, debe entregárselo a su jefe político.

El atentado en contra de la vicealcaldesa, quien tiene vínculos muy estrechos con el alcalde, ya que fue él quien la colocó en el cargo, presenta una situación que explica el corrompimiento del Ministerio Público, dado que los abogados apoderados del regidor  se han presentado en no menos de cuatro veces con el imputado para someterse al interrogatorio que disponga el órgano y los fiscales que investigan el caso se han negado a recibirlo, pese a que aparece en  el expediente como prófugo por supuestamente ser el autor intelectual del atentado.

Tanto es así, que este jueves se celebró en la sala de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción en contra del principal  inculpado del atentado y a  la misma se presentó el regidor Collado con sus abogados con la intención de accionar en contra del expediente instrumentado por el Ministerio Público, pero la jueza de ese tribunal dijo que no era posible conocer su caso por razones procesales, ya que Ministerio Público sólo había presentado expediente en contra de Gabriel Rodríguez Góris (El Chino).