Opinión
Los retos del presidente Danilo Medina al comenzar su último año de gobierno
El mandatario debe concentrarse en terminar con aprobación su período gubernamental, concluyendo las obras pendientes, sin disparar el déficit fiscal ni el endeudamiento y mejorar la institucionalidad con un proceso electoral libre de los abusos del Estado
Por Juan Bolívar Díaz
En el discurso del 22 de julio donde resignó la posibilidad de buscar otro período de gobierno, el presidente Danilo Medina delineó respuestas a los retos de su último año, resaltando el respeto a las normativas institucionales y auspiciar una campaña electoral limpia y de sana competencia que refleje la voluntad democrática del pueblo dominicano.
Para concluir bien su gestión de ocho años, el mandatario debería concentrarse también en concluir las obras en proceso, evadiendo iniciar las que no pueda ejecutar, evitando disparar el gasto fiscal que heredó, lo que le generaría gratitud y hasta condescendencia por los déficits más notables, como la corrupción y la impunidad.
Un desafío fundamental
Un desafío fundamental de Danilo Medina (DM), porque lo tendrá que enfrentar desde el inicio de la legislatura, es cumplir su propio discurso del 22 de julio último, cuando rechazó prolongarse en el poder, inclinándose ante imperativos institucionales y expresó que al terminar el segundo mandato “quiero salir a las calles a caminar como un ciudadano más y mirar a las personas a los ojos con la tranquilidad que dan el deber cumplido, la honradez y la humildad”. Podría demostrar que hay vida más allá de las poltronas presidenciales.
En su alocución a la nación, Medina manifestó tranquilidad de conciencia porque la reforma constitucional que auspició en el 2015 “reincorporó la modalidad que contaba con el más amplio respaldo en la sociedad dominicana, es decir, que un presidente pudiera optar por dos mandatos consecutivos”. Esa fórmula fue adoptada en la reforma constitucional del presidente Hipólito Mejía del 2002, y había sido señalada como preferida también por el presidente Leonel Fernández quien, sin embargo, la modificó en el 2010 en beneficio propio.
Ese será un reto para DM porque se teme que sus seguidores insistirán en la legislatura iniciada ayer en una nueva reforma de la Constitución con el objeto de permitirle que pueda volver a optar por la presidencia a partir del 2024, ya que la vigente establece, en su artículo 124, que el presidente “podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República”.
DM, quien ni siquiera insinuó la posibilidad de otra reforma constitucional para su beneficio, no puede permitir que la sociedad vuelva a la incertidumbre, con un debate de 11 modificaciones, impropio de un período con los legisladores en campaña por reelegirse.
Un liderazgo responsable
El presidente Medina no debería consumirse en un nuevo rechazo a la reforma constitucional al vapor, motorizada por el interés personal, y en cambio saldría por la puerta grande si hace prevalecer su convicción de que el “liderazgo responsable se muestra en los momentos complejos”, como proclamó el 22 de julio. Entonces llamó al liderazgo político a actuar en el proceso electoral “con la mayor responsabilidad y transparencia, para que avancemos en la consolidación de nuestras instituciones y que los resultados electorales sean un fiel reflejo de la voluntad democrática”. Confió en que habrá una campaña limpia y “regida por el civismo y la sana competencia”.
Nadie debe esperar que DM trabaje para que su partido pierda las elecciones, pero sí que evite la irrupción de los poderes del Estado en la campaña electoral, de lo que él mismo se dijo víctima cuando perdió la nominación presidencial para las elecciones del 2008 en que Leonel Fernández se religió. Puede comenzar por desmentir a quienes entienden que él inclinará el poder presidencial y estatal para imponer un candidato en su propio partido, sometido a un peligroso curso de división. Tiene la oportunidad de convencer a muchos opositores que lo creen incapaz de actuar como un estadista que sobrepone el interés nacional al propio.
La primera prueba la tendrá DM en mantener el Estado fuera de la competencia interna de su propio partido, y compensaría algunos de los déficits institucionales de las gestiones del PLD, si promueve la equidad en las campañas electorales, fortaleciendo una democracia que muchos diagnostican como adolescente. Y superaría a su rival interno, quien abusó del Estado hasta el punto que su sucesor se quejó de que sólo recibió facturas.
Mantener equilibrio fiscal
Entre los retos que afronta DM en su último año de gestión está el mantener el precario equilibrio fiscal, sin disparar el déficits ni tensar más la cuerda del endeudamiento que según cifras de Hacienda, creció en 5 mil 664 millones de dólares, entre junio del 2018 a junio del 2019, para un incremento de 472 millones por mes, y 15.7 millones de dólares por día, que al 51 por dólar, implican 802 millones de pesos diarios.
La tentación de disparar el gasto será mayor si acaricia la idea de volver a ser candidato presidencial, porque entonces tratará de hacer hasta la imposible para acumular gratitudes y lealtades. Tendría que romper la tradición dominicana de que los gobiernos dejan cientos y hasta miles de obras inconclusas, y extreman el populismo para abonar las posibilidades de retorno.
La conclusión de obras como la Presa de Monte Grande, la carretera perimetral de Santo Domingo, y la remodelación de una veintena de hospitales deberá estar entre las prioridades, al igual que la conclusión de las plantas eléctricas de Punta Catalina, que quedará como la gran frustración del gobierno de Medina y el peor ejemplo de corrupción. Ni hablar de nuevas contrataciones para obras más allá del año, a no ser que surjan emergencias.
Alegrías y penas de DM
Aunque el espectro de Punta Catalina le perseguirá por mucho tiempo, DM tiene la oportunidad de ganar indulgencias si se conduce en este último año como el estadista que necesita el país, con prudencia en lo político y lo económico. Tiene logros que reivindicar comenzando por haber mantenido el crecimiento económico por encima del 5 por ciento.
Pasará a la historia como el gobernante que más aulas escolares construyó, que acató el clamor popular por mayor inversión en la educación, con tanda extendida y almuerzo a los alumnos y mejoría del profesorado, además de haber continuado el legado de obras viales de su antecesor. Se le acredita el servicio del 911, la mayor atención y financiamiento a las pequeñas empresas y productores agropecuarios, haber logrado eliminar iniquidades como el contrato para explotar el oro de Cotuí y el de la Bahía de las Aguilas.
Su mayor déficit quedará en la corrupción y la impunidad, con escándalos de la dimensión de Odebrecht-Punta Catalina-financiamiento político, la reforma constitucional del 2015, de la OISOE, el CEA, OMSA, o Los Tres Brazos, desoyendo el clamor de justicia. También en la concentración del poder, para el manejo de la inversión, quedándose con más de 200 mil millones de pesos que según la ley correspondían a los ayuntamientos, y hasta con 5 mil millones de los municipios donde hay explotaciones mineras, además de casi la mitad de lo que se debió destinar a la justicia, el ministerio público y la educación superior.
La profunda crisis del sistema de salud y de la seguridad social, la inexplicable remodelación conjunta de 56 hospitales, incluyendo los mayores y regionales, la ineficiencia en el combate a la corrupción y en mejorar el transporte público y las viviendas populares y el fracaso en el sector energético, también pesarán en su contra. Además de haber llevado la deuda consolidada de todas las instituciones del Estado sobre los 50 mil millones de dólares y alrededor del 60% del PIB, y su persistente renuencia a rendir cuentas a la opinión pública.-
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Extractos del discurso del Presidente Danilo Medina
22 de Julio del 2019
- La reforma constitucional del año 2015 reincorporó la modalidad que contaba con el más amplio respaldo en la sociedad dominicana, es decir, que un presidente pudiese optar por dos mandatos consecutivos.
- Creo firmemente que, por más que ame servir a nuestra patria desde la presidencia de la República, por más que desee seguir trabajando a favor del pueblo dominicano, hay normas y principios que trascienden la labor de un hombre o de un gobierno, y es nuestra responsabilidad preservarlos. Valores que deben prevalecer más allá de cualquier circunstancia o coyuntura. Porque nos definen como personas, como políticos…
- Les dije que cuando termine mi labor como presidente, el único capital que quiero conservar es la confianza y el respeto de la gente, y lo reitero hoy. Cuando llegue al término de mi segundo mandato y deje la Presidencia, quiero poder salir a la calle a caminar como un ciudadano más y mirar a las personas a los ojos con la tranquilidad que dan el deber cumplido, la honradez y la humildad.
- El liderazgo responsable se muestra en los momentos complejos.
- Llamo al liderazgo político que participará en el proceso electoral del 2020 a actuar con la máxima responsabilidad y transparencia, para que avancemos en la consolidación de nuestras instituciones y los sean un fiel reflejo de la voluntad democrática del pueblo.
- Confío en una campaña limpia, basada en propuestas y centrada en llevar bienestar a nuestra gente. Una campaña que inyecte sangre nueva a nuestra vida política y esté regida por el civismo y la sana competencia.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.