Opinión
Lula en dominicana y más allá
Por Narciso Isa Conde
Lula, antes símbolo de la izquierda, ahora busca distanciarse de esa etiqueta. Su papel en los BRICS y la controversia con Odebrecht marcan su legado.
«Después de trabajar junto a los movimientos populares para construir una nueva propuesta, un pequeño número de dirigentes mete el pie y el alma en la corrupción, comprometiendo todo el proyecto. (Frei Betto*, REBELIÓN 2005)»
A Lula las agencias de EE. UU. y los grandes medios occidentales lo presentan como parte de las izquierdas, porque lo fue en el pasado y, malintencionadamente, les interesa seguir calificándolo de esa manera.
Su importante rol en el Foro de Sao Paulo y en la creación y expansión de los BRICS ha reforzado esa imagen del mandatario brasileño, en tanto ambos bloques o espacios han sido hostilizados por las derechas y las ultraderechas mundiales y por el decadente imperialismo estadounidense, infectado de fascismo.
La desinformación y la confusión reinante no son fáciles de despejar.
Esto no solo pasa con Lula y el PT; acontece con no poco de lo que en el mundo de hoy se le llama izquierda, progresismo y hasta socialismo.
Nadie con sentido común y sin intereses espurios debe negar el valor del Foro de Sao Paulo frente a la contraofensiva de las derechas y ultraderechas continentales. Cierto que inicialmente fue un proyecto de Lula y de Fidel; yo participé en su encuentro de fundación por iniciativa cubana
Pero en verdad, al paso de varios años, ese espacio de coordinación involucionó; abandonado su firmeza antiimperialista, haciéndo concesiones al neoliberalismo, rechazando los movimientos insurgentes e incorporado a partidos de gobiernos inmersos en la neo-colonización neoliberal.
En el VI Encuentro del Foro de Sao Paulo, en San Salvador, el PT y el PRD mexicano se opusieron a que Chávez, recién salido de la cárcel, hablara en la reunión plenaria, y tuvimos que ingeniárnosla el comandante Schafik Handal y yo para convertir una asamblea de comisión en un gran acto donde Chávez finalmente presentó sus ideas.
Además, nadie en justicia debe negar a Lula y al PT el valor que, en el presente, incluso dentro de la economía capitalista-mundo, tienen sus aportes al fortalecimiento de los BRICS.
Pero tampoco se debe olvidar que Lula se opuso al ingreso de Venezuela a los BRICS en el momento que más lo necesitaba; que ayudó a EEUU y a las derechas fascistas en el acoso al chavismo y al presidente Maduro; colocándose a la derecha de China, Rusia e Irán al interior de los BRICS.
Lula hace tiempo renunció a ser de izquierda.
El meollo del asunto estriba en que finalmente Lula optó por gobernar Brasil conciliando con una parte de sus grandes corporaciones; con cierta autodeterminación como imperialismo emergente, pero sin rupturas con EE. UU. y la Unión Europea; sin asumir posiciones antiimperialistas y sin revocar las contrarreformas neoliberales impuestas por gobiernos anteriores.
Al tratarse de alianzas con corporaciones transnacionales brasileñas en competencia en el mercado mundial con las estadounidenses y europeas de sus mismos ramos, las operaciones políticas-empresariales no se limitaron al territorio de Brasil, sino que diferentes componentes de esa maquinaria multiempresarial optaron por jugar ese papel en ultramar, a partir de las facilidades que les ofrecían las relaciones políticas y estatales del PT y su Gobierno, haciendo uso, claro está, de sus cuantiosos fondos para sobornar, financiar y obtener enormes ventajas en los países seleccionados.
En esos planes de expansión jugó un papel destacado la asesoría electoral y publicitaria de la familia SANTANA-MAURO.
No voy a adentrarme aquí en todos los casos latino-caribeños y africanos relacionados con la corruptela de ODEBRECHT, ANDRADE, VOA y EMBRAER; situación oportuna y pérfidamente aprovechada por su competencia norteamericana a todos los niveles: político, económico, judicial, moral…
Pero vale destacar que las corporaciones estadounidenses y europeas, debidamente protegidas por la dictadura mediática occidental y el poder militar «made in USA«, han operado de igual manera. Si no, que se indaguen las actuaciones de las petroleras y mineras occidentales y los casos específicos de la Earon, Hally Burton, Grupo Trump, Barry Gold, General Electric…
Considero sí imprescindible recordar, con unas cuantas pinceladas, lo acontecido en nuestro país con el fenómeno escandaloso de la exportación de la corrupción brasileña en tiempo de Lula.
Esto, para que se entienda, que pese a todo lo que significó positivamente Lula para el campo de las fuerzas populares y de izquierda en este país, aquí no es posible, sin pecar de encubrimiento, ignorar el daño político, moral y económico derivado de las relaciones privilegiadas del PT y LULA con la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana-PLD y los gobiernos corruptos y corruptores de LEONEL FERNÁNDEZ y DANILO MEDINA.
Tampoco es posible ignorar las responsabilidades específicas de Lula y de la cúpula del PT en el impacto moralmente degradante, tanto del caso ODEBRECHT como de la EMBRAER–SÚPER TUCANOS, en lo relacionado con la expansión de la corrupción política, empresarial y militar en nuestro país;
Esto, claro está, en el caso de Lula, evidentemente no se relaciona con el enriquecimiento personal, sino más bien con una corrupción sistémica empleada en términos políticos.
Lula se dejó entrampar en esa madeja de delitos políticos y empresariales interestatales, previa degradación de la original política revolucionaria y de izquierda del PT y de sus bases ético-morales.
· La conexión dominico-brasileña.
La cúpula del PT de Brasil optó, sobre todo al iniciarse el segundo periodo (2008) del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por una relación política preferencial con la alta dirección de ese partido, que previamente se había neoliberalizado y corrompido en alianza con el Partido Reformista Socialcristiano, liderado por Balaguer; relación que abrió paso a una fuerte, duradera y rentable CONEXIÓN del corrompido y corruptor cártel brasileño de la construcción en REPÚBLICA DOMINICANA.
Esta CONEXIÓN DOMINICANA, débilmente iniciada durante el gobierno de Hipólito Mejía, se desplegó durante los ocho años siguientes de la presidencia de Leonel Fernández (incluyó el contrato-estafa para la adquisición de los aviones Super-Tucanos con la EMBRAER brasileña, una parte de los 15 contratos sobrevaluados en favor de ODEBRECHT y los sobornos correspondientes), enlazó con la candidatura presidencial de Danilo Medina en el 2011 y continuó reforzándose durante su primer gobierno y su actual gestión, en la que se registra la súper-estafa del contrato de las plantas de carbón de Punta Catalina.
Lula, desde la presidencia de Brasil, hizo de intermediario y, cuando salió de ella, se dispuso a hacer de «lobista político», sin reparar en las consecuencias.
Leonel fue el primer socio político y el principal beneficiario económico en Dominicana hasta el 2012, con logros significativos iniciales para Odebrecht y para otras empresas dominicanas y brasileñas, destacándose obras como el Acueducto del Nordeste y la compra sobrevaluada e innecesaria de los Super-Tucanos.
El descarte de LEONEL como referente presidencial dominicano se produjo entre el 2011 y 2012, a consecuencia de su descrédito y de su desgaste político, y ante el riesgo brasileño de perder la conexión estatal en República Dominicana si perdía el PLD.
En esa variación de la preferencia del PT gravitó la valoración mercadológica de Joao Santana a favor de Danilo, quien inmediatamente visitó Brasil, ganó el favor de los líderes del PT, estableció los primeros vínculos con su futuro asesor Joao Santana, apuntaló las relaciones con Lula y ejecutivos de Odebrecht, desplazando de esa manera a Leonel como socio político del cartel brasileño.
Ese paso fue consumado a raíz de la visita de Danilo Medina a Brasil y de sus entrevistas con Lula y Dilma Rousseff en 2011, ya en su condición de candidato presidencial del PLD.
Desde ese momento se abrió el proceso hacia una fuerte implantación de JOAO SANTANA y POLIS/CARIBE (sucursal de POLIS-PROPAGANDA establecida discretamente en la calle Helios de Bella Vista, en Santo Domingo) hasta el extremo de sentar su sede en el Palacio Nacional y convertir esa oficina en la Oficina Regional de los sobornos y financiamientos electorales de ODEBRECHT.
Asegurado el triunfo espurio de Danilo Medina, Lula visitó nuestro país y se entrevistó con el «presidente electo» a principios del 2013, acompañado de ALEJANDRINO ALENCAR, ejecutivo de ODEBRECH.
Odebrecht ha admitido que invitó y financió a Lula a viajar para ayudar, en diversos eventos, a la expansión de las empresas brasileñas.
Tres meses después de la visita de Lula a República Dominicana, se anunció la licitación de las plantas a carbón de Punta Catalina y, en septiembre de ese año, se aprobó el financiamiento de 656 millones de dólares a cargo del banco estatal de Brasil (BANDES).
Poco después se le asignó el contrato a la empresa brasileña y la STANLEY CONSULTANT; en noviembre de ese mismo año declaró que solo la ODEBRECHT clasificaba para esos fines, pese a representar un costo de casi mil millones de dólares más que lo ofrecido por su principal competidora.
Testimonios ofrecidos a la justicia brasileña dan cuenta, además, de los financiamientos de Odebrecht a las campañas electorales de Danilo Medina– Margarita Cedeño en el 2012 y el 2016; algo impensable sin la mediación de Luis Ignacio – Lula– Da Silva.
Por demás, Temístocles Montás, ministro acusado de recibir soborno y financiamiento electoral, admitió uno de esos financiamientos.
¿Simple coincidencias o graves evidencias de culpabilidad compartida en la esfera de la corrupción, como recurso de competencia política, no necesariamente empleado como factor de enriquecimiento personal?
Esas realidades son las que determinan que, a pesar de los méritos históricos de Lulú y de la saña discriminatoria auspiciada por EEUU y las ultraderechas brasileñas en contra de Lula y el PT, los señalamientos de sus complicidades en casos como el de las manipulaciones políticas y las prácticas de corrupción de la Odebrecht dentro y fuera de las fronteras brasileñas tengan real asidero en la manera como se ha manejado la cúpula del PT frente a la corrupción sistémica y su uso politiquero. Esos entrampamientos casi siempre resultan costosos políticamente.
Tres décadas de sacrificios, miles de millones de dólares y una deuda social que exige transparencia, justicia y soluciones definitivas.
Dr. Isaias Ramos
La indignación ante las elevadas tarifas eléctricas y la poca confiabilidad del servicio no es pasajera. Es el cansancio acumulado de una nación que lleva décadas pagando demasiado por resultados insuficientes.
Desde la capitalización de finales de los años noventa, el Estado ha destinado recursos extraordinarios a sostener un sistema que todavía no alcanza la eficiencia prometida.
Según registros fiscales del Banco Central, los subsidios eléctricos acumulados entre 2021 y 2025 equivalieron aproximadamente a 6,800 millones de dólares corrientes, convirtiendo las partidas anuales a las tasas de cambio correspondientes.
Y 2026 confirma la urgencia: según reportes publicados en octubre, las transferencias a las distribuidoras alcanzaban RD$88,316.8 millones, equivalentes al 92.8 % del presupuesto ajustado para subsidios eléctricos. Si persiste el ritmo observado, los desembolsos podrían superar los RD$117,000 millones al finalizar el año.
¡Una magnitud que debería estremecer nuestra conciencia nacional!
¿Qué habría ocurrido si una parte sustancial de ese esfuerzo fiscal hubiese podido convertirse, mediante una transición planificada, en inversiones energéticas permanentes?
La prioridad pudo estar en energía solar, eólica, almacenamiento, generación distribuida y redes inteligentes. También pudieron evaluarse inversiones complementarias en generación firme de propiedad estatal, con capacidad comparable a proyectos como Punta Catalina.
Lo fundamental no es multiplicar centrales sin planificación, sino construir una matriz diversificada y competitiva. Cada inversión debe justificarse mediante costos, confiabilidad, seguridad energética, impacto ambiental y sostenibilidad fiscal.
Semejante transformación exige voluntad política, planificación rigurosa y un compromiso auténtico de liberar al pueblo dominicano de la pobreza energética. También requiere subsidios focalizados, transparentes y auditados que protejan a quienes realmente los necesitan.
¿Qué proporción de los subsidios responde a la protección social y la estabilización tarifaria, y cuánto de su magnitud está determinado por costos excesivos de abastecimiento, pérdidas y deficiencias operativas?
¿Cómo hemos sostenido durante décadas un modelo que consume recursos del presente y compromete el futuro, sin conseguir una transformación estructural suficiente?
Y la pregunta más trascendental: ¿cuánto de ese sacrificio fiscal, económico y social hemos convertido realmente en patrimonio energético, capacidad productiva y soluciones permanentes para las futuras generaciones?
Porque el verdadero costo trasciende los dólares: inversiones que no llegaron, empleos que no se crearon y servicios esenciales que pudieron recibir mayores recursos.
¡Esa es la deuda social del sistema eléctrico dominicano!
Sin embargo, al explicar el déficit suele destacarse el robo de electricidad, como si las pérdidas contables constituyeran una acusación colectiva contra los consumidores.
El fraude existe y debe perseguirse. Pero no explica por sí solo todas las diferencias energéticas y financieras.
En febrero de 2015, las facultades de Ingeniería y Arquitectura y de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo presentaron Nuevo Modelo para el Sistema Eléctrico Dominicano.
Su análisis advertía que el elevado costo de compra podía pesar incluso más que las pérdidas de distribución. Comparó un precio promedio de 13.85 centavos de dólar por kilovatio hora con un costo razonable estimado de 9.62 centavos. Sus simulaciones indicaban que reducir las pérdidas al 20 % podía resultar insuficiente mientras persistieran aquellos precios.
La solución no era solamente cobrar mejor. Era también comprar mejor.
En abril de 2025, el Instituto de Energía de la UASD estimó que, con precios ajustados a costos reales y una tasa interna de retorno del 10 %, el abastecimiento de 2023 habría podido costar US$544.93 millones menos, sin reducir adicionalmente las pérdidas.
Es una simulación, no un sobrepago auditado. Pero su magnitud exige verificación independiente.
El 9 de octubre de 2026, Diario Libre informó que un estudio presentado por la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica Latinoamericanas (Adelat) situaba las pérdidas dominicanas en un 30 % y recomendaba mejorar su clasificación, trazabilidad y auditorías de balances energéticos.
Estas recomendaciones coinciden en aspectos fundamentales con una exigencia que hemos sostenido durante años: una auditoría independiente e integral del sistema eléctrico.
¿Cuánta energía se inyectó, cuánto se perdió en transmisión, cuánto recibió cada distribuidora y cuánto se perdió en sus redes? Las pérdidas técnicas, los consumos no medidos y las facturas impagadas requieren verificaciones diferentes.
La política energética debe dejar de administrarse como una emergencia permanente y convertirse en una verdadera política de Estado.
La ruta comienza por auditar los balances energéticos y financieros. Continúa con la revisión competitiva de los contratos y la corrección de las pérdidas verificadas, mientras se ejecuta un plan plurianual de inversiones y protección social, con metas y responsables definidos.
Sus resultados deben publicarse anualmente: pérdidas por distribuidora, costos de compra, facturación y cobro, continuidad del servicio, subsidio por kilovatio hora y cumplimiento de inversiones.
Quien cometa fraude debe responder ante la ley. Quien administre recursos públicos, también debe rendir cuentas.
El pueblo dominicano merece electricidad confiable, tarifas sostenibles y un sistema que construya futuro, en lugar de perpetuar déficits.
Antes de exigirle otro sacrificio, hay que ofrecerle la verdad completa.
Por Oscar López Reyes
Tecnooligarcas y otros expertos conocedores de los riesgos potenciales de una catástrofe alimentada por la Inteligencia Artificial (IA), encienden la alarma –hecha con seguridad en palabras firmes y sin acústica estridente- rememorando accidentes nucleares y radiológicos. Esos altavoces advierten que el acelerado adelanto de este campo de la informática posee el poderío para destruir a la humanidad. ¡Sobrecogedor!, ¿verdad? ¿Usted puede creerlo?
El lado oscuro y las amenazas de la IA no han sido comprendidas por su espectacular auge en la investigación y el desarrollo, que han transformado a la sociedad e impulsado mejoras en las esferas más dispares. Más se realzan, en el espejismo de sus sofisticados algoritmos, sus aportes a la educación, la salud, la economía y la alimentación que el horizonte de sus vértigos.
Los avances y novedades, en artilugios omnipresentes y el miedo exteriorizado en privado por sus artífices, embelesan en las entretelas de códigos, redes de cables y centros de datos invisibles, sumidos los usuarios en el desconocimiento del Pacto Digital Global, que busca la regulación y gobernanza de la IA, a fin de fomentar la tecnología distribuida equitativa y garantizar la supervivencia humana.
Este lapso espacial se atiborra de una creciente preocupación universal por las imparables zancadas de la llamada IA Agéntica, sistema autónomo capaz de actuar sin intervención humana. Por su inseguridad, líderes tecnológicos con poder fáctico global y organismos multilaterales están reclamando que le pongan límites.
Esos clamores contrarios son más potentes en la progresión del tiempo, en que las armas son fabricadas con IA.
1.- Una inteligencia artificial sin control y en manos equivocadas sería “sin duda lo suficientemente poderosa como para provocar acontecimientos que causarían mil millones de muertes”. “Estos son riesgos reales”, que debería ser “la principal prioridad del mundo”. Bill Gates, cofundador de Microsoft.
2.- Existe entre un 10% y un 20% de probabilidad de que la IA termine destruyendo a la humanidad. No existe un “botón de alto” efectivo ante la vorágine de la competencia global”, y el riesgo real de que “robots asesinos” acaben con la humanidad”, por lo que exigió “un freno al desarrollo tecnológico”. Elon Musk, fundador de SpaceX.
3.- “Quienes están construyendo la IA creen sinceramente que podría matarnos a todos antes de que acabe la década”. “La IA puede matarnos antes de 2030”, por lo que decidió abandonar la industria de la inteligencia artificial. Jacob Coxon, investigador especializado de Anthropic.
4.- “¿Quién deberá controlar las decisiones de vida o muerte: el ser humano o la máquina?”. La humanidad podría perder el control del futuro si la IA avanza más rápido de lo que se comprende, y sin supervisión. Tenemos que evitar que la IA sustituya la capacidad de elección humana. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI.
5.- La acción autónoma de los agentes de la IA es una de las principales amenazas y podrían desarrollar “La capacidad de establecer una conexión individual y persuadir a los seres humanos para que actúen de formas que les convengan a ellos”. Yoshua Bengio (Canadá), Premio Turing de 2018, o Nobel de Informática.
6.- Las posibles fallas de los sistemas de la IA plantean riesgos sin precedentes para derechos fundamentales, servicios esenciales e instituciones democráticas, que podrían alcanzar a las próximas generaciones. Volker Turk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
7.- “Esto es algo que avanza muy rápido en manos privadas y, si no nos ponemos en ello, creo que puede ser peligroso”. Barack Obama, presidente de Estados Unidos 2009-2017.
Usualmente, magnates y especialistas exponen con muchas reservas, sin detalles explicativos, aparentemente para no asustar.
En esa tesitura, ¿cuáles son esas siete amenazas catastróficas o 7D de la IA?
Voy a exponer y a clasificar en 7 las contingencias existenciales, que denominaré las 7D, que entrañan quebrantamientos legales y éticos:
1.- Descontrol y vulnerabilidad humana: Delegar en un algoritmo o robot decisiones y actuaciones críticas (familiares, sanitarias, educativas y laborales) implica una pérdida de control, porque suprime la interacción humana y afectiva, y se da riendas sueltas a sesgos graves y a dispositivos asesinos. En 2026, enjambres de agentes de AI se han introducido, sin autorización, en plataformas de Hugging Face, Artifactory y ExploitGym, intercambiaron cientos de miles de mensajes y sustrajeron credenciales y datos.
2.- Desatar armas biológicas: La IA modifica y optimiza la capacidad de contagios y la letalidad de los patólogos existentes e incrementa el diseño de armas químicas y biológicas (virus, bacterias y toxinas). A través de aerosoles, agua, alimentos y vectores animales, son propagadas silenciosamente enfermedades altamente contagiosas con efectos progresivos. Malévolos y ejércitos recurren a la peste bubónica o negra (en estos momentos existe una alerta en Rusia, con la inexplicable el fallecimiento de una científica), cólera, ántrax, gas sarín y ébola para provocar crisis económica/financieras, caos y muertes.
3.- Desencadenar apocalipsis nuclear:
Creciente y fidedigno se encumbra la posibilidad de que se apresuren ataques cibernéticos o genocidios automatizados, detonados principalmente por la incorporación de algoritmos vanguardistas y armas autónomas letales, que disminuye el tiempo de reacción humano. Estados Unidos, China, Rusia e Israel han diseñado plataformas letales completamente autónomas; drones, misiles inteligentes y softwares de guerra basados en IA, que facilita su proliferación fuera del dominio estatal.
4.- Desplome de infraestructuras críticas. Los riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas financieros, instalaciones industriales, redes eléctricas, acueductos, centros médicos y educativos son mucho más factibles ahora con aparatos hiperrevolucionarios. Y son susceptibles de sustracción de datos sensibles, de virus informáticos y hackeos mutables. Además de estos sabotajes, pueden colapsar por incapacidad profesional, errores operativos sistémicos o fallas en el diseño de modelos algorítmicos.
5.- Desinformación a gran escala. La imagen y la confianza pública de entes con presencia relevante en la sociedad son propensas a ser objetivo de campañas de mentiras y distorsiones, como la variación de fotos, audios o videos reales, que persiguen la desestabilización de gobiernos, corporaciones privadas y figuras públicas, así como aniquilar disidencias. Durante la pandemia del Covid-19, por WhatsApp, Facebook y Telegram se difundieron falsedades sobre el virus y las vacunas, que disminuyeron significativamente la tasa de vacunación.
6.- Desequilibrio medioambiental. Críticos y urgentes son los riesgos por el desorbitado consumo de electricidad, agua y minerales, como las tierras raras y residuos, que requiere la inteligencia artificial, como la fabricación de chips y hardware, y la operatividad de servidores y centros de datos. Una solicitud a un chatbot necesita hasta diez veces más electricidad que una búsqueda tradicional en internet; Microsoft incrementó, en un año, el consumo de agua en un 34% y Google aumentó, en cinco años, el 48% en sus emisiones de gases de efecto invernadero.
7.- Depositario de poder excesivo. Para la paz, la seguridad y la democracia encierra un compromiso con la fragilidad que el control tecnológico, el conocimiento, la cultura global y decisiones clave estén monopolizadas por un puñado de corporaciones privadas, regenteadas por empresarios que solo piensan en el dinero y en ser los primeros en las competencias, con lo cual se busca anular el pensamiento crítico y la diversidad de ideas.
A las siete amenazas más catastróficas o existenciales se suman otras siete D asociadas a la IA: 1) Desplazar laboralmente, 2) Desdeñar la privacidad, 3) Despojar la propiedad intelectual, 4) Defraudar cibernéticamente, 4) Despreciar la transparencia, 5) Depender digitalmente, 6) Desfiguración algorítmica, y 7) Descodificar impredeciblemente.
¿Y cuáles medidas se proponen para la alfabetización digital, la ética, la regulación jurídica y la gobernanza global?
Existe el Pacto Digital Global, aprobado por los Estados miembros de las Naciones Unidas. Se sintetiza en siete puntos.
1.- Panel científico internacional independiente sobre IA: Crear un grupo de expertos para emitir informes periódicos sobre los riesgos y avances de la tecnología.
2.- Diálogo político bianual: Establecer un espacio de conversación dentro de la ONU para alinear las políticas de los países.
3.- Intercambio de normas sobre IA: Fomentar estándares técnicos comunes y interoperables a nivel mundial.
4.- Red de creación de capacidad: Ayudar a los países en desarrollo a adquirir recursos y conocimientos tecnológicos.
5.- Fondo mundial para la IA: Impulsar la financiación internacional para proyectos y reducir la brecha digital.
6.- Marco de datos global: Ordenar y regular el uso de datos para entrenar modelos de forma transparente y justa.
7.- Oficina de IA en la Secretaría de la ONU: Instituir una pequeña oficina de apoyo dentro de la secretaría general para coordinar las acciones.
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Referencias bibliográficas:
1.- El imperio de la IA: Sam Altman y su carrera por dominar al mundo, Karen Hao, Ediciones Península, Barcelona, España, 2025.
2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.
3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.
5.- Plataformas Android: Wear, TV, Auto y Google Play Games, Jesús Tomás Gironés, Vicente Carbonell, Gonzalo Puga y Jaime Lloret, coedición de Alfaomega y Marcombo, Barcelona, España, 2019 (4ª edición).
6.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.
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Autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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Por Rommel Santos Diaz
De conformidad con el Estatuto de Roma cuando el Fiscal de la Corte Penal Internacional considere que se presenta una oportunidad única de proceder a una investigación, que tal vez no se repita a los fines de un juicio, de recibir el testimonio o la declaración de un testigo o de examinar, reunir o verificar pruebas, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
La Sala de Cuestiones Preliminares, a petición del Fiscal, podrá adoptar las medidas que sean necesarias para velar por la eficiencia e integridad de las actuaciones y, en particular, proteger los derechos de la defensa.
El Estatuto de Roma establece que a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares ordene otra cosa, el Fiscal proporcionará la información correspondiente a la persona que ha sido detenida o que ha comparecido en virtud de una citación en relación con la investigación a que se refiere el artículo 56, a fin de que pueda ser oída.
Otras medidas a que hace referencia el Estatuto de Roma podrán ser consistir en formular recomendaciones o dictar ordenanzas respecto del procedimiento que habrá de seguirse, ordenar que quede constancia de las actuaciones y nombrar a un experto para que preste asistencia.
Se podrá autorizar al abogado defensor del detenido o de quien ha comparecido ante la Corte Penal Internacional en virtud de una citación a que participe o, en caso de que aún no se hayan producido esa detención o comparecencia o no se haya designado abogado, a nombrar otro para que comparezca y represente los intereses de la defensa.
Siguiendo el procedimiento anterior, también se podrá encomendar a uno de sus miembros o, de ser necesario, a otro magistrado de la Sección de Cuestiones Preliminares o la Sección de Primera Instancia que formule recomendaciones o dicte ordenanzas respecto de la reunión y preservación de las pruebas o del interrogatorio de personas. Así mismo se deberán tomar todas las medidas que sean necesarias para reunir o preservar las pruebas.
La Sala de Cuestiones Preliminares cuando considere que el Fiscal no ha solicitado medidas previstas en el artículo 56 del Estatuto de Roma que, a su juicio, sean esenciales para la defensa en juicio, le consultará si se justificaba no haberlas solicitado. La Sala podrá adoptar de oficio esas medidas si, tras la consulta, llegare a la conclusión de que no había justificación para no solicitarlas.
El Fiscal podrá proceder a apelar de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de actuar de oficio con arreglo a lo expuesto anteriormente. La apelación se sustanciará en un procedimiento sumario.
Finalmente, la admisibilidad o la forma en que quedara constancia de las pruebas reunidas o preservadas para el juicio de conformidad con el presente artículo se regirá en el juicio por lo dispuesto en el artículo 69 del Estatuto de Roma y la Sala de Primera Instancia decidirá cómo ha de ponderar esas pruebas.