Opinión
Lula en dominicana y más allá
Por Narciso Isa Conde
Lula, antes símbolo de la izquierda, ahora busca distanciarse de esa etiqueta. Su papel en los BRICS y la controversia con Odebrecht marcan su legado.
«Después de trabajar junto a los movimientos populares para construir una nueva propuesta, un pequeño número de dirigentes mete el pie y el alma en la corrupción, comprometiendo todo el proyecto. (Frei Betto*, REBELIÓN 2005)»
A Lula las agencias de EE. UU. y los grandes medios occidentales lo presentan como parte de las izquierdas, porque lo fue en el pasado y, malintencionadamente, les interesa seguir calificándolo de esa manera.
Su importante rol en el Foro de Sao Paulo y en la creación y expansión de los BRICS ha reforzado esa imagen del mandatario brasileño, en tanto ambos bloques o espacios han sido hostilizados por las derechas y las ultraderechas mundiales y por el decadente imperialismo estadounidense, infectado de fascismo.
La desinformación y la confusión reinante no son fáciles de despejar.
Esto no solo pasa con Lula y el PT; acontece con no poco de lo que en el mundo de hoy se le llama izquierda, progresismo y hasta socialismo.
Nadie con sentido común y sin intereses espurios debe negar el valor del Foro de Sao Paulo frente a la contraofensiva de las derechas y ultraderechas continentales. Cierto que inicialmente fue un proyecto de Lula y de Fidel; yo participé en su encuentro de fundación por iniciativa cubana
Pero en verdad, al paso de varios años, ese espacio de coordinación involucionó; abandonado su firmeza antiimperialista, haciéndo concesiones al neoliberalismo, rechazando los movimientos insurgentes e incorporado a partidos de gobiernos inmersos en la neo-colonización neoliberal.
En el VI Encuentro del Foro de Sao Paulo, en San Salvador, el PT y el PRD mexicano se opusieron a que Chávez, recién salido de la cárcel, hablara en la reunión plenaria, y tuvimos que ingeniárnosla el comandante Schafik Handal y yo para convertir una asamblea de comisión en un gran acto donde Chávez finalmente presentó sus ideas.
Además, nadie en justicia debe negar a Lula y al PT el valor que, en el presente, incluso dentro de la economía capitalista-mundo, tienen sus aportes al fortalecimiento de los BRICS.
Pero tampoco se debe olvidar que Lula se opuso al ingreso de Venezuela a los BRICS en el momento que más lo necesitaba; que ayudó a EEUU y a las derechas fascistas en el acoso al chavismo y al presidente Maduro; colocándose a la derecha de China, Rusia e Irán al interior de los BRICS.
Lula hace tiempo renunció a ser de izquierda.
El meollo del asunto estriba en que finalmente Lula optó por gobernar Brasil conciliando con una parte de sus grandes corporaciones; con cierta autodeterminación como imperialismo emergente, pero sin rupturas con EE. UU. y la Unión Europea; sin asumir posiciones antiimperialistas y sin revocar las contrarreformas neoliberales impuestas por gobiernos anteriores.
Al tratarse de alianzas con corporaciones transnacionales brasileñas en competencia en el mercado mundial con las estadounidenses y europeas de sus mismos ramos, las operaciones políticas-empresariales no se limitaron al territorio de Brasil, sino que diferentes componentes de esa maquinaria multiempresarial optaron por jugar ese papel en ultramar, a partir de las facilidades que les ofrecían las relaciones políticas y estatales del PT y su Gobierno, haciendo uso, claro está, de sus cuantiosos fondos para sobornar, financiar y obtener enormes ventajas en los países seleccionados.
En esos planes de expansión jugó un papel destacado la asesoría electoral y publicitaria de la familia SANTANA-MAURO.
No voy a adentrarme aquí en todos los casos latino-caribeños y africanos relacionados con la corruptela de ODEBRECHT, ANDRADE, VOA y EMBRAER; situación oportuna y pérfidamente aprovechada por su competencia norteamericana a todos los niveles: político, económico, judicial, moral…
Pero vale destacar que las corporaciones estadounidenses y europeas, debidamente protegidas por la dictadura mediática occidental y el poder militar «made in USA«, han operado de igual manera. Si no, que se indaguen las actuaciones de las petroleras y mineras occidentales y los casos específicos de la Earon, Hally Burton, Grupo Trump, Barry Gold, General Electric…
Considero sí imprescindible recordar, con unas cuantas pinceladas, lo acontecido en nuestro país con el fenómeno escandaloso de la exportación de la corrupción brasileña en tiempo de Lula.
Esto, para que se entienda, que pese a todo lo que significó positivamente Lula para el campo de las fuerzas populares y de izquierda en este país, aquí no es posible, sin pecar de encubrimiento, ignorar el daño político, moral y económico derivado de las relaciones privilegiadas del PT y LULA con la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana-PLD y los gobiernos corruptos y corruptores de LEONEL FERNÁNDEZ y DANILO MEDINA.
Tampoco es posible ignorar las responsabilidades específicas de Lula y de la cúpula del PT en el impacto moralmente degradante, tanto del caso ODEBRECHT como de la EMBRAER–SÚPER TUCANOS, en lo relacionado con la expansión de la corrupción política, empresarial y militar en nuestro país;
Esto, claro está, en el caso de Lula, evidentemente no se relaciona con el enriquecimiento personal, sino más bien con una corrupción sistémica empleada en términos políticos.
Lula se dejó entrampar en esa madeja de delitos políticos y empresariales interestatales, previa degradación de la original política revolucionaria y de izquierda del PT y de sus bases ético-morales.
· La conexión dominico-brasileña.
La cúpula del PT de Brasil optó, sobre todo al iniciarse el segundo periodo (2008) del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por una relación política preferencial con la alta dirección de ese partido, que previamente se había neoliberalizado y corrompido en alianza con el Partido Reformista Socialcristiano, liderado por Balaguer; relación que abrió paso a una fuerte, duradera y rentable CONEXIÓN del corrompido y corruptor cártel brasileño de la construcción en REPÚBLICA DOMINICANA.
Esta CONEXIÓN DOMINICANA, débilmente iniciada durante el gobierno de Hipólito Mejía, se desplegó durante los ocho años siguientes de la presidencia de Leonel Fernández (incluyó el contrato-estafa para la adquisición de los aviones Super-Tucanos con la EMBRAER brasileña, una parte de los 15 contratos sobrevaluados en favor de ODEBRECHT y los sobornos correspondientes), enlazó con la candidatura presidencial de Danilo Medina en el 2011 y continuó reforzándose durante su primer gobierno y su actual gestión, en la que se registra la súper-estafa del contrato de las plantas de carbón de Punta Catalina.
Lula, desde la presidencia de Brasil, hizo de intermediario y, cuando salió de ella, se dispuso a hacer de «lobista político», sin reparar en las consecuencias.
Leonel fue el primer socio político y el principal beneficiario económico en Dominicana hasta el 2012, con logros significativos iniciales para Odebrecht y para otras empresas dominicanas y brasileñas, destacándose obras como el Acueducto del Nordeste y la compra sobrevaluada e innecesaria de los Super-Tucanos.
El descarte de LEONEL como referente presidencial dominicano se produjo entre el 2011 y 2012, a consecuencia de su descrédito y de su desgaste político, y ante el riesgo brasileño de perder la conexión estatal en República Dominicana si perdía el PLD.
En esa variación de la preferencia del PT gravitó la valoración mercadológica de Joao Santana a favor de Danilo, quien inmediatamente visitó Brasil, ganó el favor de los líderes del PT, estableció los primeros vínculos con su futuro asesor Joao Santana, apuntaló las relaciones con Lula y ejecutivos de Odebrecht, desplazando de esa manera a Leonel como socio político del cartel brasileño.
Ese paso fue consumado a raíz de la visita de Danilo Medina a Brasil y de sus entrevistas con Lula y Dilma Rousseff en 2011, ya en su condición de candidato presidencial del PLD.
Desde ese momento se abrió el proceso hacia una fuerte implantación de JOAO SANTANA y POLIS/CARIBE (sucursal de POLIS-PROPAGANDA establecida discretamente en la calle Helios de Bella Vista, en Santo Domingo) hasta el extremo de sentar su sede en el Palacio Nacional y convertir esa oficina en la Oficina Regional de los sobornos y financiamientos electorales de ODEBRECHT.
Asegurado el triunfo espurio de Danilo Medina, Lula visitó nuestro país y se entrevistó con el «presidente electo» a principios del 2013, acompañado de ALEJANDRINO ALENCAR, ejecutivo de ODEBRECH.
Odebrecht ha admitido que invitó y financió a Lula a viajar para ayudar, en diversos eventos, a la expansión de las empresas brasileñas.
Tres meses después de la visita de Lula a República Dominicana, se anunció la licitación de las plantas a carbón de Punta Catalina y, en septiembre de ese año, se aprobó el financiamiento de 656 millones de dólares a cargo del banco estatal de Brasil (BANDES).
Poco después se le asignó el contrato a la empresa brasileña y la STANLEY CONSULTANT; en noviembre de ese mismo año declaró que solo la ODEBRECHT clasificaba para esos fines, pese a representar un costo de casi mil millones de dólares más que lo ofrecido por su principal competidora.
Testimonios ofrecidos a la justicia brasileña dan cuenta, además, de los financiamientos de Odebrecht a las campañas electorales de Danilo Medina– Margarita Cedeño en el 2012 y el 2016; algo impensable sin la mediación de Luis Ignacio – Lula– Da Silva.
Por demás, Temístocles Montás, ministro acusado de recibir soborno y financiamiento electoral, admitió uno de esos financiamientos.
¿Simple coincidencias o graves evidencias de culpabilidad compartida en la esfera de la corrupción, como recurso de competencia política, no necesariamente empleado como factor de enriquecimiento personal?
Esas realidades son las que determinan que, a pesar de los méritos históricos de Lulú y de la saña discriminatoria auspiciada por EEUU y las ultraderechas brasileñas en contra de Lula y el PT, los señalamientos de sus complicidades en casos como el de las manipulaciones políticas y las prácticas de corrupción de la Odebrecht dentro y fuera de las fronteras brasileñas tengan real asidero en la manera como se ha manejado la cúpula del PT frente a la corrupción sistémica y su uso politiquero. Esos entrampamientos casi siempre resultan costosos políticamente.
Por Isaías Ramos
Ninguna democracia muere el día en que se rompe la Constitución. Muere mucho antes: cuando quienes juraron defenderla comienzan a tratarla como un obstáculo y la ciudadanía empieza a acostumbrarse a ese irrespeto.
La Constitución no fue escrita para adornar discursos ni para ser invocada cuando conviene al poder. Fue concebida para limitar a quienes gobiernan, proteger a los ciudadanos y garantizar que ningún funcionario, partido, mayoría congresual o presidente coloque su voluntad por encima de la soberanía popular.
Por eso preocupa el rumbo de diversas actuaciones del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo.
En los últimos años se han aprobado normas luego anuladas, corregidas o seriamente cuestionadas por su compatibilidad constitucional. La Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia motivó la intervención del Tribunal Constitucional por objeciones relacionadas con derechos fundamentales. La Ley de Facturación Electrónica también requirió su actuación para corregir una disposición que afectaba la privacidad.
Más recientemente, el nuevo Código Penal ha dejado de ser únicamente una inquietud jurídica para provocar un rechazo creciente en amplios sectores de la sociedad. Juristas, periodistas, profesionales, organizaciones sociales y ciudadanos hemos advertido que varias disposiciones, por su amplitud, ambigüedad o desproporción, podrían amenazar la libertad de expresión, la denuncia pública, el ejercicio profesional y la protesta pacífica.
Cuando una legislación penal provoca temor entre quienes informan, denuncian o protestan, el problema deja de ser técnico: amenaza la convivencia democrática.
Pero el caso institucionalmente más delicado es la respuesta legislativa posterior a la sentencia TC/0788/24.
Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para todos los poderes públicos. Cuando una legislación posterior genera serios cuestionamientos sobre si respeta materialmente el criterio fijado por el máximo intérprete de la Constitución, no estamos ante un simple debate político. Está comprometida la supremacía constitucional, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.
La preocupación no gira solo alrededor de una sentencia ni de las candidaturas independientes. El problema es más profundo: ¿puede el poder político redefinir, limitar o neutralizar derechos protegidos por la Constitución?
La Constitución dominicana no creó una democracia para beneficio de los partidos. Creó un Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana, la soberanía popular, el pluralismo político, la separación de poderes y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
El derecho a expresarse no es una concesión del Gobierno.
El derecho a protestar pacíficamente no es un favor del Congreso.
El derecho a elegir y ser elegido no pertenece a los partidos.
Son derechos constitucionales que ningún poder temporal puede apropiarse, reducir ni administrar según su conveniencia.
No sabemos si quienes gobiernan desconocen el espíritu de la Constitución o si, conociéndolo, han decidido apartarse de él. Lo evidente es que demasiadas decisiones han obligado al Tribunal Constitucional y a la sociedad a recordar principios que debieron orientar desde el inicio a los poderes públicos.
No afirmamos que la República Dominicana sea hoy una dictadura. Pero sería irresponsable esperar a que el autoritarismo esté consumado para denunciar las decisiones que pueden abrirle camino.
Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Se erosionan lentamente cuando se relativiza la supremacía constitucional, se reducen los espacios de participación, aumentan las facultades del poder sin controles suficientes y los derechos fundamentales dejan de orientar la legislación.
Está en juego la República que dejaremos a nuestros hijos: una nación donde la Constitución gobierne al poder o un país donde el poder acomode la Constitución a sus intereses.
Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo.
El pueblo dominicano ha demostrado paciencia, madurez y vocación democrática. Ha recurrido a los tribunales, promovido el debate público y utilizado los mecanismos institucionales reconocidos por la Constitución.
Pero la paz social no puede sostenerse indefinidamente si los reclamos constitucionales no encuentran respuesta. Cuando las instituciones dejan de escuchar, aumenta la presión social. Esa realidad no debe celebrarse ni provocarse; debe prevenirse mediante el diálogo, la rectificación y el respeto a la Constitución.
Este no es un llamado a la confrontación. Es un llamado a la rectificación.
El Congreso debe legislar dentro de los límites constitucionales. El Poder Ejecutivo debe ejercer sus facultades constitucionales con el mismo compromiso que juró al asumir el cargo. Y todos los poderes públicos deben recordar que las decisiones del Tribunal Constitucional no son recomendaciones: forman parte del orden que están obligados a respetar.
Cumplir la Constitución no debilita al Estado. Lo fortalece.
Respetar los derechos fundamentales no genera desorden. Construye paz.
Abrir la democracia no amenaza la República. La hace más legítima y fuerte.
Desde el Foro Cívico y Social lo afirmamos con claridad: la Constitución no pertenece al Congreso, al Poder Ejecutivo ni a los partidos políticos.
La Constitución pertenece al pueblo dominicano.
Defenderla por las vías pacíficas, democráticas y constitucionales no es un acto de oposición. Es el deber moral, cívico y patriótico de toda generación que aspire a entregar a sus hijos una República más libre, justa y fiel al Estado social y democrático de derecho.
Una nación puede sobrevivir a una mala ley y corregir una mala decisión. Lo que no puede permitirse es acostumbrarse a que el poder deje de obedecer la Constitución.
Por Oscar López Reyes
(A la 18:00 hora local del miércoles 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos terremotos: el primero en la escala 7.2 (duró un minuto) y 39 segundos después otro de magnitud 7.5 (se extendió por tres minutos), concentrados especialmente en la Guaira y Caracas, con un salto -hasta el 12 de julio de 2026- de más de 50 mil desaparecidos, según la ONU; cerca de 5 mil fallecidos, 20 mil heridos y 20 mil damnificados).
(I)
¡Oh, Venezuela!
Patria inmensa.
¡Caramba!,
Hermanos en Bolívar,
¡qué dolor soberbio!
que oprime las fibras de mi alma,
En tristeza de gritos que escapan
de escombros retorcidos
por furia de un suelo rebelde.
El telúrico conmueve en miradas
de arquitecturas sin piedras ni ventanas,
y melancolías de niños vagando en penumbras,
Sin padres ni estancias.
Y pone a temblar en rememoración de amor
su épica solidaridad y sacrificio de dignidad infinita
en épocas pretéritas, que configura
una vastedad de grandeza histórica
y el patriotismo compartido.
¡Oh, Venezuela, SOS!
(II)
Cuando no haya más lágrimas que derramar,
rebosantes las porcelanas de mortandad,
esa “Tierra de Venecia” y esa “Tierra de Gracia”
dejará de llorar y se levantará en cumbre de cerros,
contemplando
marchas fúnebres y entierros colectivos,
echando la vista a la resurrección de Cristo.
(III)
Heridos que sollozan en ruinas y hospitales,
sobrevivirán en sonidos de esperanza y el susurro
que late desde los vientos que soplan
de mares y montañas, para otro comienzo
de sonrisas en barcas de adversidad.
(IV)
Los fallecidos descansarán en púrpura palmera
y ecosistemas naturales con flores coloreadas
con toques de bellezas íntimas
que evocan la fragancia
en la eternidad de jardines
con pétalos de atardeceres versátiles.
(V)
Y los muchos desaparecidos fertilizarán
los predios erosionados,
para floración de hojas, frutos y plantas aromáticas,
que germinarán emergentes criaturas en vientres
de primaveras de Luna menguante
y otoños de Luna creciente.
(VI)
En su inocencia, niños huérfanos seguirán jugando
en noches tranquilas, abrazados de madres sustitutas
y nutrientes saludables,
que brotarán renovadas energías
en llanuras, bosques y lagos estrellados,
acariciados por paisajes de jazmines
y saltos que gimen en la nostalgia de edificios desplomados.
(VII)
Sumergidos en cenizas de techos agrietados
por terrestres sacudidas bruscas,
pequeños, adultos y veteranos
alzarán vuelos con recuperados bríos,
como aquel ave mítica y pájaro de fuego.
Tendrán casas alfombradas con claveles
y rosadas cestas colgantes,
en calles sin pedruscos y con Sol,
parques con glorietas y toboganes,
escuelas y parroquias para el cambio.
(y VIII)
En brisas de trompetas, hembras y varones
abatidos en estado emocional resurgirán
de pedazos de paredes rotas,
para reconstruir territorios asolados,
en el renacer de paz y progreso,
y entonces entonar, a viva voz: ¡felicidad, felicidad!
………………………….
El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.
Por Rommel Santos Díaz
La Carta Democrática Interamericana es un documento de valiosa importancia para los Estados que integran el sistema interamericano a partir del año 2001, año en que fue adoptada para mejorar los mecanismos de defensa de la democracia en la región. Con ese instrumento se precisan las normas existentes para ampliar la noción de lo que constituye una crisis democrática para incluir cualquier alteración inconstitucional del régimen democrático y asociar la democracia con el desarrollo, los derechos humanos y la lucha contra la pobreza.
La Carta consagra obligaciones de los Estados respecto a la democracia, especialmente, hace referencia al Estado de Derecho, la constitucionalidad, la participación ciudadana, los derechos humanos, el pluralismo político y la separación de poderes como elementos centrales de una democracia representativa ( artículos 3 y 4). La Carta Democrática Interamericana al proclamar el derecho de los pueblos a la protección del orden democrático en el hemisferio, contribuye al desarrollo del derecho interamericano de manera progresiva.
La Carta Democrática Interamericana consta de 6 capítulos relativos a los siguientes temas: el primer capítulo se denomina ‘democracia y el sistema interamericano ¨, el segundo capítulo ´´democracia y derechos humanos´, tercero ´´ ; democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza´´ ; el cuarto ´´fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática´´; el quinto ´´democracia y las misiones de observación electoral´´ y el sexto la ´´ la promoción de la cultura democrática´´.
En los artículos de referencia están plasmados 28 artículos, los cuales tienen por objeto definir conceptos, establecer objetivos y compromisos en distintas temáticas: derechos humanos, observación electoral, combate contra la pobreza, protección y promoción de la democracia. La novedad de la Carta respecto de las normas que la preceden es que contiene mecanismos de promoción y defensa de la democracia, y los Estados miembros tienen la capacidad de poner en marcha su funcionamiento en situaciones de crisis que alteren la institucionalidad democrática.
La Carta Democrática Interamericana, en el capítulo 18 faculta a la OEA a realizar visitas y otras gestiones diplomáticas, previo consentimiento del Estado afectado, cuando se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder de un Estado. Del mismo modo, se pueden presentar las valoraciones de la situación ante el Consejo Permanente, a fin de adoptar las decisiones correspondientes para preservar la institucionalidad democrática.
Es importante señalar que uno de los aportes más valiosos de la Carta Democrática Interamericana es haber vinculado el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática no solo a los derechos humanos, civiles y políticos, sino también al desarrollo económico y social y la lucha defensa de la contra la pobreza.
En la naturaleza jurídica de la Carta Democrática Interamericana es un cuerpo de principios, normas y mecanismos de acción, estructurados y articulados en un documento único que constituye una garantía colectiva de democracia, que consiste en la afirmación de que esta es y debe ser la forma de gobierno compartida por los pueblos de las Américas y que ella constituye un compromiso colectivo de mantener y fortalecer el sistema democrático en la región. La novedad de la Carta Democrática Interamericana es que establece mecanismos de promoción y de defensa de la democracia, entregando a los Estados y a la OEA la atribución de activar su funcionamiento en caso de crisis que alteren los principios democráticos y el orden constitucional. La Carta Democrática Interamericana es una resolución aprobada por consenso durante la XXVIII sesión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA.
Finalmente, cabe destacar que la Carta Democrática Interamericana tiene un valor obligatorio referido a los mandatos y procedimientos que fijan para los distintos órganos de la OEA. Por otro lado, su valor político ha sido y es muy grande, ya que su contenido es permanentemente invocado en declaraciones de Jefes de Estado y por sus opositores, en manifestaciones de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil.