Opinión
Lula en dominicana y más allá
Por Narciso Isa Conde
Lula, antes símbolo de la izquierda, ahora busca distanciarse de esa etiqueta. Su papel en los BRICS y la controversia con Odebrecht marcan su legado.
«Después de trabajar junto a los movimientos populares para construir una nueva propuesta, un pequeño número de dirigentes mete el pie y el alma en la corrupción, comprometiendo todo el proyecto. (Frei Betto*, REBELIÓN 2005)»
A Lula las agencias de EE. UU. y los grandes medios occidentales lo presentan como parte de las izquierdas, porque lo fue en el pasado y, malintencionadamente, les interesa seguir calificándolo de esa manera.
Su importante rol en el Foro de Sao Paulo y en la creación y expansión de los BRICS ha reforzado esa imagen del mandatario brasileño, en tanto ambos bloques o espacios han sido hostilizados por las derechas y las ultraderechas mundiales y por el decadente imperialismo estadounidense, infectado de fascismo.
La desinformación y la confusión reinante no son fáciles de despejar.
Esto no solo pasa con Lula y el PT; acontece con no poco de lo que en el mundo de hoy se le llama izquierda, progresismo y hasta socialismo.
Nadie con sentido común y sin intereses espurios debe negar el valor del Foro de Sao Paulo frente a la contraofensiva de las derechas y ultraderechas continentales. Cierto que inicialmente fue un proyecto de Lula y de Fidel; yo participé en su encuentro de fundación por iniciativa cubana
Pero en verdad, al paso de varios años, ese espacio de coordinación involucionó; abandonado su firmeza antiimperialista, haciéndo concesiones al neoliberalismo, rechazando los movimientos insurgentes e incorporado a partidos de gobiernos inmersos en la neo-colonización neoliberal.
En el VI Encuentro del Foro de Sao Paulo, en San Salvador, el PT y el PRD mexicano se opusieron a que Chávez, recién salido de la cárcel, hablara en la reunión plenaria, y tuvimos que ingeniárnosla el comandante Schafik Handal y yo para convertir una asamblea de comisión en un gran acto donde Chávez finalmente presentó sus ideas.
Además, nadie en justicia debe negar a Lula y al PT el valor que, en el presente, incluso dentro de la economía capitalista-mundo, tienen sus aportes al fortalecimiento de los BRICS.
Pero tampoco se debe olvidar que Lula se opuso al ingreso de Venezuela a los BRICS en el momento que más lo necesitaba; que ayudó a EEUU y a las derechas fascistas en el acoso al chavismo y al presidente Maduro; colocándose a la derecha de China, Rusia e Irán al interior de los BRICS.
Lula hace tiempo renunció a ser de izquierda.
El meollo del asunto estriba en que finalmente Lula optó por gobernar Brasil conciliando con una parte de sus grandes corporaciones; con cierta autodeterminación como imperialismo emergente, pero sin rupturas con EE. UU. y la Unión Europea; sin asumir posiciones antiimperialistas y sin revocar las contrarreformas neoliberales impuestas por gobiernos anteriores.
Al tratarse de alianzas con corporaciones transnacionales brasileñas en competencia en el mercado mundial con las estadounidenses y europeas de sus mismos ramos, las operaciones políticas-empresariales no se limitaron al territorio de Brasil, sino que diferentes componentes de esa maquinaria multiempresarial optaron por jugar ese papel en ultramar, a partir de las facilidades que les ofrecían las relaciones políticas y estatales del PT y su Gobierno, haciendo uso, claro está, de sus cuantiosos fondos para sobornar, financiar y obtener enormes ventajas en los países seleccionados.
En esos planes de expansión jugó un papel destacado la asesoría electoral y publicitaria de la familia SANTANA-MAURO.
No voy a adentrarme aquí en todos los casos latino-caribeños y africanos relacionados con la corruptela de ODEBRECHT, ANDRADE, VOA y EMBRAER; situación oportuna y pérfidamente aprovechada por su competencia norteamericana a todos los niveles: político, económico, judicial, moral…
Pero vale destacar que las corporaciones estadounidenses y europeas, debidamente protegidas por la dictadura mediática occidental y el poder militar «made in USA«, han operado de igual manera. Si no, que se indaguen las actuaciones de las petroleras y mineras occidentales y los casos específicos de la Earon, Hally Burton, Grupo Trump, Barry Gold, General Electric…
Considero sí imprescindible recordar, con unas cuantas pinceladas, lo acontecido en nuestro país con el fenómeno escandaloso de la exportación de la corrupción brasileña en tiempo de Lula.
Esto, para que se entienda, que pese a todo lo que significó positivamente Lula para el campo de las fuerzas populares y de izquierda en este país, aquí no es posible, sin pecar de encubrimiento, ignorar el daño político, moral y económico derivado de las relaciones privilegiadas del PT y LULA con la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana-PLD y los gobiernos corruptos y corruptores de LEONEL FERNÁNDEZ y DANILO MEDINA.
Tampoco es posible ignorar las responsabilidades específicas de Lula y de la cúpula del PT en el impacto moralmente degradante, tanto del caso ODEBRECHT como de la EMBRAER–SÚPER TUCANOS, en lo relacionado con la expansión de la corrupción política, empresarial y militar en nuestro país;
Esto, claro está, en el caso de Lula, evidentemente no se relaciona con el enriquecimiento personal, sino más bien con una corrupción sistémica empleada en términos políticos.
Lula se dejó entrampar en esa madeja de delitos políticos y empresariales interestatales, previa degradación de la original política revolucionaria y de izquierda del PT y de sus bases ético-morales.
· La conexión dominico-brasileña.
La cúpula del PT de Brasil optó, sobre todo al iniciarse el segundo periodo (2008) del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por una relación política preferencial con la alta dirección de ese partido, que previamente se había neoliberalizado y corrompido en alianza con el Partido Reformista Socialcristiano, liderado por Balaguer; relación que abrió paso a una fuerte, duradera y rentable CONEXIÓN del corrompido y corruptor cártel brasileño de la construcción en REPÚBLICA DOMINICANA.
Esta CONEXIÓN DOMINICANA, débilmente iniciada durante el gobierno de Hipólito Mejía, se desplegó durante los ocho años siguientes de la presidencia de Leonel Fernández (incluyó el contrato-estafa para la adquisición de los aviones Super-Tucanos con la EMBRAER brasileña, una parte de los 15 contratos sobrevaluados en favor de ODEBRECHT y los sobornos correspondientes), enlazó con la candidatura presidencial de Danilo Medina en el 2011 y continuó reforzándose durante su primer gobierno y su actual gestión, en la que se registra la súper-estafa del contrato de las plantas de carbón de Punta Catalina.
Lula, desde la presidencia de Brasil, hizo de intermediario y, cuando salió de ella, se dispuso a hacer de «lobista político», sin reparar en las consecuencias.
Leonel fue el primer socio político y el principal beneficiario económico en Dominicana hasta el 2012, con logros significativos iniciales para Odebrecht y para otras empresas dominicanas y brasileñas, destacándose obras como el Acueducto del Nordeste y la compra sobrevaluada e innecesaria de los Super-Tucanos.
El descarte de LEONEL como referente presidencial dominicano se produjo entre el 2011 y 2012, a consecuencia de su descrédito y de su desgaste político, y ante el riesgo brasileño de perder la conexión estatal en República Dominicana si perdía el PLD.
En esa variación de la preferencia del PT gravitó la valoración mercadológica de Joao Santana a favor de Danilo, quien inmediatamente visitó Brasil, ganó el favor de los líderes del PT, estableció los primeros vínculos con su futuro asesor Joao Santana, apuntaló las relaciones con Lula y ejecutivos de Odebrecht, desplazando de esa manera a Leonel como socio político del cartel brasileño.
Ese paso fue consumado a raíz de la visita de Danilo Medina a Brasil y de sus entrevistas con Lula y Dilma Rousseff en 2011, ya en su condición de candidato presidencial del PLD.
Desde ese momento se abrió el proceso hacia una fuerte implantación de JOAO SANTANA y POLIS/CARIBE (sucursal de POLIS-PROPAGANDA establecida discretamente en la calle Helios de Bella Vista, en Santo Domingo) hasta el extremo de sentar su sede en el Palacio Nacional y convertir esa oficina en la Oficina Regional de los sobornos y financiamientos electorales de ODEBRECHT.
Asegurado el triunfo espurio de Danilo Medina, Lula visitó nuestro país y se entrevistó con el «presidente electo» a principios del 2013, acompañado de ALEJANDRINO ALENCAR, ejecutivo de ODEBRECH.
Odebrecht ha admitido que invitó y financió a Lula a viajar para ayudar, en diversos eventos, a la expansión de las empresas brasileñas.
Tres meses después de la visita de Lula a República Dominicana, se anunció la licitación de las plantas a carbón de Punta Catalina y, en septiembre de ese año, se aprobó el financiamiento de 656 millones de dólares a cargo del banco estatal de Brasil (BANDES).
Poco después se le asignó el contrato a la empresa brasileña y la STANLEY CONSULTANT; en noviembre de ese mismo año declaró que solo la ODEBRECHT clasificaba para esos fines, pese a representar un costo de casi mil millones de dólares más que lo ofrecido por su principal competidora.
Testimonios ofrecidos a la justicia brasileña dan cuenta, además, de los financiamientos de Odebrecht a las campañas electorales de Danilo Medina– Margarita Cedeño en el 2012 y el 2016; algo impensable sin la mediación de Luis Ignacio – Lula– Da Silva.
Por demás, Temístocles Montás, ministro acusado de recibir soborno y financiamiento electoral, admitió uno de esos financiamientos.
¿Simple coincidencias o graves evidencias de culpabilidad compartida en la esfera de la corrupción, como recurso de competencia política, no necesariamente empleado como factor de enriquecimiento personal?
Esas realidades son las que determinan que, a pesar de los méritos históricos de Lulú y de la saña discriminatoria auspiciada por EEUU y las ultraderechas brasileñas en contra de Lula y el PT, los señalamientos de sus complicidades en casos como el de las manipulaciones políticas y las prácticas de corrupción de la Odebrecht dentro y fuera de las fronteras brasileñas tengan real asidero en la manera como se ha manejado la cúpula del PT frente a la corrupción sistémica y su uso politiquero. Esos entrampamientos casi siempre resultan costosos políticamente.
La Operación Cobra revela una red de estafa en SeNaSa, con 28 arrestos, pero sin implicar a altos funcionarios ni empresas vinculadas a Abinader.
- En 37 allanamientos en cinco demarcaciones fueron arrestadas 28 personas, principalmente médicos y prestadores.
- Entre los pocos nombres confirmados figuran Gabriel Ravelo, Steven Rabassa y el “doctor Puriel”.
- La PGR describió una red que emitía facturas ficticias y cobraba procedimientos no realizados.
Por Narciso Isa Conde
En esta segunda fase de la Operación Cobra, caso SENASA 2.0, en 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega y Cotuí, fueron arrestadas 28 personas, fundamentalmente prestadores de servicios de salud y médicos, ninguna de las altas esferas comprometidas con la estafa.
Gran parte de los nombres de los nuevos detenidos se han mantenido bajo reserva, algo que no se justifica y que de hecho implica protección de imagen de negocios y negociantes mafiosos.
En general, por los datos ofrecidos de las casas allanadas y las familias afectadas, se trata de personas, la mayoría profesionales de la medicina, merecedores/as de sanciones. Pero al parecer toca fundamentalmente a beneficiarios de bajo y mediano nivel.
Entre los pocos nombres confirmados o mencionados por sus abogados figuran el doctor Gabriel Ravelo (subdirector del Hospital Darío Contreras), el médico Steven Rabassa y un especialista identificado como el “doctor Puriel”.
En cuanto a las empresas y entidades corporativas involucradas en la estafa, el Ministerio Público la PGR no ha identificado a nadie y se ha limitado a declarar la existencia de una red de clínicas, centros médicos, cadenas farmacéuticas y empresas de carpeta, dedicadas “a emitir facturas ficticias, activar códigos de Prestadores de Servicios de Salud-PSS) cancelados y cobrar por consultas, cirugías o procedimientos no realizados”.
De la cadena de farmacias GBC (responsable del 40% de los suministros), cómplice y beneficiara en gran escala de esa estafa multimillonarias, no se ha dicho nada; pero si se ha colado lo del apresamiento de dos farmacéuticos no identificados y no se habla de farmacia alguna: una manera de ocultar responsabilidades específicas
Del negocio mafioso con las vacunas, la privatización y las alianzas delictiva estatal privada …NI JI
Todo esto a pesar de que Santiago Hazim es una figura de alto peso político y empresarial, una figura del entorno del presidente Luis Abinader, habiendo coordinado sectores externos de campaña y dirigido el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), desde el inicio de la gestión gubernamental en 2020 hasta su posterior destitución y sometimiento por corrupción administrativa.
Todo esto a pesar de los vínculos políticos del Grupo Estrella y otras empresas con Abinader y el PRM.
Es evidente la ausencia de investigación, a pesar de las responsabilidades incumplidas por Abinader, Raquel Peña, Rincón, Atalá y otros los altos funcionarios del Ministerio, el Servicio Nacional y el Gabinete de Salud y PROMESE, encargados de relacionarse estrechamente y fiscalizar la gestión de la seguridad social estatal y de salud pública; incluso, conociendo detalles de la estafa y de la corrupción privatizadora, la facilitaron y la protegieron.
Además, en los documentos oficiales del Ministerio Público y en las investigaciones de la PEPCA sobre el entramado financiero de SeNaSa, no figuran imputaciones, menciones directas ni vínculos procesales que involucren formalmente al Grupo Read Estrella dentro de la estructura de desfalco al ARS estatal.
Las indagatorias se han circunscrito estrictamente al manejo financiero interno de la aseguradora, los reembolsos administrativos, el uso de fondos de programas especiales (como áreas de atención oncológica) y la red de complicidad con prestadores médicos y farmacéuticas.
Hasta hechos diferentes que lo desmientan, todo indica la PGR ha aprovechado la tardanza en macharle a la SENASA 2.O para hacer una investigación mediatizada, recortada, encartuchada, que posibilita proteger al Presidente Abinader, a altos funcionarios, a entidades corporativas del capital privado y altas instancias políticas.
Por Rommel Santos Diaz
La libertad personal es un derecho indispensable para el desarrollo del accionar en sociedad de todo ser humano, reconocido de modo expreso en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los textos constitucionales de los Estados de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto, sino que admite restricciones.
Conviene establecer que los derechos señalados anteriormente sólo pueden llevarse a cabo en estricta observancia de los requisitos que, para tal efecto, se encuentran previstos en las normas internacionales y nacionales.
En este sentido, la libertad personal es un derecho fundamental que sólo puede ser restringido en determinados supuestos de hecho, en virtud de una orden expedida por la autoridad competente ( excepto en el caso de flagrante delito) y durante los plazos previstos en las normas constitucionales o legales.
La obligación de cumplir con estas condiciones se encuentra prevista tanto en los instrumentos internacionales como los textos constitucionales de los países de la región, los cuales se complementan mutuamente. Al respecto el , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( Art. 9, numeral 1) establece que ¨Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta¨.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( Art. 7, numeral 2) señala que ¨ Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas¨.
La ratificación del Estatuto de Roma por parte de un Estado implica reconocer y aceptar la posibilidad de que la Corte Penal Internacional expida una orden privativa de libertad contra una persona que se encuentra en su territorio. Esta orden de privación de la libertad puede darse bajo las siguientes situaciones:
- a) Orden de detención para la investigación de uno de los crímenes internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional o;
- b) Sanción privativa de la libertad por la responsabilidad en la comisión de un crimen internacional previsto por el Estatuto de Roma.
Disposiciones similares se encuentran previstas en el texto de la constitución dominicana como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Por Isaias Ramos
República Dominicana celebra sus récords turísticos contando visitantes. En 2025 fueron 11.7 millones, incluidos 2.8 millones de cruceristas.
Es un logro importante. Pero un país no puede medir el éxito de su turismo únicamente contando cuántas personas llegan. También tiene que contar cuánto pone, cuánto arriesga y cuánto queda cuando esas personas se van.
Esa es la cuenta que falta.
¿Cuánto obtiene República Dominicana por cada peso público que hace posible ese turismo?
Porque el turismo no llega solo.
Detrás de un hotel, un aeropuerto o una terminal de cruceros existen carreteras, agua potable, saneamiento, electricidad, seguridad, promoción internacional, terrenos, puertos e infraestructura financiada o habilitada por el Estado.
También existen incentivos. Para 2025, el gasto tributario estimado específicamente para el turismo fue de RD$12,092.3 millones: recursos que el Estado decidió no recaudar para estimular el sector.
Eso puede ser una excelente inversión. Un peso público que genera empleos, empresas, divisas e impuestos puede regresar multiplicado.
Pero precisamente por eso hay que medirlo.
El problema no es invertir. El problema es que el país ponga recursos, patrimonio e incentivos sin poder ver claramente la cuenta del retorno.
Cada peso de recursos públicos destinado a incentivos o infraestructura tiene un costo de oportunidad frente a escuelas, hospitales, seguridad, agua y otros servicios. Detrás de esas cifras no hay dinero abstracto: hay recursos que pertenecen a una sociedad que tiene derecho a exigir resultados.
Un crucerista cuenta como uno. Su impacto no.
En 2025, 2.8 millones de los visitantes contabilizados fueron pasajeros de cruceros.
El tarifario general de APORDOM establece para buques turísticos un cargo de US$1.50 por pasajero, además de otros servicios aplicables y sujeto a las excepciones contractuales correspondientes.
Un millón de pasajeros representarían US$1.5 millones solamente por ese cargo básico, si resulta aplicable.
Pero contar al pasajero no nos dice cuánto recibió finalmente el Estado, cuánto capturó el operador ni cuánto dinero llegó al taxista, al restaurante, al artesano o al pequeño comerciante de la comunidad.
Ahí está la diferencia entre movimiento económico y desarrollo.
Un dólar gastado dentro de una terminal cuenta como gasto turístico. Pero si circula dentro de negocios vinculados al mismo operador y apenas toca la economía circundante, su efecto sobre la comunidad es distinto.
Por eso necesitamos separar cuatro cosas:
actividad económica, beneficio empresarial, recaudación fiscal y riqueza que permanece en el territorio.
Cabo Rojo: donde la pregunta deja de ser teórica
Port Cabo Rojo permite verlo.
El Estado aportó un puerto preexistente y concedió derechos para transformarlo y explotarlo. Al mismo tiempo desarrolla infraestructura pública alrededor del destino.
La Memoria Institucional 2022 de Banreservas cifró entonces el proyecto en aproximadamente US$78.3 millones y el financiamiento aprobado por el banco en US$37 millones.
Casi el 47% del monto que aquella memoria atribuía al proyecto.
Posteriormente se comenzó a hablar de una inversión cercana a US$98 millones.
Pero US$98 millones de inversión anunciada no significan US$98 millones puestos por los accionistas de ITM.
La información pública localizada no permite establecer cuánto fue capital propio, cuánto otra deuda, cuánto financiamiento relacionado ni cuánto del monto anunciado ha sido efectivamente ejecutado.
Y entonces aparece una pregunta que el país merece poder contestar:
¿Qué garantiza los US$37 millones de Banreservas?
Que Banreservas sea estatal no convierte un préstamo comercial en gasto público. Si ITM responde por esa deuda, paga intereses y existen garantías suficientes, estamos ante financiamiento privado.
Pero no hemos localizado públicamente el contrato crediticio ni sus garantías.
¿Responden activos privados de ITM? ¿Garantías corporativas? ¿Los flujos del puerto? ¿La infraestructura construida?
¿O forman parte directa o indirectamente de las garantías derechos económicos derivados de la concesión otorgada por el propio Estado?
No podemos afirmar que la concesión sea la garantía.
Pero tampoco deberíamos tener que adivinarlo.
Cuando un banco estatal financia un negocio privado desarrollado sobre derechos concedidos por el Estado, saber quién asume el riesgo y con qué patrimonio responde no debería ser un privilegio de quienes firmaron el contrato.
El turismo que necesitamos
La solución no es menos turismo ni menos inversión privada.
Es un Estado que sepa cuánto entrega, cuánto arriesga y cuánto recibe.
Toda gran concesión turística debería publicar anualmente una Cuenta de Retorno Público:
capital privado realmente invertido; deuda y garantías; activos públicos utilizados; exenciones recibidas; cánones e impuestos pagados; empleos y salarios; compras a proveedores dominicanos; inversión pública asociada y dinero que efectivamente permanece en las comunidades.
Así podremos distinguir entre inversión anunciada y capital realmente arriesgado.
Entre visitantes y valor.
Entre crecimiento y desarrollo.
República Dominicana necesita hoteles, puertos, cruceros, capital y empresarios. Pero los necesita dentro de un modelo donde el patrimonio público produzca también prosperidad pública.
Si República Dominicana pone el patrimonio y parte del riesgo, pero no puede medir cuánto de la riqueza creada regresa a su gente, eso no es todavía desarrollo: es una cuenta nacional pendiente.