Opinión
Lula en dominicana y más allá
Por Narciso Isa Conde
Lula, antes símbolo de la izquierda, ahora busca distanciarse de esa etiqueta. Su papel en los BRICS y la controversia con Odebrecht marcan su legado.
«Después de trabajar junto a los movimientos populares para construir una nueva propuesta, un pequeño número de dirigentes mete el pie y el alma en la corrupción, comprometiendo todo el proyecto. (Frei Betto*, REBELIÓN 2005)»
A Lula las agencias de EE. UU. y los grandes medios occidentales lo presentan como parte de las izquierdas, porque lo fue en el pasado y, malintencionadamente, les interesa seguir calificándolo de esa manera.
Su importante rol en el Foro de Sao Paulo y en la creación y expansión de los BRICS ha reforzado esa imagen del mandatario brasileño, en tanto ambos bloques o espacios han sido hostilizados por las derechas y las ultraderechas mundiales y por el decadente imperialismo estadounidense, infectado de fascismo.
La desinformación y la confusión reinante no son fáciles de despejar.
Esto no solo pasa con Lula y el PT; acontece con no poco de lo que en el mundo de hoy se le llama izquierda, progresismo y hasta socialismo.
Nadie con sentido común y sin intereses espurios debe negar el valor del Foro de Sao Paulo frente a la contraofensiva de las derechas y ultraderechas continentales. Cierto que inicialmente fue un proyecto de Lula y de Fidel; yo participé en su encuentro de fundación por iniciativa cubana
Pero en verdad, al paso de varios años, ese espacio de coordinación involucionó; abandonado su firmeza antiimperialista, haciéndo concesiones al neoliberalismo, rechazando los movimientos insurgentes e incorporado a partidos de gobiernos inmersos en la neo-colonización neoliberal.
En el VI Encuentro del Foro de Sao Paulo, en San Salvador, el PT y el PRD mexicano se opusieron a que Chávez, recién salido de la cárcel, hablara en la reunión plenaria, y tuvimos que ingeniárnosla el comandante Schafik Handal y yo para convertir una asamblea de comisión en un gran acto donde Chávez finalmente presentó sus ideas.
Además, nadie en justicia debe negar a Lula y al PT el valor que, en el presente, incluso dentro de la economía capitalista-mundo, tienen sus aportes al fortalecimiento de los BRICS.
Pero tampoco se debe olvidar que Lula se opuso al ingreso de Venezuela a los BRICS en el momento que más lo necesitaba; que ayudó a EEUU y a las derechas fascistas en el acoso al chavismo y al presidente Maduro; colocándose a la derecha de China, Rusia e Irán al interior de los BRICS.
Lula hace tiempo renunció a ser de izquierda.
El meollo del asunto estriba en que finalmente Lula optó por gobernar Brasil conciliando con una parte de sus grandes corporaciones; con cierta autodeterminación como imperialismo emergente, pero sin rupturas con EE. UU. y la Unión Europea; sin asumir posiciones antiimperialistas y sin revocar las contrarreformas neoliberales impuestas por gobiernos anteriores.
Al tratarse de alianzas con corporaciones transnacionales brasileñas en competencia en el mercado mundial con las estadounidenses y europeas de sus mismos ramos, las operaciones políticas-empresariales no se limitaron al territorio de Brasil, sino que diferentes componentes de esa maquinaria multiempresarial optaron por jugar ese papel en ultramar, a partir de las facilidades que les ofrecían las relaciones políticas y estatales del PT y su Gobierno, haciendo uso, claro está, de sus cuantiosos fondos para sobornar, financiar y obtener enormes ventajas en los países seleccionados.
En esos planes de expansión jugó un papel destacado la asesoría electoral y publicitaria de la familia SANTANA-MAURO.
No voy a adentrarme aquí en todos los casos latino-caribeños y africanos relacionados con la corruptela de ODEBRECHT, ANDRADE, VOA y EMBRAER; situación oportuna y pérfidamente aprovechada por su competencia norteamericana a todos los niveles: político, económico, judicial, moral…
Pero vale destacar que las corporaciones estadounidenses y europeas, debidamente protegidas por la dictadura mediática occidental y el poder militar «made in USA«, han operado de igual manera. Si no, que se indaguen las actuaciones de las petroleras y mineras occidentales y los casos específicos de la Earon, Hally Burton, Grupo Trump, Barry Gold, General Electric…
Considero sí imprescindible recordar, con unas cuantas pinceladas, lo acontecido en nuestro país con el fenómeno escandaloso de la exportación de la corrupción brasileña en tiempo de Lula.
Esto, para que se entienda, que pese a todo lo que significó positivamente Lula para el campo de las fuerzas populares y de izquierda en este país, aquí no es posible, sin pecar de encubrimiento, ignorar el daño político, moral y económico derivado de las relaciones privilegiadas del PT y LULA con la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana-PLD y los gobiernos corruptos y corruptores de LEONEL FERNÁNDEZ y DANILO MEDINA.
Tampoco es posible ignorar las responsabilidades específicas de Lula y de la cúpula del PT en el impacto moralmente degradante, tanto del caso ODEBRECHT como de la EMBRAER–SÚPER TUCANOS, en lo relacionado con la expansión de la corrupción política, empresarial y militar en nuestro país;
Esto, claro está, en el caso de Lula, evidentemente no se relaciona con el enriquecimiento personal, sino más bien con una corrupción sistémica empleada en términos políticos.
Lula se dejó entrampar en esa madeja de delitos políticos y empresariales interestatales, previa degradación de la original política revolucionaria y de izquierda del PT y de sus bases ético-morales.
· La conexión dominico-brasileña.
La cúpula del PT de Brasil optó, sobre todo al iniciarse el segundo periodo (2008) del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por una relación política preferencial con la alta dirección de ese partido, que previamente se había neoliberalizado y corrompido en alianza con el Partido Reformista Socialcristiano, liderado por Balaguer; relación que abrió paso a una fuerte, duradera y rentable CONEXIÓN del corrompido y corruptor cártel brasileño de la construcción en REPÚBLICA DOMINICANA.
Esta CONEXIÓN DOMINICANA, débilmente iniciada durante el gobierno de Hipólito Mejía, se desplegó durante los ocho años siguientes de la presidencia de Leonel Fernández (incluyó el contrato-estafa para la adquisición de los aviones Super-Tucanos con la EMBRAER brasileña, una parte de los 15 contratos sobrevaluados en favor de ODEBRECHT y los sobornos correspondientes), enlazó con la candidatura presidencial de Danilo Medina en el 2011 y continuó reforzándose durante su primer gobierno y su actual gestión, en la que se registra la súper-estafa del contrato de las plantas de carbón de Punta Catalina.
Lula, desde la presidencia de Brasil, hizo de intermediario y, cuando salió de ella, se dispuso a hacer de «lobista político», sin reparar en las consecuencias.
Leonel fue el primer socio político y el principal beneficiario económico en Dominicana hasta el 2012, con logros significativos iniciales para Odebrecht y para otras empresas dominicanas y brasileñas, destacándose obras como el Acueducto del Nordeste y la compra sobrevaluada e innecesaria de los Super-Tucanos.
El descarte de LEONEL como referente presidencial dominicano se produjo entre el 2011 y 2012, a consecuencia de su descrédito y de su desgaste político, y ante el riesgo brasileño de perder la conexión estatal en República Dominicana si perdía el PLD.
En esa variación de la preferencia del PT gravitó la valoración mercadológica de Joao Santana a favor de Danilo, quien inmediatamente visitó Brasil, ganó el favor de los líderes del PT, estableció los primeros vínculos con su futuro asesor Joao Santana, apuntaló las relaciones con Lula y ejecutivos de Odebrecht, desplazando de esa manera a Leonel como socio político del cartel brasileño.
Ese paso fue consumado a raíz de la visita de Danilo Medina a Brasil y de sus entrevistas con Lula y Dilma Rousseff en 2011, ya en su condición de candidato presidencial del PLD.
Desde ese momento se abrió el proceso hacia una fuerte implantación de JOAO SANTANA y POLIS/CARIBE (sucursal de POLIS-PROPAGANDA establecida discretamente en la calle Helios de Bella Vista, en Santo Domingo) hasta el extremo de sentar su sede en el Palacio Nacional y convertir esa oficina en la Oficina Regional de los sobornos y financiamientos electorales de ODEBRECHT.
Asegurado el triunfo espurio de Danilo Medina, Lula visitó nuestro país y se entrevistó con el «presidente electo» a principios del 2013, acompañado de ALEJANDRINO ALENCAR, ejecutivo de ODEBRECH.
Odebrecht ha admitido que invitó y financió a Lula a viajar para ayudar, en diversos eventos, a la expansión de las empresas brasileñas.
Tres meses después de la visita de Lula a República Dominicana, se anunció la licitación de las plantas a carbón de Punta Catalina y, en septiembre de ese año, se aprobó el financiamiento de 656 millones de dólares a cargo del banco estatal de Brasil (BANDES).
Poco después se le asignó el contrato a la empresa brasileña y la STANLEY CONSULTANT; en noviembre de ese mismo año declaró que solo la ODEBRECHT clasificaba para esos fines, pese a representar un costo de casi mil millones de dólares más que lo ofrecido por su principal competidora.
Testimonios ofrecidos a la justicia brasileña dan cuenta, además, de los financiamientos de Odebrecht a las campañas electorales de Danilo Medina– Margarita Cedeño en el 2012 y el 2016; algo impensable sin la mediación de Luis Ignacio – Lula– Da Silva.
Por demás, Temístocles Montás, ministro acusado de recibir soborno y financiamiento electoral, admitió uno de esos financiamientos.
¿Simple coincidencias o graves evidencias de culpabilidad compartida en la esfera de la corrupción, como recurso de competencia política, no necesariamente empleado como factor de enriquecimiento personal?
Esas realidades son las que determinan que, a pesar de los méritos históricos de Lulú y de la saña discriminatoria auspiciada por EEUU y las ultraderechas brasileñas en contra de Lula y el PT, los señalamientos de sus complicidades en casos como el de las manipulaciones políticas y las prácticas de corrupción de la Odebrecht dentro y fuera de las fronteras brasileñas tengan real asidero en la manera como se ha manejado la cúpula del PT frente a la corrupción sistémica y su uso politiquero. Esos entrampamientos casi siempre resultan costosos políticamente.
Por Rommel Santos Díaz
El genocidio es el ¨crimen de todos los crímenes¨. Podría considerarse como el delito más serio de todos los delitos de lesa humanidad. El Estatuto de Roma adopto en su totalidad, la definición de genocidio establecida en la Convención para la Prevención y Represión del Genocidio de 1948
La definición del delito de genocidio se basa en tres elemento: 1) cometer uno o mas de los siguientes actos: a) homicidio, b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros de un grupo, b) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, c) medidas destinadas a impedir nacimiento en el seno de un grupo, d) traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo, 2) dirigirse contra un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Constituye crimen de genocidio intentar destruir a un grupo, en parte o en su totalidad. El requisito de la intención culpable es bastante importante. Deberá demostrarse que la persona actuó con la intención de destruir un grupo.
El genocidio no puede cometerse por negligencia. El termino ¨en su totalidad o en parte¨ significa que un acto aislado de violencia racista no constituye genocidio. Deberá existir la intención de eliminar en grandes cantidades a un grupo, aunque no se logre la destrucción completa de este.
Seria recomendable que los Estados Partes del Estatuto de Roma incorporen en el derecho interno el delito de genocidio tal y como lo define el Estatuto . Los Estados que han ratificado la Convención para la Prevención y el Castigo del Delito de Genocidio ya han tomado las medidas necesarias en su legislación que dan efectividad las disposiciones de esta convención y prevén penas efectivas para aquellas personas responsables de genocidio.
Si los Estados Partes del Estatuto de Roma no han incorporado el genocidio dentro de su legislación nacional, estos tienen distintas opciones si desean enjuiciar estos crímenes pro su propia cuenta:
Primero, podrían adoptar una definición tomada del Estatuto de Roma, o que se refiera a él directamente. La ventaja de esta medida es una simplicidad, la cual beneficia al legislador de una ley de implementación, además que sería una ley conforme con los requisitos del Estatuto de la CPI.
Otra opción sería adoptar una serie de delitos independientes que se conectan con cada una de las acciones enumeradas en el Estatuto. Por ejemplo, el Código Penal del Estado podría especificar el homicidio múltiple cometido con la intención de destruir en su totalidad o en parte, un grupo nacional, étnico, racial o religioso, lo cual constituye genocidio. Lo mismo podría disponerse para las otras cuatro acciones enumeradas en el Estatuto de Roma.
Los Estados también pueden utilizar los delitos generales existentes para enjuiciar a los autores de genocidio, utilizando suficientemente graves que descrinan el delito cometido.
Sin embargo, algunas de las acciones que constituyen genocidio no constituyen un delito bajo el derecho interno. El Estado Parte podrá reformar su Código Penal y crear nuevos delitos que cubran tales acciones. Los Estados Partes deben garantizar que el enjuiciamiento bajo el derecho interno no sustraiga a las personas de su responsabilidad penal.
Finalmente, la definición de genocidio podría ser modificada para ser adoptada por el derecho interno, pero con el propósito de facilitarle un significado similar o mas amplio que aquel previsto por el Estatuto. Por ejemplo, Francia indica en su legislación nacional que el genocidio podría ser cometido contra cualquier grupo. El proceso se deberá tomar con cuidado, sin embargo, porque cada uno de los términos contenidos en el Estatuto de Roma tiene un significado particular y son el resultado de un extenso debate, tanto en 1948 como en 1998.
Por Isaías Ramos
Esta no será una semana legislativa cualquiera. La República Dominicana enfrenta una decisión capaz de marcar nuestra convivencia democrática: corregir las disposiciones cuestionadas del Código Penal para armonizarlas con la Constitución o mantener normas susceptibles de infundir temor, inhibir la denuncia ciudadana y restringir derechos fundamentales. Esta semana no se discute solamente un Código: se decide si el poder obedecerá a la Constitución.
Muchos dominicanos todavía creen que la llamada “ley mordaza” solo afectaría a periodistas y comunicadores. Ese es un grave error. Cuando expresiones, denuncias o cuestionamientos de interés público pueden convertirse en fuente de persecución penal, el miedo no permanece encerrado en una cabina de radio. Alcanza al ciudadano que denuncia corrupción, a la madre que reclama justicia, al comunitario que protege su río, al profesional que fiscaliza una decisión pública y al joven que expresa su inconformidad en las redes sociales.
En este Código Penal no puede quedar ni un solo artículo que riña con la Constitución, amenace los derechos y libertades del pueblo o cierre el camino hacia el Estado social y democrático de derecho que la Carta Magna nos ordena construir. No se trata de defender privilegios ni de conceder impunidad para difamar, sino de impedir que el poder penal del Estado sea utilizado para intimidar la crítica legítima, castigar la denuncia de interés público o colocar a los funcionarios fuera del escrutinio ciudadano.
Frente a nosotros aparecen dos caminos. El primero es el de la Constitución: dignidad humana, libertad, justicia, seguridad jurídica y construcción efectiva de un Estado social y democrático de derecho que aún sigue siendo una promesa pendiente para millones de dominicanos. Es el camino hacia una patria donde nuestros hijos puedan crecer, expresarse, trabajar y formar sus familias sin sentir que deben abandonarla para vivir con dignidad; el camino de la confianza, la estabilidad, la paz y el sosiego.
El segundo es el de la arbitrariedad revestida de legalidad: una sociedad donde las personas comiencen a medir sus palabras y guardar silencio ante los abusos por temor a las consecuencias. No afirmamos que una sola ley provocará automáticamente el derrumbe de la democracia ni un éxodo inmediato. La advertencia es más seria.
Las naciones comienzan a extraviar su rumbo cuando normalizan pequeñas renuncias a la libertad; cuando la autocensura debilita la fiscalización ciudadana; cuando esa debilidad facilita la arbitrariedad; y cuando la arbitrariedad destruye lentamente la confianza en las instituciones y en el porvenir.
El pueblo dominicano debe mirarse en el espejo de otras naciones que ignoraron las primeras señales y terminaron pagando un precio devastador. Los países no pierden sus libertades ni expulsan a su población de un día para otro. El deterioro suele comenzar con pequeñas restricciones, excepciones aparentemente justificadas y silencios que la sociedad acepta hasta convertirlos en normalidad. Los pueblos sabios aprenden de esos procesos y actúan antes de que sea demasiado tarde.
Ningún país se vacía por una sola medida. Primero se marchan quienes todavía poseen preparación, recursos o redes para comenzar de nuevo. Después queda una nación debilitada por la pérdida de sus jóvenes, profesionales, emprendedores y familias productivas.
Porque el éxodo no comienza en el aeropuerto. Comienza cuando un joven deja de creer que podrá construir su vida en su propia patria; cuando un profesional entiende que su preparación no le garantiza libertad, seguridad ni oportunidades; y cuando unos padres concluyen dolorosamente que deben alejar a sus hijos del país que aman para ofrecerles el futuro que ya no logran imaginar dentro de él.
La República Dominicana no tiene que escoger entre combatir la delincuencia y preservar la libertad. Un Código Penal moderno debe proteger a las víctimas, sancionar con firmeza al criminal y asegurar que ningún ciudadano pueda ser intimidado por denunciar, fiscalizar, reclamar, protestar pacíficamente o disentir. Un Estado que sacrifica las libertades en nombre del orden pone en peligro tanto la libertad como el verdadero orden democrático.
La decisión formal corresponde al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo. Pero la responsabilidad histórica también pertenece al pueblo dominicano. ¿Permaneceremos unidos y vigilantes en defensa de la Constitución, o permitiremos que la división, la distracción y la manipulación nos conviertan en espectadores de la reducción de nuestros derechos? Cuando la ciudadanía guarda silencio, el poder pierde sus límites y la Constitución se queda sin defensores.
No debemos esperar un milagro. Debemos exigir sabiduría, prudencia y responsabilidad constitucional. Los congresistas y el presidente de la República juraron respetar y hacer respetar la Constitución. Este es el momento de honrar ese juramento: escuchar las advertencias, corregir toda disposición incompatible con las libertades públicas y entregar al país un Código Penal justo, moderno y firme contra el crimen, pero incapaz de ser utilizado contra la ciudadanía.
Desde el Frente Cívico y Social hacemos un llamado solemne al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo para que se coloquen del lado de la Constitución y honren el juramento que hicieron ante Dios y ante el pueblo de cumplirla y hacerla cumplir. Convocamos también a la ciudadanía a permanecer atenta, unida y vigilante ante cualquier intento de vulnerar sus derechos y libertades.
Esta semana la patria deberá escoger su camino: el de la Constitución o el de la intimidación; el de la confianza o el del miedo; el de la ciudadanía libre o el del silencio impuesto. El Congreso tendrá la votación y el Ejecutivo asumirá su responsabilidad. Pero el pueblo conservará siempre el deber de defender, pacífica y democráticamente, aquello que ningún poder puede legítimamente arrebatarle.
Cuando una nación debe escoger entre el miedo y la Constitución, un pueblo digno no vacila: se une, levanta su voz y defiende la libertad.
Por Oscar López Reyes
Bienvenido Álvarez Vega alborea como un adalid del periodismo y un portaestandarte en la dirección de dos relevantes diarios impresos. Para esa función cualifica, profesionalmente, por su formación académica en comunicación, su olfato noticioso agudo y saber periodístico; su rigor en la selección y verificación de la información, y su reconocida honestidad y credibilidad, que anclan como clave.
Bienvenido Álvarez Vega, Premio Nacional de Periodismo, igual que Miguel Franjul, director de Listín Diario, y Aníbal de Castro, director de Diario Libre, quienes acoplan la trilogía de los decanos de los diarios impresos del país. Son respetados por sus trayectorias, y porque saben diferenciar, meridianamente, la especulación y el relato de actualidad e interés colectivo, en su texto y contexto.
Ellos y los otros directores de diarios son reputados porque saben escuchar, guiar en el trabajo en equipo contrarreloj y delegar, e inspirar a sus colegas de labores en las salas de redacción; conocen perfectamente las exigencias de las audiencias, el modelo del negocio de una publicación y cómo adaptar los contenidos en la transición digital de los diarios, sin apartarse de su identidad de la publicación. La experiencia, sin improvisación, enseña a la gestión mediática y a cómo abordar, apropiadamente, la ética periodística.
El retiro de Álvarez Vega de la dirección del matutino Hoy coincidió con solicitudes de alumnos de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M que, con frecuencia, me preguntan si tengo relación con el director de X diario, porque quieren mi ayuda para realizar su pasantía. Les contesto que sí, que con todos los directores y que tengo el privilegio de ser un periodista de interludio, y a seguidas exclaman: ¡Qué! Sí -les respondo- porque en 50 años he trabajado con todos ellos (veteranos) y con los jóvenes, como ustedes. Y -para mi sorpresa- indagan quiénes y cómo son ellos.
Para no seguir desgañitándome con respuestas rápidas, y muchas veces mutiladas, preparé un breve prontuario de cada uno de los principales ejecutivos de rotativos, que prefiero compartir con los estudiantes de las otras ocho escuelas universitarias de comunicación social de República Dominicana, y con lectores de esas antiguas gacetas.
1.- Miguel Franjul, director de Listín Diario. Estudió en el Instituto Dominicano de Periodismo (IDP) e ingresó como reportero del Listín Diario en 1968, a los 17 años de edad. También ha sido director de La Información (Santiago), La Nación y Diario@Diario. Es autor de cinco libros. Siendo subdirector de Hoy, me empleó como redactor de ese matutino y a numerosos alumnos ha acogido como pasantes, con una simple solicitud.
2.- Aníbal de Castro, director de Diario Libre. Cambió los estudios de sacerdote en el Seminario Misionero por los de periodismo en la UASD y Estudios de Desarrollo en la Universidad de East Anglia, Londres, en 1979. Laboró para El Nacional, HIN y como jefe de redacción y director de Última Hora. Fue fundador del primer impreso gratuito del país: Diario Libre, así como de la revista Rumbo; embajador en Washington, el Reino Unido, España, Bélgica y jefe de la Misión ante la Unión Europea. Por más de diez años publicó mis artículos de opinión en Última Hora y compartimos la dirección del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP).
3.- Bienvenido Álvarez Vega, director de Hoy. Estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y laboró como periodista para Radio Ahora, El Nacional, La Noticia, Radio Comercial, Radio Popular y director-fundador de El Siglo, el primer periódico digital del país. El protestantismo ha moldeado su ejercicio profesional y su vida. Compartimos como redactores del matutino El Sol, en 1978, y en la década de 1980 laboré bajo su dirección en el Hoy.
4.- Persio Maldonado, director de El Nuevo Diario. Desde mediados de la década de 1970 se inició en el área administrativa en el matutino El Sol y en 1981 junto a un grupo de periodistas fundó El Nuevo Diario. Se licenció en Ciencias Políticas en la UASD y Derecho en la Universidad Interamericana. Funge como presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y coproductor del programa Matinal, Canal 5, Telemicro. Juntos laboramos en El Sol y El Nuevo Diario.
5.- Bolívar Díaz Gómez, director de El Nacional. En 1968 se inició en el periodismo como corresponsal de El Nacional en Santiago y luego en la redacción central de la capital y en la revista Ahora. En 1988 fue designado subdirector de El Nacional y a los 27 años ascendido a director, en sustitución de Radhamés Gómez Pepín, fallecido el 26 de octubre de 2015. Desde el 2018, cada martes en ese rotativo me publica la columna Libre Pensar.
6.- Nelson Rodríguez, director de El Caribe. Locutor desde 1972, en Santiago, y en 1977-1980 en el área de producción de El Sol. Laboró como reportero, jefe de redacción y otras funciones ejecutivas en El Nuevo Diario, El Siglo, Última Hora, Diario Libre, la revista Rumbo, Grupo Cinco y la Junta Central Electoral. En 1977-1978 ocupó la secretaría general del Sindicato de Trabajadores de la Editora El País o El Sol, en el cual le acompañé como miembro de la directiva de ese gremio.
7.- José P. Monegro, director de El Día. Inició sus estudios de periodismo en la UASD y terminó en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD). Por 11 años fue reportero de Listín Diario y corresponsal de la agencia norteamericana Asocciated Press (AP). Se desempeñó como jefe de redacción de la revista Ahora y subdirector de El Día, bajo la dirección de Rafael Molina Morillo, a quien sustituyó.
8.- Ingrid González Rodríguez, directora interina de La Información. Licenciada en Educación en la PUCMM, y especializada en técnicas pedagógicas aplicadas a la Educación Superior en la Universidad UTESA. Desde 1996 ha publicado la columna diaria Reflejos, dedicada a tópicos de filosofía, arte, literatura y viajes, en la faceta del periodismo cultural. Escribió para el periódico Centenario y fue consorte del doctor Príamo Rodríguez Castillo, presidente de La Información y de Utesa. A ella me ha unido la literatura.
Similares improntas fueron estampadas por verdaderos periodistas, icónicos en la dirección de diarios, como Rafael Herrera, Francisco Comarazamy, Germán Emilio Ornes y su hijo Antonio Emilio Ornes, Mario Álvarez Dugan, Freddy Gatón Arce, Rafael Molina Morillo, Radhamés Gómez Pepín, Virgilio Alcántara, los hermanos Silvio y Emilio Herasme Peña, Bonaparte Gautreaux Piñeyro, Juan Bolívar Díaz, Antonio Gil, Pedro Caro, Miguel Angel Prestol, Félix Reyna, Mozart Deláncer, Eulalio Almonte Rubiera, Osvaldo Santana, Víctor Manuel Tejada, Ruddy González, Huchi Lora, Juan Manuel García y Manuel Quiroz.
Las publicaciones dirigidas por intelectuales o científicos no periodistas se han caracterizado por la opacidad en el desface informativo y editorial, y terminan en el naufragio, en tanto que los economistas designados como editores económicos se han deslizado, escurridizos, hacia el precipicio más insondable.
Como podemos observar, sin microscopios ni lupas, el director de un diario que sea un periodista profesional experimentado en el reporterismo de calles y fuentes oficiales, evita disgustos no revelados y conflictos con editores y otros miembros de la redacción, que se siente menospreciados por la ausencia de ascensos.
En esta época de desinformación, superficialidades, falsas noticias y manipulaciones/distorsiones expresamente interesadas, el periodista en la dirección de un diario -y no un experto o doctor que pocos entienden por su incorregible exceso de tecnicismos- asegura la aplicación rigurosa de la ética y la independencia informativa por encima de las coacciones comerciales y políticas. En el reverso, el medio tira por la borda el derecho a la información y renuncia a ser un contrapoder, porque se vuelve un artefacto insulso y sin prestigio.
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El autor: Expresidente Colegio Dominicano de Periodistas (CDP)/Asoc. Escuelas de Comunicación Social (AdecomRD) y presidente Asoc. de Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep).