Opinión
Lumpen-imperialismo o imperialismo mafioso
por Narciso Isa Conde
Su nueva divisa es depredar y destruir la periferia del sistema para prolongar su vejez y decadencia.
En muchas ocasiones he hablado de la pertinencia del término lumpen-burguesía o burguesía mafiosa.
Igual puede y debe ser calificada un gran parte de la elite de la partidocracia que le sirve a ella de instrumento político de dominación. Y también vale para describir poderosas facciones del generalato militar y policial.
El neoliberalismo, las privatizaciones, la reedición de viejas formas de acumulación originaria de capital, la aparición de otras formas gansteriles con iguales fines: robo del patrimonio público, de los recursos naturales y de los fondos estatales, estafas financieras, tráfico de influencia, evasiones de impuestos, prácticas de narco-economía y narco-política, tráfico de armas, órganos y personas, contrabando de todo tipo, estafas financieras, para-militarismo y nuevas modalidades de las fuerzas de intervención y agresión militar… han disparado y deformado este engendro imperialista a niveles nunca antes vistos.
- El vientre del engendro global.
La matriz global de estos fenómenos aberrantes y sus resultados, está en la multi-crisis crónica del capitalismo mundial, en su progresiva decadencia y en la conversión del imperialismo colectivo (norteamericano, europeo, asiático… con su centro en EEUU) en un lumpen-imperialismo o imperialismo mafioso, comandado por una lumpen-burguesía transnacional, con agresivos componentes y agentes financieros, militares y minero-energéticos.
El imperialismo, para prolongar su vejez, se ha tornado altamente depredador y destructivo, sobre todo de los países y territorios de su periferia dependiente y de clases populares, explotadas y excluidas.
En nuestro país la usura financiera, el saqueo de minerales y recursos energéticos, los atracos en nombre de las privatizaciones… tienen nombres de bancos y corporaciones. Van de la mano de un endeudamiento externo oneroso, que asciende ya al 50% del PBI y consume al 40% del presupuesto nacional (en pago de intereses y amortizaciones), y se entrelazan con la voracidad de la Barrick Gold, Uni-Gold, Gold Corp, Dominican Gold, Falcondo-Xstrata Niquel y de innumerables corporaciones destinadas a saquear la Cordillera Central, la zona de influencia del Artibonite, Loma Mala, la Sierra de Siete Picos, Los Haitises, las costas, las fuentes de agua…
Pero el patrón es tan mundial como la destrucción y el caos que genera ese saqueo impuesto con el uso de la fuerza o bajo amenaza del uso de la fuerza.
La recesión prolongada, el agotamiento del modelo keynesianismo, las graves déficits internos y externos, las sucesivas explosiones de las burbujas inmobiliarias y financieras, la pérdida de ineficacia del voluminoso complejo militar-industrial estatal como mecanismo de crecimiento económico y de ingresos extraoprdinarios, el auge de la pobreza, el desempleo y la indigencia en los centros desarrollados del capitalismo, ha determinado el reemplazo progresivo de sus economías productivas por el reino de la especulación y el consiguiente crecimiento de mecanismos informales cada vez más gansterizados.
- Cambios en la política y en los instrumentos de guerra.
Esto ha dado lugar a un fenómeno militar de alto riesgo, el cual ha sido muy bien caracterizado por Jorge Beistein, analista desde la óptica marxista del devenir de la crisis del capitalismo, en su ensayo titulado “La ilusión del meta-contral imperial del caos.- La mutación del sistema de intervención militar de los Estado Unido”. (Editorial Trinchera, Caracas, mayo 2013), el cual nos refiere a:
-La creciente privatización, informalización y elitización del poderío militar estadounidense.
-La flexibilización de su sistema militar, combinando “estructuras de la guerra tradicional” con “bandas de mercenarios” y “redes mafiosas”.
-La descentralización en el contexto de esa mezcla de fuerza estatales y no estatales, y la creación simultánea de comandos y núcleos operativos altamente tecnificados y centralizados.
-El financiamiento de lo para-estatal a través de la narco-economía, las ventas irregulares de armas, la prostitución y otros negocios ilegales; con destacada participación de la DEA, CIA y numerosas agencias de seguridad privada.
La conformación, en consecuencia, de verdaderos “escuadrones de la muerte globales” y la creación de “fuerzas de intervención privadas-clandestinas”, destinadas a desplegar su accionar como lo hicieron en Nicaragua y lo están haciendo en Irak, Afganistán, Libia, Siria… provocando diversas guerras informales y asimétricas; auxiliadas siempre por el poderoso Comando Conjunto de Operaciones Especiales, dotado de drones, armamentos sofisticados y núcleos operativos entrenados para acciones y crímenes puntuales.
Esto implica ir mas allá de la llamada “guerra de cuarta generación”, engendrando, en lugar de nuevas maquinarias jerarquizadas y fuerzas militares regulares, una especie de “administración de fuerzas delincuentes” con crecientes prácticas gansteriles y propósitos destructivos.
El para-militarismo acompaña las corporaciones mineros-energéticas y las tropas mercenarias con altos niveles de entrenamiento y agresividad tienden a crecer en forma alarmante: 137 mil mercenarios en el Medio Oriente, 190 mil en Afganitán, 1931 agencias de seguridad privadas y redes de agentes, que en total sobrepasan un millón de efectivos hasta conformar una enorme fuerza militar privatizada difícil de domesticar.
(Esto debe alertarnos respecto al rol de Manuel Rocha, gerente de Barrick Gold y especialista en la materia, y al numeroso personal extranjero de ese consorcio y empresas conexas; como también respecto a la guardia privada de Falcondo-Xstrata Niquel y a los cuerpos para-policiales entrenados por asesores colombianos. Porque todo esto resuma conformación de una fuerza militar mercenaria).
- Caos fuera y caos dentro del imperio.
Estos cambios en la política de guerra e intervención, más que ocupar ordenadamente territorio, como se hacía antes, persigue des-estructurar sociedades en la periferia del sistema capitalista, sembrar caos, destruir identidades, desatar pugnas y saquear recursos en interés de prolongar la vida decadente del imperialismo y sus países centrales.
Esto es así, tanto en cuanto a los avances destructivos de la mega-minería a cielo abierto y de las corporaciones energéticas en el llamado Tercer Mundo, como de las intervenciones financieras y militares; todas acompañadas de guerras mediáticas globales y locales, dirigidas a estigmatizar y aislar a las victimas de sus agresiones y rapacidad.
El problema de esa determinación imperial es que –como dice Beinstein- el control del caos generado y su limitación a la periferia del sistema en crisis, es realmente una “ilusión”; dado que la destrucción de territorios y sociedades en áreas tan extensa y pobladas, y el proceso de gansterización de los instrumentos militares, extractivos y financieros empleados para saquear, se revierten sobre los países centrales y tienden a provocar su autodestrucción.
Un gasto militar que llegaría en el 2015 a los 9 billones de dólares (millones de millones), siete veces el déficit fiscal de EEUU, sin tener ya capacidad, en medio de está multi-mega crisis, de reactivar la economía y generar bienestar social como ocurría en la era del militarismo keynesiano; sumado a los 47 millones de indigentes existentes ya en esa sociedad central del capitalismo, apuntan a un caos interno cada vez mayor. Europa, por demás está convulsionada.
Esa ominosa perspectiva global exige un cambio radical del actual “ordenamiento” destructivo de la sociedad humana.
El capitalismo ya agotó su existencia desarrollista y avanza rápidamente hacia la generalización del caos con consecuencias fatales para el planeta y sus habitantes, por lo que urge sembrar y crear socialismo a través de nuevas y originales revoluciones. (SD-RD, 10-06-2013).
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.