Opinión
Lumpen-imperialismo o imperialismo mafioso
por Narciso Isa Conde
Su nueva divisa es depredar y destruir la periferia del sistema para prolongar su vejez y decadencia.
En muchas ocasiones he hablado de la pertinencia del término lumpen-burguesía o burguesía mafiosa.
Igual puede y debe ser calificada un gran parte de la elite de la partidocracia que le sirve a ella de instrumento político de dominación. Y también vale para describir poderosas facciones del generalato militar y policial.
El neoliberalismo, las privatizaciones, la reedición de viejas formas de acumulación originaria de capital, la aparición de otras formas gansteriles con iguales fines: robo del patrimonio público, de los recursos naturales y de los fondos estatales, estafas financieras, tráfico de influencia, evasiones de impuestos, prácticas de narco-economía y narco-política, tráfico de armas, órganos y personas, contrabando de todo tipo, estafas financieras, para-militarismo y nuevas modalidades de las fuerzas de intervención y agresión militar… han disparado y deformado este engendro imperialista a niveles nunca antes vistos.
- El vientre del engendro global.
La matriz global de estos fenómenos aberrantes y sus resultados, está en la multi-crisis crónica del capitalismo mundial, en su progresiva decadencia y en la conversión del imperialismo colectivo (norteamericano, europeo, asiático… con su centro en EEUU) en un lumpen-imperialismo o imperialismo mafioso, comandado por una lumpen-burguesía transnacional, con agresivos componentes y agentes financieros, militares y minero-energéticos.
El imperialismo, para prolongar su vejez, se ha tornado altamente depredador y destructivo, sobre todo de los países y territorios de su periferia dependiente y de clases populares, explotadas y excluidas.
En nuestro país la usura financiera, el saqueo de minerales y recursos energéticos, los atracos en nombre de las privatizaciones… tienen nombres de bancos y corporaciones. Van de la mano de un endeudamiento externo oneroso, que asciende ya al 50% del PBI y consume al 40% del presupuesto nacional (en pago de intereses y amortizaciones), y se entrelazan con la voracidad de la Barrick Gold, Uni-Gold, Gold Corp, Dominican Gold, Falcondo-Xstrata Niquel y de innumerables corporaciones destinadas a saquear la Cordillera Central, la zona de influencia del Artibonite, Loma Mala, la Sierra de Siete Picos, Los Haitises, las costas, las fuentes de agua…
Pero el patrón es tan mundial como la destrucción y el caos que genera ese saqueo impuesto con el uso de la fuerza o bajo amenaza del uso de la fuerza.
La recesión prolongada, el agotamiento del modelo keynesianismo, las graves déficits internos y externos, las sucesivas explosiones de las burbujas inmobiliarias y financieras, la pérdida de ineficacia del voluminoso complejo militar-industrial estatal como mecanismo de crecimiento económico y de ingresos extraoprdinarios, el auge de la pobreza, el desempleo y la indigencia en los centros desarrollados del capitalismo, ha determinado el reemplazo progresivo de sus economías productivas por el reino de la especulación y el consiguiente crecimiento de mecanismos informales cada vez más gansterizados.
- Cambios en la política y en los instrumentos de guerra.
Esto ha dado lugar a un fenómeno militar de alto riesgo, el cual ha sido muy bien caracterizado por Jorge Beistein, analista desde la óptica marxista del devenir de la crisis del capitalismo, en su ensayo titulado “La ilusión del meta-contral imperial del caos.- La mutación del sistema de intervención militar de los Estado Unido”. (Editorial Trinchera, Caracas, mayo 2013), el cual nos refiere a:
-La creciente privatización, informalización y elitización del poderío militar estadounidense.
-La flexibilización de su sistema militar, combinando “estructuras de la guerra tradicional” con “bandas de mercenarios” y “redes mafiosas”.
-La descentralización en el contexto de esa mezcla de fuerza estatales y no estatales, y la creación simultánea de comandos y núcleos operativos altamente tecnificados y centralizados.
-El financiamiento de lo para-estatal a través de la narco-economía, las ventas irregulares de armas, la prostitución y otros negocios ilegales; con destacada participación de la DEA, CIA y numerosas agencias de seguridad privada.
La conformación, en consecuencia, de verdaderos “escuadrones de la muerte globales” y la creación de “fuerzas de intervención privadas-clandestinas”, destinadas a desplegar su accionar como lo hicieron en Nicaragua y lo están haciendo en Irak, Afganistán, Libia, Siria… provocando diversas guerras informales y asimétricas; auxiliadas siempre por el poderoso Comando Conjunto de Operaciones Especiales, dotado de drones, armamentos sofisticados y núcleos operativos entrenados para acciones y crímenes puntuales.
Esto implica ir mas allá de la llamada “guerra de cuarta generación”, engendrando, en lugar de nuevas maquinarias jerarquizadas y fuerzas militares regulares, una especie de “administración de fuerzas delincuentes” con crecientes prácticas gansteriles y propósitos destructivos.
El para-militarismo acompaña las corporaciones mineros-energéticas y las tropas mercenarias con altos niveles de entrenamiento y agresividad tienden a crecer en forma alarmante: 137 mil mercenarios en el Medio Oriente, 190 mil en Afganitán, 1931 agencias de seguridad privadas y redes de agentes, que en total sobrepasan un millón de efectivos hasta conformar una enorme fuerza militar privatizada difícil de domesticar.
(Esto debe alertarnos respecto al rol de Manuel Rocha, gerente de Barrick Gold y especialista en la materia, y al numeroso personal extranjero de ese consorcio y empresas conexas; como también respecto a la guardia privada de Falcondo-Xstrata Niquel y a los cuerpos para-policiales entrenados por asesores colombianos. Porque todo esto resuma conformación de una fuerza militar mercenaria).
- Caos fuera y caos dentro del imperio.
Estos cambios en la política de guerra e intervención, más que ocupar ordenadamente territorio, como se hacía antes, persigue des-estructurar sociedades en la periferia del sistema capitalista, sembrar caos, destruir identidades, desatar pugnas y saquear recursos en interés de prolongar la vida decadente del imperialismo y sus países centrales.
Esto es así, tanto en cuanto a los avances destructivos de la mega-minería a cielo abierto y de las corporaciones energéticas en el llamado Tercer Mundo, como de las intervenciones financieras y militares; todas acompañadas de guerras mediáticas globales y locales, dirigidas a estigmatizar y aislar a las victimas de sus agresiones y rapacidad.
El problema de esa determinación imperial es que –como dice Beinstein- el control del caos generado y su limitación a la periferia del sistema en crisis, es realmente una “ilusión”; dado que la destrucción de territorios y sociedades en áreas tan extensa y pobladas, y el proceso de gansterización de los instrumentos militares, extractivos y financieros empleados para saquear, se revierten sobre los países centrales y tienden a provocar su autodestrucción.
Un gasto militar que llegaría en el 2015 a los 9 billones de dólares (millones de millones), siete veces el déficit fiscal de EEUU, sin tener ya capacidad, en medio de está multi-mega crisis, de reactivar la economía y generar bienestar social como ocurría en la era del militarismo keynesiano; sumado a los 47 millones de indigentes existentes ya en esa sociedad central del capitalismo, apuntan a un caos interno cada vez mayor. Europa, por demás está convulsionada.
Esa ominosa perspectiva global exige un cambio radical del actual “ordenamiento” destructivo de la sociedad humana.
El capitalismo ya agotó su existencia desarrollista y avanza rápidamente hacia la generalización del caos con consecuencias fatales para el planeta y sus habitantes, por lo que urge sembrar y crear socialismo a través de nuevas y originales revoluciones. (SD-RD, 10-06-2013).
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!