Punta Cana.- El juez de la Suprema Corte de Justicia, Manuel Ramón Herrera Carbuccia, expresó que la República Dominicana es el país de América Latina que más ha crecido económicamente en los últimos 25 años, y es la región Este del territorio nacional la que ha tenido ese impulso, sobre todo en Higüey y La Altagracia.
El también juez de la Tercera Sala Penal señaló que para que este desarrollo continúe es fundamental que se preserve la seguridad jurídica y que el notario juega un papel vital, por lo que es preciso una línea jurídica para adecuar a este profesional del derecho a estas nuevas realidades ante una renovación necesaria de los reglamentos y resoluciones.
El magistrado Herrera Carbuccia fue uno de los expositores que intervino en VII Congreso Notarial Dominicano que se desarrolla este fin de semana en el Centro de Convenciones del Hotel Barceló Bávaro Palace, organizado por la Comisión de Asuntos Americanos (CAAm) de la Unión Internacional del Notariado (UINL) y el Colegio Dominicano de Notarios.
En el evento internacional se lleva a cabo hasta este domingo bajo el lema “El notariado de América: presente y futuro”, en el que participan más de 200 colegiados dominicanos y unos 100 delegados de América, Asia y África, con numerosos expositores del país y de tres continentes.
El magistrado Herrera Carbuccia apuntó que “estamos en un tiempo complejo, una especie de crisis neuronal, ya que vivimos en una sociedad del espectáculo, que necesita cambios profundos”.
Manifestó que sin la presencia de los notarios no va a haber planificación social ni económica, y que esto se logra siempre que sea un notario honesto, preparado y dispuesto a hacer los actos que garanticen la inversión.
“Todo el mundo está buscando una inversión, pero es el notario quien asegura esa inversión, independientemente de que el inversionista lleve o traiga los recursos; es este profesional que garantiza y esto traerá seguridad social y economía”, enfatizó.
Discurso de la presidente del Colegio de Notarios
La presidente del Colegio Dominicano de Notarios, Laura Sánchez Jiménez, abogó por la firma digital, aunque aclaró que las nuevas tecnologías “no deben sustituir, nunca, la función notarial”.
Señaló que los notarios dominicanos avanzan hacia la firma digital, para la cual cuentan con la colaboración de organizaciones nacionales e internacionales, como la Unión Internacional del Notariado, pero esta y otras tecnologías no deben sustituir, nunca, la función notarial y que, por el contrario, su función es esencial para la seguridad jurídica de los ciudadanos y ciudadanas de cada Nación.
Dijo que, en el colectivo notarial, los cambios deben empezar por los profesionales que están compelidos a modificar su mentalidad tradicional y decidirse por la transformación, porque estos cambios se inscriben en la era digital, que se apoya principalmente en la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el blockchain, la big data, entre otras tecnologías.
“Los notarios seguimos trabajando en beneficio de la seguridad jurídica local e internacional, en el desarrollo integral y la dignificación del ejercicio notarial, y siempre tenemos que poner énfasis en la capacitación, como garantía para aumentar los niveles de seguridad jurídica con enfoque social, mejorando – de igual manera – la dignificación del ejercicio notarial y la calidad de la vida de todos los notarios”, indicó.
Expresó que en este congreso han sido abordados los temas La desjudicialización en el ámbito del derecho familiar, Uruguay en deuda: la desjudicialización como tema pendiente, El papel del notario en el registro civil y la identificación de las personas y La vulnerabilidad digital.
Asimismo, La actuación notarial en el ciberespacio, Avances y perspectivas de la firma digital en la República Dominicana, El compliance en la función notarial con motivo de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y Perspectivas hacia el futuro: desafíos y oportunidades en el notariado de América.
Por último, precisó que el rol del notario como auxiliar de la justicia y asesor es ser imparcial, regido y apegado al cumplimiento de la Ley; no es un mero receptor de actos, que sella y rubrica, es un guardián de la fe pública, está obligado a escrutar en el fin del acto y valorar la regularidad de su actuación, procurando que el espíritu de justicia y el cumplimiento pleno de la ley se logren en cada acto en que participa.