Análisis Noticiosos
Mejores perspectivas de relación con Haití
Por Juan Bolívar Díaz
La reciente crisis de los pollos podría revertirse positivamente en la medida en que se revaloriza el mercado haitiano y crece la conciencia de que las dos naciones son inseparables y tendrán que entenderse, mientras más pronto mejor
La reciente crisis en la relación domínico-haitiana originada en la veda a las exportaciones avícolas nacionales podría revertirse positivamente en la medida en que en el país se va descubriendo que la vecina nación no es sólo una carga inmigratoria sino también un mercado de oportunidades.
Dominicanos y haitianos están desafiados a la negociación y el entendimiento superando prejuicios y resentimientos, y mientras más pronto lo logren mejor será para ambas partes que por separado enfrentan serias dificultades de competitividad en los mercados internacionales.
Descubriendo a Haití
Más allá de las pérdidas sufridas por los productores dominicanos de pollos y huevos, la veda impuesta por las autoridades haitianas podría contribuir a que los dominicanos terminen de descubrir que Haití no es solamente una carga migratoria, sino también una gran oportunidad de negocios y coloquen como prioridad la consecución de importantes acuerdos acariciados durante décadas en materias fundamentales de migración, comercio, medio ambiente, de salubridad e inversiones.
De golpe muchos dominicanos de estratos tan importantes como el empresarial y la comunicación pudieron darse cuenta de que los gestos prepotentes revestidos de derecho soberano no sólo pueden originarse al este de la frontera, sino también en el oeste, perjudicando intereses de la contraparte.
Más allá de la algarabía del rampante antihaitianismo, heredado de la tiranía de Trujillo y de su mejor discípulo Joaquín Balaguer como elemento de manipulación política, que resaltaba la decisión haitiana como un agravio intolerable, al extremo de que hasta legisladores exigieron el cierre de la frontera, se fue descubriendo que los productos avícolas representan apenas un 2 por ciento de las exportaciones formales dominicanas hacia Haití, con unos 18 millones de dólares al año. Aunque podría duplicarse en la informalidad delos mercados binacionales.
Consciente de la creciente importancia del mercado haitiano, el gobierno dominicano ha manejado el diferendo con serenidad e inteligencia, distanciándose de apasionados sembradores de discordias, y el propio presidente Danilo Medina se ha involucrado en gestiones para superarlo. En diálogo con el presidente Michel Martelly, habría de descubrir que lo sanitario fue un pretexto, y que el asunto apunta a recaudaciones aduanales por las exportaciones dominicanas a través de los mercados binacionales que podrían ser limitados.
Balanza comercial de cien a uno
Este es un país tan especial que aunque tiene frente a Haití lo que puede ser la mayor ventaja comercial del mundo, en rango de 100 dólares exportados por cada uno importado, en sondeos populares de medios de comunicación predominaba el criterio de que por la veda a las exportaciones avícolas se debía cerrar la frontera, lo que denota una terrible manipulación, ignorancia o prejuicio.
Como consecuencia del debate generado, se puede esperar que muchos comentaristas e “interactivistas profesionales” se hayan enterado que en el 2011, último año completo disponible, las exportaciones formales de Dominicana hacia Haití sumaron mil 13 millones de dólares, y las compras apenas 10 millones de dólares.
Más significativo es el crecimiento que han registrado las exportaciones dominicanas hacia el vecino país, que se duplicaron de 433.7 millones de dólares en el 2007 a 874.6 millones de dólares en el 2010, para alcanzar los 1013.8 millones en el 2011, crecimiento de 580.1 millones de dólares, 134 por ciento, en sólo cuatro años.
La ventaja del comercio con Haití, segundo mercado dominicano, es más significativo, si se tiene en cuenta el creciente déficit del país en su intercambio comercial con su primer socio, que es Estados Unidos, donde en el 2001 registró un déficit de 3,191.6 millones de dólares, fruto de importaciones por 7,346.2 y exportaciones de apenas 4,154.6 millones de dólares. Otro socio importante es China donde en el mismo 2011 RD tuvo un déficit de 648.9 millones de dólares, importaciones de 904.8 y exportaciones de apenas 255.9 millones de dólares.
La crisis avícola desnudó que la competitividad frente a Haití no es sólo por la vecindad, sino por las características del vecino y por las dificultades dominicanas para competir en otros mercados más exigentes de calidad y precios.
Otras ventajas nacionales
En el comercio informal de los mercados binacionales este país mantiene también una enorme ventaja, aunque menor, que se puede apreciar a simple vista, pero por sus características es difícil cuantificar. Hace unos cinco años en Dajabón se estimaba que el balance era de diez a 1. El año pasado se calculó que las exportaciones dominicanas por esos canales podrían oscilar entre 250 y 300 millones de dólares. El grueso son productos industriales, incluyendo de zonas francas,
Otros que han descubierto el mercado haitiano, sobre todo después del terremoto del 2010, son unas siete empresas constructoras dominicanas, que ejecutan obras viales, edificaciones y viviendas por cientos de millones de dólares, e incluso profesionales dominicanos de la ingeniería que han conseguido trabajo con empresas e instituciones haitianas y de otros países.
Se estima creciente también el número de empresarios nacionales que invierten en diferentes renglones de la economía haitiana, relevantemente el Grupo M, consorcio empresarial santiagués que preside Fernando Capellán, que desde el 2002 mantiene un inmenso parque de zona franca en Juana Méndez, la contraparte de Dajabón en el noroeste fronterizo, que emplea unas 6 mil 500 personas.
Empresas de transporte de cargas figuran entre las beneficiarias del mercado haitiano, sobre todo por la actual demanda de materiales para la reconstrucción tras la devastación telúrica. Una ventaja adicional proviene de unos 12 mil estudiantes haitianos, de clases medias y altas, que cursan estudios en universidades dominicanas, representando cerca de 100 millones de dólares anuales.
Habría que sumar a los beneficiarios del intercambio comercial con Haití a miles de pequeños y medianos comerciantes, a los prestadores de todo género de servicios, incluyendo los operadores de unas 800 habitaciones hoteleras en Dajabón. La vida en esta población y en Jimaní sería afectada dramáticamente si desaparecieran los mercados binacionales.
Mientras más rápido mejor
Entre los empresarios más visionarios crece la convicción de que el país tiene que hacer mayores esfuerzos por institucionalizar y mejorar las relaciones de todo género con Haití, y que mientras más rápido ocurra será mejor para el interés nacional. Ven las ventajas de un mercado que duplica los 10 millones del país, más rentable en la medida en que se estabilice la situación política de Haití y se produzca crecimiento económico. El marco de entendimiento debe adelantarse a la incursión de capitales y exportadores más competitivos, señalándose la versión de que empresarios brasileños instalarían granjas avícolas que afectarían las exportaciones dominicanas.
Es obvio que con discriminaciones y prepotencias frente a los haitianos el país perderá oportunidades. Y en la medida en que Haití salga adelante reclamará más derechos y compensaciones a las ventajas comerciales dominicanas. La reactivación definitiva de la Comisión Mixta Bilateral que amaga desde su creación en 1996, es un paso fundamental. Pero tal como dijo aquí la semana pasada el visionario exembajador haitiano Guy Alexandre, tiene que renacer con una clara voluntad política del más alto nivel para concretar acuerdos en las claves materias comercial y migratoria.
El país tendrá que aterrizar un reglamento migratorio más respetuoso de la condición humana y la realidad haitiana, sin pretender convertir en fuente de recaudación el proceso de regularización de los trabajadores provenientes de Haití, a los que se obliga a salir del país para cobrarle hasta 8 mil pesos por una visa de reingreso, y Migración les impone una cuota de 9 mil pesos (llegó a requerir 15 mil) para su registro y autorización.
Compromiso social y político
Tanto en Migración como en la cancillería dominicana prevalecen actitudes antihaitianas que dificultan el entendimiento. Contrastan con un embajador dominicano en Haití, como Rubén Silié, de amplia visión concertadora, y con una sociedad civil que progresivamente evoluciona en dirección al entendimiento, consciente de que no hay manera de separar los dos países.
De ahí el “Compromiso Social y Político por un Nuevo Modelo de Gestión de las Migraciones”, ampliamente consensuado y suscrito recientemente por unas 150 instituciones dominicanas, desde empresariales, religiosas, académicas, sindicales y sociales. Resalta que lo firmaron 8 organizaciones empresariales, como la Asociación de Industrias de la República, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, la Confederación Patronal Dominicana, las centrales sindicales y la Universidad Católica Madre y Maestra.
Las perspectivas apuntan a cambios significativos para lo cual el presidente Danilo Medina tendría que ignorar el chantaje político en que se sustenta el antihaitianismo y que hace un par de meses llegó al extremo de denunciar a la Universidad Madre y Maestra porque junto a la UNESCO, realizó un proyecto de acercamiento con periodistas de ambos lados de la isla. Se impone una nueva política estatal que supere irritaciones e iniquidades, como el insostenible genocidio civil de los dominicanos descendientes de haitianos. Eso permitiría demandar racionalidad y reducir también el antidominicanismo que se anida al oeste de la frontera.-
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.