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Mientras Gobierno dice combatir corrupción asigna obras a personas involucradas en estafas y fraudes en contra del Estado.
El empresario de medios de comunicación, Juan Ramon Gómez Diaz, propietario del grupo Telemicro, se la pasa de escándalo en escándalo.
El último, que data de mucho tiempo atrás, tiene que ver con el uso del espectro radiofónico del Estado para comercializarlo a través de la prestadora de servicios Viva.
Es un problema que meses atrás fue prácticamente imposible resolverlo durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fruto de los vínculos de éste con sectores importantes de esa organización.
Sin embargo, no se explica que durante el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) la situación sea realmente confusa y dual con relación al tratamiento a este empresario de los medios de comunicación.
El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) acaba de sancionar a la empresa Viva por la comisión de graves irregularidades que han implicado multas que llegan a casi los cuatrocientos millones de pesos.
Según la resolución del Indotel número 064-2021, de fecha 08 de julio del 2021, la empresa Viva ha incurrido en la prestación de servicios de telecomunicaciones sin la correspondiente licencia y ha hecho uso del espectro radiofónico del Estado en violación de los artículos 105 y 106 de la Ley 153-98 sobre Telecomunicaciones.
Este proceso en contra de Viva se produce desde hace algunos años, pero incluso en octubre del 2020 ya se
había iniciado un caso administrativo en su contra ante reclamos hechos al respecto por Claro y Altice.
Desde el año 2017 la empresa de Gómez Díaz ha sido notificada para que descontinuara la práctica de usar de forma ilegal las frecuencias radiofónicas del Estado, pero esta empresa ha hecho caso omiso, lo cual la coloca como reincidente en la comisión de graves violaciones a la ley.
Las frecuencias usadas por Gómez Diaz y que son de propiedad del Estado van desde las 2110 hasta las 2120 y de las 2130 hasta las 2135 MHz.
Las sanciones en contra del grupo Telemicro se producen días después del propio presidente de la República, Luis Abinader, anunciar al país que una empresa de ese consorcio había sido beneficiada con la adjudicación de una obra pública que alcanza los 2 mil 700 millones de pesos para la construcción del malecón de Nagua y que incluye un helipuerto.
Estas acciones plantean una situación muy delicada, ya que una persona física o jurídica involucrada en una estafa en contra del Estado cómo puede ser beneficiaria de una obra pública sin que las autoridades se percaten de que no es procedente dejar concursar a empresas cuyos propietarios tienen problemas legales con el Estado.
La compañía Trigoly Dominicana, S.A. anuncio que interpondrá los recursos administrativos y jurídicos que estén a su disposición.
Todo ello deja tantas dudas de las andanzas del presidente Luis Abinader, porque sus acciones no parecen tener un sendero claro y coherente, ya que antes había nombrado en la administración pública a personas que tienen comprometida su responsabilidad civil y penal.
Lo del grupo Telemicro y su propietario Juan Ramon Gómez Diaz es sólo otro ingrediente más en la confusa conducta de los funcionarios del Gobierno, incluido el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cuyo titular fue de los que apareció públicamente con el presidente Luis Abinader para anunciar la adjudicación de la obra al empresario Juan Ramón Gómez Díaz, propietario del grupo Telemicro.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.