Opinión
Migración haitiana: tres falacias
Por Rosario Espinal
Por décadas, funcionarios civiles y militares del gobierno dominicano en alianza con los sectores empresariales más explotadores del país, y sus voceros en los medios de comunicación, han propagado tres falacias sobre la migración haitiana y el estatus de los inmigrantes y sus descendientes en República Dominicana. La sentencia del Tribunal Constitucional 168/13 del 23 de septiembre 2013 ha reavivado el debate, y de nuevo resuenan estas falacias.
Primera falacia: las ONG con financiamiento internacional son las culpables de la invasión de haitianos y sus reclamos.
No es así. La migración haitiana precede la existencia de las ONG en República Dominicana. En 1937, cuando Trujillo mató a miles de haitianos en la frontera, mientras simultáneamente arremetía contra los dominicanos disidentes en el resto del país, no había ONG y los haitianos ya estaban presentes.
Que quede clar la migración haitiana no ha sido promovida por las ONG, sino por los gobiernos dominicanos para suplir mano de obra barata a los empresarios y al propio gobierno; primero en el sector azucarero y luego en diversos renglones. La irresponsabilidad gubernamental ha creado el desorden migratorio que ahora es difícil resolver.
Segunda falacia: el Estado Dominicano es soberano, y por tanto, puede decidir lo que considere pertinente en materia migratoria.
No es exactamente así. El Estado Dominicano es soberano, pero la soberanía no significa que un Estado pueda hacer lo que le plazca con los seres humanos. En el mundo democrático cada Estado está sometido a un orden jurídico nacional e internacional. Si yerra en la formulación de leyes o en su aplicación, tiene que ser cuestionado y rectificar. De no ser así, entonces el mundo estaría constantemente inmerso en guerras civiles o internacionales.
El nacionalismo xenófobo es una estrategia política comúnmente utilizada por los gobiernos que se posicionan al margen de las leyes. Buscan así concitar el apoyo de la población que acríticamente asume como buena y válida las políticas discriminatorias contra algunos grupos.
Que quede clar la virulenta explotación de la mano de obra y el nacionalismo xenófobo han sido los dos principales obstáculos para detener la migración ilegal haitiana y solucionar adecuadamente la situación del estatus de los descendientes de haitianos nacidos y criados en República Dominicana.
Tercera falacia: para ejercer su soberanía, República Dominicana debe apartarse de las instancias internacionales que cuestionan sus decisiones.
Veamos. El gobierno dominicano puede retirarse de cualquier instancia internacional: de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Corte, de la Organización Internacional del Comercio, etc. Puede romper relaciones con los países que supuestamente quieren imponerse en materia migratoria como Estados Unidos, Francia y Canadá, y puede romper relaciones con Haití.
Y entonces, ¿qué será de República Dominicana? ¿Dónde exportará sus productos? ¿Qué turistas vendrán? ¿Cuán seguros estarán los dominicanos de que sus derechos serán protegidos si los de otros fueron vulnerados?
¡Adelante señores nacionalistas! Rompan relaciones con todos los organismos internacionales y con todos los países que supuestamente complotan contra la nacionalidad dominicana y su soberanía. Si así sucediera, hasta muchos dominicanos de pura cepa (si los hay) saldrán huyendo del país.
Los jueces del Tribunal Constitucional pueden disfrazarse con togas imponentes para emitir sentencias. Leonel Fernández puede propagar por el mundo que los descendientes de haitianos han vivido auto-engañados. Danilo Medina puede prometer consultar con otros poderes. Muchos pueden decir que la sentencia es la “solución definitiva” al problema (la nueva falacia). Pero nada de eso podrá encubrir los yerros de la Sentencia TC168/13 y sus efectos legales y sociales nocivos para el país.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.
Por Nelson Encarnación
Algunas personas han llegado a afirmar que el juego de béisbol no es un deporte, sino un pasatiempo que sirve de entretenimiento a toda la familia, la que puede tener un importante consumo mientras transcurre un partido de nueve entradas, por lo general lento.
Sin embargo, somos más los que sostenemos lo contrario, no porque seamos fanáticos o seguidores, sino porque una contienda en la que medie la aplicación de estrategias no puede ser un simple pasatiempo.
Las estrategias son fundamentales en el juego de pelota, sin las cuales el resultado no puede ser el esperado, aunque no siempre estas funcionen. Como en toda actividad humana, inclusive en la guerra.
Hechas estas disquisiciones, pasamos a no entender qué ha provocado el impresionante descalabro, el resbalón sin final que ha abatido a los Leones del Escogido.
No se explica que un equipo que en los primeros 20 juegos del presente campeonato obtuvo quince victorias, haya caído a un abismo, tan profundo que, al día de hoy, está en la peligrosa ruta de quedar fuera de la siguiente ronda.
Es como estar con respiración asistida, mantenerse vivo gracias a la buena fortaleza física que se acumuló—15 victorias contra 5 derrotas—, pero no suficiente como para rebasar de manera exitosa un estado comatoso.
¿Qué hará la gerencia del equipo capitalino para tratar de revertir la ruta hacia el fondo? No preveo una opción, sobre todo, al recordar lo declarado hace un par de años por uno de los dueños del “Duro de matar”.
¿Qué dijo ese ejecutivo? Que al equipo le es económicamente más rentable quedar fuera en la serie regular que pasar a las siguientes. Algo así o algo peor, según recuerdo.
Cuando leí aquello tuve que remontarme a los pleitos con mi difunto padre—liceísta furibundo—que no asimilaba derrota frente al “eterno rival”, y yo, como escogidista, le daba la cuerda, corriendo riesgo de unos correazos por irreverente. De este tamaño ha sido mi escogidismo.
¿Hay escasez de cartera en la gerencia del equipo rojo? No lo creo. ¿Falta estrategia para la ofensiva? Lo creo un poco. ¿Cayó por un barranco irrecuperable el pitcheo de los Leones? Me quedo con esta.
Frente al despeñadero actual, los rojos no tenemos muchas esperanzas. Y por favor, no echemos la culpa al mánager Pujols.