Opinión
Migrar no es delito: el caso Dominico- haitiano
Los pueblos empobrecidos y oprimidos de África no están invadiendo a Europa Occidental. Ni asiáticos, africanos, latino-caribeños… están invadiendo a EU.
Por Narciso Isa Conde
El racismo, la xenofobia –ahora en auge a escala mundial- a consecuencia de la crisis de decadencia del capitalismo imperialista de estos tiempos que pesa brutalmente sobre pueblos empobrecidos, forzados a migrar, se las ingeniado para estigmatizar como ilegales y como carga “apestosa” rechazable a las víctimas y para encubrir y proteger a los victimarios súper-enriquecidos.
Tal recurso ideológico es hoy alimento de una peligrosa corriente neofascista que amenaza con sembrar altos grados de violencia en el centro y la periferia del actual sistema de dominación. Sobran los ejemplos en EE.UU, EUROPA, NUESTRA AMÉRICA y a escala mundial.
Es preciso, por tanto, abrirle cauces a la verdad frente a un poderoso sistema de mentiras amplificada por una dictadura mediática de alto calibre.
· DERECHOS Y DELITOS.
Ningún ser humano es ilegal en el planeta porque emigre de su tierra de origen a otro país.
Migrar para recuperar derechos vitales, trabajar honestamente, sobrevivir y superar situaciones agobiantes, no es delito.
A lo sumo -en mundo dividido en “naciones” por los intereses de las burguesías locales enmarcados en su legalidad internacional y posteriormente subordinados y/o asociados al capital transnacional- podrían considerarse indocumentados en su propio país o en otro territorio, que es otra cosa; y esto, solo si carecen de la documentación correspondiente, ya por limitaciones propias o por las ventajas que eso les ofrece a los que explotan, semi-esclavizan y trafican permanentemente con su vulnerable condición social.
En verdad no son pocas las burguesías de diversos calibres que se han forjados o han multiplicado fortunas a costa del trabajo en condiciones de semi-esclavitud o imponiéndole una extrema precariedad a numerosos componentes de las migraciones forzadas y del tráfico de seres humanos.
Abundan incluso sus socios políticos y militares dedicados a explotar mano de obra barata (adulta e infantil), sexo (“trata de blancas”) y poblaciones discriminadas fácil de maltratar bajo el mote de “seres inferiores”.
No son pocos los países constituidos por diversas migraciones sobre-explotadas en distintos periodos de su historia y proliferan las sociedades conformadas por diversas identidades, presentando características multiétnica y multinacionales.
Es una falacia presentar la sobre-explotación de seres humanos como “carga” para los países receptores y es un crimen reprimirlos y discriminarlo además de enriquecerse con su sudor y su salud.
Es una mentira atroz equiparar migración con invasión.
La invasión implica el empleo de la fuerza para ocupar territorios y dominar seres humanos y riquezas.
Implica determinación de explotar, matar, masacrar, saquear…
Los pueblos empobrecidos y oprimidos de África no están invadiendo a Europa Occidental. Ni asiáticos, africanos, latino-caribeños… están invadiendo a EU.
Las potencias europeas, asiáticas y norteamericanas sí que nos invadieron, nos colonizaron y convirtieron nuestras fronteras en negocios espurios. Y lo siguen haciendo con saña postmoderna.
En esa abusiva relación de poder, los países periférico-dependientes hemos sido cruelmente maltratados y nuestros pueblos brutalmente empobrecidos; registrándose, además, casos de migraciones entre los países víctimas a beneficio de partidocracias corruptas y corporaciones y empresas capitalistas locales de diversas dimensiones.
• HAITÍ Y RD: VÍCTIMAS, NO VERDUGOS.
Haití y República Dominicana no hemos podido escapar a esa dominación imperial degradante, de las que las elites locales son cómplices y beneficiarias, junto a otras capas acomodadas.
Al pueblo haitiano le ha ido peor por habitar el territorio más invadido, peor colonizado, más saqueado y más empobrecido del Continente; víctima de la sádica revancha del imperialismo occidental que nunca perdonó su ejemplo contagioso plasmado en su temprana revolución independentista y antiesclavista de 1804.
Las vicisitudes acumuladas asumieron al paso de dos siglos características de tragedia social y humana.
Y en tales condiciones para una gran parte del pueblo haitiano, emigrar hacia República Dominicana (como destino o como puente) o hacia EE.UU, CANADA, EUROPA y SURAMERICA (como destino), se ha tornado cuestión de vida o muerte.
No se trata ni por asomo de un fenómeno de invasión, agresión, ocupación… sino de un proceso migratorio ascendente e imperioso.
Más aun. República Dominicana, nunca ha sido invadida por Haití, porque realmente la denominada “ocupación haitiana” de esta parte oriental de la isla se hizo siendo ésta colonia de España y en su condición de presa codiciada por otros imperios; en el promisorio marco de la independencia y la revolución social antiesclavista en Haití, por lo que ese hecho tiene otro carácter y consecuencias distintas, unas positivas y otras negativas.
República Dominicana, se fundó en 1844, en un acto de separación de Haití y de independencia frente a todas las potencias colonizadoras.
Traicionada la independencia dominicana de 1844 (anexión al imperio español) y luego igualmente traicionada la Restauración de la misma lograda en 1863, nuestro país -pese a su definida identidad nacional- ha sido convertido en una semicolonia o dependencia de EEUU, pese a los heroicos intentos posteriores por emanciparlo (1916-24 y 1965).
Esa es la verdad.
Pero igual y peor, repito, le ha pasado a Haití.
Por lo que es asumir en nuestro país una la línea oficial racista, xenófoba, ultranacionalista -típica de Estado imperialistas, gobiernos y movimientos neofascistas- estigmatizar a los/as migrantes haitianos/as como invasores ilegales, como seres inferiores y como “carga” que empobrece la Nación.
Este es el marco ideológico que sirve de plataforma al Estado Dominicano, ahora radicalizado por el gobierno que preside el empresario offshore LUIS ABINADER con las siguientes decisiones:
-Construcción de un muro fronterizo a lo TRUMP y bajo el mando sionista (que simplemente encarece el tráfico de personas).
-Intensificar la persecución, los maltratos, y las deportaciones de inmigrantes procedentes de Haití.
-Prohibición del ingreso al país de mujeres embarazadas con más de seis meses de gestación.
-Apresar arbitrariamente mujeres inmigrantes embarazadas y personas enfermas indocumentadas que buscan asistencia en nuestros hospitales.
-Negarle el visado a estudiantes haitianos/as que pagan sus estudios.
-Negarle la nacionalidad a 200 mil dominicanos/as descendientes de familias haitianas o dominico haitianas y revisar los casos ya solucionados.
-Pregonar desde todas la tribunas nacionales e internacionales la supuesta necesidad de que Haití sea intervenido militarmente por las potencias occidentales (que ya lo han intervenido muchas veces); propugnando a la vez por el desarme de la población civil y la “pacificación” a cargo de un régimen de ocupación, dada la supuesta invalidez de la sociedad haitiana para ejercer su autodeterminación.
Mientras, por debajo, este gobierno sigue protegiendo el tráfico fronterizo de nacionales haitianos, que resulta un negocio sumamente lucrativo a beneficio de militares, políticos y empresarios explotadores, y del propio gobierno que los usa como mano de obra barata en sus proyectos de obras públicas.
· HAITÍ Y DOMINICANA: DOS PAÍSES RECOLONIZADOS CON SUS RESPECTIVOS FLUJOS MIGRATORIOS.
Ni uno ni otro somos soberanos y no porque uno someta al otro, presente sin embargo el recuerdo de la horrible y traumática matanza de haitianos en la zona fronteriza a cargo de la tiranía trujillista (no del pueblo dominicano); y también otros hechos parecidos –aunque más remotos- que de parte y parte son usados para envenenar los vínculos de dos pueblos llamados a compartir en hermandad la misma isla, todavía dominada por poderosos enemigos imperiales comunes y por pandillas capitalistas y partidocráticas locales asociadas a la recolonización.
Sí, una isla, dos república sin soberanía y dos pueblos cruelmente oprimidos.
Esa es otra verdad.
Ahora bien, la lucha por sobre-vivencia empuja muchas veces a los seres humanos a abandonar su tierra, su patria, su familia… para entonces vivir más o menos sobre-explotados, discriminados, maltratados… A eso se le agrega el racismo con toda su crueldad.
El problema a resolver en las relaciones dominico-haitianas es fundamentalmente migratorio, porque la negación de independencia y soberanía en ambos casos está a cargo de EEUU y otras potencias imperialistas.
Haití no tiene soberanía real, mucho menos posibilidad de afectar la nuestra.
República Dominicana-RD igual respecto Haití. Por eso el Presidente Abinader reclama que las potencias imperialistas lo sigan haciendo.
Por más de un siglo nadie puede probar que uno u otro país se haya dedicado a invadir al otro para conquistarlo y dominarlo.
La migración de RD a EEUU, Puerto Rico, Europa y otras partes del mundo, es provocada por la opresión, la explotación y el saqueo practicado por las potencias imperialistas.
La misma causa tiene la emigración haitiana hacia ese “primer mundo”.
Pero hay particularidades a ponderar: la migración haitiana hacia acá no la causa RD, mucho menos el pueblo dominicano; sino fundamentalmente EEUU, Canadá y las potencias europeas, que saquean, explotan y empobrecen ese territorio y ese pueblo, en alianza con mafias políticas, empresariales y clanes militares locales.
El o la haitiana que emigra hacia acá no lo hace por maldad, sino por necesidad.
Es un ser humano, que en su dramática lucha por la vida decide cruzar por vía terrestre al país vecino, al más cercano, el cual tiene una situación económica relativamente menos mala. Y lo hace para trabajar duro por una baja remuneración, que influye intensamente también reduciendo el salario local. Todo esto a beneficio de los dominicanos ricos y muy ricos, no del pueblo en general.
Los poderosos de Haití y las potencias que lo colonizan le niegan derechos vitales al pueblo haitiano en su propia tierra, y lo convierten en mercancía barata generadora de ganancias fáciles con la que se nutre la corrupción fronteriza militar, policial y empresarial de allá y de aquí.
Trafican con sus componentes más empobrecidos de múltiples maneras y los exprimen con modalidades propias de la acumulación capitalista originaria.
La frontera ha pasado a ser un negocio soterrado, sucio, ilegal de dominicanos, que a su vez hacen campaña racista anti-haitiana; mientras los trabajadores y las familias haitianas radicadas aquí aportan muchas veces más que las migajas que reciben.
Pero esas inmensas riquezas van directo a los bolsillos de los ricachones de nuestro país y a las arcas de las empresas transnacionales.
Los dueños o administradores de Centrales Azucareros, (públicos y privados), de plantaciones agrícolas la alta burocracia, los políticos y jefes militares-policiales enriquecidos al vapor, las Corporaciones Transnacionales, el poderoso Grupo Vicini, la familia cubana Fanjul (procedente de Miami y actualmente dueña del emporio CENTRAL ROMANA), las Grandes Constructoras, la Corporaciones Agroindustriales, Mineras y Turísticas… han sido y son los grandes beneficiarios de ese proceso migratorio, perversamente manipulado con racismo y xenofobia.
Nada exclusivo del escenario dominicano.
Ley cada vez más brutal de los sistemas capitalistas, ya imperialistas, ya de desarrollo alto o mediano, todos gansterizados.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.