Opinión
Migrar no es delito: el caso Dominico- haitiano
Los pueblos empobrecidos y oprimidos de África no están invadiendo a Europa Occidental. Ni asiáticos, africanos, latino-caribeños… están invadiendo a EU.
Por Narciso Isa Conde
El racismo, la xenofobia –ahora en auge a escala mundial- a consecuencia de la crisis de decadencia del capitalismo imperialista de estos tiempos que pesa brutalmente sobre pueblos empobrecidos, forzados a migrar, se las ingeniado para estigmatizar como ilegales y como carga “apestosa” rechazable a las víctimas y para encubrir y proteger a los victimarios súper-enriquecidos.
Tal recurso ideológico es hoy alimento de una peligrosa corriente neofascista que amenaza con sembrar altos grados de violencia en el centro y la periferia del actual sistema de dominación. Sobran los ejemplos en EE.UU, EUROPA, NUESTRA AMÉRICA y a escala mundial.
Es preciso, por tanto, abrirle cauces a la verdad frente a un poderoso sistema de mentiras amplificada por una dictadura mediática de alto calibre.
· DERECHOS Y DELITOS.
Ningún ser humano es ilegal en el planeta porque emigre de su tierra de origen a otro país.
Migrar para recuperar derechos vitales, trabajar honestamente, sobrevivir y superar situaciones agobiantes, no es delito.
A lo sumo -en mundo dividido en “naciones” por los intereses de las burguesías locales enmarcados en su legalidad internacional y posteriormente subordinados y/o asociados al capital transnacional- podrían considerarse indocumentados en su propio país o en otro territorio, que es otra cosa; y esto, solo si carecen de la documentación correspondiente, ya por limitaciones propias o por las ventajas que eso les ofrece a los que explotan, semi-esclavizan y trafican permanentemente con su vulnerable condición social.
En verdad no son pocas las burguesías de diversos calibres que se han forjados o han multiplicado fortunas a costa del trabajo en condiciones de semi-esclavitud o imponiéndole una extrema precariedad a numerosos componentes de las migraciones forzadas y del tráfico de seres humanos.
Abundan incluso sus socios políticos y militares dedicados a explotar mano de obra barata (adulta e infantil), sexo (“trata de blancas”) y poblaciones discriminadas fácil de maltratar bajo el mote de “seres inferiores”.
No son pocos los países constituidos por diversas migraciones sobre-explotadas en distintos periodos de su historia y proliferan las sociedades conformadas por diversas identidades, presentando características multiétnica y multinacionales.
Es una falacia presentar la sobre-explotación de seres humanos como “carga” para los países receptores y es un crimen reprimirlos y discriminarlo además de enriquecerse con su sudor y su salud.
Es una mentira atroz equiparar migración con invasión.
La invasión implica el empleo de la fuerza para ocupar territorios y dominar seres humanos y riquezas.
Implica determinación de explotar, matar, masacrar, saquear…
Los pueblos empobrecidos y oprimidos de África no están invadiendo a Europa Occidental. Ni asiáticos, africanos, latino-caribeños… están invadiendo a EU.
Las potencias europeas, asiáticas y norteamericanas sí que nos invadieron, nos colonizaron y convirtieron nuestras fronteras en negocios espurios. Y lo siguen haciendo con saña postmoderna.
En esa abusiva relación de poder, los países periférico-dependientes hemos sido cruelmente maltratados y nuestros pueblos brutalmente empobrecidos; registrándose, además, casos de migraciones entre los países víctimas a beneficio de partidocracias corruptas y corporaciones y empresas capitalistas locales de diversas dimensiones.
• HAITÍ Y RD: VÍCTIMAS, NO VERDUGOS.
Haití y República Dominicana no hemos podido escapar a esa dominación imperial degradante, de las que las elites locales son cómplices y beneficiarias, junto a otras capas acomodadas.
Al pueblo haitiano le ha ido peor por habitar el territorio más invadido, peor colonizado, más saqueado y más empobrecido del Continente; víctima de la sádica revancha del imperialismo occidental que nunca perdonó su ejemplo contagioso plasmado en su temprana revolución independentista y antiesclavista de 1804.
Las vicisitudes acumuladas asumieron al paso de dos siglos características de tragedia social y humana.
Y en tales condiciones para una gran parte del pueblo haitiano, emigrar hacia República Dominicana (como destino o como puente) o hacia EE.UU, CANADA, EUROPA y SURAMERICA (como destino), se ha tornado cuestión de vida o muerte.
No se trata ni por asomo de un fenómeno de invasión, agresión, ocupación… sino de un proceso migratorio ascendente e imperioso.
Más aun. República Dominicana, nunca ha sido invadida por Haití, porque realmente la denominada “ocupación haitiana” de esta parte oriental de la isla se hizo siendo ésta colonia de España y en su condición de presa codiciada por otros imperios; en el promisorio marco de la independencia y la revolución social antiesclavista en Haití, por lo que ese hecho tiene otro carácter y consecuencias distintas, unas positivas y otras negativas.
República Dominicana, se fundó en 1844, en un acto de separación de Haití y de independencia frente a todas las potencias colonizadoras.
Traicionada la independencia dominicana de 1844 (anexión al imperio español) y luego igualmente traicionada la Restauración de la misma lograda en 1863, nuestro país -pese a su definida identidad nacional- ha sido convertido en una semicolonia o dependencia de EEUU, pese a los heroicos intentos posteriores por emanciparlo (1916-24 y 1965).
Esa es la verdad.
Pero igual y peor, repito, le ha pasado a Haití.
Por lo que es asumir en nuestro país una la línea oficial racista, xenófoba, ultranacionalista -típica de Estado imperialistas, gobiernos y movimientos neofascistas- estigmatizar a los/as migrantes haitianos/as como invasores ilegales, como seres inferiores y como “carga” que empobrece la Nación.
Este es el marco ideológico que sirve de plataforma al Estado Dominicano, ahora radicalizado por el gobierno que preside el empresario offshore LUIS ABINADER con las siguientes decisiones:
-Construcción de un muro fronterizo a lo TRUMP y bajo el mando sionista (que simplemente encarece el tráfico de personas).
-Intensificar la persecución, los maltratos, y las deportaciones de inmigrantes procedentes de Haití.
-Prohibición del ingreso al país de mujeres embarazadas con más de seis meses de gestación.
-Apresar arbitrariamente mujeres inmigrantes embarazadas y personas enfermas indocumentadas que buscan asistencia en nuestros hospitales.
-Negarle el visado a estudiantes haitianos/as que pagan sus estudios.
-Negarle la nacionalidad a 200 mil dominicanos/as descendientes de familias haitianas o dominico haitianas y revisar los casos ya solucionados.
-Pregonar desde todas la tribunas nacionales e internacionales la supuesta necesidad de que Haití sea intervenido militarmente por las potencias occidentales (que ya lo han intervenido muchas veces); propugnando a la vez por el desarme de la población civil y la “pacificación” a cargo de un régimen de ocupación, dada la supuesta invalidez de la sociedad haitiana para ejercer su autodeterminación.
Mientras, por debajo, este gobierno sigue protegiendo el tráfico fronterizo de nacionales haitianos, que resulta un negocio sumamente lucrativo a beneficio de militares, políticos y empresarios explotadores, y del propio gobierno que los usa como mano de obra barata en sus proyectos de obras públicas.
· HAITÍ Y DOMINICANA: DOS PAÍSES RECOLONIZADOS CON SUS RESPECTIVOS FLUJOS MIGRATORIOS.
Ni uno ni otro somos soberanos y no porque uno someta al otro, presente sin embargo el recuerdo de la horrible y traumática matanza de haitianos en la zona fronteriza a cargo de la tiranía trujillista (no del pueblo dominicano); y también otros hechos parecidos –aunque más remotos- que de parte y parte son usados para envenenar los vínculos de dos pueblos llamados a compartir en hermandad la misma isla, todavía dominada por poderosos enemigos imperiales comunes y por pandillas capitalistas y partidocráticas locales asociadas a la recolonización.
Sí, una isla, dos república sin soberanía y dos pueblos cruelmente oprimidos.
Esa es otra verdad.
Ahora bien, la lucha por sobre-vivencia empuja muchas veces a los seres humanos a abandonar su tierra, su patria, su familia… para entonces vivir más o menos sobre-explotados, discriminados, maltratados… A eso se le agrega el racismo con toda su crueldad.
El problema a resolver en las relaciones dominico-haitianas es fundamentalmente migratorio, porque la negación de independencia y soberanía en ambos casos está a cargo de EEUU y otras potencias imperialistas.
Haití no tiene soberanía real, mucho menos posibilidad de afectar la nuestra.
República Dominicana-RD igual respecto Haití. Por eso el Presidente Abinader reclama que las potencias imperialistas lo sigan haciendo.
Por más de un siglo nadie puede probar que uno u otro país se haya dedicado a invadir al otro para conquistarlo y dominarlo.
La migración de RD a EEUU, Puerto Rico, Europa y otras partes del mundo, es provocada por la opresión, la explotación y el saqueo practicado por las potencias imperialistas.
La misma causa tiene la emigración haitiana hacia ese “primer mundo”.
Pero hay particularidades a ponderar: la migración haitiana hacia acá no la causa RD, mucho menos el pueblo dominicano; sino fundamentalmente EEUU, Canadá y las potencias europeas, que saquean, explotan y empobrecen ese territorio y ese pueblo, en alianza con mafias políticas, empresariales y clanes militares locales.
El o la haitiana que emigra hacia acá no lo hace por maldad, sino por necesidad.
Es un ser humano, que en su dramática lucha por la vida decide cruzar por vía terrestre al país vecino, al más cercano, el cual tiene una situación económica relativamente menos mala. Y lo hace para trabajar duro por una baja remuneración, que influye intensamente también reduciendo el salario local. Todo esto a beneficio de los dominicanos ricos y muy ricos, no del pueblo en general.
Los poderosos de Haití y las potencias que lo colonizan le niegan derechos vitales al pueblo haitiano en su propia tierra, y lo convierten en mercancía barata generadora de ganancias fáciles con la que se nutre la corrupción fronteriza militar, policial y empresarial de allá y de aquí.
Trafican con sus componentes más empobrecidos de múltiples maneras y los exprimen con modalidades propias de la acumulación capitalista originaria.
La frontera ha pasado a ser un negocio soterrado, sucio, ilegal de dominicanos, que a su vez hacen campaña racista anti-haitiana; mientras los trabajadores y las familias haitianas radicadas aquí aportan muchas veces más que las migajas que reciben.
Pero esas inmensas riquezas van directo a los bolsillos de los ricachones de nuestro país y a las arcas de las empresas transnacionales.
Los dueños o administradores de Centrales Azucareros, (públicos y privados), de plantaciones agrícolas la alta burocracia, los políticos y jefes militares-policiales enriquecidos al vapor, las Corporaciones Transnacionales, el poderoso Grupo Vicini, la familia cubana Fanjul (procedente de Miami y actualmente dueña del emporio CENTRAL ROMANA), las Grandes Constructoras, la Corporaciones Agroindustriales, Mineras y Turísticas… han sido y son los grandes beneficiarios de ese proceso migratorio, perversamente manipulado con racismo y xenofobia.
Nada exclusivo del escenario dominicano.
Ley cada vez más brutal de los sistemas capitalistas, ya imperialistas, ya de desarrollo alto o mediano, todos gansterizados.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.