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Confeso asesino de Orlando Jorge Mera solicita interroguen a consultor jurídico de Medio Ambiente y a encargado de autorizar permisos

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Santo Domingo, RD.-Fausto Miguel Cruz de la Mota, acusado del asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, pide a la fiscal del Distrito Nacional que interrogue al consultor jurídico de esa institución y al encargado de autorizar los permisos medios ambientales.

El imputado, quien está recluido en la cárcel de Najayo, a través de sus abogados Manuel Sierra Pérez e Ybo René Sánchez elevó una instancia a la fiscal Rosalba Ramos Castillo, quien junto a la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, investigan el crimen.

En la instancia solicitan al Ministerio Público interrogar a Edilio Segundo Florián, consultor jurídico de Medio Ambiente y Milvio Linares Villegas, esté último por ser encargado de dar o no la autorizaciones o permisos, de cualquier naturaleza dentro de la entidad y a la vez por su afinidad con el funcionario asesinado, ya que es su sobrino.

También piden interpelar dentro la investigación a Juan Manuel Cuervo DesanglesAlfonso Mendoza, al director de la Oficina de Samaná, al coronel solo identificado como Cepeda, Carmen Maribel Peralta Cuevas, el oficial Nicolás Montero y Erika Altagracia Herrera Reyes.

Igualmente, solicitan en la proposición de diligencias copias de los reportes médicos realizados al imputado desde el día de su arresto hasta la fecha, incluyendo el informe de evaluación psicológica y el reporte de los medicamentos suministrados, hecho en la cárcel preventiva de Ciudad Nueva, como la realizada en la cárcel de Najayo.

Consideran que es obligación del Ministerio Público extender la investigación a las circunstancias de cargo y también a las que sirvan para descargo del imputado, procurando recoger con urgencia los elementos probatorios y actuando en todo momento conforme a un criterio objetivo.

“Por ello es que resulta necesario a la defensa del imputado Fausto Miguel Cruz de la Mota, de cara a un posible juicio de fondo con todas las garantías y para establecer con certeza lo sucedido”, acotó Sierra.

 Cruz de la Mota  fue detenido por la muerte de su  amigo de infancia,  ocurrida el 6 de junio en las oficinas de Medio Ambiente.

De acuerdo con el expediente del órgano acusador, Fausto Miguel Cruz, apodado «Carandai», planificó el asesinato del ministro, porque este se oponía a otorgarle unos permisos para exportar 5,000 toneladas de baterías usadas a través de la empresa Aurum Gavia, S.A.

Supuestamente, el imputado estaba frustrado porque “hizo campaña política para el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y no le resolvieron.

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Ex-ministro de Educación apartado del puesto por corrupción solicita auditoría.

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Santo Domingo, RD.-Roberto Fulcar, ex ministro de Educación, depositó en la Cámara de Cuentas una solicitud para que se realice una auditoría financiera y de procesos administrativos a los casi dos años de su gestión en la cartera educativa.

“Es un acto de coherencia, de lo que ha sido toda mi vida, de ética y de transparencia. Hoy les digo que cada cosa será colocada en su lugar por el tiempo. Repito, hoy les digo: El tiempo pondrá cada cosa en su lugar”, fueron las palabras de Fulcar al concluir la lectura de la solicitud.

Sin embargo, al ser abordado sobre las razones de su destitución, solo se limitó reiterar: “Hoy les digo que el tiempo pondrá cada cosa en su lugar”.

El ex titular de Educación estuvo acompañado de una delegación de diputados del oficialismo, quienes salieron en defensa de la labor del jefe de campaña para las elecciones que dieron la victoria a Luis Abinader.

“Muchas veces lo que preocupa no es garantizar o verificar la rectitud, ni la eficiencia ni la gestión, sino manchar la imagen de cualquier dominicano o dominicana, en este caso el del ministro Roberto Fulcar”, comentó el diputado Ignacio Aracena.

Según Aracena, “la verdad va a salir a lo público y nosotros como fiscalizadores del Poder Ejecutivo estamos haciendo nuestra presencia para garantizar que esa fiscalización se lleve con eficiencia y pulcritud, respetando siempre los debidos procesos”.

De acuerdo a Fulcar, la depositada solicitud al presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Janel Andrés Ramírez Sánchez es con el objetivo de aclarar el desempeño de su gestión frente al Ministerio de Educación en los ciclos desde el 17 de agosto al 31 de diciembre de 2020, así como del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y del 1 de enero al 3 de agosto del 2022.

Fulcar fue recibido por Gabriel Concepción, quien es el encargo de correspondencia de la Cámara de Cuentas.

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Varían prisión a implicado en caso Coral.

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Santo Domingo, RD.-Fue beneficiado con la libertad por la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruzimplicado en el caso Coral, tras variar la prisión preventiva que pesaba en su contra.

La magistrada Yanibet Rivas impuso al imputado, quien guarda prisión en la cárcel de Najayo, el pago de garantía económica de 5 millones de pesos por medio de compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida.

En la audiencia, Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrup­ción Administrativa (Pepca), había pedido rechazar la revisión de la medida de coerción y que en consecuencia se dispusiera su mantenimiento en prisión, alegando que Montero Cruz enfrenta pena de 10 a 20 años de prisión.

De su lado, su abogado Félix Portes saludó la decisión del tribunal, al tiempo de señalar que han variado los presupuestos que dieron origen a la prisión preventiva.

Sostuvo que el Ministerio Público dejó fuera del entramado criminal a su representado al no acusarlo de asociación de malhechores.

Además del general Adán Cá­ceres y la pastora Rossy Guzmán, está acusado su hijo, el cabo policial Tanner Flete Guzmán y el coronel Rafael Núñez de Aza.

En contra de Raúl Alejan­dro Girón se ordenó arres­to domiciliario, por razones de seguridad, para cooperar con la investigación.

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Policías activos y exmilitares formaban parte de la red de prostitución Cattle.

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Santo Domingo, RD.-Aunque el Ministerio Público sólo ha vinculado al sargento de la Policía Nacional, Dionicio Mieses de la Cruz (Dionis), como parte de la red de trata y prostitución, denominada Cattleya, el expediente de medida de coerción contra 15 personas y tres hoteles señala que en esta red existen exmilitares y policías activos.

“Producto de que la red había exmilitares y policías activos; la organización solía mover a las víctimas de un lugar a otro, la rotaban con frecuencia para evitar lo que ellos llamaban ´Quemar la guarida´, pero más bien era cambiar de calabozo”, dice el expediente.

Indican que en la investigación se pudo comprobar que uno de los imputados es miembro de la Policía Nacional, por igual hay un exmilitar de Venezuela.

La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) ha señalado que las victimas en este caso, 78 colombianas y 2 venezolanas, eran engañadas y se les ofrecía diversos tipos de trabajo en el país y una vez aquí eran usadas para  prostituirse.

A las mismas luego de llegar a la República Dominicana se les quitaban el pasaporte y se les obligaba a tener sexo con diferentes hombres, algunas de las cuales llegaron a acostarse con 15 hombres en un día, de acuerdo al expediente.

“Al llegar al país, la organización informaba a las víctimas que la deuda que debían pagar por concepto de gastos del viaje, hospedaje y alimentos consumidos aquí en el país, ascendía entre US$3,000.00 a US$4,000.00 y que para la misma debían sostener relaciones sexuales con los clientes que los miembros de la organización les buscaban y que demandaban este tipo de servicio, siendo este el momento en que las víctimas descubrían que fueron engañadas y que el trabajo que se les había ofrecido era diferente al cual realizarían”, dice el expediente.

El órgano persecutor del crimen solicita que se declare complejo el proceso seguido en contra de los imputados José Miguel Michel Guridis (Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu (Daniel), José Alberto Soriano Rosario (Cirujano), Oscar Wicene y Melvin José Valentín Peguero.

También, contra Cristina Virginia González Hernández, María Paula Murillo Vargas, Louis Marie Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, Angélica Jhoana Quintero Niño, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato), Ramón Altagracia Oviedo Castillo, Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos) y Braulio Manuel Lugo.

También solicita la clausura temporal de las razones sociales Hotel Caribe, Residencial Coco Real y Hotel Oscar Inn, por su participación en los tipos penales sancionados en los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican la “Asociación de Malhechores”, los artículos 1, 3 y 7, de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, los cuales tipifican “La Trata de Personas Agravada, por tratarse de crimen organizado, trasnacional, así como pluralidad de víctima”.

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