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El PRM elegió en el 2020 el primer diputado condenado por narco.
Santo Domingo.-La condena por narcotráfico contra el diputado del PRM Miguel Gutiérrez lo convierte en el primer diputado dominicano que recibe una condena de este tipo.
La decisión del juez Roy Altman, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, condena a Gutiérrez Díaz a 192 meses de prisión, unos 16 años, por encontrarlo culpable de dos cargos. El primero, conspirar para distribuir sustancia controladas (cocaína) «sabiendo, con la intención y teniendo motivos razonables para creer que sería importada a los Estados Unidos». Y el segundo: conspiración para cometer lavado de dinero.
La pena conlleva 192 meses por cada delito, aunque se cumplen de manera concurrente, según lo especificado en la sentencia, dictada el pasado 3 de abril de este 2024.
Gutiérrez Díaz fue detenido en mayo de 2021, apenas un año de ser electo diputado por la ciudad de Santiago de los Caballeros, por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).
La información que sirvió entonces la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) indicaba que la detención, producida en el aeropuerto de Miami, se hacía con una orden de arresto de los Estados Unidos por asuntos de tráfico internacional de drogas. También que el operativo había sido realizado por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida en coordinación con la DNCD y la Procuraduría General de la República.
Admitió entonces haber distribuido más de 5,000 kilogramos de «una mezcla que contenía cocaína» pese a saber que era una sustancia controlada y que violaría las leyes de Estados Unidos.
Tras el arresto, seguido de la detención de otras tres personas en Estados Unidos, incluido un hermano del legislador, la Cámara de Diputados mantuvo por más de dos años vacía esa curul, pero en septiembre del año pasado acogió la renuncia que un mes antes le presentó el exdiputado.
Un empresario
Mientras en Estados Unidos le investigaban por narcotráfico, en Santiago al hombre se le reconocía como un destacado empresario del área inmobiliaria y de la construcción. Figuraba como propietario de las empresas Constructora Gutiérrez Díaz SRL, Inmobiliaria La Hacienda, Migudi Inversiones SRL y de MAGD Corp, todas con oficinas en la plaza Haché, de esa ciudad. También dirigía la fundación Red de Servicio Social, mediante la cual patrocinaba actividades deportivas, culturales, de salud y medioambiente.
De dólares le serán decomisados al exlegislador condenado en Estados Unidos.
Kilogramos de droga habría distribuido Miguel Gutiérrez .
Con la sentencia del jueves pasado, Gutiérrez Díaz queda ahora bajo la custodia de la Oficina de Prisiones de los Estados Unidos, a la que el juez Altman ha recomendado recluirlo en una instalación lo más cerca posible del sur de Florida o en la misma instalación que su hermano, Miguel Emilio Gutiérrez Díaz, en Yazoo City Medium FCI, en el Distrito Sur de Mississippi.
Decomiso
El juez también ordenó el decomiso de bienes al exdiputado por valor de 2,171,000 dólares, que serían un pendiente de los 13.5 millones que el exlegislador aceptó entregar al gobierno de Estados Unidos por la comisión de los hechos imputados.
Según el acuerdo al que arribó con la fiscalía, el decomiso de dinero abarca 7.5 millones de dólares por el cargo de narcotráfico y otros 6.0 millones por lavado de activos.
Al exlegislador también le serán decomisados un Rolex Cellini Moonphace (valorado en 1.7 millones de pesos), un Pink Rolex Sky Dweller (que puede costar hasta 2.4 millones de pesos), una cadena de eslabones en oro de 14 quilates.
También incautarán unos 369,965.52 dólares mantenidos en la Cuenta Fiduciaria de Akrivis Law por el demandado representando los fondos excedentes de la ejecución hipotecaria de bienes de una propiedad ubicada en 9443 SW 123rd Terrace, Miami, Florida 33176.
En cajas para contenedores
Como parte de la acusación contra Miguel Gutiérrez Díaz, la fiscalía indicó que la droga que distribuyó era escondida en cajas de cartón que luego se utilizaban para transportar productos en contenedores con destino a Miami.»A la llegada de los contenedores, se retiraban las cajas de productos, se desechaban los productos y se entregaba la cocaína retirada de las solapas de las cajas», agrega el documento sobre el método de ocultación para el envío de la sustancia desde la República Dominicana.Señala que el papel de Gutiérrez Díaz era «obtener la cocaína de fuentes de suministro en República Dominicana e invertir en los cargamentos que se importaban a Estados Unidos».
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.