Opinión
Ministerio de Exteriores: gran relajo institucional
Por Juan bolívar Díaz
Con la publicación de la nómina completa del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) el periódico digital Acento puso de nuevo sobre el tapete el inmenso entramado de clientelismo, nepotismo, derroche y desorden institucional que desde hace años se ha entronizado en ese organismo en beneficio del partido gobernante y su principal aliado.
El Gobierno ya realizó una limpieza de botellas locales, en su gran mayoría de militantes y relacionados del Partido Reformista Social Cristiano, cuyo presidente, Carlos Morales Troncoso, fue titular del MIREX en los últimos diez años, y ahora tropieza con el problema de cientos de botellas de su propio partido con altísimos sueldos en el exterior.
Un persistente derroche. Tras revisar la nómina del MIREX publicada esta semana se puede comprobar que nada ha cambiado a casi tres años de que se publicara en esta misma página de HOY (22 de enero del 2012) el análisis titulado “RD también lidera el derroche diplomático”. Además de replantear el desorden, Acento presenta los salarios reales que se paga a los designados en el servicio exterior, ya que en la nómina anterior, como quedó consignado, todos los embajadores aparecían con un sueldo ficticio de 3 mil dólares mensuales.
Un aporte adicional es que en esta versión de la nómina es una columna donde aparece el padrino, parentesco o relación de muchos designados, lo que permite advertir el nivel de nepotismo y favoritismo político con su consiguiente grado de remuneración. La desigualdad salarial guarda relación con la categoría del político y el grado de familiaridad. Aquí también resalta la influencia del ingeniero Félix Bautista, quien habría tramitado un centenar de designaciones, en su mayoría recomendados por una comisión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Nueva York, pero también más de una veintena de familiares y relacionados, incluyendo hermanos, sobrinos, primos y cuñados. Otros dirigentes peledeístas también apadrinan pero generalmente con una o dos designaciones.
Un total de 1,876 personas integran la nómina exterior de la Cancillería, 1,189 como diplomáticos y 657 en los consulados. Los primeros devengan 6 millones 366,524 dólares mensuales, que convertidos a pesos a tasa de 44.15 y multiplicados por 13 representan 3,664 millones de pesos anuales. En el servicio consular se paga el equivalente a 120 millones 168 mil pesos mensuales, que multiplicado por 13 ascienden a 1,692 millones 692 mil pesos para un total en ambos renglones de 5,356 millones de pesos anuales.
Desproporciones salariales. Cuando se observan los salarios se advierte un gran desorden, con embajadores que reciben desde 10 mil a 40 mil dólares mensuales. Y lo mismo ocurre con cónsules que oscilan entre 10 mil y 26 mil dólares, y ministros consejeros que ganan de 4,400 a 9,700 dólares, y consejeros de 4,132 a 8 mil dólares. Pero al mismo tiempo se encuentran primeros secretarios (de menor jerarquía) con sueldos de 10,825 dólares. Cuando se ponderan los nombres y patrocinios se encuentran las explicaciones.
Por ejemplo, el embajador en México, la segunda nación más grande y poblada de América Latina, tiene un salario de 11,825 dólares mensuales, pero el de Honduras gana 16 mil, el de Nicaragua 22 mil, el de Paraguay 28 mil y el de Colombia 30 mil dólares. El primero es un intelectual sin militancia partidista y los últimos cuatro tienen en común el ser dirigentes políticos.
Los salarios no guardan relación con la importancia política, poblacional, territorial o del intercambio bilateral, sino más bien con la militancia política o el grado de familiaridad, incluyendo esposas, hijos e hijas y otros relacionados de altos funcionarios del Gobierno, de la justicia, de legisladores y dirigentes políticos. En la misma ciudad de Ginebra hay embajadores con sueldos de 18 mil y 25 mil dólares. La cónsul en México, hermana de un prelado, gana más que el embajador. No se explican los altos sueldos de algunos cónsules que tienen altísimos ingresos de las tasas que cobran por servicios a los dominicanos, como en Nueva York, Miami o San Juan. Tampoco otros de 23 mil dólares, como el de Alameda, San Francisco de California.
Una proporción considerable del personal designado en el exterior pasa la mayor parte del tiempo en República Dominicana, y los hay que apenas han ido de visita a las sedes donde están adscritos. En múltiples embajadas y consulados no los quieren ni de visita, porque no tienen espacio donde colocarle un escritorio y solo obstruyen a los pocos que trabajan. Por ejemplo en Nueva York solo una docena de los 92 vicecónsules y asistentes consulares tienen escritorio y otros tantos se dejan ver. La gran mayoría se dedican a la política y a negocios y actividades personales.
Prometida reestructuración. Desde su discurso inaugural el presidente Danilo Medina se comprometió con una reestructuración del MIREX y de las relaciones internacionales. Desde el inicio quiso cambiar al titular del ministerio, pero terminó inclinándose ante el reparto partidista del poder. Fue en agosto, ya en víspera del fallecimiento del ingeniero Morales Troncoso, tras larga inhabilitación por enfermedad, cuando fue designado canciller el arquitecto Andrés Navarro.
Semanas antes ya había trascendido que inspectores de la Contraloría hacían un levantamiento del personal del ministerio, donde habrían detectado cientos de botellas, en su mayoría reformistas y familiares. Desde entonces se ha informado de cancelaciones oscilantes entre 700 y mil. El ministro administrativo de la Presidencia las cifró en “casi un millar”.
El nuevo canciller ha hablado de reestructuración y depuración de personal que abarcaría a los designados en el exterior, así como de una renovación integral de las relaciones internacionales.
Es sintomático que la depuración comenzara en el ámbito interno, donde el abultamiento de la nómina estaba determinado por los aliados reformistas. En el servicio exterior fueron designados por decretos del presidente Leonel Fernández, y en gran proporción son peledeístas. Persisten dudas de que se pueda hacer una profilaxis significativa.
Desde luego, hay en el servicio exterior muchos profesionales y personal que cumple la misión encomendada, como también hay subvalorados o desaprovechados que guardan banca en la lista de más de un centenar de embajadores adscritos a la Cancillería. Pero no hay dudas de que en general el MIREX es una muestra del desquiciamiento institucional provocado por el reparto político del Estado.
Consulados y organismos
En todas las embajadas dominicanas se mantiene un personal supernumerario, pero donde sigue liderando el derroche es en los principales consulados y ante los organismos internacionales. Hace tres años un muestreo de 16 de las embajadas más importantes, sin incluir a Estados Unidos, arrojaban un acentuado desbalance: ellas tenían 84 funcionarios en el país, mientras República Dominicana les había designado 442, es decir cinco por uno. La situación se mantiene con ligeras variantes, lo que se explica en el hecho de que la nómina de Acento es del 2012; la que dio base al análisis anterior era de solo un año antes.
Donde hay más dominicanos designados como diplomáticos y funcionarios consulares es en Estados Unidos con un total de 386, casi los mismos que hace tres años, cuando eran 384. La representación ante el Gobierno de Washington había bajado de 44 a 41 y en el consulado de Nueva York de 97 a 93. El Gobierno norteamericano ha rehusado acreditar muchos de esos funcionarios. Los designados ante las Naciones Unidas en Nueva York aumentaron de 63 a 74, una docena como embajadores adscritos, y ante la Organización de Estados Americanos, en Washington se redujo de 38 a 33. Son las mayores representaciones ante esos dos organismos. el consulado de Miami pasó de 54 a 57 designados, y en San Juan de 21 a 25, pero en Boston disminuyeron de 31 a 25.
Los designados en España crecieron de 89 a 116, especialmente en el consulado de Madrid, donde pasaron de 22 a 39. En Haití el personal dominicano aumentó de 64 a 109, en gran proporción en la embajada en Puerto Príncipe donde pasó de 31 a 51. En Colombia y Costa Rica, como muestreo, los dominicanos siguen siendo un número muy superior a lo que esos países tienen acreditados en el país, 32 contra 5 y 23 contra 4, respectivamente.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.