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Fiscalía SDO declara que logró 87 sentencias condenatorias en último año
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La fiscalía de Santo Domingo Oeste logró que los tribunales de esa jurisdicción dictaran en el último año 87 sentencias
Durante los juicios de fondo que concluyeron con esas 87 sentencias fueron acogidas las distintas pruebas aportadas por el Ministerio Público, correspondiendo siete de esas sentencias a condenas de 30 años de prisión, dieciséis a 20 años y doce a 15 años de reclusión, destacó la institución en una nota de prensa.
Ministerio Público SDO dice que logró 87 sentencias condenatorias en último año
En ese sentido, explicó que de esa cantidad de denuncias 5,827 aluden a violencia intrafamiliar y género, 352 a delitos sexuales y 415 violación al Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños Niñas y Adolescentes (Ley No. 136-03).
El fiscal titular de Santo Domingo Oeste, Edward López, dijo que avanzan en las labores de prevención y persecución de los delitos siguiendo los lineamientos y las estrategias trazadas por el procurador general de la República, Jean Rodríguez, para enfrentar con eficacia y a tiempo la actividad delictiva.
Destacó en ese orden, que además de los procesos judiciales, realizan con frecuencia operativos preventivos y han sostenido diversos encuentros con las autoridades y ciudadanos de la zona para buscarle solución a las diferentes problemáticas que les afectan, además de que en este último año se han impartido 10 charlas sobre la importancia de la prevención de la violencia en igual número de sectores de esta demarcación.
Explicó que como parte de esas acciones “hemos desplegado una campaña fuerte en contra de las máquinas tragamonedas, logrando con esto en menos de un año incautar más de 600 máquinas y recaudar sumas millonarias por monedas incautadas y multas impuestas, tanto por el uso de hookahs como por la instalación y manejo ilegal de las máquinas tragamonedas”.
Destacó que estos avances en apenas un año de gestión han sido posibles como parte de la ejecución de un plan que ha incluido también la creación de varios órganos, entre ellos, una Unidad de Captura de Prófugos y Rebeldes, mediante la cual se están reapresando imputados, ejecutando conducencia, así como órdenes de arrestos con la finalidad de acelerar los procesos judiciales, evitando con ellos las moras.
“Gracias a esta unidad han sido deportados dos ciudadanos extranjeros por delitos graves cometidos en sus países, entre ellos, un puertorriqueño prófugo por un doble homicidio en Texas, Estados Unidos. Esta unidad también le da soporte a la Unidad contra la Violencia de Genero”, señaló.
Declaró, igualmente, que desde el mes de agosto de 2018 están utilizando un nuevo sistema digital que les permite agilizar los procesos y en la actualidad dijo que lo están utilizando en un 90%.
Dentro del plan de mejoras y optimización de los recursos de esta Fiscalía, entre otras acciones, detalló que además se ha fortalecido la Unidad Técnica, la cual se encarga de las revisiones de los escritos de acusación. “Con esta medida hemos logrado aumentar la calidad de las acusaciones lo que se traduce en éxitos en los tribunales”, dijo.
Asimismo, adelantó que han logrado un acuerdo con la Alcaldía del municipio de Los Alcarrizos y la Junta Municipal de Pantoja, las cuales se han comprometido con la Procuraduría a ceder edificaciones bajo su control a los fines de poner en funcionamiento próximamente una Fiscalía Comunitaria en Los Alcarrizos, además de que se tiene previsto también crear otra Fiscalía Comunitaria en Pantoja.
El representante del Ministerio Público en Santo Domingo Oeste también destacó la labor que llevan a cabo a través de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Oeste para combatir con eficiencia ese flagelo, la cual informó que labora los siete días de la semana.
Explicó que las labores contra la actividad delictiva en la zona de Santo Domingo Oeste se desarrolla con la colaboración de todos los destacamentos que están localizados en este distrito judicial.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.