Nacionales
Minou: “Hay que invertir lo que haya que invertir para garantizar el derecho a la salud”
Promete atender el drama humano que es el sistema de salud y las elevadas cifras de recién nacidos y parturientas
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La candidata presidencial de Alianza por la Democracia, Minou Tavárez Mirabal, se comprometió “invertir lo que haya que invertir” en el sistema de salud pública para garantizar el derecho a la salud de todos y de todas, centrando la política de atención en la prevención, el respeto a los pacientes y la no discriminación por motivos económicos.
“Hace falta además aumentar la inversión que está por debajo del promedio en la región, pues en América Latina se invierte el 6 % del PIB en salud, mientras que aquí estamos por debajo del 2 %. Aquí hay que invertir lo que haya que invertir para darle salud a todos los dominicanos, porque el actual sistema ya casi no es público pues las cifras muestran que la gente gasta en salud casi lo mismo que lo que gasta el Estado, eso es inadmisible”, dijo.
Durante su participación en el programa “Batalla por tu Voto” que transmite Telesistema, Tavárez Mirabal también aseguró que durante su gobierno se trabajará y se hablará sobre salud y no sobre enfermedades, a fin de instaurar un sistema basado en la prevención y no en la cura de las enfermedades.
“El actual sistema tiene 3 graves problemas. Está basado en curar enfermedades. Está muy fragmentado, pues existen hospitales públicos, está el seguro social que también tiene hospitales, y están los consultorios y las clínicas de atención primaria. El sistema debe ser unificado”, sostuvo.
“Otro problema – afirmó la candidata presidencial – es que se atiende a los pacientes por su nivel de ingreso, por tanto no es universal el acceso ni el goce del derecho a la salud, a la gente se le discrimina. Nosotros vamos a cambiar el modelo para pasar de un modelo curativo a uno preventivo, el modelo de atención primaria que la propia ministra reconoce que no ha entrado en vigencia”.
En relación a la mortalidad neonatal, la candidata de la APD recordó que la República Dominicana es el país que tiene la tasa de mortalidad más alta en el primer mes de vida de los recién nacidos, pues “de acuerdo con UNICEF y con los datos oficiales del país, 25 por cada mil nacidos vivos mueren antes de alcanzar los 30 días de vida, mientras que en América Latina el promedio es de 9 por cada mil”.
“Esto está vinculado a la calidad en la atención del parto y del recién nacido en los hospitales, porque además cada año mueren alrededor de 200 mujeres por causas de embarazo y parto. La calidad de la inversión y de la atención tiene mucho que ver con la autoridad que ha privilegiado el clientelismo, pero también con un sistema de salud desatendido, donde los médicos, enfermeras y demás personal reciben sueldos de miseria, no tienen insumos para realizar curas o aplicar tratamientos y no cuentan con recursos para pagar estudios de actualización y mejoramiento profesional. La salud en la República Dominicana es un verdadero drama humano”, expresó.
En cuanto al sistema de pensiones en nuestro país, Tavárez Mirabal aseguró que es necesaria una transformación profunda para terminar con “la enorme cantidad de distorsiones que hay tanto en el tema de la previsión privada como pública. No podemos continuar con la situación de que si usted cotiza toda su vida usted sólo tiene garantizado el 30 % de su salario. Si ganaba RD$ 10,000.00 mensuales sólo tendrá para su retiro RD$ 3,000.00”.
“Esto tenemos que cambiarlo, nuestros envejecientes merecen pensiones dignas, después de trabajar toda la vida y entregar la fuerza física y la capacidad mental de sus mejores años a la productividad del país, el Estado debe reconocerle su aporte con una pensión que le permita vivir con dignidad”, afirmó.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.