Opinión
Mónica y la premiación de sus mentiras y silencios
Por Narciso Isa Conde
Hay sistemas judiciales que premian las delaciones de delitos y los señalamientos de otros/as culpables, con rebaja de penas. Así está establecido en Brasil.
Pero a Mónica Moura, la esposa de Joao Santana, le resultó mil veces más rentable acogerse a la premiación soterrada de sus mentiras y silencios cuando recientemente, frente a autoridades judiciales brasileñas, negó que Odebrecht y otras empresas brasileñas financiaron las campañas presidenciales y vice-presidenciales de Danilo Medina y de Margarita Cedeño, esposa del ex -presidente Leonel Fernández.
No importa que en esta oportunidad dijera lo contrario a lo dicho en la ocasión anterior. Ni tampoco que sus recientes declaraciones -anunciadas previamente por unos de los voceros del presidente Medina, José Ramón Peralta- entrara en abierta contradicción con las ya ofrecidas por el procesado jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas (sobornos y dádivas) de Odebrecht, Hilberto Silva, o con la del propio Joao. Estos capos y sus parejas tienen una enorme cachaza para ejercer el descaro y para hacer negocio hasta con sus propias desgracias.
Mónica y Joao, de intermediarios de sobornos y financiamientos para “hacer” y asesorar presidentes, procurando a su vez contratos escandalosamente sobrevaluados a favor de Odebrecht, han pasado a usar el poder de chantaje derivado de la delación premiada para convertirse en receptores privilegiados de jugosos sobornos posiblemente.
Tonto/a el que pueda pensar que las mentiras y los silencios de Mónica no se vendieron carísimos.
¿Cuánto fue el monto pagados por sus ex-socios del Palacio presidencial de la República Dominicana? Es temprano para conocerse, pero estén seguros/as que la suma fue bien elevada y el tinglado a desplegar montado con premeditación y alevosía.
Esto se combinó con la homologación del acuerdo de Odebrecht a nivel judicial y con el show mediático escenificado en la reunión del Comité Político del PLD, punto de convergencia de las facciones mafiosas que integran la corporación morada que tutela el sistema de corrupción e impunidad que impera en el país, las cuales han pactado para intentar salvar el régimen y a los capos criollos que lo dirigen.
- Pero una cosa piensa el burro…
Como el ladrón y el tramposo juzgan por su condición, Pared Pérez, Leonel, Margarita, Danilo y sus alcancías piensan que esta sociedad de las marchas verdes es capaz de aceptar pasivamente la “sentencia” de exculpación de la máxima figura del régimen teatralmente emitida por el Secretario General del partido, y de quedarse tranquila frente a los procesos manipulados por el Procurador General de la República y el propio Presidente de la República, en complicidad con tribunales vendidos, basados en testimonios y acuerdos evidentemente comprados a sus socios/as extranjeros/as aquí y allá.
Esto, por el contrario, podría reforzar y expandir la creciente convicción en amplios sectores de esta sociedad de que el fin de la impunidad es impensable mientras existan estas instituciones, este gobierno, este Estado, este sistema putrefacto; lo que obliga a pensar en cómo forzarlos a dimitir, de qué manera hacerlo y cómo y con cuáles mecanismos reemplazarlos.
Soy de los que pienso que hay dejarse ya de validar estas instituciones, de recurrir a ellas, de hacer propuestas disque para mejorarlas o reformarlas.
Hay que dejar de facilitarles ciertos “bajaderos” al gobierno actual y al presidente Medina, limitando los casos de una gran corrupción, que es múltiple, diversa, estructural, sistémica…; concentrándose excesivamente en ciertos aspectos del caso Odebrecht y en ciertos funcionarios y auspiciando sanciones a culpables menores con motivos electoralistas.
Estamos frente a una dictadura institucionalizada, ilegítima e impregnada hasta el tuétano -y a todos los niveles- de corrupción; que a la vez estructuró un sistema de impunidad para proteger a sus facciones mafiosas y a los capos que las dirigen. Que no cede frente a reclamos justos, que está dispuesta a poner en práctica toda suerte de fechorías para perdurar lo más posible y proteger sus máximas figuras.
Y esto exige que el pueblo movilizado la acorrale y los acorrale, que siga con sus marchas en SFM, en Azua y en SPM. Que se disponga a realizar a seguida una enorme movilización nacional que parta de todas las regiones y provincias, en grandes columnas y caravanas, hacia la Capital también movilizada, procurando aplastar sus artimañas y debilitarlo mucho más de lo que está.
A este régimen y a estas instituciones, a las cúpulas de estos partidos podridos (PLD, PRD-PRM, PRSC y satélites) hay que decirles que no podrán gobernar el país, que es para fuera o para bajo que van, que ya su reinado mafioso se agotó, que hay que abrirle paso a una transición profundamente democrática y participativa, a un gobierno provisional que convoque una Constituyente Popular y Soberana para refundar las instituciones, el sistema y el proyecto de sociedad.
Esta crisis no es para simples iniciativas jurídicas, remiendos, recursos legales, comicios viciados. Ni para crear expectativas y/o legitimar investigaciones de la Procuraduría o de la Comisión de Agripino.
Menos aun para aceptar que nos entretengan con el fiasco de la ley de partidos o para convenir que el movimiento verde sea usado como trampolín para un 2020 con este régimen vigente, donde habrá de repetirse la misma historia que ha sido capaz de generar este sistema de partidos.
Todo eso es distracción, teatro, maniobras diversionistas de esos partidos, del congreso, de los grandes medios, del empresariado inescrupuloso.
Todo eso siempre ha sido manipulado y prostituido, y ahora lo será de nuevo. Los ladrones y saqueadores en el poder no van a hacer elecciones para ser reemplazados, ni procesos para ser ejemplarmente juzgado, ni normas para conjurar su festín de privilegios y corruptelas.
La Marcha Verde, en perspectiva, debe asumirse a sí mismo como un movimiento político y social diverso, no partidista; pero con vocación de crear contrapoder, de desmontar el poder constituido, de conformar un nuevo poder constituyente y de transformar el país; con disposición a unir fuerzas diferentes a las existentes en cuanto a Estado, partidos Gobierno y sistema político; con voluntad de ser alternativa a un sistema decadente, corrompido, sin credibilidad. Nada fácil, pero si posible y hay que atreverse, comenzando por debatir a fondo estos temas.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?