Opinión
Mónica y la premiación de sus mentiras y silencios
Por Narciso Isa Conde
Hay sistemas judiciales que premian las delaciones de delitos y los señalamientos de otros/as culpables, con rebaja de penas. Así está establecido en Brasil.
Pero a Mónica Moura, la esposa de Joao Santana, le resultó mil veces más rentable acogerse a la premiación soterrada de sus mentiras y silencios cuando recientemente, frente a autoridades judiciales brasileñas, negó que Odebrecht y otras empresas brasileñas financiaron las campañas presidenciales y vice-presidenciales de Danilo Medina y de Margarita Cedeño, esposa del ex -presidente Leonel Fernández.
No importa que en esta oportunidad dijera lo contrario a lo dicho en la ocasión anterior. Ni tampoco que sus recientes declaraciones -anunciadas previamente por unos de los voceros del presidente Medina, José Ramón Peralta- entrara en abierta contradicción con las ya ofrecidas por el procesado jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas (sobornos y dádivas) de Odebrecht, Hilberto Silva, o con la del propio Joao. Estos capos y sus parejas tienen una enorme cachaza para ejercer el descaro y para hacer negocio hasta con sus propias desgracias.
Mónica y Joao, de intermediarios de sobornos y financiamientos para “hacer” y asesorar presidentes, procurando a su vez contratos escandalosamente sobrevaluados a favor de Odebrecht, han pasado a usar el poder de chantaje derivado de la delación premiada para convertirse en receptores privilegiados de jugosos sobornos posiblemente.
Tonto/a el que pueda pensar que las mentiras y los silencios de Mónica no se vendieron carísimos.
¿Cuánto fue el monto pagados por sus ex-socios del Palacio presidencial de la República Dominicana? Es temprano para conocerse, pero estén seguros/as que la suma fue bien elevada y el tinglado a desplegar montado con premeditación y alevosía.
Esto se combinó con la homologación del acuerdo de Odebrecht a nivel judicial y con el show mediático escenificado en la reunión del Comité Político del PLD, punto de convergencia de las facciones mafiosas que integran la corporación morada que tutela el sistema de corrupción e impunidad que impera en el país, las cuales han pactado para intentar salvar el régimen y a los capos criollos que lo dirigen.
- Pero una cosa piensa el burro…
Como el ladrón y el tramposo juzgan por su condición, Pared Pérez, Leonel, Margarita, Danilo y sus alcancías piensan que esta sociedad de las marchas verdes es capaz de aceptar pasivamente la “sentencia” de exculpación de la máxima figura del régimen teatralmente emitida por el Secretario General del partido, y de quedarse tranquila frente a los procesos manipulados por el Procurador General de la República y el propio Presidente de la República, en complicidad con tribunales vendidos, basados en testimonios y acuerdos evidentemente comprados a sus socios/as extranjeros/as aquí y allá.
Esto, por el contrario, podría reforzar y expandir la creciente convicción en amplios sectores de esta sociedad de que el fin de la impunidad es impensable mientras existan estas instituciones, este gobierno, este Estado, este sistema putrefacto; lo que obliga a pensar en cómo forzarlos a dimitir, de qué manera hacerlo y cómo y con cuáles mecanismos reemplazarlos.
Soy de los que pienso que hay dejarse ya de validar estas instituciones, de recurrir a ellas, de hacer propuestas disque para mejorarlas o reformarlas.
Hay que dejar de facilitarles ciertos “bajaderos” al gobierno actual y al presidente Medina, limitando los casos de una gran corrupción, que es múltiple, diversa, estructural, sistémica…; concentrándose excesivamente en ciertos aspectos del caso Odebrecht y en ciertos funcionarios y auspiciando sanciones a culpables menores con motivos electoralistas.
Estamos frente a una dictadura institucionalizada, ilegítima e impregnada hasta el tuétano -y a todos los niveles- de corrupción; que a la vez estructuró un sistema de impunidad para proteger a sus facciones mafiosas y a los capos que las dirigen. Que no cede frente a reclamos justos, que está dispuesta a poner en práctica toda suerte de fechorías para perdurar lo más posible y proteger sus máximas figuras.
Y esto exige que el pueblo movilizado la acorrale y los acorrale, que siga con sus marchas en SFM, en Azua y en SPM. Que se disponga a realizar a seguida una enorme movilización nacional que parta de todas las regiones y provincias, en grandes columnas y caravanas, hacia la Capital también movilizada, procurando aplastar sus artimañas y debilitarlo mucho más de lo que está.
A este régimen y a estas instituciones, a las cúpulas de estos partidos podridos (PLD, PRD-PRM, PRSC y satélites) hay que decirles que no podrán gobernar el país, que es para fuera o para bajo que van, que ya su reinado mafioso se agotó, que hay que abrirle paso a una transición profundamente democrática y participativa, a un gobierno provisional que convoque una Constituyente Popular y Soberana para refundar las instituciones, el sistema y el proyecto de sociedad.
Esta crisis no es para simples iniciativas jurídicas, remiendos, recursos legales, comicios viciados. Ni para crear expectativas y/o legitimar investigaciones de la Procuraduría o de la Comisión de Agripino.
Menos aun para aceptar que nos entretengan con el fiasco de la ley de partidos o para convenir que el movimiento verde sea usado como trampolín para un 2020 con este régimen vigente, donde habrá de repetirse la misma historia que ha sido capaz de generar este sistema de partidos.
Todo eso es distracción, teatro, maniobras diversionistas de esos partidos, del congreso, de los grandes medios, del empresariado inescrupuloso.
Todo eso siempre ha sido manipulado y prostituido, y ahora lo será de nuevo. Los ladrones y saqueadores en el poder no van a hacer elecciones para ser reemplazados, ni procesos para ser ejemplarmente juzgado, ni normas para conjurar su festín de privilegios y corruptelas.
La Marcha Verde, en perspectiva, debe asumirse a sí mismo como un movimiento político y social diverso, no partidista; pero con vocación de crear contrapoder, de desmontar el poder constituido, de conformar un nuevo poder constituyente y de transformar el país; con disposición a unir fuerzas diferentes a las existentes en cuanto a Estado, partidos Gobierno y sistema político; con voluntad de ser alternativa a un sistema decadente, corrompido, sin credibilidad. Nada fácil, pero si posible y hay que atreverse, comenzando por debatir a fondo estos temas.
Por José Cabral
Siempre he dicho y he reiterado, pero que no se trata de ningún descubrimiento, que el sistema está concebido para responder a los intereses de los partidos políticos.
Los diputados y senadores provienen de ese entorno, el presidente de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el que se escogen los jueces, explica el desempeño de cada uno de estos poderes públicos
La conformación del CNM implica que todo el sistema, incluido el de justicia, obedece a los intereses que se expresan en este órgano.
De manera, que, frente a la confrontación del derecho con la política, el primero siempre tiene todas las de ganar cualquier batalla, máxime cuando se trata de aquella que se desarrolla en el campo legal.
Todo este cuadro permite establecer que resulta prácticamente difícil, por no decir imposible, que el derecho pueda salir triunfante frente a la política.
Sin ninguna duda, que ahí descansa la gran debilidad del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 2010.
Es hermoso en los textos el proceso de constitucionalización, pero el mismo resulta decepcionante en la práctica y cuando se choca con la realidad.
Nadie, absolutamente nadie, puede negar que una herramienta vital para cualquier democracia es una buena administración de justicia, pero en una nación donde la partidocracia es la dueña del sistema esto se vuelve prácticamente difícil, por no decir imposible.
El problema descansa en un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyo órgano tiene la sagrada misión de escoger los jueces del sistema de justicia nacional, lo que quiere decir que cuando se presenta un conflicto entre el derecho y la política éstos se inclinen por emitir sentencias en favor de la partidocracia.
Los hechos hablan por sí solos y el que no lo crea que revise la mayoría de las decisiones que conllevan sentencias que impactan los intereses de los partidos para que se puedan valorar los resultados.
Sin no se cambia la conformación del CNM es muy difícil que el proceso de constitucionalización del derecho y que tiene como base el respeto de los derechos fundamentales pueda cristalizarse en una sociedad como la dominicana, donde la política está presente predominantemente en todos los escenarios.
De tal forma, que hablar de una buena administración de justicia al margen de los intereses de los partidos políticos, resulta una quimera y que sólo una persona muy ingenua lo puede creer.
Por Isaías Ramos
Ninguna democracia muere el día en que se rompe la Constitución. Muere mucho antes: cuando quienes juraron defenderla comienzan a tratarla como un obstáculo y la ciudadanía empieza a acostumbrarse a ese irrespeto.
La Constitución no fue escrita para adornar discursos ni para ser invocada cuando conviene al poder. Fue concebida para limitar a quienes gobiernan, proteger a los ciudadanos y garantizar que ningún funcionario, partido, mayoría congresual o presidente coloque su voluntad por encima de la soberanía popular.
Por eso preocupa el rumbo de diversas actuaciones del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo.
En los últimos años se han aprobado normas luego anuladas, corregidas o seriamente cuestionadas por su compatibilidad constitucional. La Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia motivó la intervención del Tribunal Constitucional por objeciones relacionadas con derechos fundamentales. La Ley de Facturación Electrónica también requirió su actuación para corregir una disposición que afectaba la privacidad.
Más recientemente, el nuevo Código Penal ha dejado de ser únicamente una inquietud jurídica para provocar un rechazo creciente en amplios sectores de la sociedad. Juristas, periodistas, profesionales, organizaciones sociales y ciudadanos hemos advertido que varias disposiciones, por su amplitud, ambigüedad o desproporción, podrían amenazar la libertad de expresión, la denuncia pública, el ejercicio profesional y la protesta pacífica.
Cuando una legislación penal provoca temor entre quienes informan, denuncian o protestan, el problema deja de ser técnico: amenaza la convivencia democrática.
Pero el caso institucionalmente más delicado es la respuesta legislativa posterior a la sentencia TC/0788/24.
Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para todos los poderes públicos. Cuando una legislación posterior genera serios cuestionamientos sobre si respeta materialmente el criterio fijado por el máximo intérprete de la Constitución, no estamos ante un simple debate político. Está comprometida la supremacía constitucional, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.
La preocupación no gira solo alrededor de una sentencia ni de las candidaturas independientes. El problema es más profundo: ¿puede el poder político redefinir, limitar o neutralizar derechos protegidos por la Constitución?
La Constitución dominicana no creó una democracia para beneficio de los partidos. Creó un Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana, la soberanía popular, el pluralismo político, la separación de poderes y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
El derecho a expresarse no es una concesión del Gobierno.
El derecho a protestar pacíficamente no es un favor del Congreso.
El derecho a elegir y ser elegido no pertenece a los partidos.
Son derechos constitucionales que ningún poder temporal puede apropiarse, reducir ni administrar según su conveniencia.
No sabemos si quienes gobiernan desconocen el espíritu de la Constitución o si, conociéndolo, han decidido apartarse de él. Lo evidente es que demasiadas decisiones han obligado al Tribunal Constitucional y a la sociedad a recordar principios que debieron orientar desde el inicio a los poderes públicos.
No afirmamos que la República Dominicana sea hoy una dictadura. Pero sería irresponsable esperar a que el autoritarismo esté consumado para denunciar las decisiones que pueden abrirle camino.
Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Se erosionan lentamente cuando se relativiza la supremacía constitucional, se reducen los espacios de participación, aumentan las facultades del poder sin controles suficientes y los derechos fundamentales dejan de orientar la legislación.
Está en juego la República que dejaremos a nuestros hijos: una nación donde la Constitución gobierne al poder o un país donde el poder acomode la Constitución a sus intereses.
Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo.
El pueblo dominicano ha demostrado paciencia, madurez y vocación democrática. Ha recurrido a los tribunales, promovido el debate público y utilizado los mecanismos institucionales reconocidos por la Constitución.
Pero la paz social no puede sostenerse indefinidamente si los reclamos constitucionales no encuentran respuesta. Cuando las instituciones dejan de escuchar, aumenta la presión social. Esa realidad no debe celebrarse ni provocarse; debe prevenirse mediante el diálogo, la rectificación y el respeto a la Constitución.
Este no es un llamado a la confrontación. Es un llamado a la rectificación.
El Congreso debe legislar dentro de los límites constitucionales. El Poder Ejecutivo debe ejercer sus facultades constitucionales con el mismo compromiso que juró al asumir el cargo. Y todos los poderes públicos deben recordar que las decisiones del Tribunal Constitucional no son recomendaciones: forman parte del orden que están obligados a respetar.
Cumplir la Constitución no debilita al Estado. Lo fortalece.
Respetar los derechos fundamentales no genera desorden. Construye paz.
Abrir la democracia no amenaza la República. La hace más legítima y fuerte.
Desde el Foro Cívico y Social lo afirmamos con claridad: la Constitución no pertenece al Congreso, al Poder Ejecutivo ni a los partidos políticos.
La Constitución pertenece al pueblo dominicano.
Defenderla por las vías pacíficas, democráticas y constitucionales no es un acto de oposición. Es el deber moral, cívico y patriótico de toda generación que aspire a entregar a sus hijos una República más libre, justa y fiel al Estado social y democrático de derecho.
Una nación puede sobrevivir a una mala ley y corregir una mala decisión. Lo que no puede permitirse es acostumbrarse a que el poder deje de obedecer la Constitución.
Por Oscar López Reyes
(A la 18:00 hora local del miércoles 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos terremotos: el primero en la escala 7.2 (duró un minuto) y 39 segundos después otro de magnitud 7.5 (se extendió por tres minutos), concentrados especialmente en la Guaira y Caracas, con un salto -hasta el 12 de julio de 2026- de más de 50 mil desaparecidos, según la ONU; cerca de 5 mil fallecidos, 20 mil heridos y 20 mil damnificados).
(I)
¡Oh, Venezuela!
Patria inmensa.
¡Caramba!,
Hermanos en Bolívar,
¡qué dolor soberbio!
que oprime las fibras de mi alma,
En tristeza de gritos que escapan
de escombros retorcidos
por furia de un suelo rebelde.
El telúrico conmueve en miradas
de arquitecturas sin piedras ni ventanas,
y melancolías de niños vagando en penumbras,
Sin padres ni estancias.
Y pone a temblar en rememoración de amor
su épica solidaridad y sacrificio de dignidad infinita
en épocas pretéritas, que configura
una vastedad de grandeza histórica
y el patriotismo compartido.
¡Oh, Venezuela, SOS!
(II)
Cuando no haya más lágrimas que derramar,
rebosantes las porcelanas de mortandad,
esa “Tierra de Venecia” y esa “Tierra de Gracia”
dejará de llorar y se levantará en cumbre de cerros,
contemplando
marchas fúnebres y entierros colectivos,
echando la vista a la resurrección de Cristo.
(III)
Heridos que sollozan en ruinas y hospitales,
sobrevivirán en sonidos de esperanza y el susurro
que late desde los vientos que soplan
de mares y montañas, para otro comienzo
de sonrisas en barcas de adversidad.
(IV)
Los fallecidos descansarán en púrpura palmera
y ecosistemas naturales con flores coloreadas
con toques de bellezas íntimas
que evocan la fragancia
en la eternidad de jardines
con pétalos de atardeceres versátiles.
(V)
Y los muchos desaparecidos fertilizarán
los predios erosionados,
para floración de hojas, frutos y plantas aromáticas,
que germinarán emergentes criaturas en vientres
de primaveras de Luna menguante
y otoños de Luna creciente.
(VI)
En su inocencia, niños huérfanos seguirán jugando
en noches tranquilas, abrazados de madres sustitutas
y nutrientes saludables,
que brotarán renovadas energías
en llanuras, bosques y lagos estrellados,
acariciados por paisajes de jazmines
y saltos que gimen en la nostalgia de edificios desplomados.
(VII)
Sumergidos en cenizas de techos agrietados
por terrestres sacudidas bruscas,
pequeños, adultos y veteranos
alzarán vuelos con recuperados bríos,
como aquel ave mítica y pájaro de fuego.
Tendrán casas alfombradas con claveles
y rosadas cestas colgantes,
en calles sin pedruscos y con Sol,
parques con glorietas y toboganes,
escuelas y parroquias para el cambio.
(y VIII)
En brisas de trompetas, hembras y varones
abatidos en estado emocional resurgirán
de pedazos de paredes rotas,
para reconstruir territorios asolados,
en el renacer de paz y progreso,
y entonces entonar, a viva voz: ¡felicidad, felicidad!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.