Nacionales
Solicitan juez especial en caso de diputados involucrados en Operación Falcón.
Santo Domingo, RD.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora adjunta, solicitud formalmente este miércoles a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de instrucción especial para conocer de las imputaciones contra los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz y Faustina Guerrero Cabrera, implicados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón.
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, presentó la solicitud al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, mediante una instancia depositada en la secretaría del órgano judicial.
Marmolejos Gil, de Santiago; Féliz Féliz, de Pedernales, y Guerrero Cabrera, de El Seibo, figuran entre los involucrados en la amplia red a la que el Ministerio Público ocupó bienes millonarios adquiridos con dinero del narcotráfico.
Faustina Guerrero Cabrera es la esposa del suspendido director de Comunidad Digna Juan Maldonado, quien está en prisión por el mismo caso a espera de que se le conozca medida de coerción.
Los tres son diputados escogidos en las elecciones del año 2020 y, por lo tanto, tienen privilegio de jurisdicción, en virtud del Artículo 154 de la Constitución de República Dominicana.
Dicho artículo señala, en su literal 1, que corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia conocer en única instancia de las causas penales seguidas a senadores y diputados”, recuerda la directora general de Persecución del Ministerio Público en su instancia.
Reynoso explica en un comunicado de prensa que el Ministerio Público tiene abierta una investigación en contra de los tres diputados, a quienes imputa, en forma provisional, de asociación de malhechores, narcotráfico, lavado de activos provenientes del narcotráfico y tenencia ilegal de armas de fuego.
Dichos delitos son tipificados en los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como por los artículos 4, 58, 60, 75, 85, 99, 100 y 101 de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.
También, por los artículos 3, 4, 8 y 12 de la Ley 155-17, sobre Lavados de Activos; los artículos 3, 4, 8, 18, 21 y 26 de la Ley 172-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Narcotráfico, en relación con los hechos con anterioridad al año 2017. A los legisladores se les imputa además la violación a los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio del Estado dominicano.
Hasta el momento, por la Operación Falcón están bajo arresto María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa), Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Juan Bautista Carpio Reynoso y el domínico-venezolano Julio César Jiménez Talavera.
También, José Alejandro de la Cruz Morales Omar (La Moña), Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Enerio Rafael Sandoval Valdez, Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garibaldy Read Ruiz.
El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) persiguen, con el apoyo de todos los órganos de seguridad del Estado, a Erick Randhiel Mosquea Polanco y a otros implicados en la red de narcotráfico y lavado de activos desarticulada con la Operación Falcón.
Además de Erick Randhiel Mosquea Polanco, conocido como Rodolfo Beltrán, El Sony 7, El Chiquito, El Hombre y/o Chite, se encuentran prófugos sus hermanos Harington José Mosquea Núñez y Claritza Andreina Mosquea Eduardo.
Las autoridades también persiguen a Alberto De Jesús Polanco (El Prieto y/o Many), socio y testaferro del narcotraficante, como parte de la Operación Falcón, una amplia investigación contra el lavado de activos en la que República Dominicana cuenta con la cooperación de autoridades internacionales.
Nacionales
Defensa de sargento enviada a prisión por muerte de su hija llama a abordar la salud mental con empatía
Santo Domingo, R.D.-El 20 por ciento de la poblacion en la República Dominicana padece algún tipo de trastorno emocional o psiquiátrico, cuyo ejemplo al respecto es el caso de la sargento mayor de la Policía Nacional, Glenny Tellería Alberto, quien desde el año 2022 padece de depresión y otros padecimientos psiquiátricos.
Así lo manifestó el jurista Jean Carlos Martínez, abogado de la sargento mayor enviada a prisión al pabellón psiquiátrico del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
El abogado indicó que su representada se encontraba en tratamiento bajo el cuidado permanente y la supervisión de su familia. Sin embargo, desafortunadamente ocurrió la tragedia en la que resultó muerta la menor de 10 años de edad.
“En el caso de nuestra representada, estaba bajo cuidado médico y en el seno de su familia. Con este lamentable hecho que ha ocurrido, lo que queremos es que el tema se enfoque de una manera humana, sin morbo. Lo que hay es un dolor grande en una familia y en el seno de la sociedad”, afirmó el togado.
Medida de coerción a la sargento de la Policía
El hecho ocurrió en el sector Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste.
La magistrada ordenó que la imputada cumpla la medida en el pabellón de psiquiatría de Najayo Mujeres, luego de que el Ministerio Público le imputara el delito de homicidio voluntario.
La decisión se sustentó, entre otros elementos, en un examen médico que establece que la imputada padece esquizofrenia. Además, familiares de la imputada manifestaron que fue diagnosticada con esa enfermedad hace aproximadamente dos años, según consta en la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano persecutor.
En la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, establece que el pasado 18 de julio, alrededor de la 1:30 de la tarde, la imputada, quien ostenta el rango de sargento mayor de la Policía Nacional, tomó una pulidora eléctrica de mano dentro de la habitación donde se encontraba su hija de 10 años. Posteriormente, conectó la herramienta, se colocó sobre la menor y presuntamente le ocasionó una herida cortante en el cuello.
En ese momento, el hermano de la imputada, Glenny Telleria Alberto, al escuchar los gritos de la niña, entró a la habitación y encontró a su hermana presuntamente hiriendo a la menor con la pulidora eléctrica. De inmediato, la apartó, cargó a la niña en sus brazos y le reclamó: «¡Glenny, por qué hiciste eso!».
Acto seguido, trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia, donde llegó sin signos vitales. De acuerdo con el acta de levantamiento del cadáver, la causa de la muerte fue una herida cortante en el cuello compatible con una lesión ocasionada por una pulidora eléctrica.
Tras el hecho, la imputada fue trasladada bajo custodia policial al Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas, donde permaneció ingresada hasta este martes. Luego de recibir el alta médica, fue conducida al tribunal, alrededor de las 2:27 de la tarde de este martes, para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.
La niña falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de esa jurisdicción.
SANTO DOMINGO.– Un incremento su produjo este martes en los precios internacionales del petróleo como consecuencia de las persistentes tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los riesgos para el suministro mundial de crudo, un escenario que mantiene bajo presión a economías altamente dependientes de las importaciones energéticas, como la República Dominicana.
En la jornada, el barril de West Texas Intermediate (WTI) se cotizó en torno a US$84.34, mientras que el Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, alcanzó US$91.01 por barril, su nivel más alto en varias semanas.
El comportamiento del mercado responde a la incertidumbre generada por la situación en el Mar Rojo y Oriente Medio, donde los riesgos para las rutas de transporte de hidrocarburos han incrementado la volatilidad de los precios. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que una prolongación de estas tensiones podría afectar el suministro global y provocar nuevas alzas del crudo.
Para la República Dominicana, que importa la totalidad del petróleo que consume, el encarecimiento del crudo representa un desafío para la estabilidad de los precios internos de los combustibles, el costo del transporte, la generación eléctrica y la inflación.
En los últimos meses, el Gobierno ha recurrido a subsidios y ajustes focalizados para mitigar el impacto de las variaciones internacionales sobre los consumidores, una política que también incrementa la presión sobre las finanzas públicas cuando los precios del petróleo permanecen elevados.
Analistas consideran que, si el barril de petróleo continúa por encima de los 90 dólares durante un período prolongado, podrían aumentar los costos de producción y distribución de bienes y servicios, afectando el crecimiento económico y el poder adquisitivo de los hogares.
Las autoridades dominicanas mantienen un seguimiento permanente de la evolución del mercado energético internacional para evaluar su impacto sobre la economía nacional y definir las medidas necesarias para reducir los efectos de la volatilidad en los precios de los combustibles.
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Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva impuso el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste contra la sargento mayor Glenny Tellería Alberto, acusada de causarle la muerte a su hija de 10 años con una pulidora eléctrica, en un hecho ocurrido el pasado sábado 18 de julio en el sector Batey Bienvenido, Manoguayabo.
La jueza Cecilia Toribio dispuso que la imputada cumpla la medida en el área de psiquiatría del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Mujeres, en San Cristóbal, con el fin de que reciba atención médica especializada.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal acogiera la solicitud de los fiscales de la Unidad de Procesamiento de Casos y de Delitos contra las Personas de Santo Domingo Oeste, quienes pidieron prisión preventiva como medida de coerción.
El abogado de la defensa, Yan Carlos Martínez, informó que su representada recibía tratamiento psiquiátrico y supervisión familiar desde 2022, y que se encontraba bajo medicación al momento del hecho.
El defensor pidió comprensión ante lo que calificó como una tragedia familiar y social, y llamó a la ciudadanía a prestar mayor atención a la salud mental.
Valoró además que el tribunal haya dispuesto que la mujer permanezca en un centro con atención médica especializada durante el proceso.
El hermano de la acusada, Tony Alexander Eusebio Rodríguez Alberto, quien presenció parte de los hechos, relató que al escuchar gritos entró a la habitación y encontró a la mujer sobre la cama agrediendo a la niña, por lo que intervino y trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia de Manoguayabo, donde fue recibida sin signos vitales.
Agentes de la Policía Nacional arrestaron posteriormente a la mujer en flagrancia, mientras que el Ministerio Público calificó provisionalmente el hecho como una violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano.
Entre las pruebas recolectadas por la Policía Científica figuran la pulidora eléctrica utilizada, el acta de levantamiento de cadáver emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y testimonios de familiares y agentes actuantes.