Opinión
Mustafá, Karim y los Reyes de “Magos” de la corrupción
Por Narciso Isa Conde
Abdala II es rey de Jordania en pleno siglo XXI, pero no hay que escandalizarse si Inglaterra y España, ubicadas en el ombligo del capitalismo posmoderno y del mundo libre y cristiano, se gastan hoy monarquías similares con su Rey y su Reina.
El Rey Abdala fue recientemente visitado por el ex-mandatario dominicano Fernández Reina, señalado como uno de los más corruptos de la historia reciente, y lo hizo acompañado de Mustafá Abud Naba’a, sucesor del fallecido empresario mafioso libio El Fiture y socio de presidentes, políticos y reyes en variados negocios turbios relacionados con el tráfico y la compra y venta de combustible.
Con Mustafá visitó a Karim en Jordania, hijo del magnate árabe y ex–novio de su hija Nicole, prófugo por estafas, amenaza de asesinato, tenencia ilegal de armas y pillerías menores. Allí se terminó de fraguar el plan de su retorno, previa soborno millonario a sus acusadores y contubernio con fiscales y jueces venales (bajo tutela política leonelista), que accedieron a ponerlo en libertad.
¿Qué poder tiene Mustafá Abu Naba’a sobre Leonel Fernández y sus funcionarios?
Esta pregunta la respondió con mucha precisión el analista David Ramírez en un artículo publicado con ese título, siendo Leonel presidente, en el periódico digital el www.barahonero.com, cuyos párrafos más relevantes rezan así:
“Mustafá Abu Naba’a es un empresario de origen jordano residente en el país con mucha influencia en el gobierno de Leonel Fernández. Se recordará que tiene un hijo que fue novio de una hija del presidente…
“…Las relaciones comerciales y diplomáticas de la República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela podrían verse afectadas, a causa de un supuesto “engaño” detectado por el gobierno de Hugo Chávez, el cual perturbaría, drásticamente, el programa de PETROCARIBE y otros que se desarrollan en el país.
“Este episodio discordante se presenta debido a que -según una fuente de entero crédito-, la administración del presidente Leonel Fernández insiste en mantener al empresario árabe, nacionalizado dominicano, Mustafá Abu Naba’a, dentro sus aliados.
“El caso del empresario árabe, sin dudas, el más peligroso. Es que éste, quien tendría deudas millonarias con PDVSA, utiliza el nombre de la empresa estadounidense Sargeant Petroleum para hacer negocios en territorio dominicano.
“La fuente indicó que el Ministerio de Hacienda ha consignado en varias ocasiones a “REFIDOMSA, cargamentos de asfalto AC-30, los cuales eran depositados en almacenes de Abu Naba’a. El caso ahora en cuestión es un barco que sería traído desde la Bahía de Ambay, en Maracaibo, Venezuela, el día 14 o 15 del actual mes de noviembre y que sería depositado en su local. Esto quiere decir que, a pesar de la advertencia del gobierno de Venezuela, lo siguen intentando: “engañar”.
“El informante alegó también que: “con esa justificación han preparado el muelle número cuatro, que está al lado de la compañía de Mustafa Abu Naba’a, sin tomar en cuenta que esto pone en riesgo a PETROCARIBE, que son financiamientos blandos a un 1% y 25 años para pagarlo”.
“En el año 2004, el inversionista de origen árabe Harry Sargeant, propietario de la International Oil trading Company (OITC), vinculada a la Worldwide Trading & Company (WTC), de Abu Naba’a recibieron de los gobiernos de Hipólito Mejía y Leonel Fernández poderes especiales para obtener cartas de créditos internacionales por US$255 millones.
“En el 2006, el Consejo Nacional del Azúcar (CEA) sometió a la WTC ante los tribunales, por la comisión de un supuesto “dolo” en perjuicio del Estado. Según la querella la WTC cobró de manera irregular unos RD$ 94 millones con lo que logró apropiarse de unos terrenos del CEA localizados en San Luis, Santo Domingo. En ese entonces, el CEA exigía una indemnización de US$5 millones.
“A esa forma prohibida de comercializar en territorio dominicano, se agrega el hecho de que el señor Abu Naba’a no paga los impuestos correspondientes.
“Más tarde, el desaparecido periódico Clave Digital, publicó que el presidente Fernández había favorecido a la WTC con un contrato de US$100 millones para construir avenidas carreteras, caminos y calles.
“El joven, hijo del empresario petrolero Mustafá Abu Naba’a, además de ser acusado de intento de asesinato, se le adjudica la posesión de un arsenal de armas de fuego, que, supuestamente, habría penetrado al país por el Salón de Embajadores del Aeropuerto Internacional de Las Américas.
“Mustafá, el padre, también estuvo acusado de pertenecer a un grupo recaudador de fondos ilegales, para un gobernador y tres ex aspirantes a presidencia de Estados Unidos.
“El grupo recaudador de fondos de procedencia cuestionable era encabezado por Ala’a Al-Ali.
“Los recaudadores llegaron a lograr contribuciones superiores a los US$55 mil, de los cuales US$5 mil fueron destinados a la campaña de Charlie Crist en el 2006 y más de US$50 mil al ex candidato presidencial John McCain y los precandidatos Ruddy Giulliani y Hillary Clinton.
“Según la acusación, las donaciones fueron solicitadas por Mustafá Abu Naba’a, que al igual que Al-Ali, es un jordano que estaría viviendo en la República Dominicana.”
……………
La herencia fétida y las maniobras de un semi-destronado.
Aspirante a monarca, Leonel Fernández “reinó” en los últimos ocho años (2004-2012), después de exhibir discretamente esa maldita vocación durante su primer gobierno (1996-2000) y hablamos de un aspirante a Rey en una pequeña media isla caribeña, con pretensiones de ser alabado en todos los confines del planeta.
“El destino” de la Nación pretendió ser identificado en su persona, pero la ambición desmedida y la falsedad en exceso traicionaron sus anhelos de reinar indefinidamente y, en fin de cuentas, hasta el trono se le fue de las asentaderas cuando el descrédito acumulado en tan pequeño territorio caribeño hizo explosión arrasando a su Nueva York chiquita.
La indignación desatada ahogó el prestigio artificialmente fabricado, provocando que la simulación agotara sus efectos mercadológicos, cubriendo primero de lodo y pus la farsa, y determinando después que la L de León fuera percibida por gran parte la sociedad dominicana como L de ladrón.
Mintió groseramente al anunciar el blindaje de la economía nacional bajo “sus sabias orientaciones”, mientras se dedicaba a “blindar” su impunidad y la de los suyos, enmarcándola en una dictadura constitucional bajo estricto control.
Como tan perversa auto-protección se concentró en lo institucional, el clamor que lo condena sabiamente se desbordó por otros vericuetos nacionales y se expandió por el mundo, cruzando mares y fronteras.
Entonces, el aspirante a Monarca, lleno de pánico, decidió cobrarles sus “favores” a colegas, intelectuales, artistas, mercaderes, peregrinos y renegados para intentar la imposible misión de contrarrestar la ola que cortésmente solicita su ingreso al 15 de Azua y enturbia definitivamente sus ínfulas diplomáticas universales.
El rey Abdala II es uno de esa lista de “buenos agradecidos” y es por eso que el aspirante Monarca, ya semi-destronado y tronado, optó recientemente por sacarle provecho a lo invertido en Jordania con la ayuda de Mustafá; súper-rico mercader del petróleo y encargado de las conexiones de FUNGLODE (cuerpo del delito y canal para la instalación del publicitado Centro Latinoamericano en Amám con el nombre de Leonel Fernández) con el Medio Oriente.
Esto incluye ciertos trueques, entre los que no podía faltar la libertad de Karim, fraguada antes de su sorpresivo retorno. Igual otros negocios mutuos y no pocas banalidades compradas en el mundo árabe, mientras el pueblo dominicano pide su cabeza y Danilo y Domínguez Brito se la protegen.
Pero en realidad la desesperación lo ha llevado a un cálculo fallido: su salvación no está en Abdala ni en Mustafá, ni en su liberado hijo pródigo, llamado Karim. Esos vínculos refrescan otros escándalos dormidos y otras conexiones dolosas y pérfidas, y ese reconocimiento académico comprado lo “tira más para lo hondo”.
Recientemente salen nuevos olores fétidos de los manejos turbios en REFIDOMSA, de la estafa a Petrocaribe y de la mafia del AC-30, una parte comercializado por Mustafá y por un renegado que dice ser de izquierda, en Puerto Rico.
Leonel usó en esta ocasión la dictadura constitucional a nivel judicial a favor de sus sucios socios árabes y habrá de seguirla usando como medio de impunidad, pero de todas maneras crecen los riesgos de que ese blindaje pueda estallar. La caldera anti-corrupción y anti-impunidad tiene demasiada presión, y el despliegue del paquetazo neoliberal habrá de provocar más indignación popular.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!