Domingo, R.D.-Un ciudadano dominicano residente en Cleveland, Ohio, se declaró culpable ante un tribunal federal de participar en una conspiración para lavar dinero procedente de una sofisticada estafa que tenía como principales víctimas a adultos mayores en Estados Unidos.

Detalles del caso

La Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Pensilvania informó el pasado viernes 26 de junio, que Luis Alfonso Bisono Rodríguez, de 35 años, admitió un cargo de conspiración para lavado de dinero ante la jueza federal Nora Barry Fischer.

De acuerdo con las autoridades, Bisono Rodríguez formaba parte de una organización criminal con base en la República Dominicana que operaba el conocido esquema fraudulento denominado «Grandparent Scam« o «la estafa de los abuelos».

Operación del fraude

Según la investigación, durante varios años los estafadores llamaban por teléfono a personas de edad avanzada haciéndose pasar por un familiar cercano, generalmente un nieto, asegurando que enfrentaba una emergencia —como un arresto o un accidente— y que necesitaba dinero de manera urgente para pagar una fianza u otros gastos.

Las víctimas retiraban efectivo de sus cuentas bancarias y, creyendo que ayudaban a su familiar, entregaban el dinero a conductores de plataformas de transporte como Lyft y Uber, quienes desconocían que participaban involuntariamente en un fraude. Los conductores trasladaban el efectivo, en muchos casos cruzando fronteras estatales, hasta entregarlo a integrantes de la organización.

Las autoridades señalaron que Bisono Rodríguez recibía el dinero obtenido mediante el fraude y posteriormente lo lavaba depositándolo en instituciones financieras o enviándolo mediante transferencias a la República Dominicana, sabiendo que los fondos provenían de actividades ilícitas.

La jueza Fischer fijó la audiencia de sentencia para el 9 de septiembre de 2026.

• El delito conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, una multa de hasta 500,000 dólares o ambas sanciones. No obstante, la sentencia definitiva dependerá de las directrices federales de imposición de penas y de los antecedentes penales del acusado.

El caso es procesado por el fiscal federal adjunto Brendan T. Conway y fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en conjunto con el Departamento de Policía de Parma, Ohio, y seis departamentos policiales del oeste de Pensilvania.

Santo Domingo, R.D.-Esta tarde estuvo supuesto a conocerse por parte de la jueza que maneja el caso  seguido al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir 10 mil dólares de soborno la medida de coercion que se le impuso en  virtud de lo que dispone la ley sobre la materia.

La magistrada Nancy Joaquín fijó para las 2:00 de la tarde el conocimiento de dicha revisión, la cual fue presentada por el abogado Valentín Medrano, quien encabeza la defensa del fiscal.

Se recuerda que el pasado mes de mayo, la jueza Isis Muñoz impuso contra Valdez Alcántara la medida de prisión preventiva por un espacio de tres meses.

Dicha medida fue dictada por la jueza del Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, tras acoger un pedimento del ministerio público y de rechazar varios incidentes presentados por la defensa del encartado.

Las imputaciones

El Ministerio Público acusa e al fiscal de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, así como la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Conforme a las investigaciones del órgano persecutor, Valdez Alcántara presuntamente exigió a Pedro Canaán, testigo en caso Senasa, la suma inicial de 200,000 dólares.

Tras una negociación, el monto fue reducido a US$150,000. Asimismo, el expediente señala que el imputado mostró interés en obtener un reloj marca Rolex y exigió la entrega de un vehículo Mercedes Benz, modelos 350 o 450.

Santo Domingo, R.D.-Se apartó del caso del Jet Set la jueza Clara Luz Almonte de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional por alegadamente tener vínculos con una de las victimas de la tragedia que cobró la vida de 236 personas y que dejó más de 180  heridos en abril del 2025,

Tras declararse la inhibición, la jueza dispuso la remisión inmediata del expediente a la presidenta de la Cámara Penal del Distrito Nacional, para que valore la inhibición y designar a un nuevo magistrado que asuma el control del juicio contra Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, imputados por la violación de los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano.

El tribunal había sido apoderado del caso el pasado 19 de junio de 2026. Sin embargo, la magistrada tomó la decisión fundamentada en el artículo 80, numeral 8, del Código Procesal Penal Dominicano, el cual faculta a los jueces a inhibirse cuando exista una amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato con alguna de las partes involucradas en el proceso.

Explicó que entre las personas fallecidas en el siniestro se encontraba su entrañable amiga, Margarita Herminia Robles Reyes (identificada como la víctima número 49 en la acusación). Sostiene que estaba íntimamente ligada emocionalmente tanto a la víctima fallecida Margarita Herminia Robles Reyes, como a sus familiares.

“No nos sentimos en condiciones de conocer dicho proceso con absoluta imparcialidad, por haber desarrollado un vínculo afectivo profundo, y mi corazón haberse lacerado con ambas muertes«, manifestó la magistrada.

Asimismo, relató el fuerte impacto colateral del suceso. La madre de la víctima, Margarita Reyes —quien además era su colega y amiga—, se encontraba en un delicado estado de salud y falleció poco tiempo después debido al agravamiento de sus dolencias provocado por la pena.

La magistrada confesó haber sido el «hombro en que su madre se apoyó para juntas llorar su muerte», llegando incluso a vestir el cadáver y asistir de cerca a la familia.

Afirmó que los procesos judiciales no solo deben ser justos, sino también parecerlo, por lo que apartarse busca preservar la confianza de la ciudadanía en la integridad del sistema.