Análisis Noticiosos
Nicolás Maduro, el conductor
Por Luis Hernández Navarro
Nicolás Maduro es un robusto grandulón de 1.90 metros de alto, y negro y tupido bigote, que condujo en Caracas un metrobús durante más de siete años, fue canciller otros seis y ahora es candidato a la primera magistratura y presidente encargado de Venezuela. Forma parte de la nueva generación de mandatarios latinoamericanos que, como el obrero metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva o el sindicalista cocalero Evo Morales, incursionaron en la política desde las trincheras de las luchas sociales de oposición.
Maduro es un revolucionario socialista que modificó su formación ortodoxa original para sumarse al heterodoxo huracán de la revolución bolivariana. Es un hombre de izquierda que llegó al poder sin abandonar sus principios. Un colaborador fiel de Hugo Chávez que se ha hecho a sí mismo, y que hoy está al volante de uno de los procesos de transformación más profundos de Latinoamérica.
La política le viene en la sangre, la respiró desde sus primeros días. Nació en 1962 en la ciudad de Caracas, en el seno de una familia muy comprometida con la acción colectiva pública. Su papá fue fundador del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD) y organizador de una fracasada huelga petrolera contra la dictadura en 1952, que lo obligó a huir y esconderse.
En 1967 Maduro asistió con sus padres a los mítines del Movimiento Electoral del Pueblo, escisión de izquierda de AD, y un año más tarde a los masivos y populares actos de apoyo a la candidatura de Luis Beltrán Prieto Figueroa. En esa campaña Maduro conoció el mundo de la pobreza, de las casas de cartón. Y, por primera vez, habló en público, cuando su padre lo puso sobre el techo de un automóvil con un micrófono.
No obstante la influencia paterna, desde muy pequeño tuvo opiniones políticas propias. En cuarto año de primaria defendió la revolución cubana de las críticas de las monjas que enseñaban en su escuela. Como sanción fue expulsado del salón de clases durante tres días y condenado a purgar su castigo en la biblioteca, en realidad un premio para un muchacho inquieto que devoraba cuanto libro tuviera enfrente.
Lejos de curarse con el paso del tiempo, su precocidad política aumentó. De 12 años de edad y siendo estudiante del Liceo, comenzó a militar a escondidas de sus padres en el movimiento Ruptura, estructura abierta del proyecto revolucionario de Douglas Bravo. La efervescencia juvenil era el signo de la época. A partir de entonces participó ininterrumpidamente en luchas barriales, en la formación de cineclubes, en movimientos sindicales y en conspiraciones populares armadas.
Bajista del grupo de rock Enigma, vio cómo muchos jóvenes de su generación en los barrios se engancharon en el mundo del dinero fácil, de la cultura de las drogas, se volvieron adictos y fueron asesinados en las guerras de bandas. La experiencia lo marcó de por vida.
Nicolás Maduro, al igual que Hugo Chávez, es un gran jugador de beisbol –tercera base–; sin embargo, a diferencia del comandante, que era pésimo bailarín, se defiende razonablemente bien a la hora de bailar salsa.
La participación en movimientos populares fue su universidad. Como muchos otros integrantes de su generación, su formación intelectual está directamente asociada a su involucramiento en la lucha revolucionaria y de masas. Estudió a los clásicos del marxismo y analizó e interpretó la realidad venezolana a la luz de sus enseñanzas. Dotado de una extraordinaria capacidad de aprendizaje, ha sido simultáneamente autodidacta y dirigente instruido por años de participación política organizada. Hasta el triunfo del chavismo sufrió regularmente persecución policiaca, y vivió, literalmente, a salto de mata.
Participó en la Organización de Revolucionarios y en su expresión abierta, la Liga Socialista, agrupación revolucionaria marxista, nacida de un desprendimiento del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Su fundador, Jorge Rodríguez, fue asesinado por los servicios de inteligencia en 1976. Maduro se destacó allí como brillante organizador y agitador político de masas.
En 1991 entró a trabajar en el Metro de Caracas. Echado para adelante, afable, comprometido con los intereses de los trabajadores, carismático, fue elegido por sus compañeros como su representante gremial. Su vocación por un sindicalismo democrático y de clase provocó que con frecuencia fuera sancionado por la empresa. Del caracazo de 1989 conserva en la memoria el desgarrador sonido de los lamentos permanentes de los pobres en las calles, a quienes les mataron a sus parientes.
Maduro conoció a Hugo Chávez como la mayoría de los venezolanos: lo vio en televisión cuando éste asumió su responsabilidad en el levantamiento militar de 1992. Más de un año después, el 16 de diciembre de 1993, lo conoció personalmente en la cárcel, junto a un grupo de trabajadores. El teniente coronel le dio el nombre clandestino de Verde y lo responsabilizó de diversas tareas conspirativas. Cuando Chávez salió libre, en 1994, Maduro se volcó de tiempo completo a la organización del movimiento.
El hoy presidente encargado fue parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 que redactó la nueva Constitución. Un año después fue electo diputado a la Asamblea Nacional. En enero de 2006 fue nombrado presidente del Poder Legislativo y pocos meses después renunció para ser ministro de Relaciones de Exteriores. Como canciller fue actor central en la apuesta por construir un mundo multipolar, impulsar la integración latinoamericana y construir la paz. De allí pasó a ser vicepresidente y, desde hace unos días, presidente encargado.
Maduro está casado con la abogada Cilia Flores, nueve años mayor que él. Figura relevante del chavismo, ella ha sido, por méritos propios, presidenta de la Asamblea Nacional, vicepresidenta del PSUV y procuradora de la República. Tiene un solo hijo, el flautista Nicolás Ernesto, y un nieto.
Escogido por Hugo Chávez como su heredero político, Nicolás Maduro enfrentará el próximo 14 de abril la prueba de las urnas. De salir victorioso, tendrá el reto de ser el nuevo conductor de la revolución bolivariana, resolver problemas como el de la inseguridad pública y la corrupción, y continuar el legado del comandante, radicalizándolo al tiempo que lo innova.
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.
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