Opinión
¡No nos representan y sirven a lo peor!
Por Narciso Isa Conde
Es trascendente debatir la postura de las fuerzas transformadoras del país respecto al devenir y la actualidad de las instituciones estatales y los llamados poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial, militar-policial…más aun en este momento en que crece la indignación y se abren la compuertas de las movilizaciones creativas y contestarias, repleta de juventud, como lo evidencia lo acontecido en varios parques del país el domingo 11 de noviembre.
El titular del Poder Ejecutivo es el producto de una imposición a través de trampas, sobornos, clientelismo, asociación con malhechores, tráfico de influencias, represiones, abuso de poder, dictadura mediática y manipulación del sistema electoral.
Es, por tanto, un presidente de la República ilegitimo, carente de autoridad moral y política y de disposición para convocar diálogos participativos. Un presidente que no nos representa.
Ese presidente está montado sobre una Constitución diseñada e impuesta para conformar lo que se ha llamado una “dictadura constitucional” o una “dictadura institucionalizada” y gansterizada, al servicio de una corporación político-económica, integrada por la cúpula corrompida y corruptora del PLD y sus empresarios favoritos.
¿Si o no?
Poderes, corporación de la corrupción y elites capitalistas.
El poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral, el poder militar-policial, la Cámara de Cuentas y una parte del poder mediático… conforman una cadena de instituciones bajo control de esa corporación de la corrupción y de los receptores de las súper-ganancias capitalistas, vía nuevas formas de acumulación originarias y de “facilidades escandalosas”.
¡Esas instituciones y sus integrantes no nos representan!
Esa dictadura institucionalizada ya no solo responde a su principal ideólogo, Leonel Fernández, sino que es compartida y está siendo manejada a través de un pacto concertado en la cúpula peledeísta, en el que Danilo Medina y el danilismo pasaron a jugar un papel significativo tan pronto logró su postulación a la presidencia por la logia morada y su imposición como candidato “ganador”.
En el PLD los intereses corporativos en la política han pesado más que las diferencias internas existentes, independientemente de que ellas vuelvan a agudizarse y de que la facción más desacreditada (leonelista) pierda terreno en situaciones más adversas como las que se están desarrollando con el creciente clamor nacional que pide enjuiciar a Leonel y a su claque civil y militar y expropiar sus fortunas mal habidas.
El gobierno actual es una amalgama de leonesismo y danilismo, de facciones de la burguesía transnacional y criolla y de una prepotente elite morada enriquecida a través de múltiples delitos de Estado y disfrutadora de grandes privilegios cuestionados por gran parte de la sociedad. ¡No nos representa!.
Esa amalgama además se hace cómplice de la permanencia de la reino de la impunidad que las protege contra toda acción de justicia.
El reciente paquetazo neoliberal y la forma de imponerlo ha sido muy revelador de las esencias de un viejo régimen con un nuevo presidente que comparte y se apoya en ese engendro político-social dominante que no representa a la sociedad.
¿Si o no?
Tutela imperial neoliberal e institucionalidad secuestrada.
La estrategia neoliberal que encarnan el FMI, el BM, el G 7 -impuesta desde los centros decisivos del capitalismo global y en particular desde EE.UU.- y el creciente proceso de putrefacción institucional a cargo de una claque política tradicional cada vez más degenerada, impiden que cualquier reivindicación de justicia o de bienestar colectivo pueda tener espacio en el seno del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral de este país, que le sirve solo a esos intereses.
La voracidad extrema del gran capital, la competitividad rapaz (que también infecta a la partidocracia), la subcultura del lucro privado a como de lugar, el egoísmo desbordado (aupado por la concepción neoliberal que aplasta lo social y convierte todo en mercancía), ha convertido al Estado y al patrimonio público y natural del país en presa delincuentes y magnates inescrupulosos. En un Estado enemigo de casi toda la sociedad.
Y con las instituciones civiles y militares del Estado al servicio de ellos y estructurada como propiedad de sus facciones políticas convertidas en compañías por acciones, todo irá para peor. Todo lo malo pasará a “ser razón de Estado” y “decisión de gobierno” en sentido general, lo que no excluye ciertos giros momentáneos y sinuosidades engañosas forzadas por la presión popular.
Con este orden constitucional–institucional no habrá “gestión pública res- ponsable”, ni ”régimen fiscal justo”; menos aun un pacto educacional “digno”, una política energética “para el bien común” o políticas públicas que preserven el ambiente y el patrimonio natural y cultural de la nación.
¡Hasta lo que se conquista fuera de ellas o contra ellas, tarde o temprano lo pervierten!
Al 4% para la educación ya le encasquetaron el paquetazo tributario, mientras el gran capital privado asecha su ejecución para cogerse un buena parte del mismo para sus proyectos educativos lucrativos.
¿Si o no?
¿Por qué entonces no comenzar a impugnar esas instituciones?
Entonces, si en lo esencial es así y si es cierto el proceso de decadencia y putrefacción de estas instituciones: ¿para qué solicitarles una y otra vez que resuelvan los graves problemas que ellas y sus gestores han creado?
¿Por qué no comenzar a impugnarlas, a convertir en clamor nacional el hecho incontrovertible de que no nos representan?
Entonces, si son ya instituciones decadentes, infuncionales para la sociedad: ¿para qué esperar de ellas lo que siempre han rechazado?, ¿por qué seguir haciéndole el juego a sus simulaciones?, ¿por qué no decidirnos a acorralarlas, impugnarlas, cercarlas y resquebrarlas camino a su reemplazo vía la Constituyente Popular.
La estrategia social-reformista no tiene espacio en este tipo Estado.
La gente honesta, seria, que todavía piensa en ella, o que se deja atrapar por esa estrategia de respeto a las instituciones, debe disponerse a revisarla para negarla a favor de una estrategia realmente transformadora, que implica negar los poderes desacreditados, crear contrapoderes, propugnar por una nueva institucionalidad, vincular las reivindicaciones y reformas avanzadas al cambio político, a la CONSTITUYENTE POPULAR; esto es, politizar la luchas y las protestas en dirección al poder del pueblo, a la democracia participativa e integral.
Una estrategia transformadora y creadora de lo nuevo, que pasa por negar a los políticos del sistema sin negar la política revolucionaria, que impulse la confluencia de las fuerzas políticas alternativas al sistema imperantes y los movimientos sociales y políticos-sociales contestatarias, de las diferentes generaciones, géneros, de lo popular y los sectores medios en franca rebeldía… de todos los grupos sociales excluidos y afectados por el poder establecido en descomposición. Todo esto con un gran sentido innovador.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!