Opinión
No se burlen de este pueblo
Por Hamlet Hermann
Vaselina patriótica para que el paquetazo fiscal no doliera tanto
La prensa dominicana publicó una nota que decía: Los senadores declararon de urgencia y aprobaron en dos lecturas el proyecto que dispone el traslado al Panteón Nacional de los restos del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó en su condición de Héroe Nacional y Presidente de la República.También de urgencia aprobaron el proyecto de ley que declara el 12 de enero de cada año como Día de la Resistencia Heroica, en honor del grupo Los Palmeros.
El asombro no podía ser mayor. El mismo Senado del corrupto barrilito que protege a los saqueadores del erario, de repente se torna patriótico y revolucionario. Una mutación tan drástica es imposible. Entonces, una explicación lógica surgió: como esta semana se someterá al Congreso el proyecto de ley que ampararía el presupuesto de la nación aprobado por el Consejo de Ministros, el Senado consideró que debía untarse un poco de vaselina patriótica para que el paquetazo fiscal no doliera tanto cuando lo encasquetaran.
No les luce a los discípulos de Juan Bosch manifestarse ahora como admiradores del coronel Caamaño y de Los Palmeros. Bastaría con leer la prensa de 1972 y de 1973 para darse cuenta de quienes, en los momentos cruciales, nunca asumieron sus responsabilidades cuando les tocaba hacerlo. Lo que ahora hace el Senado peledeísta es un acto hipócrita, repugnante por demás. La decisión de los Senadores tiene lugar al mismo tiempo que Euclides Gutiérrez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, va a Constanza a elogiar la memoria del oficial que maltrató físicamente al coronel Caamaño luego de ser apresado con vida y formara parte del mando desde donde salieron las instrucciones para fusilarlo. ¿A quién le creo? ¿A los Senadores o al miembro del Comité Político? ¿A ninguno?
A nadie sorprende que los Senadores dominicanos no se hayan leído los ensayos históricos en los que se describen y analizan los asesinatos de Caamaño y de Los Palmeros, a quienes ahora fingen exaltar. Ésos ágrafos y sus asesores no deben haber revisado siquiera los periódicos de aquella desgraciada época en que Joaquín Balaguer y sus Generales se incriminaban públicamente. Ufanos se enorgullecían entonces de esos crímenes porque creyeron, como los corruptos de ahora, que el pueblo nunca les pasaría factura por sus delitos.
No han descubierto los torpes congresistas del PLD que quien gobernaba cuando Caamaño fue fusilado y Los Palmeros destripados era Joaquín Balaguer, su gran aliado en la truchimanería. Se incriminan al exaltar a esos revolucionarios porque eso equivale a inculpar a Balaguer.
¿Tendrán pantalones y faldas esos Senadores para reconocer que el 12 de enero de 1972 Balaguer se negó a recibir a varias personalidades que trataban de evitar la masacre, como forma de darle tiempo a Neit Nivar Seijas para aniquilar a esos cuatro jóvenes?
¿Tendrán pantalones y faldas esos Senadores para reconocer que fue el presidente Balaguer quien, con el perverso lenguaje de los poderosos, instruyó a Milo Jiménez y a Pérez y Pérez para que fusilaran a Caamaño?
Lean la prensa de la época, Honorables Senadores. Descubran cómo Balaguer, al otro día del fusilamiento del Coronel de Abril, se burló de la familia Caamaño cuando ésta solicitó les permitieran darle cristiana sepultura al cadáver. Por el contrario, desde entonces hicieron desaparecer sus restos. Sabían que aniquilaban a un hombre aunque no podían borrar la fuerza histórica en la que se había convertido. El coronel Caamaño había logrado encarnar, con asombrosa convicción y práctica, el sueño de todo el continente y de toda una época.
En cuanto a Los Palmeros, los congresistas debían entender que, ahora mismo, otros jóvenes siguen sus pasos patrióticos y denuncian, permanentemente, la corrupción que los Poderes de la nación practican con la impunidad garantizada por el grupo corporativo PLD. El Día de la Resistencia Heroica está teniendo lugar ahora, todos los días, cada vez que la juventud honesta y comprometida los llama ladrones, como merecen.
¡No se burlen de este pueblo, Honorables! No escondan el paquetazo fiscal detrás de esa farsa seudo patriótica. Más les conviene hacer caso a los reclamos de esta juventud porque el día menos pensado les puede llegar la factura por tanta hipocresía y perversión.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!