Opinión
Los Partidos Políticos: La Peor Lacra de la Democracia
Por José Cabral
En la República Dominicana sigue sobre el tapete el tema de las primarias abiertas y simultáneas a propósito de la posible aprobación de la Ley de Partidos Políticos.
La propuesta proviene del sector que en la actualidad tiene el control del Estado, el de la corriente de Danilo Medina, y de acuerdo a los que objetan la propuesta sería como celebrar otras elecciones generales en el país.
También se argumenta que los partidos mayoritarios y con mayores recursos económicos contaminarían la elección interna de los más pequeños y que no cuentan con el dinero suficiente para contrarrestar lo que vendría en su contra.
Hay quienes también advierten que la aprobación de las primarias internas abiertas y simultáneas constituye una estocada mortal al sistema de partidos en la República Dominicana.
Hay que dejar lo suficientemente claro que si en algo anda mal la democracia dominicana es en lo que tiene que ver con los partidos políticos, porque son los causantes de prácticamente todos los males que la aquejan.
De los partidos políticos sale el presidente de la República y los demás funcionarios del Poder Ejecutivo, los miembros del Congreso Nacional, el Ministerio Público y los jueces de los tribunales nacionales, es decir del Poder Judicial, lo cual nos indica que si hay un grave problema en la democracia dominicana hay que buscarlo en cada una de las parcelas políticas.
Siendo así, hay que necesariamente llegar a la conclusión que los partidos políticos deben ser obligados a cambiar su forma de actuar y eso sólo puede ocurrir transfiriendo el extraordinario poder que ahora tienen al pueblo dominicano y que en consecuencia su capacidad de seleccionar al futuro funcionario público descanse en el ciudadano.
En este caso habría que poner en una balanza qué es más perjudicial para la democracia dominicana si mantener primero una burocracia partidaria sumamente corrompida con recursos que provienen del Estado y al propio darle la facultad de escoger caprichosamente a candidatos, muchos de los cuales provienen del bajo mundo, y en cuya elección está de por medio el dinero pagado.
La realidad es que aunque la propuesta provenga del sector danilista con el propósito de cerrarle el paso al posible regreso al poder de Leonel Fernández, lo cierto es que de algún modo también constituye una forma de acabar con el poder inmedible de los partidos políticos que lo han corrompido todo en la llamada democracia representativa.
El poder más grande descansa actualmente en los partidos políticos, cuyas cúpulas no sólo son los responsables en el manejo poco transparente de los recursos públicos que pone en sus manos la ley a través de la Junta Central Electoral, sino que también han corrompido hasta más no poder a todo el Estado dominicano.
Habría que reconocer que las primarias abiertas y simultaneas ofrecen la posibilidad de manipulación de los resultados, pero también hay que tener claro que un ciudadano difícilmente el mismo día podrá votar en diferentes eventos de este tipo, pero a esa posibilidad también se le pueden poner correctivos mediante medidas puntuales.
Lo bueno que tiene las primarias abiertas y simultaneas es que van a impedir que una persona se apropie de un partido político porque fue su fundador y a partir de ahí se convierta en un pequeño caudillo que es quien elige caprichosamente hasta los propios candidatos de su parcela política.
En la actualidad el Congreso Nacional está lleno de legisladores que provienen de los peores intereses que inciden en la sociedad y el Estado, ya que los llamados banqueros o dueños de bancas y los identificados como transportistas dominan el Poder Legislativo, cuya responsabilidad del fenómeno recae en la partidocracia.
De manera, que los riesgos en cualquier caso están ahí, lo que habría que determinar qué podría ser más saludable para una democracia totalmente corrompida, como la dominicana, cuyos responsables son precisamente los partidos políticos.
Son los partidos políticos los responsables de fenómenos tan peligrosos para cualquier sociedad como son la carencia de institucionalidad y la promoción de un nivel de impunidad que lo pone en duda todo, principalmente de una democracia que tiene como principal debilidad no contar con un verdadero estado de derecho.
Habría que sopesar que resulta más dañino para los dominicanos si un sistema de partidos totalmente dañado y putrefacto o unas primarias abiertas y simultaneas, cuyo costo económico tampoco debe ser una gran preocupación porque la partidocracia de cualquier modo se lo lleva todo entre sus garras sin el menor remordimiento.
Es un asunto que no deja de ser interesante, porque de lo que sí debe estar seguro el dominicano es que la democracia debe cambiar, no sólo en lo que respecta al manejo de la justicia, el Congreso y el Ejecutivo, sino también en lo que tiene que ver con la supuesta democracia interna en los partidos políticos, incluidos los llamados alternativos, que son manejados por un liderazgo añejo y con los mismos vicios de los tradicionales, sólo que en un nivel más pequeño, dado que incluso hasta participan de la llamada micro-corrupción.
Las primarias abiertas y simultaneas si la analizamos con la suficiente profundidad podríamos llegar a la conclusión de que se constituyen en un elemento que contribuye con darle una estocada mortal a la promoción y base de sustentación del clientelismo a lo interno de las agrupaciones políticas, uno de los fenómenos más destructivos de cualquier sociedad que se proyecta como democrática, lo cual también propicia y consolida uno de los anti-valores más dañino que heredan los dominicanos, como lo es el caudilismo, del cual se derivan otros de igual dimensión social y cultural como el patriarcado, el jefismo, el amiguismo y el machismo, éste último responsable de un flagelo como el feminicidio que colocan el país en los primeros lugares de muertes por esta causa.
El legado de los partidos políticos de la República Dominicana desde cualquier perspectiva que se analice constituye una desgracia nacional que se extiende a todos y cada uno de los problemas que hoy aquejan este país de sufrimiento, pobreza y miseria, pero también de mucha abundancia concentrada en unos pocos que han contado con el apadrinamiento de las diferentes parcelas políticas que se han insertado en los espacios que proporciona el corrompido sistema y paraíso de los que asumen el partidarísmo como una forma de sobrevivencia y de acumulación de poder y fortuna.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!