Opinión
Nos distraen con el aborto mientras nos roban el alma de la nación
Por Isaías Ramos
Vivimos en un país donde los hospitales colapsan, las escuelas se caen a pedazos, la inseguridad acecha en cada esquina, y la corrupción ha dejado de ser escándalo para convertirse en sistema. Y, sin embargo, los titulares, los discursos y las redes se saturan con debates que, lejos de resolver algo, distraen al pueblo de lo esencial.
Mientras el pueblo sufre, la partidocracia afina el arte de desviar la atención. Y hoy lo hace, otra vez, manipulando el debate sobre el aborto.
En este teatro político donde el poder se disfraza de diálogo, hay dos temas que garantizan el ruido necesario para silenciar lo importante: el aborto y el nacionalismo. Ambos activan pasiones, dividen al pueblo, paralizan el pensamiento y convierten la política en un ring emocional donde ya no hay argumentos, solo consignas. Y ese es precisamente el objetivo.
Cuando la deuda pública se dispara, nos hacen discutir las tres causales.
Cuando la impunidad toca techo, encienden el tema migratorio.
Cuando colapsa la salud, el agua o la energía, nos enfrentan entre hermanos para evitar que enfrentemos al sistema.
Porque cuando un pueblo está distraído, es más fácil manipularlo. Y cuando está dividido, es más fácil someterlo.
En cuanto al aborto, no hay espacio para confusiones: el artículo 37 de la Constitución es diáfano —“El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte.” Y si de verdad se desea modificar ese principio fundamental, existe una vía legítima y democrática: el artículo 210, que exige referéndum popular.
¿Por qué no lo hacen?
Porque saben que perderían. Porque saben que este pueblo —profundamente ético, cristiano y defensor de la vida— no aprueba el aborto, ni siquiera revestido de tecnicismos o excepcionalidades.
Por eso optan por otra vía: la manipulación emocional y el conflicto artificial. Convertir el aborto en campo de batalla es útil para los partidos. Pero es destructivo para la nación.
Y mientras el país se desgarra en ese falso dilema, se aprueba un Código Penal que recorta derechos, favorece la impunidad y fortalece los blindajes del poder.
Pagamos más que nunca. El ITBIS está en 18%. La fiscalización es digital, los bancos están vigilados, el Estado todo lo ve.
Y, sin embargo, la presión tributaria apenas ha aumentado 5 puntos respecto al 10.2% que teníamos en los tiempos de Balaguer, con sistemas rudimentarios y sin tecnología.
¿Cómo es posible tanta modernización fiscal con tan poca justicia social?
Porque el problema no es técnico: es ético.
Porque no se trata de recaudar más, sino de para quién y para qué se recauda.
Porque mientras los pobres pagan, los poderosos saquean.
Y mientras entretienen a la población con debates polarizantes, los servicios esenciales entran en un franco deterioro.
La salud pública se desangra.
El agua potable se convierte en lujo.
La electricidad es un privilegio inestable.
Y eso no ocurre por negligencia.
Ocurre porque detrás de ese deterioro hay un propósito inconfesable: justificar la privatización total de los servicios públicos.
Colapsar lo común para luego venderlo.
Abandonar lo estatal para favorecer lo corporativo.
Robarnos el derecho a lo básico para convertirlo en mercancía.
Durante tres décadas, la partidocracia que sucedió al caudillismo ilustrado ha gobernado un país con más recursos que nunca, pero ha dejado una nación moralmente empobrecida, políticamente manipulada y socialmente desilusionada.
Heredamos una deuda social acumulada que avergüenza a la historia, y una deuda externa que es, en realidad, una sentencia anticipada contra los que aún no han nacido.
No es que no hayan hecho obras: las han hecho, sí —el Metro, algunas carreteras—, pero ignoraron lo esencial: agua potable, alcantarillado sanitario, salud, vivienda digna, gestión ambiental.
Y lo más indignante: cada una de esas obras, en vez de ser un homenaje al pueblo, se ha convertido en un monumento a la corrupción.
Fueron hechas no para servir, sino para lucrar.
No para transformar, sino para justificar.
Gobernaron sin conciencia social, sin sentido moral ni visión patriótica.
Eligieron el poder por encima del servicio.
Y lo más grave: han convertido la impunidad en norma, el poder en refugio de corruptos, y el Estado en instrumento para proteger a quienes lo saquean.
El poder quiere que discutamos lo que a ellos les conviene.
Pero el dilema real es otro:
¿Seguiremos divididos y manipulados?
¿O construiremos un país donde la Constitución sea una realidad y no un adorno?
La salida no está en quienes nos han fallado.
Está en una ciudadanía que despierta, se organiza y se atreve a gobernar sin partidos corruptos.
Hacer realidad nuestra Constitución del Estado Social y Democrático de Derecho significa salud, agua, educación, orden, justicia y dignidad para todos.
Hoy no basta con indignarse.
Hay que organizarse.
El camino son las candidaturas independientes, la participación ciudadana y una República donde la ética sustituya la impunidad.
El futuro está en nuestras manos, si dejamos de pelear entre nosotros y comenzamos a enfrentar a los verdaderos responsables.
Si dejamos de mirar donde ellos apuntan, y empezamos a mirar lo que ellos esconden.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!