Opinión
Nueva bola de nieve
Por José Cabral
El presidente Danilo Medina anunció con bombo y platillo la focalización de su gobierno en tres ejes fundamentales, la campaña de alfabetización, la creación de un fondo especial de 10 mil millones de pesos en la primera y una cantidad igual para la segunda etapa para ser prestados a micros, pequeños y medianos empresarios, y un tercero que busca reducir el gasto publico a través de un programa de austeridad.
A propósito del anuncio presidencial, el sub-secretario de Industria y Comercio, Ignacio Méndez, declaró al periódico gratuito El Día que a partir del lunes 17 del presente mes todas las sucursales del Banco de Reservas estarían activadas para brindarle una atención eficiente a todo el que busque beneficiarse con los préstamos en referencia, cuyo monto mínimo va desde 300 mil hasta dos millones de pesos.
La declaración del funcionario se produjo el jueves de la semana pasada y en consecuencia muchas personas interesadas en la consecución de esos préstamos acudieron a la sucursal de Banreservas más cercana y la sorpresa que se llevaron fue que los empleados de ese banco del gobierno no conocían ni los aspectos más elementales del programa crediticio.
El periódico la República en aras de conocer la realidad de la denunciada irregularidad estableció comunicación con diferentes sucursales en Santiago del Banco de Reservas y comprobó que el nivel de desinformación en esta institución oficial encargada de manejar una parte de los préstamos en referencia era impresionante, no sabían absolutamente nada sobre el particular.
En la continuación de su investigación el diario llamó a la oficina principal de Banreservas en Santiago, ubicada en la calle Del Sol con San Luis, donde tampoco se sabía nada de la nueva cartera de prestamos, y pudo establecer comunicación con un oficial del Banco de Reservas en Santo Domingo, quien explicó que los préstamos sólo son manejados en la oficina de la Gustavo Mejía Ricard de la capital.
De manera, que lo declarado por el sub-secretario de Industria y Comercio, Ignacio Méndez, no obedecía a la verdad, porque en la mayoría de las sucursales de Banreservas no tienen la más mínima información sobre el particular.
Pero, además, el hecho de que las solicitudes sólo sean manejadas en una sola oficina, localizada en Santo Domingo, plantea el problema histórico del país, la centralización en la capital de los servicios o sencillamente la presencia del sindrome de la deficiencia, pese a que esta institution tiene estructuras en prácticamente todo el territorio nacional, lo que pone en desventaja a los que viven en el interior del país, quienes tendrán mucho mayor costo para acogerse al programa de préstamos del gobierno.
Es como si los que viven fuera de la capital no pagaran impuestos, fueran ciudadanos de segunda y que su voto no tiene ningún valor para los partidos en el poder, lo cual constituye una flagrante violación a la propia Constitución de la República.
Es probable que la explicación del mal manejo del programa de préstamos a los micros, pequeños y medianos empresarios consista en que ya está contaminado con la politiquería, el clientelismo y otros elementos que tradicionalmente ha constituido un problema para la creación de un verdadero estado de derecho, en el que prevalezca la igualdad de oportunidades, tal y como lo establece la Carta Magna.
Sin embargo, el administrador del Banco de Reservas, Vicente Bengoa, declaró hoy que más de cien millones de pesos ya han sido colocados o solicitados por los micros, pequeños y medianos empresarios, lo que pondría a pensar a cualquiera que la creación de esa cartera de préstamos se quedará en el círculo cerrado de los amigos, militantes, simpatizantes, miembros y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana.
Ojalá no se use este dinero para proselitismo político a través del tráfico de influencia o que el nuevo programa crediticio no sea otro fiasco más, una bola de nieve que sólo se quedará en el deseo de muchos de ser beneficiados de unos préstamos que nunca llegarán.
De ser así, entonces podríamos estar hablando de la creación de una expectativa que nunca serán satisfechas, no sólo en lo que tiene que ver con los préstamos de los 10 millones de pesos, sino también con la anunciada campaña de alfabetización y el cacareado programa de austeridad en el gobierno.
Este es un problema común y corriente en los gobiernos que se han sucedido históricamente en la República Dominicana, lo que podría constituirse en el principal enemigo del presidente Danilo Medina, a quien se le atribuyen muy buenas intenciones, pero siempre aliado de los hombres de confianza del gobierno de Leonel Fernández, responsable del mayor corrompimiento que ha sufrido el país en toda su historia republicana.
Es importante recordar que hay una expresión popular que reza que perros hueveros, aunque les quemen la boca siguen comiendo huevos, lo que es aplicable a muchos funcionarios del actual gobierno de Danilo Medina, quienes se enriquecieron en la administración pasada y han hecho una costumbre de apropiarse de lo que no es suyo.
Los escándalos a los que tienen acostumbrados los peledeístas pronto saldrán a la luz pública en lo que tiene que ver con la creación del fondo de los 10 mil millones de pesos para ser prestados entre los micros, pequeños y medianos empresarios.
Los funcionarios peledeístas encargados de manejar este programa de seguro ya dicen: ¨Fiesta y mañana gallos¨
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!