Latinoamericanas
Opositores denuncian que Daniel Ortega quiere «desaparecer» a la Iglesia
AP
Afirman que un obispo y cinco sacerdotes fueron sacados de sus casas y parroquias por policías de uniforme o de civil entre el 20 y el 28 de diciembre
Ciudad de México.-El arresto de al menos 15 sacerdotes y seminaristas en Nicaragua en los últimos días, sumado a la condena del obispo Rolando Álvarez a 26 años de cárcel, ponen fin a un año marcado por denuncias de persecución y destierro de religiosos, según analistas y opositores quienes aseguran que el gobierno del presidente Daniel Ortega «quiere desaparecer» a la Iglesia.
De acuerdo con voceros de la Iglesia católica, un obispo y cinco sacerdotes fueron sacados de sus casas y parroquias por policías de uniforme o de civil entre el 20 y el 28 de diciembre, y a otros nueve párrocos se les detuvo en los siguientes dos días en diversos sitios del país centroamericano.
La policía no ha desmentido, ni confirmado las denuncias sobre esos hechos.
Hay «una feroz cacería» de sacerdotes, escribió en su cuenta de X, antes Twitter, monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua y una de las voces más críticas en la Iglesia.
Tras denunciar la represión policial de las protestas antigubernamentales de 2018, Báez recibió amenazas de muerte y fue obligado a exiliarse en Miami.
Entre los sacerdotes presos, además del obispo Álvarez, acusado de «traición a la patria» por negarse a ser deportado a Estados Unidos junto a 222 opositores excarcelados, figura Isidoro Mora, obispo de Siuna (noreste) arrestado el 20 de diciembre. Se desconoce su paradero, como el del resto de detenidos.
También destacan el vicario general de la arquidiócesis de Managua, monseñor Carlos Avilés, el vicario de Pastoral, Silvio Fonseca, ambos adultos mayores, y nueve párrocos, como el padre Raúl Zamora, cuya iglesia Divina Misericordia en la capital fue atacada a balazos por policías y paramilitares durante toda una noche el 13 de julio de 2018, con más de un centenar de estudiantes refugiados en su interior.
Otros dos sacerdotes detenidos fueron liberados, pero permanecen bajo vigilancia policial, según las autoridades religiosas.
Consultada por The Associated Press, la abogada Martha Patricia Molina, experta en asuntos religiosos, consideró que la nueva ola de arrestos podría obedecer a que los sacerdotes «están orando» en sus misas por el obispo Rolando Álvarez.
Molina también la atribuye a los mensajes de algunos párrocos en sus homilías, en las que han aludido a la libertad y a los derechos humanos. Sin embargo, a su juicio, el objetivo final del gobierno sandinista de Ortega es deshacerse de esa presencia crítica.
«Quieren desaparecer a la Iglesia católica de Nicaragua», afirma la jurista. Asegura que junto a los 13 sacerdotes y dos seminaristas detenidos en el cierre del año, la policía se ha llevado a más de 20 laicos.
El gobierno de Ortega se autodefine «cristiano, socialista y solidario» y en sus discursos la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del mandatario, exalta conceptos como fe, perdón y amor a Dios.
«El discurso del sandinismo hay que entenderlo a la inversa, un cristiano no ataca la palabra de Dios», comenta Molina, autora del estudio «Nicaragua, ¿una Iglesia perseguida?», en el que documentó 740 agresiones a religiosos y recintos católicos en los últimos cinco años.
De ese total, al menos 275 ataques ocurrieron en el último año, cuando 175 monjas y sacerdotes fueron forzados al exilio o impedidos de ingresar a Nicaragua después de un viaje, según el informe de Molina.
En la década de 1980, durante el primer gobierno sandinista, el sacerdote Bismarck Carballo fue exhibido desnudo en la televisión oficialista y el obispo Pablo Vega fue expulsado a Honduras por apoyar en sus misas a los rebeldes «contras».
Molina señala que también entonces hubo represión contra la Iglesia, pero es posible que muchos episodios no se documentaran por falta de los medios tecnológicos actuales.
En un comunicado, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) indicó que en 2023 tuvo lugar «la más sistemática represión a la Iglesia católica» mediante la prohibición de procesiones, encarcelamiento y destierro de sacerdotes, acusaciones de lavado de dinero, congelamiento de cuentas bancarias, cierre de ONG y de universidades religiosas.
La UNAB llamó a «la unidad» de la disgregada oposición y pidió a la comunidad internacional aumentar «el aislamiento y las sanciones en contra de la dictadura«.
Otras 15 organizaciones opositoras emitieron una declaración señalando que estos arrestos buscan «eliminar la esperanza» de un cambio e infundir «temor» entre la población, al encarcelar a los líderes «de la institución más creíble» del país.
En tanto, el grupo político Monteverde, integrado por opositores exiliados y excarcelados, alertó en un comunicado «un plan de exterminio» de la Iglesia. El gobierno pretende «infringir un daño enorme (a la institución católica) para que no sea capaz de articularse después de esta redada», advirtió en rueda de prensa Eliseo Núñez, miembro de esa agrupación disidente.
Manuel Orozco, analista político, dijo en redes sociales que líderes de Monteverde han pedido la intervención del Vaticano en el asunto y no descartó que los religiosos detenidos sean expulsados del país como los 12 sacerdotes nicaragüenses excarcelados y enviados a Roma en octubre, tras una negociación con el gobierno de Ortega.
En un mensaje grabado en video, el obispo auxiliar Báez calificó las redadas de los sacerdotes como una acción «arbitraria e ilegal» que revela, dijo, el «odio permanente de la dictadura sandinista hacia la Iglesia«.
«¡Ruego a los obispos y a las conferencias episcopales del mundo que no nos abandonen», clamó Báez.
Hasta el momento, la Santa Sede no se ha pronunciado sobre la situación en Nicaragua.
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.
Latinoamericanas
Intervienen una cárcel de Venezuela donde la directora era pareja del reo «Dinamita»
Agencia EFE
Caracas.-El Gobierno de Venezuela llevó a cabo un operativo de intervención en una cárcel del estado Guárico (centro), en el que detuvieron a la directora del centro de reclusión por mantener una «relación sentimental» con uno de los reos, que se identificaba como líder del penal, informó este domingo el Ministerio Público (MP, Fiscalía).
«Dicha funcionaria mantenía una relación sentimental con uno de los reclusos de nombre Wilfredo Sánchez, alias ‘Dinamita’, que se autodenominaba ‘pran’ del recinto carcelario», sostuvo el MP en una publicación en Instagram.
La Fiscalía indicó que durante la intervención se incautaron 110 «teléfonos inteligentes», 161 encendedores, 45 cargadores de celulares, así como 20 «armas punzo cortantes».
Igualmente, dijo que fueron decomisados 1.885 kilogramos de marihuana, 1.495 kilogramos de «pasta base» y 320 gramos de presunta cocaína.
El MP señaló que no se descartan «nuevas aprehensiones».
Los operativos forman parte de la ‘Operación Gran Cacique Guaicaipuro’, comenzada el año pasado para el desmantelamiento de «mafias carcelarias» que operan desde estos recintos, así como para garantizar las condiciones que permitan a los reos «reinsertarse como personas útiles a la nación, una vez que cumplan su condena», según una nota oficial.
Por su parte, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que fue un «despliegue masivo» de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, lo que «generó incertidumbre entre los familiares de los internos, quienes se acercaron a los penales en busca de información».
En 2023, las autoridades desmantelaron ocho «mafias carcelarias» en varios operativos militares y policiales desplegados en centros penitenciarios, entre ellas la base de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que operaba desde la prisión de Tocorón, una de las cárceles intervenidas.