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Se repite incoherencia y falta de ética del Gobierno con firma de Pacto Eléctrico con exclusión de sector social.
El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de Luis Abinader no se detiene en promover y vender una falta de coherencia que ahora llega hasta lo carente de ética con la firma del Pacto Eléctrico, el cual se discutía desde hace años en el país a través del llamado Consejo Económico y Social (CES)
La firma del pacto en el Palacio Nacional contó con la presencia del presidente Abinader y el sector empresarial, donde el mandatario dijo que en el mismo hay puntos con los que no está de acuerdo, pero que ese es el posible, lo cual se entiende muy poco, porque se ha excluido al sector social en el que está representado el consumidor o el usuario del servicio energético.
El PRM en los años 2017 y 2019 se negó a firmar el Pacto Eléctrico, lo cual impidió que el mismo se concretara porque siempre se argumentó que había disensos que debían resolverse mediante el consenso entre todos los sectores que participan en la discusión del mismo.
Sin embargo, ahora el mismo partido, cuya conducta de incoherencia y hasta de falta de ética ha sido la forma en que ha tenido de promoverse en la sociedad dominicana, sobre todo después de llegar al poder, se apresura a firmar el pacto que se negaron hacerlo hace algunos años atrás, lo cual ha sido una constante que en todos y cada de los compromisos que ha hecho frente al pueblo dominicano lo abandone de una manera muy sospechosa.
El PRM que camina aceleradamente a dejar muy claro que no respeta ni sus propias posiciones, es decir, que su Gobierno no es leal ni siquiera con sus supuestas propias convicciones que en algún momento las proyectaron como cuestiones de principios, pero al final se ha demostrado que sólo ha sabido jugar con el pueblo dominicano.
Con la firma del mal llamado pacto eléctrico sólo se ha dejado sentado que allí se firmó un documento que lo único que hace es defender los intereses del sector empresarial y que el Gobierno de Luis Abinader se ha plegado a un grupo económico que todo el mundo sabe que es de hecho el propietario del sector energético.
Parece bonito, pero en realidad no lo es, cuando el presidente del CES, Rafael Toribio, dice que los disensos se discutirán con aquellos sectores que fueron excluidos, no sólo de los llamados consensos, sino también de la firma del documento.
Con esta decisión de la firma del Pacto Eléctrico ha quedado claro que el Gobierno sigue plegado a los intereses del sector empresarial que sólo quiere grandes ganancias en un país donde no hay ningún tipo de control en lo que respecta a beneficios moderados mediante el cobro de facturas y de alzas de precios abusivos.
Desde la llegada al poder del PRM se ha podido ver hasta donde responde a los intereses de los grupos empresariales, lo cual ha quedado claro con el caso de Loma Miranda, manejado con mucha vacilación e irresponsabilidad por el ministerio de Medioambiente, el Pacto Eléctrico y con la última decisión en el Sistema de Seguridad Social con la decisión de las Administradores de Fondos de Pensiones (ARS) que anunciaron que no van a cubrir el cien por ciento de los gastos de los pacientes de las clínicas privadas afectados de Covid-19.
El Gobierno ha dicho que aquellos puntos que no están en el Pacto Eléctrico firmado con la exclusión del sector social, en el que están representados los más perjudicados del documento firmado, se continuará su debate, pero es algo que no entiende nadie y constituye una falta de respeto de las actuales autoridades nacionales, porque el llamado Pacto Eléctrico ya está firmado y es muy poco lo que se puede hacer para incorporar cláusulas que beneficien los intereses de los consumidores que es lo mismo que el pueblo dominicano.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.