Santo Domingo, R.D.-Más de 70 juristas, docentes universitarios de Derecho, investigadores jurídicos, litigantes y especialistas en derecho constitucional y penal expresaron este miércoles su respaldo a la incorporación de las tres causales del aborto en el nuevo Código Penal, por lo que propusieron cambios a los artículos 110 y 111 de la ley 74-25.

Los juristas y académicos consideran que la redacción actual de la normativa presenta «serios problemas de constitucionalidad y técnica legislativa».

Además, en la comunicación dirigida al diputado Wandy Batista, presidente de la Comisión Bicameral que estudia las modificaciones al Código Penal, sostuvieron que el artículo 111 omite reconocer circunstancias excepcionales en las que la continuación forzada de un embarazo afecta gravemente derechos fundamentales de mujeres, adolescentes y niñas, entre ellos la vida, la salud, la integridad física y psíquica, la dignidad, la igualdad y la autonomía personal.

En ese sentido, proponen sustituir la redacción vigente para establecer expresamente que la interrupción del embarazo no genere responsabilidad penal cuando la vida o la salud de la mujer, adolescente o niña se encuentre en peligro, sea incompatible con la vida extrauterina o cuando sea consecuencia de una violación sexual, agresión sexual o incesto.

Por ello, plantean modificar la expresión «fuera de la eximente del artículo 111«, de manera que el delito de aborto forzado no admita excepciones.

Respeto a la carta magna

Los especialistas consideran que el artículo 37 de la Constitución debe interpretarse de manera sistemática junto con el resto de los derechos fundamentales reconocidos por la propia Carta Magna. En ese sentido, afirmaron que ninguna disposición constitucional establece una protección absoluta de la vida prenatal que impida al legislador reconocer excepciones en circunstancias extremas.

• Finalmente, los juristas y académicos aseguran que las modificaciones propuestas no constituyen una excepción al orden constitucional, sino una forma de armonizar la protección de la vida prenatal con los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la República Dominicana.

La propuesta fue presentada por Patricia Santana Nina y también está firmada por la exjueza del Tribunal Constitucional, Ana Isabel Bonilla Hernández; Así como por Cristóbal Rodríguez Gómez, Angélica Noboa Payán, Thiago Marrero Peralta, Carlos Morel, Dilia Leticia Jorge Mera, Paola Pelletier Quiñones, Michelle Perez Fuentes Hiciano, Emilio Zucco, Katia Ríos Goico, Alberto Fiallo-Billini Scalon, Laura Hernández Fondeur y decenas de especialistas del ámbito jurídico.

Santo Domingo, R.D.-La primera reunión celebró este martes la Comisión Bicameral designada para el estudio de los proyectos de ley que modifican la Ley núm.74-25 sobre el Código Penal para analizar las propuestas realizadas por legisladores y la sociedad civil.

Tras el encuentro, que se postergó por cinco horas, la comisión bicameral avanzó en el estudio de siete artículos, a los cuales corrigieron errores tipográficos, palabras incorrectas y el mejoramiento de su significado.

Así lo informó el diputado y presidente de la comisión, Wandy Batista, quien aclaró que los artículos estudiados en esta jornada no fueron los “más famosos”.

Asimismo, reconoció que durante la reunión algunos “escollos” les permitieran avanzar solo en siete apartados.

“Donde juntas dos o tres abogados, eso es imposible que no haya escollos. Es normal que haya discusiones retóricas. Lo que prácticamente no ha habido es discusión de fondo, ha habido una correspondencia, y veces estos escollos para aceptar la la palabra devienen principalmente por cuestión de cómo redactar, cómo usar la retórica para el para que el que vaya a usar el Código tenga mejor entendimiento”, expresó.

Ante esto, mencionó como ejemplo el artículo 121, donde se eliminó la palabra «bullying» para sustituirla por el término “hostigamiento”. El diputado sostuvo que esto conllevó un “debate fuerte” respecto de si se desnaturalizaba la intención del legislador respecto qué se estaba tipificando en ese artículo específicamente.

“Preferimos excluir del texto el extranjerismo puro que es el bullying porque ni siquiera es una frase ni es un anglicismo aceptado por el diccionario de la Real Academia Española”, explicó.

Batista afirmó que serán estudiadas todas las propuestas de mejora realizadas por los distintos sectores de la sociedad.

“Y las cosas que sigan llegando, a pesar de que nosotros hemos comenzado los trabajos, van a ser incorporadas al estudio. Incluso si hay que repasar lo que ya está considerado aprobado, lo tenemos que repasar; si lo que vino es bueno y aporta, repasamos y lo rectificamos si que rectificarlo”, indicó Batista a los medios de comunicación luego de que la comisión culminara el encuentro en la Cámara de Diputados.

El legislador reiteró que la comisión tiene el compromiso de culminar el estudio de las propuestas de modificación al Código Penal antes de que concluya la legislatura el próximo 26 de junio. Sin embargo, destacó que no tienen un plazo de término establecido, aún si el marco penal entra en vigencia, como se establece el próximo tres de agosto.

“Ni siquiera la entrada en vigencia del Código Penal, va a constituir o constituye un plazo porque entre en vigencia, los trabajos van a continuar. Si es antes, hasta que terminemos, si terminamos tres días después, igual lo vamos a llevar a cabo”, apuntó.

La reunión estuvo encabezada por los presidentes de ambas cámaras, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco.

Entre estos se encuentra el 310 sobre el ultraje, el cual sancionaba con 15 días o un año de prisión a quienes hicieran gestos, amenazaran o enviaran escritos a un funcionario o servidor público.

Sin embargo, en los cambios realizados por el Gobierno, el ultraje será solo a jueces, secretarios judiciales, representantes del Ministerio Público, alguaciles, intérpretes o peritos judiciales.

El ultraje en el ámbito jurisdiccional será sancionado con pena de quince días a un año de prisión menor y multa de uno a tres salarios mínimos del sector público.

El artículo 211 sobre actos considerados no difamatorios o injuriosos fue modificado para que no se considere difamación ni injuria las opiniones y críticas vinculadas a actos de corrupción, políticas públicas, la función pública o de interés público, siempre que estén sustentadas en pruebas o en una verificación razonable de la información.

En las reformas hechas por el Ejecutivo se encuentra el artículo 354, el cual sanciona con dos o tres años de prisión al médico forense u otro profesional de la medicina que preste servicios en el sector público y expidiera un certificado falso. La propuesta de modificación establece le prisión para los médicos forenses en general y no se limita solo al sector público.

¿Quiénes conforman la comisión?

Los senadores que integran la comisión son María Ortiz, vicepresidenta; Pedro Catrain, Santiago Zorilla, Omar Fernández, Cristóbal Castillo, Rogelio Genao, Félix Bautista, Franklin Romero, Aracelis Villanueva, Rafael Duluc, Pedro Tineo, Aneudys Ortiz y Lía Díaz.

Mientras que los diputados Ramón Mayobanex Martínez, Jorge Leonardo Tavárez Valdez, Carlos de Pérez Juan, Carmen Lidia Williams, Carolin Mercedes de la Cruz, Eugenio Cedeño Areché, Jesús Manuel Sánchez Martínez, José Alberto Jiménez Santos, Luis Alcides Báez, Luis Gómez Benzo, Miguel Arredondo Quezada, Rosendy Joel Polanco, Rubén Darío Peñaló Torres y Sadoky Duarte Suárez.

Santo Domingo, R.D.-Desde el mes de agosto los hospitales públicos recibirán una remuneración por los servicios prestados a los afiliados del Seguro Nacional de Salud (Senasa) del régimen contributivo equivalente a la que perciben las clínicas privadas, una medida que, según el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, fortalecerá la sostenibilidad financiera de la red estatal y eliminará los copagos para los asegurados del régimen contributivo.

• El funcionario explicó que la decisión fue comunicada por el director de Senasa, Edward Guzmán, y entrará en vigor el próximo mes.

«A partir de agosto se iguala la tarifa de Senasa contributivo a todos los hospitales del país, igual que Andeclip«, anunció Landrón.

«El que va con un seguro contributivo no tiene que pagar copago. Invitamos a todos los afiliados a seguir asistiendo a la red pública, donde no tendrán que pagar un centavo adicional», expresó el funcionario durante la presentación del balance de sus primeros seis meses al frente del SNS.

El doctor sostuvo que los hospitales públicos cuentan con la capacidad tecnológica y la infraestructura necesarias para ofrecer atención de calidad.

Agregó que más del 93 % de la población dominicana dispone de un seguro de salud y que alrededor de 7.3 millones de personas tienen cobertura total en la red pública mediante el régimen subsidiado.

Entre los principales anuncios de la jornada, Landrón informó que el Gobierno dispone de casi 1,000 millones de pesos para iniciar una primera etapa de intervención del Hospital Salvador B. Gautier, iniciando por la Emergencia y el área de consultas.

Asimismo, indicó que continúan las intervenciones en el Hospital Francisco Moscoso Puello y que el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras será objeto de nuevas licitaciones para mejorar áreas críticas.

Landrón anunció que el Hospital Traumatológico de Yaguate, en San Cristóbal, será inaugurado en noviembre próximo, como parte de la expansión de la Red Nacional de Trauma.

Aseguró que el fortalecimiento de esta red ha permitido elevar la supervivencia de los pacientes politraumatizados.

«Podemos decir a todo pulmón en el día de hoy que el que llega vivo a un hospital de la red trauma tiene más del 98 % (de probabilidad) de salir vivo de ese centro por las atenciones, los recursos humanos, el equipamiento y la facilicidad de los diferentes medicamentos que necesitan estos pacientes», afirmó.

También anunció la implementación de una plataforma de mapificación que permitirá conocer en tiempo real la disponibilidad de camas, especialistas y otros recursos hospitalarios para agilizar la atención de emergencias en todo el país.

Como parte de los preparativos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el SNS dispondrá de más de 500 médicos para brindar cobertura sanitaria a atletas, delegaciones y espectadores durante el evento deportivo, según comentó Landrón.

Durante su rendición de cuentas, Landrón informó que la Red Pública de Salud ofreció 25,395,290 servicios especializados entre enero y junio de 2026, la mayor producción registrada por el sistema hospitalario en un primer semestre.

«Es una cifra histórica. Más de 25 millones de servicios especializados ofrecidos a la población. No es un cuento ni es fácil lograrlo. Detrás de estos números hay historias de esperanza, pacientes que recibieron consultas, cirugías, diagnósticos oportunos y una atención que cambió el rumbo de sus vidas», expresó.

El funcionario atribuyó estos resultados al fortalecimiento de la gestión hospitalaria, el seguimiento de los indicadores de desempeño, el equipamiento de hospitales y centros de atención primaria y el trabajo coordinado con las nueve regionales de salud.

Landrón destacó, además, el fortalecimiento del primer nivel de atención para aumentar la capacidad resolutiva de los centros de salud y reducir las referencias hacia hospitales de mayor complejidad.

• En salud mental, informó que la red pública dispone actualmente de 47 Unidades de Intervención en Crisis y 300 camas especializadas, con la meta de alcanzar 500 camas antes de finalizar el año.

«Era un dolor de cabeza dónde llevar un paciente en crisis. Hoy estamos dando respuesta y seguiremos avanzando hasta tener estas unidades en todos los centros de salud«, señaló.

Disminuyen las muertes maternas e infantiles

El director del SNS también destacó avances en los indicadores de salud maternoinfantil.

Indicó que durante el primer trimestre de 2026 la mortalidad materna se redujo en 57.5 %, la mortalidad infantil en 21 % y la mortalidad neonatal en 18 %, mientras que la mortalidad infantil mantiene una disminución acumulada de 9 % en comparación con el mismo período del año pasado.

Asimismo, resaltó los resultados del programa Chequéate RD, impulsado por la primera dama Raquel Arbaje para la detección temprana de cáncer de mama, cervicouterino y de próstata.

• Según dijo, la iniciativa ha beneficiado a más de 136,000 personas mediante evaluaciones realizadas en hospitales y jornadas móviles en todo el país.

Al concluir su intervención, Landrón afirmó que su gestión continuará enfocada en fortalecer la red pública de salud, mejorar la calidad de la atención y garantizar servicios oportunos para la población.