Opinión
Pánico a la paz, miedo al silencio
Por Melvin Mañón
El gobierno secreto, la expresión política del establishment militar industrial necesita alimentar el clima de guerra porque, con la perspectiva de paz, sufre el valor de sus acciones en bolsa y declina su influencia y su poder. Eso no es nada nuevo, ya ha sido explicado, demostrado y denunciado antes. Ahora, de lo que se trata es de mostrar con claridad y meridiana precisión como la “trama rusa” “la coreana” y “la Iraní” han sido inventadas, gestionadas y administradas para arrastrar al rebaño y con la anuencia silente de este forzar decisiones políticas importantes y –paradójicamente- algunas de ellas no promovidas por Trump, sino a su pesar.
¿Como justificar los miles de millones de dólares en el F-35 (el caza mas moderno y aun defectuoso del arsenal americano) si no hay un peligro de guerra?
¿Cómo producir un aumento de 15 mil millones del presupuesto militar del país que ya era el mas alto de cualquier otro país del mundo si no existe un peligro latente de guerra en cualquier parte?
¿Como justificar en Gran Bretaña la renovación del programa del submarino nuclear Trident cuyo costo de 167 mil millones de Libras Esterlinas es tan alto que desafía no solo la imaginación sino el espacio de las calculadoras domésticas cuyas pantallas carecen de espacio para tantos números.
¿Como alentar, negociar y tramitar interminables ejercicios militares en la frontera de Rusia usando para ellos los antiguos países llamados “socialistas” que, todavía enojados por la memoria de la dominación soviética se prestan a jugar a la guerra, a la provocación y al acoso?
Sin el peligro inminente de guerra ¿como explicar y justificar las fortunas en sistemas de armamento, interceptores, misiles, guerra del espacio, cyberataques, bombas y superbombas convencionales, ampliación del arsenal atómico, en fin, toda la enorme, extensa, impenetrable y todopoderosa industria de la guerra?
Para legitimar esta locura ante la opinión pública internacional, ante los electorados respectivos, ante los organismos internacionales, ante las instancias de poder de cada país hace falta inventarse enemigos y en eso, el complejo militar industrial tiene experiencia, recursos y los medios para hacerle creer al rebaño las amenazas inexistentes creadas por ellos mismos.
Se necesitaba “un loco” oportuno en algún lugar remoto. Kim Jon Un cumple a cabalidad el estereotipo. Es un dictador al frente de un país que el rebaño desconoce por completo y que nosotros mismos nos hemos ocupado de aislar del resto del mundo a base de sanciones. Lógicamente, todo lo que nos digan del “loco de Corea” estamos dispuestos a creerlo porque incluso si tuviéramos dudas, ¿adonde iríamos a verificarlas? Tenemos demasiado ruido en la cabeza como para razonar que no importan las bravuconadas ni el discurso, Corea del Norte no ha agredido ni atacado a nadie ni disparado un cañón contra sus adversarios y que como argumentaba William Cohen, ex secretario de defensa de los EEUU está claro que si Corea pasara a la agresión militar los Estados Unidos intervendrían “con fuego y con furia” en defensa de sus aliados pero esgrimir la amenaza o materializarla sin que haya habido ninguna acción militar de la otra parte es una locura. Pero el rebaño no se percata.
La inmensa mayoría de la gente, pero con mucho, está preocupada y algunas alarmadas por lo que pueda hacer “el loco de Corea del Norte” y no se dan cuenta de que no hay tal loco y que si lo hubiera está del lado de nosotros. En verdad lo que hay es una manipulación masiva, consciente y sistemática del rebaño. Arriba de todo eso nos dicen que una Corea del Norte con capacidad atómica es totalmente inaceptable y nadie se pone a pensar que eso mismo puede decir el otro lado del mundo del arsenal atómico israelí que ni se menciona a pesar de que, según documentos secretos publicados, los israelíes han estado en vías de usar bombas atómicas contra sus vecinos y enemigos árabes dos veces.
La misma película pero con otro argumento y otros actores empuja a la guerra contra Irán que tras haber sido acusada de tener un programa nuclear militar concluye en Suiza 2015 un acuerdo con EEUU y del que son signatarios otros 5 países. Israel es la única potencia nuclear del Medio Oriente y ha montado una campaña gigantesca y exitosa contra Irán con la intención de preservar ese monopolio atómico cobijando sus agresiones bajo la sombrilla americana. El lobby judío en EEUU, el mas poderoso del mundo, manipula la política exterior de los Estados Unidos y peor aún, ejerce una capacidad comprobada de impedir el ascenso de legisladores, republicanos o demócratas, senadores o representantes que sean hostiles a la causa del sionismo y del apartheid israelí.
Al rebaño se le ha vendido una imagen de los iraníes como gente barbuda, tosca, ignorante, atrasada, fanática, peligrosa y loca pero de nuevo, tenemos tanto ruido en la cabeza que no pensamos, no podemos discernir y, el Irán de hoy, sigue siendo un gran desconocido para nosotros. ¿Cuantos occidentales lo visitan, cuantos turistas reciben por año? y que sucede si comparamos esos datos con la publicidad, la información y la propaganda que sobre Israel recibimos todos los días por canales de TV y radioestaciones especializados, publicaciones, cine, discursos, periódicos. Por Dios, pero no, es imposible pensar porque para pensar hay que desalojar el ruido y acogerse al silencio. Pero el rebaño no quiere el silencio, le teme; los lleva a pensar no solamente en la amenaza de la guerra sino en las cuentas por pagar, en las penurias de hoy y las incertidumbres de mañana. Es una decisión consciente, hemos decidido no pensar y muchos dicen que para poder seguir viviendo el día a día es imperativo dejar de pensar.
Ni los iraníes, ni los coreanos del norte ni los rusos nos amenazan. Somos nosotros quienes vamos a sus costas, sobrevolamos su territorio, navegamos sus aguas, promovemos la subversión, asesinamos a sus científicos nucleares, es así pero el negocio es otro. Necesitan hacernos creer que estamos en peligro, que los rusos manipularon las elecciones del 2016 a favor de Trump, una cretinada que encuentra apoyo entre la mayoría demócrata que prefiere esta versión a la aceptación de que Hillary Clinton siempre fue una mala candidatura. Pero esa cretinada, que se mantiene día tras día en la primera plana de los periódicos y canales de TV en los Estados Unidos, se adereza con pimienta, vinagre, mostaza y verduras para asegurar un absurdo de tal complejidad que la gente no entiende, porque está diseñado para que no sea entendido sino aceptado y entonces todo eso tiene un agravante. Como Trump es un tipo inestable, odioso, prepotente, ignorante, grosero y no se cuantas cosas mas, la denuncia de la “trama rusa” camina mas rápido y tratar de desenmascararla inevitablemente alimenta la creencia de que se trata de una defensa de Trump y ahí mismo pierde credibilidad.
El establishment arrastra al mundo no tanto a la guerra sino a la amenaza de esta que es la parte mas rentable a menos que se trate de guerra contra los llamados mangos bajitos. Al rebaño lo duermen con “despacito”, le suplen sexo, chercha, modas, modelos, vacaciones, farándula, autos e iconos deportivos o de cualquier tipo y todos bien y contentos excepto que desde las entrañas de una parte de este mundo levanta un sordo rumor “de justicia reclamada, de derechos pisoteados” y ya veremos si naufraga o si navega a buen puerto . . .
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?