Opinión
Para salvar el Plan de Regularización
Tal como advertíamos en el análisis del pasado sábado en HOY, el Consejo Nacional de Migración reunido este martes no tuvo más opción que prolongar por otro año la vigencia de los 230,065 permisos provisionales de trabajo en el país, lo que constituye el tercer esfuerzo por salvar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) dispuesto por el Decreto 327-13 del presidente Danilo Medina, en retardado acato de la Ley General de Migración 285-04 promulgada 9 años antes por el presidente Hipólito Mejía.
La resolución fue adoptada por este Consejo de Migración del que forman parte 8 ministros y otros tantos funcionarios del Estado, quienes han encargado a la Dirección de Migración que en un plazo de 30 días presente un protocolo para tratar de lograr que quienes no han podido completar los requerimientos del PNRE alcancen la meta y declarar la caducidad de los permisos a quienes no lo puedan hacer en un año.
En el citado análisis también advertimos que sin atacar los escollos que impiden completar la regularización, el Estado seguirá indefinidamente “de renovación a renovación”, a menos que considere que con 8 o 10 mil es suficiente para las labores productivas y de servicios que realizan los inmigrantes, particularmente ese 97.7 por ciento que son haitianos, casi todos muy pobres.
Si ya en el 2012 el país cargaba con 485 mil inmigrantes haitianos, seguramente más de 550 mil tres años después, y con más razón si fueren uno o dos millones, como reiteran los radicales, lograr una regularización de 230 mil sería un gran éxito, porque separando la paja del trigo, haría más fácil la tarea de deportar los excedentes que no porten el carnet de regularizados.
Lo primero que no sólo el Consejo Nacional de Migración, sino todo el gobierno y la sociedad dominicana debería decidir, es si necesitamos o no los inmigrantes haitianos y en qué cuantía, y establecerle requisitos que esa proporción pueda cumplir, y si no los necesitamos, si estamos en capacidad de pagar el costo de deportarlos a todos y sellar la frontera por completo, muro incluido, para liquidar también el centenario negocio de los traficantes de haitianos.
Si se entiende que necesitamos inmigrantes, hay que salvar definitivamente el PNRE, que con el de ahora lleva tres intentos frustrados. El primero fue días antes de vencer el plazo para el registro, el 17 de junio del 2015, cuando apenas el 1.8 por ciento de los 239,368 solicitantes habían completado el exigente pliego de requisitos. Decidieron aceptar provisionalmente a todos los que iniciaran el proceso, por lo que se produjo la avalancha de la última semana y subieron a 288,467. Como 38,226 no calificaron, mayormente por no tener documento de identidad o de tiempo en el país, quedaron 250,241 que fueron los regularizados provisionalmente por uno o dos años. Como 20,176 no se presentaron a recibir la autorización provisional, quedaron en los 230,065 que nos ocupan.
Pero resulta que el 1.8 por ciento que había cumplido los requisitos se elevó hace un año apenas al 2 por ciento, lo que determinó el segundo salvataje que lo llevó al 3 por ciento, totalizando apenas 7 mil 834 regularizados. Ello obligaría a sincerar la realidad, simplificar y abaratar los costos del proceso, pero nos vamos con un tercer plazo de un año que obviamente no resolverá.
Si en realidad queremos la regularización, procede modificar el decreto y reducir los requisitos a las cuestiones esenciales, como la identificación personal y haber ingresado al país antes de octubre del 2011, que ya llenaron los 230 mil provisionales. Sería suficiente que agregaran certificado de no delincuencia, constancia de trabajo y de vivienda y arraigo social. Inútil seguir pidiéndoles cuentas bancarias, propiedades muebles e inmuebles, etc.
Como varios requisitos básicos dependen de dominicanos, es fundamental que el Estado los promueva con decisión y valentía para que la población entienda que colaborar a regularizar a un empleado, inquilino o vecino trabajador y de buena conducta, no equivale a vender la patria, como se ha inculcado. De lo contrario, tendremos que afrontar el punto final o seguir de renovación a renovación.-
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.
Por Nelson Encarnación
Algunas personas han llegado a afirmar que el juego de béisbol no es un deporte, sino un pasatiempo que sirve de entretenimiento a toda la familia, la que puede tener un importante consumo mientras transcurre un partido de nueve entradas, por lo general lento.
Sin embargo, somos más los que sostenemos lo contrario, no porque seamos fanáticos o seguidores, sino porque una contienda en la que medie la aplicación de estrategias no puede ser un simple pasatiempo.
Las estrategias son fundamentales en el juego de pelota, sin las cuales el resultado no puede ser el esperado, aunque no siempre estas funcionen. Como en toda actividad humana, inclusive en la guerra.
Hechas estas disquisiciones, pasamos a no entender qué ha provocado el impresionante descalabro, el resbalón sin final que ha abatido a los Leones del Escogido.
No se explica que un equipo que en los primeros 20 juegos del presente campeonato obtuvo quince victorias, haya caído a un abismo, tan profundo que, al día de hoy, está en la peligrosa ruta de quedar fuera de la siguiente ronda.
Es como estar con respiración asistida, mantenerse vivo gracias a la buena fortaleza física que se acumuló—15 victorias contra 5 derrotas—, pero no suficiente como para rebasar de manera exitosa un estado comatoso.
¿Qué hará la gerencia del equipo capitalino para tratar de revertir la ruta hacia el fondo? No preveo una opción, sobre todo, al recordar lo declarado hace un par de años por uno de los dueños del “Duro de matar”.
¿Qué dijo ese ejecutivo? Que al equipo le es económicamente más rentable quedar fuera en la serie regular que pasar a las siguientes. Algo así o algo peor, según recuerdo.
Cuando leí aquello tuve que remontarme a los pleitos con mi difunto padre—liceísta furibundo—que no asimilaba derrota frente al “eterno rival”, y yo, como escogidista, le daba la cuerda, corriendo riesgo de unos correazos por irreverente. De este tamaño ha sido mi escogidismo.
¿Hay escasez de cartera en la gerencia del equipo rojo? No lo creo. ¿Falta estrategia para la ofensiva? Lo creo un poco. ¿Cayó por un barranco irrecuperable el pitcheo de los Leones? Me quedo con esta.
Frente al despeñadero actual, los rojos no tenemos muchas esperanzas. Y por favor, no echemos la culpa al mánager Pujols.