Opinión
Paren la vaina
Por Víctor Víctor
Siempre pensé que los capitalistas criollos poco conocen del capitalismo y su desarrollo histórico. Incluyo a empresarios propietarios de grandes industrias, cuyos hijos, en la primera oportunidad, salen a vender los negocios de sus padres al primero que aparezca, así destruyen piezas del inventario de objetos, usos y productos que nos identifican en el universo.
Los otros capitalistas, los pequeños, los nuevos, los que buscan ascenso social, los que pelean por ocupar un lugar entre los grandes, la mayoría de ellos desconoce las tensiones de ese sistema cuyo ejercicio crea y mantiene un ejército de pobres.
Ellos tampoco saben de las históricas crisis y peores remedios. Toda su ignorancia ronda su práctica para obtener la mayor cantidad de riqueza posible con poca mano de obra o al menor costo posible. Además, actúan como si no supieran que el latrocinio legalizado es consustancial al desarrollo del capitalismo, y hasta van a misa los domingos y comulgan, otros visitan el templo los sábados y hablan de valores perdidos.
Todos se auxilian de una llamada democracia que nos llena de asesinatos políticos, de terrorismo de estado, de encarcelamientos y exilio de opositores con posibilidades de ‘dañar la vaina’. También están los grandes centros del capitalism, que crean guerras como método de crecimiento.
En su desarrollo histórico, el capitalismo de estos tiempos ha convenido montar dictaduras financieras suaves. La parte política del ‘capitalismo último modelo’ ha integrado a su democracia ideas como la mal entendida competitividad, que sirve para justificar mano de obra barata y negociar ilimitados estímulos con los gobiernos bajo la excusa de mejorar la calidad de los productos y de “crear empleos”. Y publican las cuentas a través del cada día más desprestigiado Producto Interno Bruto, PIB, una foto de la acumulación sectorial, y prueba de que su gobierno hace el trabajo.
“Cosa más linda la democracia, llena de gracia,
demagógica falacia,
vacíate la idea que te enseña la gente,
no importa el que compra si el que manda es el que vende”
(Canción: La Democracia, V.Victor).
A consecuencia de esa formidable condición que nos enseña la democracia, en versión capitalista, escucho a los sabios economistas de esquinas repetir las palabras de los ‘especialistas de CNN’ que hablan de crisis económica y no se imaginan la magnitud de ésta.
La matriz noticiosa de los centros capitalistas se repite para minimizar las consecuencias de los recortes en todos los países de Europa y en Norteamérica. Y mientras se incendia el escenario internacional, aquí se discute el salario mínimo en una mesa de suicidas.
Unos negados a aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores y otros que prefieren el lenguaje empresarial y niegan la toma de calles como acción sindical.
Nuestros capitalistas toman prestado inteligencia ajena y convierten en ‘supermarket de oportunidades’ las identidades que aportaron sus marcas, sus historias.
Así cualquier maleante adquiere oro a precio de caña. Los hijos de los hijos se cansan de las marcas y venden la cerveza nacional a ritmo de zamba; Sosúa pierde el encanto del batey y suena un corrido mejicano en su sinagoga, Barceló se conforma con un estruendoso olé, Brugal con un circunspecto Hello y por ahí va.
El más reciente despojo de identidad nacional es la venta de nuestro simbólico canal 7, primer canal de capital privado, antes Rahintel, hoy Antena Latina.
Lo ofrecen a un mejicano cuya diversión parece ser comprar emisoras por toda América Latina.
¿Se habrán detenido a pensar los propietarios de Antena Latina y los funcionarios del Estado responsables de avalar esa operación el valor histórico de esa pieza?
Ese intangible forma parte de nuestra cultura. ¿Se habrá preguntado alguien cuánto vale ese pedazo de tierra en la otrora Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre”, hoy Cetro de los Héroes, donde funciona el 7? ¿Cuánto valen el edificio, las antenas, los transmisores, las repetidoras, cámaras, equipos? ¿Regalarán de ñapa el canal 21? Sería bueno saber ¿cuánto valdrá esa marca llamada canal 7, que es uno de los 6 canales VHF que tenemos, con cuya venta se entrega a un extranjero el valor de la historia que guardan sus paredes?
La Dirección de Patrimonio Cultural ha luchado con tesón para mantener frentes de construcciones, monumentos y sitios históricos como aseguramiento de la identidad nacional. ¿Por qué no interviene en este caso? ¿Todavía seguiremos abonados al fracasado Libre Mercado?
Sería una inmoralidad más del capitalismo criollo seguir vendiendo nuestras marcas, es un ejercicio de ignorancia que conduce a la sociedad por el camino equivocado de la disolución de nuestros intangibles. Si los pseudo capitalistas nuestros no se detienen en esa práctica oprobiosa, que sea el gobierno quien pare la vaina.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!