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Partido APD está convencido que en las primarias PLD y PRM hubo fraude.
Max Puig, presidente del Partido Alianza por la Democracia y otros miembros de la Direccion Ejecutiva de la APD.
Max Puig, presidente del Partido Alianza por la Democracia (APD), dijo estar convenido de que en el proceso de primarias internas celebradas en el día de ayer, donde el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno escogieron los candidatos nacionales, congresuales y municipales que los representarán en las elecciones que serán celebradas en febrero y mayo de 2020, se realizaron bajo el manto de la oscuridad, la irresponsabilidad y el fraude electoral.
Esta entidad indicó que pruebas del fraude es que la Junta Central Electoral se opuso a que los equipos y el programa que serían usados en las primarias fueran revisados y auditados por instituciones externas y por los propios partidos políticos.
La Alianza por la Democracia (APD) está plenamente convencida que en el proceso de primarias internas celebradas en el día de ayer, donde el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno escogieron los candidatos nacionales, congresuales y municipales que los representarán en las elecciones que serán celebradas en febrero y mayo de 2020, se realizaron bajo el manto de la oscuridad, la irresponsabilidad y el fraude electoral.
En esta ocasión, igual como sucedió en 2016, cuando el actual presidente de la República fue impuesto, prevalecieron, ante la mirada indiferente de la Junta Central Electoral, el uso de dinero público en favor del candidato del Gobierno, la compra del voto, la propaganda abusiva y el uso indiscriminado de los medios de comunicación, sobrepasando a todas luces el tope de gasto establecido en la ley 33-18 y, de nuevo, la materialización del fraude electrónico, ahora de manera mucho más evidente que antes.
A las pruebas nos remitimos. Es por todos conocido que la Junta Central Electoral se opuso a que los equipos y el programa que serían usados en las primarias fueran revisados y auditados por instituciones externas y por los propios partidos políticos a los que les asiste y les está dado el derecho de conocer todas las características técnicas y pormenores del sistema boicoteando, además, la comparación de un porcentaje de las actas electrónicas emitidas por el computador luego de finalizadas las votaciones en cada uno de los colegios con los votos depositados por los electores en las urnas de cartón colocadas en las mesas electorales para esos fines, como se había acordado y corresponde cuando se usa el voto automatizado para la celebración de elecciones.
No es necesario referirnos a la imprudencia cometida intencionalmente por las autoridades electorales, que iniciaron el conteo de los votos publicando los “resultados” antes de que finalizaran las votaciones en gran parte del territorio nacional, realizada con el propósito expreso de condicionar mentalmente a la población e ir desviando la atención.
Ahora, para evitar una gran crisis política en el país, lo prudente es enmendar el error cometido por los partidos políticos que creyendo en la Junta Central Electoral, permitieron que las primarias fueran realizadas sin la debida auditoría del programa y de los equipos que se usarían en el proceso electoral, para lo cual es necesario proceder a:
- Investigar la denuncia efectuada por el ex presidente Leonel Fernández sobre la adulteración del código base para producir con ayuda de la introducción de un algoritmo ajeno al sistema electrónico, un fraude electoral en su contra;
- Realizar una auditoría forense a los “resultados electorales” presentados hasta el momento por la Junta Central Electoral, y
- Comprobado el hecho, castigar con todo el peso de la ley a los que participaron en tan perjudicial despropósito.
Es necesario que los partidos de oposición nos veamos en el espejo de lo que acaba de suceder. Si en las primarias de los partidos se produjo fraude, ya sea en su totalidad o en una parte del proceso, lo mismo ocurrirá en las elecciones del año 2020.
Hoy, en el país no existe ninguna posibilidad de celebrar elecciones libres y transparentes sin que antes se enfrente de manera resuelta la crisis que se ha iniciado. Si no resolvemos esta crisis, nadie podrá contar que será electo en un cargo público por la voluntad libérrima del pueblo, si no cuenta con el apoyo del dueño del país.
Ahora, lo aconsejable, es sanear todo el sistema electoral evitando con firmeza que la incertidumbre se apodere de los dominicanos.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA APD
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.