Opinión
Partidos políticos y dinero público
Por Rosario Espinal
Todas las disposiciones político-electorales afectan los partidos, aunque no hay acuerdo sobre qué conviene más. Hay legislaciones y tradiciones que favorecen un sistema político con pocos partidos fuertes que compitan electoralmente; otras favorecen la proliferación de partidos. El financiamiento público es solo un aspecto del debate, pero es importante.
En la República Dominicana, la legislación electoral favorece la proliferación de partidos. Los requisitos para mantener el registro legal son de relativo fácil cumplimiento y las alianzas constantes de partidos pequeños con los grandes les asegura cumplir con por lo menos uno de los prerrequisitos: tener algún funcionario electo.
El financiamiento público se estableció en la reforma electoral de 1997 con el objetivo de que los partidos se autonomizaran de las contribuciones privadas. Eso no se ha logrado porque tanto la Ley Electoral de 1997 como la Ley de Partidos de 2018 y la Ley Electoral de 2019 son laxas en el financiamiento privado.
Por su parte, el financiamiento público tiene sus acomodos. Cuando el PRSC comenzó a perder muchos votantes, el PLD, apoyado también por el PRD, concedió a los reformistas la posibilidad de seguir siendo parte del gran reparto del financiamiento público al establecerse en el 2005 que, para clasificar como partido mayoritario, el requisito era obtener más del 5% de los votos. Entre los mayoritarios se reparte el 80% de los fondos públicos.
Un 5% como criterio para el gran financiamiento es bajo, sobre todo, porque en la República Dominicana se concentra el voto en pocos partidos. Los demás reciben una votación exigua.
Ahora la nueva Junta Central Electoral (JCE) debía establecer cómo se repartirá el dinero público a los partidos en los próximos años. Cualquier criterio utilizado generaría malestar y controversia de un lado u otro. Podía utilizarse un nivel electivo o el cómputo conjunto de los distintos niveles de elección: presidencial, senatorial y diputaciones. La JCE, amparada en varios considerandos, escogió el cómputo conjunto de las elecciones del 5 de julio de 2020.
De los partidos que participaron, 19 sacaron menos de 1% de los votos válidos en el cómputo conjunto de los distintos niveles de elección, y no son partidos nuevos. Entre ellos se repartirá el 8% del dinero público destinado a los partidos.
Cinco partidos sacaron más de 1% y menos de 5%: la nueva Fuerza del Pueblo, el PRD y el PRSC (dos partidos en declive electoral), Alianza País y Dominicanos por el Cambio. Entre ellos se repartirá el 12% del dinero público.
De esos cinco partidos, dos obtuvieron ligeramente más del 5% en una de las instancias electivas: la Fuerza del Pueblo a nivel presidencial (5.6%) y el PRD en las diputaciones (5.5%)
La FP reclama que para clasificar como partido mayoritario se utilice el 5.6% del nivel presidencial. Si se complace, el PRD reclamará su 5.5%. Y otros más minoritarios solicitarán lo mismo para subir de nivel.
El reciente Reglamento 01-2021 de la JCE sobre financiamiento público de los partidos coincide con el criterio finalmente utilizado por la JCE anterior para establecer el orden de los partidos en la boleta de las elecciones del 5 de julio 2020: el cómputo conjunto de los distintos niveles electivos en las elecciones previas.
En algún momento habrá que revisar la legislación sobre el financiamiento público de partidos para hacerla más adecuada y precisa. Cuando se haga, ojalá se evalúe si tiene sentido o no seguir financiando tantos partidos que no alcanzan 1% de los votos, y que se eleve el porcentaje mínimo requerido para recibir financiamiento como partido mayoritario.
Artículo publicado en el periódico HOY
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.