Nacionales
Partidos reciben hoy fondos de la JCE.
Seiscientos treinta millones de pesos distribuirá a partir de esta semana la la Junta Central Electoral (JCE) entre los partidos políticos como parte de la contribución económica que les otorga el Estado.
Así lo garantizó Román Jáquez Liranzo, presidente del tribunal electoral, tras informar que la partida corresponde a los primeros seis meses del presente año y aclarar que el completivo de los recursos que establece la Ley Electoral se entregará tan pronto sea aprobado el presupuesto complementario.
El magistrado explicó que la entrega de los RD$630 millones es posible porque fue resuelto el impasse con la Dirección de Presupuesto sobre la cantidad de dinero anual que deben recibir los partidos políticos.
Aseguró que esas entidades recibirán este año RD$1,260 millones y no la mitad de esa suma.
“En esta semana el ministro de Hacienda le envió una comunicación a la Dirección General de Presupuesto para que se nos acreditaran los 630 millones de pesos como el presupuesto del primer semestre y así se hizo y el viernes fuimos acreditados con la mitad para los primeros seis meses”, manifestó Jáquez Liranzo, durante una entrevista en el programa Verdades al Aire que produce por CDN, canal 37, el periodista Adolfo Salomón.
“La semana que viene haremos la distribución correspondiente en base a la resolución”, precisó el funcionario electoral, para luego indicar que los RD$630 millones restantes, correspondientes al segundo semestre del año, serán acreditados mediante un presupuesto complementario en el mes de agosto.
“Esta es la solución que planteó el Ministerio de Hacienda”, refirió Jáquez Liranzo, quien dijo que la solución al conflicto fue consensuada con los partidos políticos.
Al ser preguntado sobre si todavía se falsifican cédulas, el presidente de la Junta Central Electoral manifestó que todavía existe esa práctica.
Reveló que la JCE llegó a un acuerdo con el Ministerio Público a través de la procuradora general de la República, Miriam Germán, y se ha asignado a una fiscal exclusivamente para trabajar los temas de infracciones al Registro Civil.
“Ya tenemos dos meses investigando y que se sepa, que esas redes que manejan a lo externo y no descartamos a lo interno… Se están haciendo investigaciones profundas para en los próximos meses hacer sometimientos concretos a personas que infringen en el Registro Civil”, manifestó.
Registro Civil
Además, se trabaja en la eficientización del Registro Civil, y puso como ejemplo la Eliminación del Trámite de la Legalización del Acta del Estado Civil (ETLA), cuyo objetivo principal es que el acta de nacimiento validada siempre tenga vigencia.
El funcionario electoral explicó que el acta antes tenía un sello detrás, ahora tiene un código QR que le permite a la institución leer el documento y de inmediato le sale la información: “Acta validada”.
Jáquez Liranzo indicó que el ciudadano, con esta nueva modalidad de trámite, puede tener un acta con uno, dos o tres años y usarla sin inconvenientes.
Aunque la transformación del proceso inició en algunas oficialías, el plan de la JCE es que a más tardar en dos meses el cambio pueda ser una realidad en las 158 oficialías del Estado Civil. que existen en el país.
Habrá consenso en las designaciones
Con relación a la consulta previa con los partidos políticos para la ratificación y asignación de personal en cinco direcciones del órgano comicial, Jáquez Liranzo señaló que iniciaba este 19 de abril, pero se dio una prórroga y ahora será a partir del 17 de mayo.
Recordó que en este tema, la ley establece que cinco direcciones deben ser consensuadas con los partidos políticos: Elecciones, Registro Civil, Registro Electoral, Cedulación e Informática. “Las personas que sean ratificadas o designadas serán consensuadas con los partidos políticos porque son áreas neurálgicas”, apuntó Jáquez Liranzo.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.