Nacionales
Partidos reciben hoy fondos de la JCE.
Seiscientos treinta millones de pesos distribuirá a partir de esta semana la la Junta Central Electoral (JCE) entre los partidos políticos como parte de la contribución económica que les otorga el Estado.
Así lo garantizó Román Jáquez Liranzo, presidente del tribunal electoral, tras informar que la partida corresponde a los primeros seis meses del presente año y aclarar que el completivo de los recursos que establece la Ley Electoral se entregará tan pronto sea aprobado el presupuesto complementario.
El magistrado explicó que la entrega de los RD$630 millones es posible porque fue resuelto el impasse con la Dirección de Presupuesto sobre la cantidad de dinero anual que deben recibir los partidos políticos.
Aseguró que esas entidades recibirán este año RD$1,260 millones y no la mitad de esa suma.
“En esta semana el ministro de Hacienda le envió una comunicación a la Dirección General de Presupuesto para que se nos acreditaran los 630 millones de pesos como el presupuesto del primer semestre y así se hizo y el viernes fuimos acreditados con la mitad para los primeros seis meses”, manifestó Jáquez Liranzo, durante una entrevista en el programa Verdades al Aire que produce por CDN, canal 37, el periodista Adolfo Salomón.
“La semana que viene haremos la distribución correspondiente en base a la resolución”, precisó el funcionario electoral, para luego indicar que los RD$630 millones restantes, correspondientes al segundo semestre del año, serán acreditados mediante un presupuesto complementario en el mes de agosto.
“Esta es la solución que planteó el Ministerio de Hacienda”, refirió Jáquez Liranzo, quien dijo que la solución al conflicto fue consensuada con los partidos políticos.
Al ser preguntado sobre si todavía se falsifican cédulas, el presidente de la Junta Central Electoral manifestó que todavía existe esa práctica.
Reveló que la JCE llegó a un acuerdo con el Ministerio Público a través de la procuradora general de la República, Miriam Germán, y se ha asignado a una fiscal exclusivamente para trabajar los temas de infracciones al Registro Civil.
“Ya tenemos dos meses investigando y que se sepa, que esas redes que manejan a lo externo y no descartamos a lo interno… Se están haciendo investigaciones profundas para en los próximos meses hacer sometimientos concretos a personas que infringen en el Registro Civil”, manifestó.
Registro Civil
Además, se trabaja en la eficientización del Registro Civil, y puso como ejemplo la Eliminación del Trámite de la Legalización del Acta del Estado Civil (ETLA), cuyo objetivo principal es que el acta de nacimiento validada siempre tenga vigencia.
El funcionario electoral explicó que el acta antes tenía un sello detrás, ahora tiene un código QR que le permite a la institución leer el documento y de inmediato le sale la información: “Acta validada”.
Jáquez Liranzo indicó que el ciudadano, con esta nueva modalidad de trámite, puede tener un acta con uno, dos o tres años y usarla sin inconvenientes.
Aunque la transformación del proceso inició en algunas oficialías, el plan de la JCE es que a más tardar en dos meses el cambio pueda ser una realidad en las 158 oficialías del Estado Civil. que existen en el país.
Habrá consenso en las designaciones
Con relación a la consulta previa con los partidos políticos para la ratificación y asignación de personal en cinco direcciones del órgano comicial, Jáquez Liranzo señaló que iniciaba este 19 de abril, pero se dio una prórroga y ahora será a partir del 17 de mayo.
Recordó que en este tema, la ley establece que cinco direcciones deben ser consensuadas con los partidos políticos: Elecciones, Registro Civil, Registro Electoral, Cedulación e Informática. “Las personas que sean ratificadas o designadas serán consensuadas con los partidos políticos porque son áreas neurálgicas”, apuntó Jáquez Liranzo.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.