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Defensa de pastora dice que ella “es una emprendedora”, no una “pobretona”.
Santo Domingo.-La defensa técnica de la pastora Rosy Maybelline Guzmán Sánchez, imputada en la Operación Coral, dijo que ella no es una pobretona, sino una emprendedora que desde el 2002 cuando inició su carrera de Derecho, ha manejado más de 168 millones de pesos y es propietaria de 10 inmuebles producto del ejercicio de su profesión.
Al pedir a la jueza del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, que rechace la solicitud del Ministerio Público de enviar a juicio a Guzmán Sánchez y a su hijo Tanner Flete, sostuvo que en vez de cuestionar la solvencia de esa familia se debería “celebrar” su “éxito” porque proviene de un sector humilde como el de Cristo Rey.
El abogado Héctor López Rodríguez afirmó que la empresa Único Real State E Inversiones SRL, propiedad de la familia de la pastora, hizo todas las transacciones de manera lícita, por lo que el órgano persecutor no tiene cómo demostrar la acusación que le hace de asociación de malhechores, lavado de activos y de testaferro.
Héctor López Rodríguez aseguró que los señalamientos del Ministerio Público de que Guzmán Sánchez se benefició de la supuesta red que desfalcó al Estado y que encabezaba el mayor general Adán Cáceres Silvestre, como jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, a partir del 2012, es otro del “sancocho” que no concluirá ni siquiera en una “sopa boba”.
Expuso que los mayores ingresos que obtuvo la imputada, en base a su trabajo, fue en el período 2002 hasta el 2012 y que en este último año se «reducen de manera drástica sus ingresos y los depósitos en las cuentas de bancos que esta manejaba» porque conoció a Jesucristo.
Explicó que la relación que tiene con el coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza es desde los años 90 y con quien, en el 2002, se asoció para montar la empresa Núñez Guzmán y Asociados.
Núñez de Aza es señalado por el Ministerio Público como el “cerebro financiero” del alegado entramado que, según la acusación, engañó al Estado con más de 4,000 millones de pesos.
Guzmán Sánchez, conforme a su representante, hacía préstamos, compraba y vendía bienes inmuebles y que “lo que hizo fue prestar su trabajo y su fe a instituciones que ella entendía se lo merecían, además de su trabajo como abogada”.
Una de las propiedades en las que se atribuye a la empresa Único Real State E Inversiones SRL simular que es dueña y que, según el MP es un apartamento adquirido para el imputado Juan Carlos Torres Robiou consiste en un apartamento turístico dentro del condominio Balcones del Atlántico, ubicado en la calle 27 de Febrero del municipio de Las Terrenas, en Samaná «con un valor aproximado en la actualidad (la acusación fue en 2021) de medio millón de dólares».
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.