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Juicio preliminar del caso Medusa ha sido reenviado 94 veces, dice P.C.
Santo Domingo, R.D.-El segundo informe de Participación Ciudadana presentado este lunes establece en el observatorio de expedientes de corrupción administrativa, correspondiente al caso Medusa, en el que el principal implicado es el exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, ha sido reenviado 94 veces.
El movimiento cívico no partidista evidencia en su informe que el conocimiento de la audiencia preliminar tuvo que ser aplazada 94 veces antes de que el juez Amauri Martínez tomara la decisión de enviar el caso a juicio de fondo.
Expresan que el motivo principal se debió a que se buscaba leer el expediente completo, que consta de 12,274 páginas, proceso que aseguran duro casi seis meses y provocó 45 aplazamientos.
Subrayan que la audiencia preliminar está diseñada para determinar la seriedad o no de la acusación y si esta merece o no ir a juicio de fondo.
“El juez vela especialmente para que en la audiencia preliminar no se pretenda resolver cuestiones que son propias del juicio” de fondo. “En cuanto sean aplicables, rigen las reglas del juicio, adaptadas a la sencillez de la audiencia preliminar”, citan del artículo 300 del Código Procesal Penal Dominicano
Juzgan además que la recusación a los jueces que conocen el proceso, se mantiene como una técnica utilizada para atrasar procesos. “Llegándose en este caso no solo a recusar al juez, sino además a todos los jueces de la corte que debían decidir la recusación”.
Indican que la primera audiencia se celebró el 12 de agosto de 2022 y fue aplazada al 19 de diciembre de 2022, con el propósito de que los imputados tuvieran acceso a la acusación, en esta última fecha se volvió a posponer para el 24 de febrero de 2023.
Luego de esto, resaltan que aunque el CPP solo ordena la lectura de la parte relativa a los hechos y la calificación jurídica, el juez decidió darle lectura completa a la acusación completa, proceso que se extendió desde el 9 de junio al 1 de diciembre de 2023, lo que provocó 45 aplazamientos.
“En ese lapso de casi 6 meses de lectura de la acusación, hubo numerosos incidentes y aplazamientos, como en la audiencia del 20 de junio en la que la imputada Altagracia Guillén presentó excusa médica. Lo mismo hizo la imputada Cristina Jackson en la audiencia del 14 de julio, quien tuvo que ser separada del juicio”, indican.
Señalan que en fecha 15 de diciembre de 2023, el juez Martínez fue recusado por Félix Antonio Labrada, volviendo a conocerse el juicio el 19 de enero, siguiéndole a esto una serie de aplazamientos por diversos motivos, resaltando entre estos, excusas médicas y asistencia de imputados sin sus abogados.
Para el 31 de mayo de este año, le correspondía a Jean Alain iniciar su defensa, sin embargo se aplazó, debido a que este solicitó el mismo para poder instalar equipos audiovisuales que utilizaría, lo que se extendió hasta el 4 de junio, día en que se presentaron las conclusiones.
El 28 de junio Martínez leyó su decisión y fijo la lectura completa para el 5 de agosto, fecha en que concluyó la fase intermedia y será el 23 de este mes, cuando el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional presidido por la magistrada Keila Pérez Santana e integrado por los magistrados Elías Santini y Arisleida Méndez de inicio al juicio de fondo.
Sobre esto, Participación Ciudadana expresó sentirse expectante de que el tribunal vele por la eficiencia y honre la responsabilidad de la Constitución y las leyes, dictando una sentencia conforme a las pruebas presentadas por el órgano.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.