Opinión
Penosa caída de Evo Morales
Por Juan Bolívar Díaz
La abrupta caída del gobierno de Evo Morales, el primer indígena presidente, tras una serie de desaciertos políticos que incluyeron un auténtico fraude electoral, es un capítulo penoso del macondismo latinoamericano, que sume a Bolivia en profunda crisis institucional, y deja una lección para políticos y gobernantes.
Es justo deplorar este final de un gobernante que había reivindicado la raza originaria, preterida durante los cinco siglos, aunque constituye más de la mitad de la población boliviana, y sobre el 90 por ciento sumado el mestizaje, que rescató también la riqueza de hidrocarburos, multiplicando siete veces sus ingresos, y auspició políticas de inclusión social, y redistribución que redujeron la pobreza a menos de la mitad. Sus 14 años de gobierno constituyen el mayor período de estabilidad político-social, crecimiento económico y prosperidad de Bolivia. No se le vinculó a la rampante corrupción latinoamericana ni fue un dictador ni persecutor de opositores.
Pero para ser rigurosos, lo ocurrido el domingo no fue un clásico golpe de estado, aunque con algunos de sus componentes, porque también hubo algo de autogolpe, derivado del abuso con que Evo quiso mantenerse a toda costa en el poder, manipulando la institucionalidad democrática, hasta incurrir en un escandaloso fraude electoral, minuciosamente documentado por una amplia y muy diversa misión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Evo fue víctima del mesianismo y el caudillismo latinoamericano que constituye en insustituibles a líderes y gobernantes. Tras 14 años de gobierno, se buscaba a cualquier precio un cuarto período. Fue incapaz de promover sucesores, aunque tuvo colaboradores de alta categoría como su mismo vicepresidente Alvaro García.
Electo por primera vez en el 2005, con el 54 por ciento de la votación, auspició una nueva Constitución que le permitió reelegirse en el 2009; una cláusula transitoria establecía que sólo sería posible esa vez, pero luego se buscó una complaciente interpretación constitucional que le permitió una tercera elección en el 2013. No conforme, ya para el 2015 andaba en búsqueda de otra reforma constitucional, decidiendo someterla a un plebiscito, contando con la mayoría sobre el 60 por ciento de sus dos elecciones anteriores. Pero el electorado ya dio muestras de fatiga ante el relajo constitucional y el 51.3 por ciento le dijo que no. Apeló de nuevo a la interpretación y encontró jueces complacientes que dictaminaron que su derecho a la reelección estaba por encima de su Constitución. Candidato para la elección del 20 de octubre, buscando el cuarto período, Evo era consciente de la merma de su apoyo, marcado por el resultado del plebiscito y las encuestas. Tenía que ganar en primera vuelta, lo que era posible superando por 10 puntos al segundo, si lograba pasar del 40 por ciento. Al computarse el 81 por ciento, cuando sólo registraba 7 puntos de ventaja, se dejó de transmitir resultados por 16 horas, y al reanudarse quedó a centímetros de la meta, que alcanzó en el último 5 por ciento del escrutinio.
Tras dos semanas de protestas y violencia, a la defensiva ante la opinión pública nacional e internacional, Morales accedió a que una misión de la OEA realizara una auditoría técnica al proceso electoral, cuyo informe preliminar presentado el domingo es minucioso en detalles que configuran un fraude electoral. Se comprobó alteración y falsificación de actas, que parte del procesamiento se hizo fuera de los locales electorales, que resultados fueron redirigidos a un servidor no oficial, y graves fallos y abusos tecnológicos, en la cadena de custodia de los documentos electorales, en la integridad de las actas y en las proyecciones estadísticas. El 38 por ciento de 178 actas de la votación en Argentina presentaron inconsistencias, como mayor número de votos que de votantes.
El mismo domingo, cuando la OEA recomendó repetir la elección, Evo lo aceptó, lo que implícitamente era una aceptación del fraude electoral. Se multiplicaron las protestas y los actos de violencia y ahí llegó la recomendación militar de que renunciara. Lo hizo sin estar obligado, lo que hubiese podido evadir de haber mantenido el apoyo mayoritario.
Tras la documentación del fraude, correspondía que junto al anuncio de nuevas elecciones, Evo declinara repostularse, abriendo espacio a que otro de los suyos lo pudiera relevar, lo que pudo evitar su penoso final y el desastre institucional. Si no se puede justificar la petición militar, mucho menos el fraude electoral, pues ambas cosas quedan indisolublemente vinculadas. El relajo constitucional y la adicción al poder fueron las causas mediatas e inmediatas de este penoso final. Frente a Evo, como ante Maduro, Daniel Ortega o Danilo Medina, hay que sustentar los valores democráticos y el rechazo al abuso del Estado y el fraude electoral. Aunque duela.-
Por José Cabral.
Este pasado 5 de noviembre se celebraron elecciones en los Estados Unidos en las que fue escogido como presidente de la nación más poderosa del mundo un criminal convicto.
Donald Trump ha sido condenado por una serie de delitos civiles y penales y todavía tiene otros pendientes, los cuales de seguro serán sobreseídos mientras ocupe la jefatura del Estado.
Pero poco importa que las cosas ocurran de ese modo, porque ya Trump tiene un sello como un criminal convicto que desde cualquier perspectiva que se vea impacta negativamente a los Estados Unidos.
Es la primera vez que en este país se escoge un presidente condenado por la comisión de delitos comunes, lo cual deja mucho que decir.
Esta elección tiene dos aristas a analizar, la primera es que la alta votación del ciudadano norteamericano en su favor no deja dudas de que este hombre recibe todo el apoyo de su pueblo, lo que quiere decir que aplaude y aprueba sus andanzas.
Lo otro es que, con la elección de un criminal convicto, los Estados Unidos no pueden pedirles a los demás países una conducta diferente a la que ha tenido Trump.
Presionar y exigir que los actores políticos, por ejemplo, de Latinoamérica, que usan la corrupción administrativa en el manejo del Estado, sería como pedir lo que no se puede dar, es decir, demandar una conducta moral que difiere de la que ha exhibido el jefe del Poder Ejecutivo en la potencia de norte.
Se puede decir, entonces, que de ahora en adelante no se le puede tolerar a los Estados Unidos que publique informes sobre la corrupción que se produce desde los gobiernos en Latinoamérica y el mundo, porque no tiene la moral para ello.
Cómo pedirle, por ejemplo, a los haitianos que no involucren el Estado con acciones al margen de la ley cuando su presidente está metido hasta los tuétanos en esos asuntos.
Lo otro es que los ciudadanos de los Estados Unidos deben sentirse orgullosos de su presidente electo, pese a sus condenas por la comisión de una serie de actos que riñen con la ley, porque es el resultado de su decisión.
Las cosas son así de sencillas, pero también de complejas.
Por Isaías Ramos
Es profundamente preocupante que, al cumplirse hoy 180 años desde la promulgación de nuestra constitución original, nuestro país aún no haya sido capaz de implementar plenamente el mandato constitucional que obliga a los mandatarios a «cumplir y hacer cumplir» la ley. Esta omisión ha sido una constante, con contadas excepciones.
Es inaceptable que la población siga permitiendo que la clase política se burle impunemente del cumplimiento de sus deberes. El pacto social que debería unirnos como nación, cimentado en la implementación efectiva de nuestra Constitución, sigue siendo una utopía inalcanzable. Cada día que pasa sin que se lleve a cabo una verdadera reforma política y social, es un día más en el que el pueblo sigue perdiendo su norte, mientras una clase dirigente egoísta y corrupta se perpetúa en el poder. Es indignante que, tras 14 años, 9 meses y 10 días desde la promulgación del Estado Social y Democrático de Derecho, todavía se siga utilizando nuestra Constitución como un simple «pedazo de papel», en lugar de ser la guía y el fundamento del orden social y político.
La falsedad y el engaño han sido los pilares de este gobierno y de muchos otros anteriores. Nos dicen una cosa mientras hacen todo lo contrario. Como nación, ya no podemos seguir tolerando que las élites políticas gobiernen de manera caprichosa, desinteresada y corrupta, priorizando su propio beneficio a costa del bienestar de la población. Es urgente que el pueblo exija un cambio real, un retorno a los principios democráticos y sociales que deben regir nuestra convivencia.
El actual modelo de gobierno, que ha entregado las riendas del país a los intereses de unos pocos, ha desatado un proceso de saqueo sistemático, endeudamiento y opresión que ha afectado a millones. Este modelo se basa en el desmantelamiento del Estado y la concentración de los recursos en manos de las élites. En lugar de avanzar hacia un Estado Social y Democrático de Derecho, como dictan nuestra ley de leyes, hemos retrocedido a un Estado corporativista que favorece los intereses de unos pocos, mientras el pueblo sigue hundido en la pobreza.
Cuando aceptamos que el lucro y la codicia, practicados sin control, son el motor del progreso, nos hemos rendido ante la idea de que cualquier acto de enriquecimiento personal puede ser justificado. La corrupción, el lavado de activos y el saqueo de los recursos públicos son vistos como «contribuciones al capital creativo del capitalismo», mientras más del 40% de nuestra población vive en condiciones de pobreza extrema. Esta perversión del sistema ha generado una profunda desigualdad y ha condenado a la mayoría del pueblo a vivir en la miseria, mientras una élite política y económica acumula riquezas de manera escandalosa.
Esta miseria planificada es aún más grotesca cuando observamos la riqueza acumulada por una clase política que solo busca perpetuar su poder para robar y saquear los recursos del país. La élite actual ha logrado instalar un modelo de despojo que favorece a pocos, a costa de las generaciones presentes y futuras. Este pillaje no solo se basa en la explotación de nuestros recursos naturales, sino en el control absoluto de las instituciones del Estado, a través de un capitalismo mafioso que permite a actores corruptos perpetuar un sistema injusto y destructivo.
La corrupción masiva está normalizada y no se ve ningún cambio a la vista. Necesitamos urgentemente un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho. Desde el Frente Cívico y Social, defendemos este modelo porque representa una verdadera renovación, una opción frente a la corrupción y el desgobierno que nos está destruyendo. Tirar por la borda la libertad que nuestros héroes lograron a costa de sacrificios inmensos es un sacrilegio que no podemos permitir.
¿Cómo podemos seguir en silencio ante tanta ignominia? ¿Cómo podemos ver cómo se entregan nuestros derechos territoriales sin que se levante una sola voz en defensa de la patria? Nos descalifican con frases vacías sobre su supuesta superioridad intelectual, pero no podemos callar ante el despojo sistemático de lo que es nuestro. Nos tildan de ignorantes y nos acusan de romantizar el pasado, pero lo cierto es que estamos luchando por un futuro mejor, uno que respete nuestros derechos fundamentales, nuestra soberanía y nuestra identidad.
Es inaceptable que sigamos siendo cómplices de la indiferencia y la pasividad. La cultura del engaño, la manipulación y la falsedad debe ser erradicada. La clase política que gobierna ha sido incapaz de garantizar los derechos constitucionales, y cada día que pasa estamos más cerca de perder lo que tanto nos costó conquistar. La apatía social solo beneficia a aquellos que han mantenido secuestrado al Estado, despojándonos de nuestras libertades y derechos fundamentales.
Por ello, en el FCS hacemos un llamado urgente al pueblo a despertar de su letargo y tomar las riendas de su destino. Ya no podemos seguir siendo espectadores de nuestra propia historia. Es hora de exigir la implementación plena de la Constitución y de restablecer un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho que garantice los derechos políticos, económicos y sociales para todos. Debemos organizarnos, movilizarnos y exigir la rendición de cuentas de los gobernantes. La lucha por la justicia social no puede seguir siendo una promesa vacía ni una ilusión remota.
El cambio solo será posible si unimos nuestras fuerzas para erradicar esta cultura de demagogia y corrupción. Es hora de rechazar el cinismo de aquellos que han prometido el cambio y han traicionado la confianza del pueblo. La libertad y la dignidad de nuestra nación no deben seguir siendo mercadeadas como un bien de consumo. ¡El pueblo tiene el poder de transformar su realidad! ¡Es hora de que nos levantemos con firmeza, decididos a recuperar lo que es nuestro por derecho! No dejemos que nos roben el futuro que nos pertenece. ¡El momento de la acción es ahora!
¡Despierta, RD!
Por Nelson Encarnación
La soledad del poder es un concepto referido, básicamente, al espacio y tiempo cuando el gobernante entra en la etapa final de su mandato, en la cual, como ratas en naufragio, algunos de su cercanía—y más aun de los aparecidos—empiezan a saltar del simulado barco del Estado.
Es decir, un mandatario que concluye y no tiene opción de continuidad, comienza a experimentar la soledad, pues casi siempre se va quedando con pocos leales que permanecen a su lado a pesar de las tempestades.
Sin embargo, no siempre tiene que ser en ese momento ni en esas circunstancias cuando se experimenta la soledad, porque se puede estar solo en la defensa de políticas esenciales para la buena marcha de la administración.
Y peor es cuando se desconecta con la población porque esta carece de la información básica para no dejarse confundir. Verbigracia, el reciente naufragio de la reforma fiscal es un caso específico.
El presidente Luis Abinader está convencido de que la reforma no solo era y sigue siendo necesaria, casi indispensable, sino que sus efectos negativos podrían ser atenuados con los positivos.
Estos elementos de gran impacto positivo quedaron sepultados por la corriente mediática que satanizó la reforma, mientras los encargados de contrastar lo bueno con lo malo, fueron ahogados de tal forma que el proyecto parecía no contener nada positivo.
Pero veamos, someramente, algunos puntos fundamentales que la población desconoció en detalle, porque falló la didáctica de los encargados de hacerlos digeribles:
—Se proyectaba duplicar el salario mínimo del sector público, lo que también implicaba que otros salarios subsiguientes aumentaran empujados por el menor.
—Los municipios y distritos verían duplicados sus presupuestos, con el impacto que esto representaba para las comunidades, expresado en obras, mejoramiento de entornos y más.
—Se difería el pago del anticipo para ser liquidado trimestralmente, lo que tendría un efecto altamente significativo en el fortalecimiento de las mipymes, cuya incidencia casi revolucionaria repercutiría en la creación de nuevas empresas y, por consiguiente, la posibilidad de ampliar la clase media.
¿Por qué la población no fue debidamente edificada sobre estos y otros aspectos positivos de la reforma y se permitió que la parte negativa se impusiera?
Solo dejo esta interrogante, porque el presidente no puede, al mismo tiempo, cantar la misa y andar en la procesión.