Opinión
Perversión capitalista del deporte
Por Narciso Isa Conde
El negocio lucrativo privado es parte de la dinámica capitalista y el capitalismo no tiene como móvil fundamental ni las necesidades ni los derechos humanos, sino su interés de acumular capital, expandir el capital acumulado y obtener el máximo de ganancia.
Esto lo hace con medios lícitos dentro del orden burgués y con medio ilícitos en ese mismo contexto, lo que progresivamente mercantiliza y corrompe todo hasta convertirse en un capitalismo delincuente, en un lumpen capitalismo.
· PRIVATIZACIÓN,” MODELO LIBERTARIO” Y NEOFASCISMO.
Un componente esencial de la estrategia neoliberal o neoconservadora del capitalismo imperialista de estos tiempos es la imposición de la privatización de gran parte de la propiedad pública, los servicios públicos, la propiedad social, las actividades recreativas y el tiempo de ocio, y que intensifica su voracidad sobre el patrimonio natural no humano de las naciones.
Esto se hace también a nombre de un supuesto “modelo libertario”, que a la vez de reducir el Estado en casi todo lo que no son sus aparatos policiales y militares, y en todos sus mecanismos (viejos y nuevos) que tiende a garantizar en mucho mayor escala la acumulación y expansión del gran capital y la maximización de las ganancias de las elites capitalistas mundiales y globales.
Ese modelo apela, además, en nombre de la libertad, a un paquete de concepciones que históricamente ha alimentado diversas modalidades de lo que se ha conocido como fascismo.
Me refiero al racismo, al colonialismo racista, a la xenofobia u odio a los migrantes e inmigrantes, al machismo patriarcal, a la homofobia o condena de la homosexualidad, al lesbianismo y a toda orientación sexual no binaria en materia sexual.
Un modelo de la dominación capitalista que opta por el despotismo y la dictadura de los adultos varones contra niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, e incluye también el desprecio por las personas de todas las edades con determinadas discapacidades.
La confluencia de estos mecanismos de apropiación de lo público y lo social por la vía de las privatizaciones y demás políticas y programas propios del neoliberalismo o neoconservadurismo, y la apelación a las argumentaciones que niegan derechos fundamentales, son muy variadas y abarcan distintas vertientes de la vida en sociedad, que potencian en grados extremo las desigualdades de toda índole e imponen diferentes modalidades de “campos de concentración abiertos” de miles de millones seres humanos azotados por el mal vivir y de centenares de miles al borde de la muerte.
Al mismo tiempo que degradan de esa manera la vida humana… destruyen, contaminan y degradan la naturaleza no humana, poniendo en riesgo a corto y mediano plazo la existencia del planeta como asentamiento de vida humana, vegetal y animal.
· EL DESASTRE SOCIAL.
Los desastres en salud, educación, transporte, sector vivienda…especulación, corrupción, carencias, caos, desigualdades brutales, tragedia, desregulación, ilegalidades, estafas, crímenes en todas esas vertientes de la vida en sociedad, es el resultado del predominio cada vez abrumador del negocio y del ilimitado afán lucro individual y de empresas capitalistas.
Explotan periódicamente los escándalos por hechos conmovedores, se habla de medidas y parches, y luego todo se reproduce para peor.
Entre sus impactos aterradores en nuestro país sobran los ejemplos de daños ocasionados en áreas vitales, por su conversión de esas áreas en negocios altamente lucrativos para una minoría escandalosamente opulenta, y para su persistente dominación destructiva.
-LA SALUD, sus vertientes preventivas y curativas, debe ser un derecho financiado por el presupuesto a cargo de los contribuyentes. Un derecho de tanta calidad científica como la que merece la preservación de la vida humana.
Prevenir la salud y curar las enfermedades no debería ser negocio, no debe ser fuente de enriquecimiento individual ni de grupo capitalistas, cada vez más poderosos, insensibles y deshumanizados.
Pero es negocio en gran escala y la salud pública y la seguridad social son un desastre pobremente financiado por el Estado.
Los profesionales y trabajadores de salud merecen a la vez salarios dignos y vida digna. Pero una gran parte carecen de esas condiciones.
El negocio degrada la salud.
-LA EDUCACIÓN debería ser también un derecho con igual sustentación, apoyada en el desarrollo de la ciencia para garantizar el desarrollo humano. Esto requiere programas y personal docente de alta calidad; y los déficits en esas vertientes resultan insultantes
-EL TRANSPORTE PÚBLICO bien organizado, de calidad, a precio accesible, sin que medie el afán de lucro, es una necesidad nacional. Pero es caro, caótico y altamente peligroso.
-EL PLAN SOCIAL DE VIVIENDAS DIGNAS debe predominar en la política habitacional del país, pero el déficit de viviendas habitables supera el millón.
-MINERAS, GRANCERAS, ASERRADEROS, TURISMO, INDUSTRIAS CONTAMINANTES, VERTEDEROS INSÓLITOS… han creado una crisis ambiental y de agua, con perspectivas de agravarse mediante nuevas iniciativas destructivas, que ponen en riesgo la vida en esta isla.
-TRAFICANTES de personas, armas, drogas han creado una enorme y peligrosa economía de la sombra que se mete en todo y lo pervierte todo en términos delictivos, convirtiendo incluso en mercancía abusada la fuerza de trabajo de migrantes y las adolescentes y mujeres traficadas.
· NEGOCIO Y DEPORTE.
Pero hoy quiero agregar un tema de alta sensibilidad, encubierto por el espectáculo y el éxito engañoso de su manipulación como gran negocio del capitalismo transnacional y local. Me refiero al sector deporte.
Los deportes son medios de diversión sana y vida saludable, pero el negocio los está pervirtiendo progresiva y aceleradamente.
Desgarra el alma la conversión de los deportes en actividades mercantiles moralmente degradadas.
Campos de entrenamientos e instalaciones convertidas en empresas, muchas de ellas inescrupulosas.
Fomento de una cultura que presenta el deporte como vía de enriquecimiento, como fábrica de megamillonarios y medio espectacular de enriquecimiento individual y familiar (a lo lotos y bancas); encubriendo el negociazo empresarias
Niños, niñas y jóvenes de ambos sexos son tratados peor que los animales de carreras y de exhibición.
Uso indiscriminado de drogas y anabólicos.
Empresas no reguladas ensambladas a consorcios locales y mundiales que le sacan millonadas a los deportes comercializados.
Los deportes aficionados convertidos en canteras de las empresas capitalistas del deporte, o en hoja de parra y medio de publicidad del lumpen capitalismo local y mundial.
Niños/as, adolescentes y jóvenes secuestrados, y familias engañadas en su ignorancia.
Solo son súper enriquecidos, súper elogiados y manipulados como medios de publicidad, los pocos que suben al estrellato; ocultando a los tantos que hicieron de conejillos de india, de material de laboratorio y personal descartable; y menospreciando a los muchos que compiten sin llegar al triunfo cimero.
Las estrellas tienen condiciones excepcionales y méritos propios. Es de justicia facilitar compensaciones para que se les garantice una vida decorosa. Pero la publicidad y el tratamiento que le otorga elevados niveles de lucro y fama, los convierte soterradamente en instrumentos de ganancias colosales de los capitalistas dueños del negocio.
Son multimillonarios súper explotados. Una categoría difícil de entender,
El deporte así convive con los grandes negocios y los grandes negociantes del ramo, incluidos corruptos y corruptores que tutelan, comercializan y pervierten esa actividad.
Sobresalen las estrellas que altos beneficios les dejan a los capitalistas del deporte, a la vez que se cometen enormes injusticias dentro de una maquinaria que trata al deportista, no como ser humano, sino como mercancía sometida a la ley de la oferta y la demanda y a la rentabilidad astronómica del gran capital en esa vertiente de la economía de la diversión,
Los descartados del paraíso son ocultados y no faltan los mutilados, los afectados en su salud y hasta los asesinados, como es el caso de los niños fallecidos luego de inyectados con fármacos de caballo y sustancias prohibidas
Urge desechar el tratamiento superficial del tema y meternos en sus podridas entrañas protegidas por el poder dominante.
Casos ejemplares de desarrollo del deporte olímpico y aficionado, sin convertirlos en negocios, merecen ser estudiados: Cuba, la República Democrática Alemana (RDA), URSS, China, Vietnam y no pocos momentos en que, incluso en países netamente capitalista como RD, el deporte aficionado mereció el trato debido.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!