Opinión
¿Por qué al PRM no se le investiga por sus conexiones con Miguel Gutiérrez y Miky López?
Por Narciso Isa Conde
Abinader en su SEMANAL montó otro espectáculo mediático sobre el tema corrupción, destacando los dineros recuperados en los procesos abiertos, casi todos correspondiente a la corrupción danilista: 6,5OO millones de pesos.
No precisó cuánto les toca de esa suma a los abogados designados para esos fines, encabezados por el defensor del dueño del JET SET.
Olvidó toda la corrupción leonelista (solo Félix Bautista se robó 25 mil millones, la estafa de los Súper Tucanos sobrepasa los 80 millones de dólares y lo de Diandino no ha sido tocado), la corrupción oligárquica (EDE-HAINA/FONPER, SANSOUCI, ANTENA LATINA, contrato estafa de BARRICK GOLD, pasivos ambientales de FALCONDO, graves delitos ambientales y de todo tipo del empresariado (incluido el negocio turístico), ANTENA LATINA-BONETTI etc, etc, etc…
Olvidó a una gran parte de los ex generales asesinos y ladrones impunes.
Olvidó la narco-política impune.
Nuestro gobernador de colonia en particular se resiste a recordar en el capítulo de la narco-política lo que le corresponde de ese paquete a su PRM.
Y por eso en ese capítulo, que impacta de lleno al sistema tradicional de partidos, me voy a concentrar ahora haciéndome la pregunta y haciéndosela a ustedes:
¿Por qué no se investiga en ese renglón a altos dirigentes PRM y sus conexiones en casos muy relevantes?
VALIDEZ DE LA PREGUNTA
La pregunta es válida para Jenny Berenice y para Camacho, y es válida porque en el caso de Miguel Gutiérrez no se ha movido una paja en esa dirección, salvo la DEA que lo apresó en MIAMI y tiene secuestradas sus “confesiones premiadas”, relacionadas con los financiamientos al PRM en la campaña electoral del 2020.
Es válida también en el caso de Miky Pilarte y su familia porque nada se ha hecho para que el proceso judicial abierto, evidentemente “calimocho” y empantanado, incorpore a la investigación las conexiones con la cúpula del PRM de La Vega y en el nivel central, incluidos reiterados intercambios con Abinader, como candidato presidencial.
Recordemos que la narco-política, en relación con el PRM, hizo su primera escala judicial en la ciudad de La Vega, en los predios de la narco-familia López Pilarte, políticamente conectada con altos dirigentes del Partido de Gobierno.
El Ministerio Público de la Vega, finalizando la campaña electoral del 2020, inició el proceso y más tarde, en el marco del nuevo gobierno y de la nueva Procuraduría General de la República (PGR), la presión desatada forzó a investigaciones adicionales, que fueron alimentadas con la captura, en sucesivos allanamientos, de un voluminoso fardo de documentos muy comprometedores.
Estuvieron presos Miguel Arturo López (Micky), jefe de esa familia, su esposa, la Diputada-PRM Rosa María Pilarte, sus hijos Miguel Arturo y José Miguel López Pilarte (Regidor-PRM), María Pilarte (hermana de Rosa Amalia), Manuel Antonio Ynoa, esposo de esta última, y José Antonio Román empleado y testaferro de la familia. la d
De todos ellos solo fue procesada y condenada, a pena leve, la diputada Pilarte. Los demás siguen “encartados”, pero sueltos e impunes.
Estuvo -y continúa prófugo- Pablo Antonio Martínez Javier-, a quien se le sindica como jefe operativo de una gran red de tráfico de EXTASIS, conectada con las transacciones de lavado de dinero sucio a cargo de la familia López Pilarte.
Específicamente, Miguel López Florentino (Micky), manejó las relaciones directas con Pablo Antonio Martínez Javier.
La referida red fue golpeada a raíz de ser ocupadas 111,722 pastillas de esa variedad de droga, el mayor cargamento decomisado en el país.
La investigación en el caso de los López Pilarte reveló que las transacciones de lavado de activos detectadas, a cargo de las empresas carpetas operadas por la Diputada Pilarte, ascendieron, en un periodo no muy largo, a casi 4,500 millones de pesos.
Su candidatura, como la de su hijo, sustentadas políticamente por el PRM, y la propia campaña nacional de ese partido, recibieron parte de ese botín, protegido al extremo que Miguel Arturo López Florencio y su hijo Miguel Arturo López Pilarte aparecen en la nómina de la Policía Nacional.
Esto último algo muy común en el tratamiento protector que les dan los Estados Delincuentes a ciertos capos de la droga.
No hay que ser genio para deducir que, si este caso explotó una semana antes de las votaciones del 2020, fue porque la mafia política del anterior gobierno del PLD, presidido por Danilo Medina, no le perdonó a esa “familia” su apoyo financiero y su compromiso político con el PRM y con la candidatura presidencial Luis Abinader y optó por usarlo como recurso de campaña.
En aquella ocasión, ni la investigación ni la denuncia, concitaron respaldo en un electorado dominado por la idea de echar abajo el viejo y repudiado régimen del Partido de La Liberación Dominicana (PLD); presente, además, el enorme descrédito de un Ministerio Público al servicio del presidente de un gobierno que se había convertido en una corporación dictatorial mafiosa, impugnada por gran parte de la sociedad.
De todas maneras, después de la avalancha de Marcha Verde contra la corrupción era muy difícil obviar ese caso y optaron entonces por limitar los cargos al conjunto familiar, reducir presión y proteger la alta dirección del PRM.
Los cargos se centraron en “narco-tráfico y lavado de activos” y en la. denuncia se destacó la cantidad de vehículos ultra-lujosos en poder de la familia, dos helicópteros, uno de ellos matricula N130LG con el logo de Auto-Crédito y M. López, que figura en fotos publicadas en espacios digitales de la familia López Pilarte en las que aparece desmontandose de la nave y visitando su residencia el candidato presidencial del PRM.
ENTRADA DE ABINADER EN ESCENA
Está gráficamente confirmado que el Lic. Luis Abinader, siendo candidato a la Presidencia de la República, visitó no solo en esa ocasión la residencia de la referida familia, sino en varias oportunidades.
En las redes sociales aparecen varias fotos, que por la vestimenta que exhiben los participantes, evidencian se trató de visitas y tomas fotográficas en ocasiones diferentes: uso de un helicóptero identificado con los logos señalados, encuentros variados y toma de fotos en espacios físicos diferentes.
Esas visitas no fueron publicadas cuando se produjeron. Pero más tarde la “familia” visitada por el aspirante a Jefe de Estado, colocó las fotos en su Portal.
De todas maneras, en casos así es difícil alegar desconocimiento de las características de la familia López Pilarte, particularmente cuando en la ciudad de La Vega desde hace tiempo se conoce muy bien el origen turbio de su fortuna exhibida con descaro y la propia dirección local del PRM no podía alegar desconocimiento; menos aún después del impacto público de la captura del cargamento de éxtasis.
· Del silencio a una justificación inconsistente.
El presidente Luis Abinader guardó silencio sobre el caso hasta verse forzado a hablar sobre el tema el primero de mayo del 2O24 durante su comparecencia en el programa «La Propuesta de los Candidatos», un espaciodel Grupo de Comunicaciones Corripio.
En esa ocasión, de acuerdo a la reseña del reportero Javier Herrera del periódico HOY, Abinader declaró que en «en ese tiempo no había ningún sometimiento (contra López) y que él “utilizaba un helicóptero de un grupo, ese día se dañó el helicóptero, mandaron ese (el de López), y ese utilicé por ese día. Ahora, esa persona que usted dice, ¿dónde está? Sometida; está sometida a la justicia».
El jefe de Estado puntualizó, además, que «son situaciones que se dan. Como una foto. Tú te puedes tomar una foto con cualquiera. Ahora, el hecho es a quién tú proteges; y aquí no se protege a nadie».
La inconsistencia de esa declaración salta a la vista.
Abinader no tiene méritos en el sometimiento de varios miembros de esa familia.
Ni hizo la denuncia como gobierno, ni aportó pruebas, sino que evadió y ocultó durante dos años sus vínculos con ellos.
Ese proceso se inició en la fiscalía de La Vega y se denunció antes de él ser presidente.
Pero, en plena campaña electoral, el entonces candidato presidencial del PRM, no solo utilizó uno de los helicópteros de las empresas de Miky López, sino que se trasladó en él a la mansión del capo y la visitó y se reunió allí varias veces con él y dos de sus hijos.
Amalia Pilarte fue postulada por el PRM y salió diputada por La Vega y uno de sus hijos, regidor.
La conexión vegana del PRM con esa familia fue tan fuerte que durante la campaña electoral del 2020, la dirección provincial de ese partido, logró conectar directamente a los López Pilarte con su candidato presidencial.
Esa conexión fue obra de Kelvin Cruz, ex alcalde por el PRM y ahora Ministro de Deportes, lo que puede motivar que de parte de los López Pilarte le exijan alguna modalidad de defensa y de detención del proceso judicial en su contra.
Eso, a su vez, podría explicar que, siendo Alcalde de la Vega y vigente el proceso judicial, Kelvin Cruz defendiera a los López Pilarte, afirmando: «Yo soy de La Vega, conozco a esa familia y lo que yo conozco es que ellos no son personas narcotraficantes».
¿Transparencia? ¿Honestidad? ¿Cambio?
Y a pesar de todo esto, siguen sin consecuencias las espurias conexiones del PRM con Miky López y familia, y también con el ex diputado Miguel Gutiérrez y con el capo sureño Yamil Abreu (extraditado a EEUU); mientras adicionalmente siguen blindados los archivos de la DEA y del sistema judicial estadounidense en los casos de ambos camajanes.
Pero más allá de lo específico de los casos, todo esto nos remite al proceso de ganterización del capitalismo y sus Estados, con fuertes expresiones de narco-capitalismo y máxima perversión de la política dominante, convertida en negocio; en constante reciclamiento en nuestro país, gobierno tras gobierno, enclavados todos en un sistema que debe ser arrancado de raíz
Por José Cabral.
Es muy bonito escuchar por la televisión y todos los demás medios de comunicación el tema de los derechos fundamentales, cuya realidad envía un mensaje distinto.
En más de una ocasión he planteado el serio problema en que está atrapada la sociedad dominicana en el contexto del sistema de justicia nacional.
Lo primero es que nadie, absolutamente nadie, respeta como debe ser la justicia constitucional, ni siquiera las cortes que tienen la misión de velar por ella mediante los recursos extraordinarios para la preservación y respeto de la constitución.
El primer ejemplo de lo que ocurre con la violación de la Constitución y con el no respeto de los derechos fundamentales, tanto a nivel del derecho interno como del externo, es la actitud del Ministerio Público, el cual destina al zafacón las denuncias y querellas presentadas por aquellas personas humanas víctimas de robos, asaltos a mano armada y de una gran variedad de actos delincuenciales.
El asunto es tan grave que cuando las victiman reclaman resultados de sus querellas o denuncias el fiscal procede con un archivo definitivo en virtud de lo que dispone el artículo 181 del Código Procesal Penal, pero peor aun cuando el perjudicado decide someter un recurso de objeción ante el juez de Instrucción, el cual regularmente lo que hace es ratificar lo decidido por el Ministerio Público.
En este caso no importa la violación que cometa el fiscal que ha manejado el caso, lo cual se constituye en una violación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, consignados en los artículos 68 y 69 de la Constitución.
Pero la cuestión se complica cuando hay que acudir mediante un recurso contencioso administrativo por las constantes y graves violaciones de los derechos de los administrados, cuyo desempeño de los jueces de esta jurisdicción, hermanita de padre y madre del derecho constitucional, actúa como una caja de resonancia del Procuraduría General Administrativa y ahora abogado del Estado.
Es frustratorio e imperdonable lo que ocurre en esta jurisdicción de la justicia, pero todavía la cuestión es mucho más preocupante con la emisión de una serie de sentencias que violentan los más elementales principios del derecho constitucional.
Sin embargo, lo más deprimente es cuando se somete un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, cuyo fallo se produce cuando ya los justiciables han muerto o de revisión de una acción de amparo o de una decisión jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional, en cuyos órganos se concreta la expresión de que justicia tardía es justicia denegada, dado que los casos son decididos hasta 2, 3 y hasta 4 años después de haberse sometido.
Voy seguir con el tema, pero lo que he dicho hasta este punto indica que la Constitución dominicana y el neo-constitucionalismo que tanto se pregona es una forma de que el país esté a la moda con esta corriente, pero que la realidad está más asociada con la herencia histórico cultural del pueblo dominicano, en la que prevalecen una serie de antivalores como el amiguismo, el machismo, el patriarcado y el caudillismo, entre otros.
Sólo el pueblo dominicano puede superar la sociedad de las cavernas en que nos tienen sumergidos los partidos políticos y otros actores de la democracia de papel que se ha impuesto en la República Dominicana.
Por Isaías Ramos
¿Puede el Congreso aprobar una ley que contradiga, en la práctica, una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional? Esa es la pregunta que hoy enfrenta la República Dominicana tras la aprobación en primera lectura en el Senado de un proyecto que eliminaría las candidaturas independientes.
Más allá de las diferencias políticas que puedan existir sobre el modelo electoral, lo que está en discusión es algo mucho más profundo: el respeto a la Constitución de la República Dominicana, a los derechos políticos de los ciudadanos y a las decisiones vinculantes del máximo órgano de control constitucional del país.
En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales diversas disposiciones de la legislación electoral que imponían trabas desproporcionadas a las candidaturas independientes. La decisión procuró garantizar que el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos no quedara condicionado exclusivamente a la estructura de los partidos políticos.
Sin embargo, lo ocurrido en el Congreso parece avanzar en dirección contraria. La aprobación de un proyecto que, en la práctica, eliminaría las candidaturas independientes plantea un choque evidente entre la voluntad legislativa y una sentencia vinculante del máximo intérprete de la Constitución.
La gravedad del momento institucional se acentúa aún más cuando se observa que la decisión fue adoptada de manera prácticamente unánime por los senadores. Resulta legítimo preguntarse si todos los legisladores han reflexionado plenamente sobre el alcance constitucional de la decisión adoptada o si estamos ante una reacción política frente a una sentencia que algunos sectores preferirían ignorar.
Algunos constitucionalistas, como Eduardo Jorge Prats, han descrito esta reacción como una “rabieta institucional hiperpartidista disfrazada de defensa de los partidos”. Más allá de la dureza de esa expresión, la advertencia merece una reflexión seria. Cuando las decisiones de un tribunal constitucional comienzan a ser relativizadas o neutralizadas mediante decisiones políticas, el equilibrio institucional de una democracia empieza a resentirse.
La Constitución dominicana es clara en este punto. El artículo 6 establece que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución. El artículo 68 dispone que corresponde al Estado garantizar la efectividad de los derechos fundamentales; no basta con reconocerlos en el texto constitucional, es necesario hacerlos posibles en la realidad. El artículo 73 establece la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a la Constitución. El artículo 74 consagra el carácter progresivo de los derechos fundamentales. Y el artículo 184 reconoce al Tribunal Constitucional como el órgano encargado de garantizar la supremacía de la Carta Magna.
A la luz de esos principios, la iniciativa aprobada en primera lectura adquiere una dimensión particularmente sensible para el orden constitucional. Lo que está en juego es una posible tensión institucional con el Tribunal Constitucional si una ley terminara reproduciendo, en la práctica, las mismas restricciones que el propio tribunal declaró inconstitucionales. Una situación así podría tener consecuencias graves para el orden constitucional.
El artículo 68 de la Constitución no es una disposición abstracta: es la garantía de que los derechos fundamentales tengan contenido real y efectivo. Cuando el Estado limita injustificadamente vías de participación política, no solo restringe un derecho; también debilita la confianza del ciudadano en las instituciones llamadas a protegerlo.
Este no es un debate sobre simpatías o antipatías hacia las candidaturas independientes, ni sobre la importancia de los partidos políticos. Los partidos son pilares fundamentales de la democracia. Pero reconocer su importancia no significa convertirlos en los únicos canales posibles de participación política. La democracia dominicana debe abrir puertas al ciudadano, no cerrarlas.
Si la Constitución reconoce derechos políticos a los ciudadanos, surge entonces una pregunta de fondo: ¿quién puede legítimamente restringirlos? Los derechos políticos pertenecen al pueblo dominicano. Los partidos son uno —pero no el único— de los canales para ejercerlos.
Las democracias se sostienen sobre un principio simple pero esencial: la Constitución es la norma suprema del Estado y todos los poderes públicos están sometidos a ella. Cuando ese principio comienza a relativizarse, la confianza institucional se erosiona y el sistema democrático se vuelve más frágil.
Nuestro deber como nación —y particularmente de quienes ejercen responsabilidades públicas— es proteger la Constitución incluso cuando hacerlo resulte incómodo o políticamente inconveniente. El respeto al orden constitucional no es una opción circunstancial: es la base misma sobre la cual descansa la estabilidad institucional de la República.
La estabilidad democrática que hoy disfruta la República Dominicana no es un accidente histórico. Tampoco ha sido un proceso perfecto: a lo largo del tiempo ha habido episodios de indiferencia frente a los deberes y mandatos constitucionales. Pero precisamente por esa experiencia acumulada sabemos que debilitar las reglas del juego institucional solo aumenta los riesgos para el orden democrático en un mundo marcado por crecientes tensiones geopolíticas y desafíos globales.
Desde el Foro Cívico y Social y el Frente Cívico y Social creemos firmemente que aún hay espacio para la reflexión institucional. Por ello hacemos un llamado respetuoso pero firme a los honorables senadores para que, antes de la segunda lectura de este proyecto, revisen con serenidad el alcance constitucional de la decisión que se está tomando.
También está en juego el mensaje institucional que el Congreso envía al país. Cuando un poder del Estado parece actuar en contradicción con la Constitución o con una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional, el mensaje hacia la ciudadanía y hacia las instituciones públicas es institucionalmente delicado.
En una democracia constitucional, los derechos políticos del ciudadano no dependen de la voluntad de los partidos ni de las mayorías circunstanciales del Congreso. Dependen de la Constitución. Porque cuando una democracia olvida que la Constitución es su límite, no se debilitan los partidos: se debilita la República.
Despierta RD!
(Primera entrega)
Por Oscar López Reyes
Las costumbres, creencias y valores tradicionales pierden incidencia colectiva o se están esfumando, igual que la rigidez en la gobernanza de la democracia representativa/liberal; se dispersan en el descrédito y desarticulan organizaciones socio-comunitarias y sus líderes más experimentados. La vieja ciudadanía y la identidad cultural se desgastan en su funcionalidad y legitimidad, y no por casuística.
Las instancias del poder típico y clásico han menguado, y las voces que antaño repercutían con resonancia se apagan en el anclaje del paisaje de la individualización, el aislamiento y la fatiga, porque en la globalización y el necrocapitalismo se satisfacen pírricamente los deseos y aspiraciones comunales. Al unísono, esta nueva dinámica ha reducido la lucha de clases y puesto en jaque el viejo discurso político y los lances episódicos y coyunturalistas.
Visualicemos 10 componentes claves de las añejas estructuras del dominio y los procesos neodemocráticos:
1.- Crisis paternal y profesoral. Los jefes del hogar y la escuela han perdido autoridad, haciendo descansar las influencias de infantes y adolescentes en amistades de estos y en los dispositivos electrónicos, que desconcentran y aíslan. Esos tutores no les fijan límites razonables, en una permisividad aupada por el temor al autoritarismo y a la culpabilidad (“crianza culposa”). La fragilidad en el mando de los docentes radica en el escaso respaldo familiar, el decaimiento de algunos padres hacia sus hijos y su desarmonía con las nuevas tecnologías.
2.- Los partidos de masas. Las organizaciones políticas legendarias/rutinarias de alta afiliación han devenido en flácidas estructuras orgánicas, con una militancia con una pobre formación ideológica. Sus características principales son la personalización de su liderazgo en la obsolescencia e inadaptación en un contexto societario en constante cambio, la búsqueda energúmena de cargos públicos y beneficios particulares, la incursión en actos delictivos, como la corrupción, la descomposición, la escasa lealtad y las exigencias monetarias. Esos agravios se han traducido en inercia, estancamiento y en endeble suficiencia de esos partidos para movilizar a los conglomerados.
3.- Los partidos de izquierda. La atomización y decadencia del sistema de agrupaciones de izquierda tiene su raíz en el enclaustramiento a los principios invariables de la Revolución Bolchevique comandada por los reverenciados ideólogos comunistas Vladimir Lenin, León Trotsky y José Stalin (Rusia, 1917), que conduce a la negación de los cambios, o sea, a la resistencia inconsciente a la readecuación a los nuevos tiempos hegemonizados por el marketing y las alternativas populistas nacionalistas. El progresismo no aprovecha la crisis de la plutocracia librecambista, se estanca y retrocede porque tampoco satisface las aspiraciones de la mayoría. Con su dogmatismo divisionista, la izquierda no se amolda a las conversiones, ni responde a desafíos contemporáneos, como la equilibrada, emergente y ascendente República Popular China.
4.- Los grupos estudiantiles. Recrean en la penumbra de la reminiscencia los movimientos estudiantiles de liceos secundarios y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de las décadas 1960-1980, cuyos miembros y simpatizantes salían a las calles a movilizarse -con quemas de neumáticos y enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional- por reivindicaciones académicas y el respetado a las libertades públicas y los derechos humanos. Han sido empequeñecidos y diezmados por la hegemonía del modelo mercantilista neoliberal, la vigencia democrática, la minimización de la izquierda y el predominio del egocentrismo.
5.- Los gremios de empresas. La afiliación sindical está en declive por la disminución de las grandes industrias manufactureras y la automatización tecnológica, que reduce empleos, mejora calidad y aumenta la productividad; el anarcosindicalismo, la percepción de corrupción y la politización de los gremios. Ahora una laptop tonifica con más utilidad que un sindicato.
6.- La gobernanza estatal. La jurisdicción del presidente de la República mengua, por los reclamos de la opinión pública en sociedades democráticas, la vigencia del estado de derecho, las imposiciones de organismos internacionales y los grupos de intereses. Asimismo, la influencia y el poder de funcionarios del Estado se ha limitado (no eliminado) por la implementación de normativas contra sobornos en licitaciones y adquisiciones, la prohibición de doble cargo remunerado, los contubernios y negocios asociados, la reducción de gastos operativos y otros relativos a los procesos de transparencia, y por temores a las denuncias públicas (los desfalcos y peculados son más conocidos) y a los enjuiciamientos judiciales.
7.- La prensa tradicional. Eleva su grado de credibilidad y se reinventa en novedosas esferas, pero desperdicia audiencias y protagonismo por el advenimiento de la internet. También les perforan las redes sociales y la gratuidad de otras plataformas digitales, que son preferidas por los nuevos usuarios, especialmente los jóvenes.
8.- Los militares y policías. Los ciudadanos respetan cada vez menos a los cuerpos policiales y castrenses, que han erosionado su confianza por sus arbitrariedades, la prevaricación y gangrena, la complicidad con crímenes y su incompetencia para afrontar la desbordada delincuencia sistémica. Están siendo frenados por las denuncias ciudadanas y los rollizos esfuerzos de las autoridades oficiales, como las reformas institucionales.
9.- Las masonerías y los clubes culturales. Se estropean y desvanecen las entidades extremadamente cerradas, restringidas, desactualizadas, monótonas y sin presupuestos, como las logias masónicas y los clubes culturales. Por el contrario, las religiones se transforman y crece la espiritualidad, con prácticas como el yoga/meditación, adaptadas a estilos de convivencia flexibles, abiertos, individualistas y globalizados.
10.- Las ligas campesinas. Décadas atrás, comunidades rurales bullían de efervescencia, en intensas jornadas de lucha –que cobró vidas humanas- por la Reforma Agraria, motorizadas por núcleos de agricultores sin tierra. Hoy las ligas agrarias son debiluchas, y perecen. Ese declive brota dispersión e ineficacia para organizarse y proteger su producción, así como la emigración a las ciudades del país y el exterior. También han apaciguado el descalabro de la izquierda y el tráfico y lavado de dinero con la venta de predios.
Como se constata en las descripciones y razonamientos predichos, en la Nueva Era de trabajos digitales, computación cuántica e inteligencia artificial, líderes políticos, socio-comunitarios y organizaciones de pelajes dispares no se han remozado en perspectivas de las otras expresiones ciudadanas y paradigmas emergentes en el hogar, la escuela y los cantones geográficos. Su morfema léxico se fue a pique.
Inequívocamente, no han comprendido que las ideas y potestades ya no se imponen únicamente con la coacción o coerción, sino con el diálogo tolerante, la cercanía con discursos moderados e inclinando el pandero en otros espacios de socialización. Si persisten obstinadamente sin girar gradualmente hacia metas prioritarias y alcanzables en el corazón de esas mutaciones societales, las viejas estructuras organizacionales seguirán carcomidas en el aislamiento, por el derrotero de la desarticulación sin retorno. ¡Qué adversidad!, ¡qué lamento!, y ¡qué calamidad!
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El autor: Periodista, escritor y catedrático.
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