Opinión
¿Por qué un poder constituyente?
Por Narciso Isa Conde
Crear un poder constituyente, ya sea para fundar una nación o para reformular o reformar sus bases constitucionales, es un derecho que le asiste al soberano, al pueblo soberano… cuando esto se torna necesario para superar una crisis, una situación insoportable o un sistema institucional y/o constitucional que afecta gravemente su existencia y sus condiciones de vida.
El poder se refiere a la fuerza y voluntad del pueblo y lo constituyente se relaciona con un proceso llamado a cambiar la Constitución de la República que actualmente sirve de base al régimen político y a la institucionalidad que el pueblo repudia por sus resultados comprobadamente contrarios y ajenos a sus intereses y aspiraciones.
Aquí se trata de un conjunto de instituciones que conforman un sistema de corrupción e impunidad, una dictadura constitucional corrompida y corruptora que protege un latrocinio, un lodazal de males, que a su vez contribuye en gran escala a generar procesos de empobrecimientos material y espiritual que provocan enormes calamidades y aberraciones sociales en el campo de la alimentación, salud, seguridad social, educación, ingresos salariales y pensiones, seguridad ciudadana, viviendas, sanidad ambiental, preservación del territorio (suelo, subsuelo y sobre-suelo), integridad del patrimonio público y natural de la nación, derechos de género, situación de la juventud y la niñez, rol de los cuerpos armados…
En el caso dominicano un proceso constituyente para producir una nueva constitución o para reformar sustancialmente la Constitución vigente necesita obligatoriamente desembocar en una ASAMBLEA CONSTITUTENTE SOBERANA por elección y con participación popular.
Esto así porque el derecho a la revisión o el reemplazo de la Constitución neoliberal y autoritaria del 2010 está constitucionalmente secuestrado por la actual Asamblea Nacional Legislativa, un cuerpo altamente corrompido; integrante, por demás, de la institucionalidad putrefacta que necesitamos remplazar.
PERTINENCIA DEL PODER CONSTITUYENTE.
El movimiento Marcha Verde, que no cesa de crecer demandando el fin de la impunidad que protege ese deterioro y a sus principales responsables y beneficiarios, ha colocado a flor de piel de la Nación Dominicana la necesidad de debatir la pertinencia de un proceso constituyente que culmine en una ASAMBLEA CONSTITUYENTE electa democráticamente; no sujeta a estas instituciones pervertidas, destinada a elaborar una nueva Constitución que sustituya y refunde las instituciones actuales (Poder Ejecutivo, Congreso, Consejo de la Magistratura, Sistema Judicial, Sistema Electoral , “Altas Cortes”, Cámara de Cuentas….) y redefina el modelos económico, social y político del país.
Las instituciones vigentes, incluido el gobierno actual y el sistema de partidos tradicionales, no sirven para cambiar lo que está mal. Más bien fueron hechas para generar todos los males que agobian a la inmensa mayoría de nuestra sociedad y para sustentar y proteger las mafias políticas, militares y empresariales enriquecidas; con fortunas acumuladas no solo por la vía de la explotación y sobre-explotación del gran capital privado, sino también del robo y el saqueo ilegal del presupuesto nacional, del asalto al patrimonio de la Nación y el ejercicio de todas la modalidades de delitos de estado y privados, incluida la narco-corrupción.
Si algo ha logrado el movimiento marcha verde es demostrar que las instituciones establecidas, los altos funcionarios electos y nombrados y el gobiernos de turno, no sirven para ponerle fin a la impunidad porque forman parte de un sistema de corrupción encabezado por el propio Presidente de la Republica, que usa el poder para impedir el castigo que se demanda.
Y esto obliga a reflexionar la manera de superar este “tranque” provocado por un orden político-jurídico e institucional, que más allá de los espacios de libertad conquistados en las últimas décadas, niega democracia real e impone mecanismos electorales controlados por el engendro político-económico que domina al Estado; disponiendo a la vez de infinitos recursos sucios y ventajas escandalosas para hacer trampas y adulterar resultados dentro de una competencia clientelista-mercantilizada.
Esto nos obliga a pensar que estamos frente a un desafío muy superior y mucho más difícil de enfrentar del que no pocos/as previeron, porque si bien el proceso constituyente necesario puede y debe ser asumido desde ahora junto a los esfuerzos para crear, desde la democracia de calle, poder de calle y poder constituyente opuesto al poder constituido, es realmente impensable realizar una Asamblea Constituyente Soberana y Participativa en el contexto de esta institucionalidad y de este gobierno. Para lograr esa meta la ruptura democrática de este orden –más bien desorden- institucional es imprescindible.
Y hablo de ruptura democrática porque se trata de desarrollar la democracia de calle, las movilizaciones y paralizaciones multitudinarias a manera de plebiscito –como aconteció hace unos años en Bolivia y Ecuador- para obligar a este gobierno a dimitir y abrirle paso a una transición, incluido un gobierno provisional de corta duración que convoque la Asamblea Constituyente capaz de definir el nuevo acuerdo social, reconstituir las instituciones (incluido el poder electoral) y convocar a elecciones de acuerdo a lo pautado en la nueva Constitución.
Esto necesariamente pasa por un despliegue de la crisis de gobernabilidad que está provocando el empecinamiento en perpetuar el sistema de corrupción e impunidad, la crisis integral en desarrollo y la dictadura institucionalizada por la partidocracia corrupta y las cúpulas empresariales asociadas a ella.
Por José Cabral
Siempre he dicho y he reiterado, pero que no se trata de ningún descubrimiento, que el sistema está concebido para responder a los intereses de los partidos políticos.
Los diputados y senadores provienen de ese entorno, el presidente de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el que se escogen los jueces, explica el desempeño de cada uno de estos poderes públicos
La conformación del CNM implica que todo el sistema, incluido el de justicia, obedece a los intereses que se expresan en este órgano.
De manera, que, frente a la confrontación del derecho con la política, el primero siempre tiene todas las de ganar cualquier batalla, máxime cuando se trata de aquella que se desarrolla en el campo legal.
Todo este cuadro permite establecer que resulta prácticamente difícil, por no decir imposible, que el derecho pueda salir triunfante frente a la política.
Sin ninguna duda, que ahí descansa la gran debilidad del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 2010.
Es hermoso en los textos el proceso de constitucionalización, pero el mismo resulta decepcionante en la práctica y cuando se choca con la realidad.
Nadie, absolutamente nadie, puede negar que una herramienta vital para cualquier democracia es una buena administración de justicia, pero en una nación donde la partidocracia es la dueña del sistema esto se vuelve prácticamente difícil, por no decir imposible.
El problema descansa en un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyo órgano tiene la sagrada misión de escoger los jueces del sistema de justicia nacional, lo que quiere decir que cuando se presenta un conflicto entre el derecho y la política éstos se inclinen por emitir sentencias en favor de la partidocracia.
Los hechos hablan por sí solos y el que no lo crea que revise la mayoría de las decisiones que conllevan sentencias que impactan los intereses de los partidos para que se puedan valorar los resultados.
Sin no se cambia la conformación del CNM es muy difícil que el proceso de constitucionalización del derecho y que tiene como base el respeto de los derechos fundamentales pueda cristalizarse en una sociedad como la dominicana, donde la política está presente predominantemente en todos los escenarios.
De tal forma, que hablar de una buena administración de justicia al margen de los intereses de los partidos políticos, resulta una quimera y que sólo una persona muy ingenua lo puede creer.
Por Isaías Ramos
Ninguna democracia muere el día en que se rompe la Constitución. Muere mucho antes: cuando quienes juraron defenderla comienzan a tratarla como un obstáculo y la ciudadanía empieza a acostumbrarse a ese irrespeto.
La Constitución no fue escrita para adornar discursos ni para ser invocada cuando conviene al poder. Fue concebida para limitar a quienes gobiernan, proteger a los ciudadanos y garantizar que ningún funcionario, partido, mayoría congresual o presidente coloque su voluntad por encima de la soberanía popular.
Por eso preocupa el rumbo de diversas actuaciones del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo.
En los últimos años se han aprobado normas luego anuladas, corregidas o seriamente cuestionadas por su compatibilidad constitucional. La Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia motivó la intervención del Tribunal Constitucional por objeciones relacionadas con derechos fundamentales. La Ley de Facturación Electrónica también requirió su actuación para corregir una disposición que afectaba la privacidad.
Más recientemente, el nuevo Código Penal ha dejado de ser únicamente una inquietud jurídica para provocar un rechazo creciente en amplios sectores de la sociedad. Juristas, periodistas, profesionales, organizaciones sociales y ciudadanos hemos advertido que varias disposiciones, por su amplitud, ambigüedad o desproporción, podrían amenazar la libertad de expresión, la denuncia pública, el ejercicio profesional y la protesta pacífica.
Cuando una legislación penal provoca temor entre quienes informan, denuncian o protestan, el problema deja de ser técnico: amenaza la convivencia democrática.
Pero el caso institucionalmente más delicado es la respuesta legislativa posterior a la sentencia TC/0788/24.
Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para todos los poderes públicos. Cuando una legislación posterior genera serios cuestionamientos sobre si respeta materialmente el criterio fijado por el máximo intérprete de la Constitución, no estamos ante un simple debate político. Está comprometida la supremacía constitucional, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.
La preocupación no gira solo alrededor de una sentencia ni de las candidaturas independientes. El problema es más profundo: ¿puede el poder político redefinir, limitar o neutralizar derechos protegidos por la Constitución?
La Constitución dominicana no creó una democracia para beneficio de los partidos. Creó un Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana, la soberanía popular, el pluralismo político, la separación de poderes y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
El derecho a expresarse no es una concesión del Gobierno.
El derecho a protestar pacíficamente no es un favor del Congreso.
El derecho a elegir y ser elegido no pertenece a los partidos.
Son derechos constitucionales que ningún poder temporal puede apropiarse, reducir ni administrar según su conveniencia.
No sabemos si quienes gobiernan desconocen el espíritu de la Constitución o si, conociéndolo, han decidido apartarse de él. Lo evidente es que demasiadas decisiones han obligado al Tribunal Constitucional y a la sociedad a recordar principios que debieron orientar desde el inicio a los poderes públicos.
No afirmamos que la República Dominicana sea hoy una dictadura. Pero sería irresponsable esperar a que el autoritarismo esté consumado para denunciar las decisiones que pueden abrirle camino.
Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Se erosionan lentamente cuando se relativiza la supremacía constitucional, se reducen los espacios de participación, aumentan las facultades del poder sin controles suficientes y los derechos fundamentales dejan de orientar la legislación.
Está en juego la República que dejaremos a nuestros hijos: una nación donde la Constitución gobierne al poder o un país donde el poder acomode la Constitución a sus intereses.
Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo.
El pueblo dominicano ha demostrado paciencia, madurez y vocación democrática. Ha recurrido a los tribunales, promovido el debate público y utilizado los mecanismos institucionales reconocidos por la Constitución.
Pero la paz social no puede sostenerse indefinidamente si los reclamos constitucionales no encuentran respuesta. Cuando las instituciones dejan de escuchar, aumenta la presión social. Esa realidad no debe celebrarse ni provocarse; debe prevenirse mediante el diálogo, la rectificación y el respeto a la Constitución.
Este no es un llamado a la confrontación. Es un llamado a la rectificación.
El Congreso debe legislar dentro de los límites constitucionales. El Poder Ejecutivo debe ejercer sus facultades constitucionales con el mismo compromiso que juró al asumir el cargo. Y todos los poderes públicos deben recordar que las decisiones del Tribunal Constitucional no son recomendaciones: forman parte del orden que están obligados a respetar.
Cumplir la Constitución no debilita al Estado. Lo fortalece.
Respetar los derechos fundamentales no genera desorden. Construye paz.
Abrir la democracia no amenaza la República. La hace más legítima y fuerte.
Desde el Foro Cívico y Social lo afirmamos con claridad: la Constitución no pertenece al Congreso, al Poder Ejecutivo ni a los partidos políticos.
La Constitución pertenece al pueblo dominicano.
Defenderla por las vías pacíficas, democráticas y constitucionales no es un acto de oposición. Es el deber moral, cívico y patriótico de toda generación que aspire a entregar a sus hijos una República más libre, justa y fiel al Estado social y democrático de derecho.
Una nación puede sobrevivir a una mala ley y corregir una mala decisión. Lo que no puede permitirse es acostumbrarse a que el poder deje de obedecer la Constitución.
Por Oscar López Reyes
(A la 18:00 hora local del miércoles 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos terremotos: el primero en la escala 7.2 (duró un minuto) y 39 segundos después otro de magnitud 7.5 (se extendió por tres minutos), concentrados especialmente en la Guaira y Caracas, con un salto -hasta el 12 de julio de 2026- de más de 50 mil desaparecidos, según la ONU; cerca de 5 mil fallecidos, 20 mil heridos y 20 mil damnificados).
(I)
¡Oh, Venezuela!
Patria inmensa.
¡Caramba!,
Hermanos en Bolívar,
¡qué dolor soberbio!
que oprime las fibras de mi alma,
En tristeza de gritos que escapan
de escombros retorcidos
por furia de un suelo rebelde.
El telúrico conmueve en miradas
de arquitecturas sin piedras ni ventanas,
y melancolías de niños vagando en penumbras,
Sin padres ni estancias.
Y pone a temblar en rememoración de amor
su épica solidaridad y sacrificio de dignidad infinita
en épocas pretéritas, que configura
una vastedad de grandeza histórica
y el patriotismo compartido.
¡Oh, Venezuela, SOS!
(II)
Cuando no haya más lágrimas que derramar,
rebosantes las porcelanas de mortandad,
esa “Tierra de Venecia” y esa “Tierra de Gracia”
dejará de llorar y se levantará en cumbre de cerros,
contemplando
marchas fúnebres y entierros colectivos,
echando la vista a la resurrección de Cristo.
(III)
Heridos que sollozan en ruinas y hospitales,
sobrevivirán en sonidos de esperanza y el susurro
que late desde los vientos que soplan
de mares y montañas, para otro comienzo
de sonrisas en barcas de adversidad.
(IV)
Los fallecidos descansarán en púrpura palmera
y ecosistemas naturales con flores coloreadas
con toques de bellezas íntimas
que evocan la fragancia
en la eternidad de jardines
con pétalos de atardeceres versátiles.
(V)
Y los muchos desaparecidos fertilizarán
los predios erosionados,
para floración de hojas, frutos y plantas aromáticas,
que germinarán emergentes criaturas en vientres
de primaveras de Luna menguante
y otoños de Luna creciente.
(VI)
En su inocencia, niños huérfanos seguirán jugando
en noches tranquilas, abrazados de madres sustitutas
y nutrientes saludables,
que brotarán renovadas energías
en llanuras, bosques y lagos estrellados,
acariciados por paisajes de jazmines
y saltos que gimen en la nostalgia de edificios desplomados.
(VII)
Sumergidos en cenizas de techos agrietados
por terrestres sacudidas bruscas,
pequeños, adultos y veteranos
alzarán vuelos con recuperados bríos,
como aquel ave mítica y pájaro de fuego.
Tendrán casas alfombradas con claveles
y rosadas cestas colgantes,
en calles sin pedruscos y con Sol,
parques con glorietas y toboganes,
escuelas y parroquias para el cambio.
(y VIII)
En brisas de trompetas, hembras y varones
abatidos en estado emocional resurgirán
de pedazos de paredes rotas,
para reconstruir territorios asolados,
en el renacer de paz y progreso,
y entonces entonar, a viva voz: ¡felicidad, felicidad!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.