Opinión
Porsiaca*… Papa Francisco
Por Narciso Isa Conde
“Tenemos que encontrarnos haciendo el bien”, dijo el Papa Francisco. “‘Pero yo no creo, Padre, ¡soy ateo!’. Pero haz el bien: nos encontraremos allá”. Entonces, ¿el Papa quiso decir que los ateos pueden ir al cielo aunque no crean en Jesús? (Homilía del 22 de mayo en Roma)
Lo del Ser humano, después de la muerte física, sigue en veremos: no hay pruebas de hacia dónde vamos más allá de la trascendencia de la persona y la vida forjada y transcurrida como parte de la memoria histórica, como recuerdo, como ejemplo o referencia histórica.
Lo del Cielo y el Infierno por igual: nadie ha logrado dar testimonios contundentes sobre sus estancias por esos predios.
Lo del Purgatorio se dejó sin efecto desde el Vaticano. Benedicto cerró tajantemente ese capítulo, dejando abierto los expedientes para los dos extremos: para entrar al Paraíso y o para arrojarnos al fuego intenso que nos martirizaría por toda la eternidad.
Lo de Dios es todavía más complejo, porque abundan las deidades. No pocas religiones asumen el suyo como el único existente. Pero las hay que reivindican una gran variedad de dioses. Y no faltan las que contra la corriente patriarcal-machista, hegemónicas en el planeta, todavía tienen la osadía de venerar a sus diosas.
Esto sin contar lo difícil que es para un cristiano o una cristiana honesta referirse al mismo Dios que invocan no pocos verdugos de pueblos y ciertos Nuncios. Cardenales y Pastores. O sin hablar de la amargura que provoca observar a políticos autoritarios haciendo el papel de dioses terrenales.
A Jesús Cristo, unos/as lo tienen como el Hijo de Dios, nacido del Espíritu Santo, sin mediar ni placer ni acoplamiento sexual, sin junta de óvulo con espermatozoide y sin fertilización natural. Otros-as lo valoramos como un gran revolucionario de su época, hijo del amor carnal entre María y José, después que la primera perdiera en buena lid su virginidad.
Nadie tiene prueba de instancia sobrenatural capaz de otorgar perdón o castigo, menos aun porque se crea en esto o aquello, o sencillamente porque se deje de creer.
Juzgar, absolver o sancionar… oprimir, explotar, empobrecer o liberar… es cuestión de seres humanos, clases, instituciones y formaciones económico-sociales y políticas creadas con esos fines; capaces de actuar con apego a la verdad o a la mentira, con interés de clase dominante o dominada, con sentido de bondad o de maldad, en casos puntuales y en sentido general. Pero es sobretodo prerrogativa de pueblos, de sociedades, de colectividades forjadoras de historia.
No son culpables ni los dioses y ni las diosas creadas por los seres humanos de los males generados por la esclavitud, el feudalismo y el imperialismo. Y no sería cosa de ningún Dios justo y ecuánime, que además de las desgracias sociales que han azotado –y azotan- a miles de millones de personas, se le imponga un castigo eterno a quienes no creen en él, o no lo reconozcan como tal, aun pasándose la vida haciendo bien.
UN SALUDABLE GESTO PAPAL
El Vaticano siempre ha dicho que San Pedro, fundador de la Iglesia Católica y Romana, tiene la llave de la puerta del Cielo (y se supone que las del Infierno), lo cual se la pone difícil a los partidarios de las sectas cristianas protestantes, de las religiones musulmanas, africanas, afro-americanas, indígenas, asiáticas… a los/as no religiosos/as y especialmente a los/as ateos/as y partidarios/as del socialismo científico.
Por eso es saludable que el Papá Francisco le conceda la posibilidad del perdón de su Dios y el permiso al Cielo a los/as “no creyentes” que hacen el bien, y en general a toda la humanidad.
Eso nos quita presión a los que apreciando el valor histórico y presente del cristianismo revolucionario y respetando todo tipo de creencia o concepción impregnada de sensibilidad humana, hemos optados por la emancipación de los/as explotados/as, oprimidos/as, excluidos/as y discriminados del mundo desde el Socialismo Científico fundado por Marx; aspirando a no ser condenados/as por ningún ser o entidad humana (o “divina” ???) comprometida con la justicia… por el solo hecho de no abrazar ni religión ni dogmas.
De manera especial nos quita presión a los/as comunistas no dogmáticos, más bien heréticos, capaces –como es mi caso- de abrirle una “brechita” al misterio del “más allá”. Aun sea “por si las moscas”, por si acaso… o “porsiaca”, Papa Francisco.
Pero lo mejor en estos tiempos del nuevo Papa no ha sido eso, sino su decisión de recibir al sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez, unos de los fundadores de la Teología de la Liberación, rescatándola del ostracismo y sellando así la no persecución al interior de la Iglesia Católica de esa manera de optar por la liberación de los pobres y de asumir la militancia revolucionaria cristiana. Algo que enfurece a fundamentalistas y conservadores católicos, tal y como acontece ahora con el Cardenal del Perú (¿Qué pensará el Nicolás**?).
Una opción revolucionaria desde la fe cristiana, que más allá del debate acerca de la “influencia marxista” sobre ella y de ciertos planteos en favor de determinados recortes que la lleven a parecerse menos, no es posible despojarla -sin desnaturalizarla- de las coincidencias medulares con las ideas de Marx, Engels, Lenin, Mariátegui, Gramsci, el Che y sus continuadores respecto a la lucha contra el capitalismo empobrecedor y destructivo, y a favor de un socialismo participativo y liberador, de una sociedad comunitaria alternativa al reino decadente del capital. Más en estos tiempos en los que la disyuntiva planteada por Rosa Luxemburgo se torna imperiosa: ¡SOCIALISMO O BARBARIE!
Decisión papal que le llega aquí como premio a los queridos hermanos del Grupo Sacerdotal Helder Cámara y a todos los cristianos o creyentes de otras religiones que entienden como el Che que entre su fe y la nueva revolución no hay contradicción.
La Operación Cobra revela una red de estafa en SeNaSa, con 28 arrestos, pero sin implicar a altos funcionarios ni empresas vinculadas a Abinader.
- En 37 allanamientos en cinco demarcaciones fueron arrestadas 28 personas, principalmente médicos y prestadores.
- Entre los pocos nombres confirmados figuran Gabriel Ravelo, Steven Rabassa y el “doctor Puriel”.
- La PGR describió una red que emitía facturas ficticias y cobraba procedimientos no realizados.
Por Narciso Isa Conde
En esta segunda fase de la Operación Cobra, caso SENASA 2.0, en 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega y Cotuí, fueron arrestadas 28 personas, fundamentalmente prestadores de servicios de salud y médicos, ninguna de las altas esferas comprometidas con la estafa.
Gran parte de los nombres de los nuevos detenidos se han mantenido bajo reserva, algo que no se justifica y que de hecho implica protección de imagen de negocios y negociantes mafiosos.
En general, por los datos ofrecidos de las casas allanadas y las familias afectadas, se trata de personas, la mayoría profesionales de la medicina, merecedores/as de sanciones. Pero al parecer toca fundamentalmente a beneficiarios de bajo y mediano nivel.
Entre los pocos nombres confirmados o mencionados por sus abogados figuran el doctor Gabriel Ravelo (subdirector del Hospital Darío Contreras), el médico Steven Rabassa y un especialista identificado como el “doctor Puriel”.
En cuanto a las empresas y entidades corporativas involucradas en la estafa, el Ministerio Público la PGR no ha identificado a nadie y se ha limitado a declarar la existencia de una red de clínicas, centros médicos, cadenas farmacéuticas y empresas de carpeta, dedicadas “a emitir facturas ficticias, activar códigos de Prestadores de Servicios de Salud-PSS) cancelados y cobrar por consultas, cirugías o procedimientos no realizados”.
De la cadena de farmacias GBC (responsable del 40% de los suministros), cómplice y beneficiara en gran escala de esa estafa multimillonarias, no se ha dicho nada; pero si se ha colado lo del apresamiento de dos farmacéuticos no identificados y no se habla de farmacia alguna: una manera de ocultar responsabilidades específicas
Del negocio mafioso con las vacunas, la privatización y las alianzas delictiva estatal privada …NI JI
Todo esto a pesar de que Santiago Hazim es una figura de alto peso político y empresarial, una figura del entorno del presidente Luis Abinader, habiendo coordinado sectores externos de campaña y dirigido el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), desde el inicio de la gestión gubernamental en 2020 hasta su posterior destitución y sometimiento por corrupción administrativa.
Todo esto a pesar de los vínculos políticos del Grupo Estrella y otras empresas con Abinader y el PRM.
Es evidente la ausencia de investigación, a pesar de las responsabilidades incumplidas por Abinader, Raquel Peña, Rincón, Atalá y otros los altos funcionarios del Ministerio, el Servicio Nacional y el Gabinete de Salud y PROMESE, encargados de relacionarse estrechamente y fiscalizar la gestión de la seguridad social estatal y de salud pública; incluso, conociendo detalles de la estafa y de la corrupción privatizadora, la facilitaron y la protegieron.
Además, en los documentos oficiales del Ministerio Público y en las investigaciones de la PEPCA sobre el entramado financiero de SeNaSa, no figuran imputaciones, menciones directas ni vínculos procesales que involucren formalmente al Grupo Read Estrella dentro de la estructura de desfalco al ARS estatal.
Las indagatorias se han circunscrito estrictamente al manejo financiero interno de la aseguradora, los reembolsos administrativos, el uso de fondos de programas especiales (como áreas de atención oncológica) y la red de complicidad con prestadores médicos y farmacéuticas.
Hasta hechos diferentes que lo desmientan, todo indica la PGR ha aprovechado la tardanza en macharle a la SENASA 2.O para hacer una investigación mediatizada, recortada, encartuchada, que posibilita proteger al Presidente Abinader, a altos funcionarios, a entidades corporativas del capital privado y altas instancias políticas.
Por Rommel Santos Diaz
La libertad personal es un derecho indispensable para el desarrollo del accionar en sociedad de todo ser humano, reconocido de modo expreso en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los textos constitucionales de los Estados de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto, sino que admite restricciones.
Conviene establecer que los derechos señalados anteriormente sólo pueden llevarse a cabo en estricta observancia de los requisitos que, para tal efecto, se encuentran previstos en las normas internacionales y nacionales.
En este sentido, la libertad personal es un derecho fundamental que sólo puede ser restringido en determinados supuestos de hecho, en virtud de una orden expedida por la autoridad competente ( excepto en el caso de flagrante delito) y durante los plazos previstos en las normas constitucionales o legales.
La obligación de cumplir con estas condiciones se encuentra prevista tanto en los instrumentos internacionales como los textos constitucionales de los países de la región, los cuales se complementan mutuamente. Al respecto el , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( Art. 9, numeral 1) establece que ¨Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta¨.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( Art. 7, numeral 2) señala que ¨ Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas¨.
La ratificación del Estatuto de Roma por parte de un Estado implica reconocer y aceptar la posibilidad de que la Corte Penal Internacional expida una orden privativa de libertad contra una persona que se encuentra en su territorio. Esta orden de privación de la libertad puede darse bajo las siguientes situaciones:
- a) Orden de detención para la investigación de uno de los crímenes internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional o;
- b) Sanción privativa de la libertad por la responsabilidad en la comisión de un crimen internacional previsto por el Estatuto de Roma.
Disposiciones similares se encuentran previstas en el texto de la constitución dominicana como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Por Isaias Ramos
República Dominicana celebra sus récords turísticos contando visitantes. En 2025 fueron 11.7 millones, incluidos 2.8 millones de cruceristas.
Es un logro importante. Pero un país no puede medir el éxito de su turismo únicamente contando cuántas personas llegan. También tiene que contar cuánto pone, cuánto arriesga y cuánto queda cuando esas personas se van.
Esa es la cuenta que falta.
¿Cuánto obtiene República Dominicana por cada peso público que hace posible ese turismo?
Porque el turismo no llega solo.
Detrás de un hotel, un aeropuerto o una terminal de cruceros existen carreteras, agua potable, saneamiento, electricidad, seguridad, promoción internacional, terrenos, puertos e infraestructura financiada o habilitada por el Estado.
También existen incentivos. Para 2025, el gasto tributario estimado específicamente para el turismo fue de RD$12,092.3 millones: recursos que el Estado decidió no recaudar para estimular el sector.
Eso puede ser una excelente inversión. Un peso público que genera empleos, empresas, divisas e impuestos puede regresar multiplicado.
Pero precisamente por eso hay que medirlo.
El problema no es invertir. El problema es que el país ponga recursos, patrimonio e incentivos sin poder ver claramente la cuenta del retorno.
Cada peso de recursos públicos destinado a incentivos o infraestructura tiene un costo de oportunidad frente a escuelas, hospitales, seguridad, agua y otros servicios. Detrás de esas cifras no hay dinero abstracto: hay recursos que pertenecen a una sociedad que tiene derecho a exigir resultados.
Un crucerista cuenta como uno. Su impacto no.
En 2025, 2.8 millones de los visitantes contabilizados fueron pasajeros de cruceros.
El tarifario general de APORDOM establece para buques turísticos un cargo de US$1.50 por pasajero, además de otros servicios aplicables y sujeto a las excepciones contractuales correspondientes.
Un millón de pasajeros representarían US$1.5 millones solamente por ese cargo básico, si resulta aplicable.
Pero contar al pasajero no nos dice cuánto recibió finalmente el Estado, cuánto capturó el operador ni cuánto dinero llegó al taxista, al restaurante, al artesano o al pequeño comerciante de la comunidad.
Ahí está la diferencia entre movimiento económico y desarrollo.
Un dólar gastado dentro de una terminal cuenta como gasto turístico. Pero si circula dentro de negocios vinculados al mismo operador y apenas toca la economía circundante, su efecto sobre la comunidad es distinto.
Por eso necesitamos separar cuatro cosas:
actividad económica, beneficio empresarial, recaudación fiscal y riqueza que permanece en el territorio.
Cabo Rojo: donde la pregunta deja de ser teórica
Port Cabo Rojo permite verlo.
El Estado aportó un puerto preexistente y concedió derechos para transformarlo y explotarlo. Al mismo tiempo desarrolla infraestructura pública alrededor del destino.
La Memoria Institucional 2022 de Banreservas cifró entonces el proyecto en aproximadamente US$78.3 millones y el financiamiento aprobado por el banco en US$37 millones.
Casi el 47% del monto que aquella memoria atribuía al proyecto.
Posteriormente se comenzó a hablar de una inversión cercana a US$98 millones.
Pero US$98 millones de inversión anunciada no significan US$98 millones puestos por los accionistas de ITM.
La información pública localizada no permite establecer cuánto fue capital propio, cuánto otra deuda, cuánto financiamiento relacionado ni cuánto del monto anunciado ha sido efectivamente ejecutado.
Y entonces aparece una pregunta que el país merece poder contestar:
¿Qué garantiza los US$37 millones de Banreservas?
Que Banreservas sea estatal no convierte un préstamo comercial en gasto público. Si ITM responde por esa deuda, paga intereses y existen garantías suficientes, estamos ante financiamiento privado.
Pero no hemos localizado públicamente el contrato crediticio ni sus garantías.
¿Responden activos privados de ITM? ¿Garantías corporativas? ¿Los flujos del puerto? ¿La infraestructura construida?
¿O forman parte directa o indirectamente de las garantías derechos económicos derivados de la concesión otorgada por el propio Estado?
No podemos afirmar que la concesión sea la garantía.
Pero tampoco deberíamos tener que adivinarlo.
Cuando un banco estatal financia un negocio privado desarrollado sobre derechos concedidos por el Estado, saber quién asume el riesgo y con qué patrimonio responde no debería ser un privilegio de quienes firmaron el contrato.
El turismo que necesitamos
La solución no es menos turismo ni menos inversión privada.
Es un Estado que sepa cuánto entrega, cuánto arriesga y cuánto recibe.
Toda gran concesión turística debería publicar anualmente una Cuenta de Retorno Público:
capital privado realmente invertido; deuda y garantías; activos públicos utilizados; exenciones recibidas; cánones e impuestos pagados; empleos y salarios; compras a proveedores dominicanos; inversión pública asociada y dinero que efectivamente permanece en las comunidades.
Así podremos distinguir entre inversión anunciada y capital realmente arriesgado.
Entre visitantes y valor.
Entre crecimiento y desarrollo.
República Dominicana necesita hoteles, puertos, cruceros, capital y empresarios. Pero los necesita dentro de un modelo donde el patrimonio público produzca también prosperidad pública.
Si República Dominicana pone el patrimonio y parte del riesgo, pero no puede medir cuánto de la riqueza creada regresa a su gente, eso no es todavía desarrollo: es una cuenta nacional pendiente.