Nacionales
Predominan condenas de 30 años por feminicidios
EXPERTAS EN VIOLENCIA DE GÉNERO CRITICAN LA FORMA EN QUE TIPIFICARON LOS ASESINATOS DE MUJERES
Estadísticas. Cifras ofrecidas a LISTÍN DIARIO por la Procuraduría General de la República indican que de 2010 al 2013 hubo 795 muertes violentas de mujeres y, de esa cantidad, 403 fueron los llamados «feminicidios íntimos», equivalentes a 50.69%.
Santo Domingo.-La tendencia de los tribunales dominicanos en los últimos cuatro años es imponer 30 años de cárcel a los enjuiciados por feminicidios, en un momento que los diputados convirtieron en ley el pasado martes la reforma del Código Penal para establecer 40 años de prisión por asesinatos de mujeres a causa de violencia doméstica.
Los legisladores, empero, se resistieron a tipificar el feminicidio más allá del llamado “íntimo” en la sociedad dominicana, una de las principales demandas de las organizaciones feministas que trabajan para prevenir la violencia de género.
El Código Penal aprobado por la Cámara de Diputados solo tipifica el feminicidio como la muerte de una mujer por parte de su pareja o expareja, y no todo asesinato de mujeres por su condición de vulnerabilidad, como reclamaban estas entidades.
Conforme al artículo 100 del proyecto de ley aprobado, incurre en el delito de feminicidio “quien, en el marco de tener, haber tenido o pretender tener una relación de pareja, mate dolosamente a una mujer..”.
Este delito, que por primera vez se incluye en el Código Penal, quedó sancionado con pena de 30 a 40 años de prisión.
Se trata de una calificación similar a la del ministerio público, que denomina ese tipo de asesinato de mujeres como “feminicidio íntimo”.
Hasta ahora 11 países de Latinoamérica han tipificado el feminicidio en sus legislaciones, entre los cuales no estaba República Dominicana, pese a ser una de las naciones de la región con mayor cantidad de homicidios de mujeres en los últimos años.
Los países que han tipificado el feminicidio en su legislación penal, y a los cuales se unirá ahora el país cuando la ley sea promulgada por el Poder Ejecutivo, son Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Argentina, Colombia y Venezuela. Estos últimos tres incluso han establecido en sus leyes una agravación para estos crímenes.
LISTÍN DIARIO hizo una revisión en sus archivos de condenas por feminicidios emitidas por tribunales desde el 2010 hasta lo que va de año y pudo constatar que de 37 fallos, 29 fueron a la pena máxima de 30 años. En ese tiempo hubo también seis condenas a 20 años, una a 18 años y otra de 15 años de reclusión.
Las jurisdicciones donde se emitieron esas condenas de 30 años son Santo Domingo, Santiago, Espaillat y Barahona.
Rechazo
La tipificación del feminicidio en el Código Penal aprobado el pasado martes ha sido criticada por organizaciones feministas, que entienden ha habido una negación del derecho de las mujeres.
Lourdes Contreras, directora del Centro de Estudio de Género de la Universidad Intec, consideró que la reforma del Código Penal aprobada el martes lo que hace es reiterar la negación de derechos a las mujeres, que hasta ahora, dice, ha venido siendo práctica en el país.
Sostuvo que con esta decisión se le da sostén a las estructuras del ministerio público y de la judicatura en dirección a esa negación de derechos.
Contreras cuestionó la tipificación que se le ha dado al feminicidio, porque sólo identifica la relación de pareja como la única condición en que se violan los derechos de las mujeres.
“Y esa es la reclamación que nosotros decimos que es negadora de derechos, no contribuye a superar el marco jurídico que tenemos en la actualidad en el que aunque no se consideraba bajo esa denominación el homicidio o el asesinato de mujeres, realmente la sociedad dominicana le había dado el nombre de feminicidio”, señaló.
Sostiene que si bien el Congreso hace el reconocimiento de la tipificación del feminicinidio, no contribuye a resolver el problema en el fondo.
“Con ese nivel de restricción no contribuye a superar la situación actual, dado que hay un nivel de multiplicidad de características y condiciones en las cuales se mata a mujeres solo por su condición”, manifestó.
En cuanto a las sanciones por feminicidio, Contreras sostiene que se trata de un crimen horroroso y por lo tanto está de acuerdo con la pena máxima de 40 años establecida mediante la reforma.
Sin embargo, consideró que lo más importante no es si son 30 ó 40 años, pues entiende que en términos reales es lo mismo, porque en República Dominicana nadie ha cumplido 30 años, y por lo tanto percibe que nadie cumplirá 40.
“Lo importante es que se impriman las características del crimen, y entender las características del crimen más allá de lo que actualmente se reconoce. Es la esencia de nuestro planteamiento”, precisó.
Explica que la demanda de las organizaciones de mujeres y, en particular del Centro de Estudio de Género de Intec, el cual preside, es la de ampliar la perspectiva del feminicidio para considerar como tal todos aquellos casos en que el crimen se comete por la condición de mujer.
Sostuvo que las organizaciones de mujeres seguirán luchando para la aprobación de legislaciones que favorezcan al sexo femenino.
Colectiva Mujer y Salud
Mientras, Sergia Galván, directora de la organización feminista Colectiva Mujer y Salud, considera que feminicidio es todo asesinato de una mujer por su condición de género, independientemente de que tenga o no una relación de pareja con el agresor.
Afirmó que resulta contradictorio que los legisladores incrementen la pena por este crimen, pero que no reconozcan los feminicidios fuera del ámbito de la pareja o expareja.
“Yo particularmente no creo que 30 ó 40 años marque la diferencia en términos del impacto que deja un feminicidio en la sociedad”, declaró, tras precisar que es necesario insistir en las campañas de prevención y en la necesidad de cambiar la cultura machista que provoca los feminicidios.
“Creo que es muy importante trabajar en la construcción de una nueva masculinidad, yo creo que eso es fundamental, que la masculinidad no se vea en función de cuánto puede un hombre dominar a una mujer, de cuánto puede un hombre someter a una mujer, de cuánto puede controlar a una mujer, sino construir una nueva masculinidad sobre la base de nuevos valores de relaciones más iguales y equitativas entre el hombre y la mujer”, indicó.
La dirigente feminista estima que mientras eso no se dé será muy difícil disminuir los casos de feminicidios. “Hasta que eso no sea un principio y que la masculinidad se construya sobre esa base será muy difícil cambiar la realidad de los feminicidios”.
Lamentó que el Congreso Nacional le fallara a las mujeres de esa manera y que los senadores y diputados perdieran una gran oportunidad de legislar a favor de prevenir los asesinatos de mujeres. “Es una mezquindad de los legisladores no haber incluido los feminicidios en toda su amplitud. Es negarse a reconocer una realidad, y la realidad es que los feminicidios ocurren independientemente de la relación de pareja”, agregó.
El vigente Código Penal, modificado por la Ley 24-97, contempla una serie de penas y multas cuando la mujer es víctima de agresión sexual, violación sexual, violencia física, violencia psicológica, incesto, acoso laboral y otros delitos, que incluyen penas desde uno a 30 años de prisión, pero que ahora llegarían hasta 40 años si finalmente el Poder Ejecutivo promulga la ley aprobada por el Congreso Nacional.
La ley, en su artículo 309-1, define la violencia contra la mujer como “toda acción o conducta pública o privada en razón de su género que cause daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer mediante el empleo de fuerza física o violencia psicológica, verbal, intimidación o persecución”.
Las penas por esta causa van de uno a cinco años de prisión y multas de RD$500 hasta RD$5,000, así como la obligación de reponer aquellos bienes que hayan sido destruidos, dañados u ocultados por el agresor.
Estas penas aumentan de 5 a 10 años de prisión cuando se penetre a la casa o al lugar donde se encuentre albergada la expareja o pareja, para cometer allí los hechos de violencia.
Listindiario
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de fortalecer la convivencia pacífica y el bienestar en las comunidades, el Ministerio de Interior y Policía puso en marcha este jueves el Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana.
En una primera etapa, la iniciativa será implementada en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, y posteriormente se extenderá a otras localidades del país.
El acto estuvo encabezado por la titular del ministerio, Faride Raful, quien destacó que las instituciones involucradas en el programa trabajarán de manera coordinada con la comunidad.
“La seguridad ciudadana la construimos entre todos, junto a las instituciones que deben fungir como acompañantes”, afirmó.
De acuerdo con la ministra, antes del lanzamiento del programa las autoridades realizaron un diagnóstico para identificar las principales necesidades y brechas que pueden ser abordadas desde el Estado.
“Asumimos esas brechas para buscar soluciones. Antes de desarrollar el programa conversamos con comerciantes, juntas de vecinos e iglesias”, aseguró.
Raful explicó que los comunitarios solicitaron una mejor iluminación del sector, la adecuación de espacios públicos y un esquema de seguridad permanente.
Asimismo, sostuvo que una de las prioridades del plan es impedir que conductores de motocicletas realicen piruetas en las calles que alteren el orden público.
“Queremos que el espacio público vuelva a ser de la gente y no de las motocicletas que andan calibrando en las calles. Es una tarea de todos y entre todos vamos a recuperarlo”, expresó.
“Y tiene que funcionar; de lo contrario, es mejor retirarse de esto”, afirmó.
Según las autoridades, esta primera intervención en Villas Agrícolas incluirá la instalación de más de 500 luminarias, el fortalecimiento del patrullaje policial y la incorporación de nuevos agentes en los destacamentos de la zona.
Insta a realizar denuncias
La ministra también exhortó a los comunitarios presentes en el lanzamiento a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana, al señalar que en muchas ocasiones las autoridades desconocen los casos por falta de reportes.
“A veces me dicen: ‘Ustedes no hacen nada’, pero muchas veces, cuando acudimos al lugar, nos percatamos de que desconocíamos el caso porque no había sido denunciado”, explicó.
- El programa contempla, además, la ejecución de actividades sociales, el control territorial y acciones orientadas a la reducción de crímenes y delitos en la localidad.
- En la elaboración y ejecución del programa participaron 40 instituciones públicas.
- En el acto estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta; y representantes comunitarios del sector.
SANTO DOMINGO.- Como positiva valoró el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) algunas de las medidas fiscales recientemente anunciadas por las autoridades.
En un comunicado enviado ALMOMENTO.NET, considera que pueden contribuir a mejorar la eficiencia del sistema y a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
No obstante, el gremio empresarial subrayó la necesidad de que dichas disposiciones se apliquen bajo criterios de proporcionalidad y temporalidad, a fin de evitar impactos negativos en la actividad productiva, la inversión y el clima de negocios.
El CONEP reiteró que cualquier reforma o ajuste en materia fiscal debe estar sustentado en el diálogo entre los sectores público y privado, privilegiando la estabilidad económica y la competitividad del país.
Asimismo, la organización empresarial insistió en que las medidas deben ser diseñadas con un enfoque equilibrado, que permita alcanzar los objetivos de recaudación sin afectar de forma desmedida a los sectores generadores de empleo y crecimiento.
Reconoció el esfuerzo realizado por las autoridades para preservar la estabilidad macroeconómica del país.
Sostuvo que la sostenibilidad fiscal de largo plazo requiere que «los esfuerzos extraordinarios que hoy se solicitan a los contribuyentes estén acompañados de una estrategia igualmente clara para reducir presiones estructurales sobre las finanzas públicas».
Manifestó que, reconociendo el carácter especial de las medidas planteadas, resulta igual de importante que la atención a los desafíos inmediatos no desplace de la agenda nacional las transformaciones estructurales que se requieren para continuar elevando su productividad, competitividad y capacidad de crear oportunidades.
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