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Abinader promulga reforma del Código Procesal Penal

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Santo Domingo. – Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, informó que el presidente de la República promulgó en la mañana de este domingo 7 de diciembre de 2025 la Ley núm. 97-25, mediante la cual se realiza una importante reforma al Código Procesal Penal, dando cumplimiento a la Sentencia TC 0765 24 que ordenó sustituir la Ley 10-15.

Peralta Romero indicó que esta reforma, por demás, apuesta por una normativa acorde con los principios democráticos y asume distintos criterios que el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia han venido creando en la materia.

Destacó que la nueva ley moderniza el texto vigente hasta hoy, ya que fortalece parte importante de los 28 principios del proceso penal. Igualmente consolida un modelo procesal más ágil, garantista y coherente con el Estado social y democrático de Derecho.

Dijo que, entre los elementos destacables del texto promulgado, está la ampliación de los mecanismos modernos de resolución de conflictos, incluyendo justicia restaurativa, criterios de oportunidad, acuerdos, conciliaciones, procedimientos abreviados y suspensión condicional del procedimiento, disponible ahora para hechos sancionados con hasta cinco años de prisión.

El consultor jurídico expresó que es igualmente notorio que la reforma fortalece el derecho de defensa y las garantías al elevar los principios fundamentales y modernizar los procedimientos. Se refuerza la presunción de inocencia, se asegura la asistencia técnica integral para partes vulnerables, y se garantiza una aplicación más humana mediante el principio de favorabilidad procesal.

Añadió que, los derechos del investigado se activan desde los primeros actos, como la citación o la inmovilización de fondos, y se amplía el plazo para que la defensa presente su escrito. Además, se otorgan más oportunidades para que la defensa solicite contraperitaje, y se fijan plazos máximos de dos años para los archivos provisionales, que antes no tenían límite.

Asimismo, en el régimen de medidas de coerción, la reforma establece reglas más claras sobre el arresto y las órdenes de comparecencia, e impone un mayor rigor en el control judicial en la revisión obligatoria, respondiendo a las exigencias de necesidad, razonabilidad y estricta motivación para la restricción de libertad. Se incluye el criterio explícito de plazo razonable, estableciendo un máximo de cuatro años para casos ordinarios y cinco años para casos complejos, con criterios claros para su cómputo. Adicionalmente, se garantiza un recurso de apelación efectivo al eliminar el «nuevo juicio» y otorgar facultades a las cortes para instruir el proceso conforme a las reglas del juicio, asegurando un doble grado de jurisdicción real y funcional.

En definitiva, sostuvo, el reformado Código Procesal Penal está orientado a mejorar la administración de justicia penal y modernizar profundamente el sistema, impulsando una transformación basada en la celeridad, la economía procesal, la especialización y el consenso entre las partes, con el objetivo de lograr una justicia más rápida, eficaz y centrada en la solución del conflicto. Por demás, presenta una necesaria armonización con el nuevo Código Penal, que se expresa en la adecuación a la nueva clasificación de infracciones.

En ese sentido, explicó, las extensas sesiones de trabajo que dieron como resultado esta importante reforma, participaron, además de los legisladores, importantes sectores de la sociedad y el Estado, lo que permitió que se arribaran a consensos importantes. Estuvieron presentes en el proceso el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Poder Judicial, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y distintos representantes de la comunidad jurídica.

Con estas transformaciones, que se une la Ley de Extinción de Dominio y la reforma al Código Penal, entre otras normas de reciente impulso, la República Dominicana consolida una justicia penal más humana, moderna y efectiva, en sintonía con los estándares constitucionales y los desafíos del sistema judicial contemporáneo.

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Ministerio Público de Santo Domingo Oeste asegura muerte de Darlin Mercado no quedará impune

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Santo Domingo, R.D.-Edward Lopez,  titular de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, llamó a la sociedad a confiar en la investigación que realiza sobre la muerte de Darlin Mercado Reyes por un agente de la Policía.

López aseguró que no permitirán que el crimen quede impune y que para ello se evalúa la conducta de los demás miembros de la patrulla policial que hacía la requisa de la motocicleta propiedad de la víctima.

Explicó que por esa razón se solicitó que el caso sea declarado complejo para profundizar las indagatorias y someter a cualquier otro miembro de la Policía responsable de la muerte de Mercado Reyes.

La información fue corroborada por el abogado de los padres de Darlin, quien dijo que los cinco miembros de la patrulla serían sometidos «en la medida que la investigación los pueda involucrar objetivamente».

El juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste envió a la cárcel Las Parras al cabo de la Policía imputado de disparar al joven Darlin Mercado el pasado viernes.

  • La prisión preventiva que se dispuso para el cabo José Francisco Moreta Heredia  de un año en la cárcel Las Parras, deberá ser en un área de máxima seguridad del penal, el cual está ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, en la provincia Santo Domingo.

Previo al conocimiento de la medida de coerción, vecinos y parientes del joven se manifestaron demandando justicia y que no fuera enviado a Operaciones Especiales, en donde regularmente se dispone que cumplan la medida los policías.

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Envian a estudio en Cámara de Diputados modificaciones al Código Penal.

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Santo Domingo.- Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó la conformación de una comisión bicameral para el estudio de las modificaciones a la Ley 74-25, del nuevo Código Penal, y remitió a esa comitiva las propuestas que buscan cambiar artículos de la legislación.

El equipo de senadores y diputados estará integrado por todos los miembros de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara Baja; su presidente será Wandy Batista.

Por parte del Senado, los comisionados serian anunciados en la sesión convocada para hoy, a las 2:00 de la tarde. El vicepresidente de la bicameral será un senador.

Además de Batista, los diputados que conforman la comisión mixta son Sadoky Duarte, Rubén Darío Peñaló, Rosendy Polanco, Miguel Arredondo, Luis Gómez Benzo, Alcides Báez, José Alberto Jiménez, Jesús Manuel Sánchez, Eugenio Cedeño, Carolin Mercedes, Carmen William, Carlos de Pérez, Jorge Leonardo Tavárez y Ramón Mayobanex Martínez.

Se recuerda que este martes, frente a los cuestionamientos de sectores a artículos controversiales del nuevo Código Penal y la casi entrada en vigencia de la legislación, la Cámara de Diputados abrió un proceso de recepción y evaluación de propuestas “puntuales” sobre aquellos articulados, a fin de ver si puede modificar la norma antes de su aplicación, el próximo 3 de agosto.

El proceso de recepción de las observaciones comenzó ayer mismo, a las 2:00 de la tarde, y concluye el próximo miércoles 15 de julio. Estará abierto de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., en la Secretaría General Legislativa.

 

La Ley 74-25, del nuevo Código Penal, ha sido centro de debates en diversos escenarios desde que fue promulgada, aunque son más los sectores y actores que la aplauden. Los artículos 310 y 311, sobre el ultraje, son de los más atacados.

 

Los demás artículos son el 208 y 2010, que tratan la difamación y la injuria; el 315, que aborda la libertad de expresión; el 8, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas; el 9, que trata la responsabilidad compartida; el 12, sobre la comisión por omisión; y el 354, de la certificación falsa de estado de salud. También están los artículos del 46 al 49, sobre el cúmulo de pena; el 136, actividad sexual no consentida; el 173, discriminación; entre otros.

Varios legisladores han sometido iniciativas de modificación en algunos de esos artículos. El Poder Ejecutivo contiene, además, un proyecto de ley que someterá “en lo adelante”.

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Cabo que mató a joven en Herrera recibe 12 meses de prisión preventiva.

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Santo Domingo Oeste. Doce meses de prision preventiva dictó este miércoles un tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, presidido por el juez Reyes Rodriguez,  contra el cabo de la Policía Nacional José Francisco Moreta Heredia, acusado de causar la muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes durante un incidente ocurrido en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera. La decisión fue adoptada por el juez Reyes Rodríguez.

El magistrado dispuso que el agente cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra. Asimismo, declaró el proceso complejo con el propósito de ampliar el tiempo de investigación y determinar si otros miembros de la patrulla o de la Policía Nacional tuvieron participación en el hecho.

La solicitud de prisión preventiva fue presentada por el Ministerio Público, representado por el fiscal Edward López.

Al concluir la audiencia, el padre de la víctima, Noel Mercado, expresó su conformidad con la decisión judicial, al considerar que representa un paso hacia la búsqueda de justicia por la muerte de su hijo.

Por su parte, el abogado de la familia, Bunel Ramírez, informó que el tribunal también ordenó medidas de protección a favor de los familiares de la víctima y de los testigos del proceso, incluyendo una orden de alejamiento. Además, instruyó al Ministerio Público a garantizar seguimiento psicológico y asistencia profesional a las personas afectadas por el caso.

Sobre la muerte del joven

Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, falleció el pasado 3 de julio tras recibir un disparo en el tórax presuntamente realizado por el cabo José Francisco Moreta Heredia durante un operativo policial.

Según la imputación presentada por el Ministerio Público, el agente realizaba labores de patrullaje mientras requisaba a Fénix Junior Ceballos Guzmán, quien conducía una motocicleta propiedad de la víctima. En ese momento, Darlin se acercó para informar que el vehículo le pertenecía, pero, de acuerdo con la acusación, el cabo le disparó sin mediar palabras, provocándole la muerte.
La muerte del joven generó indignación entre los residentes de La Cañada de Guajimía, quienes realizaron protestas, incendiaron neumáticos y bloquearon varias vías en reclamo de justicia.

Tras el hecho, el cabo fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que la Policía Nacional informó que su Dirección de Asuntos Internos abrió una investigación para establecer las responsabilidades correspondientes dentro de la institución.

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