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Presidente hizo otros nombramientos

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente Danilo Medina ratificó este viernes mediante el decreto número 504-12 a Vicente Bengoa como administrador del Banco de Reservas, así como a la vicegobernadora del Banco Central, Clarisa de la Rocha.

También designó a Roberto Rodríguez Marchena director de la Dirección General de Comunicaciones (DICOM) y mediante el decreto 501-12 subdirector de esa misma dependencia a Rafael Ovalles. Luisa Fernández fue confirmada en el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, mediante el decreto 502-12

Con el decreto 503-12, Braulio Frías es designado subdirector de Migración; y Rolando Jáquez Canales subdirector de la OMSA.

Con el decreto 505-12, queda designado Adolfo Cedeño subdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

También queda designada Niurka Alexandra Carrín, como subdirectora de Promese-cal; Octavio de la Maza, subdirector de Ganadería; y Dismeri Carolina Deni, subdirectora Plan Social de la Presidencia.

Con el decreto 506-12, Iluminada Esther Hernández y Tony Gil, queda designada subdirectora de la DGII y Tony Hernández Gil, también subdirector.

Asimismo, con el decreto 507-12 Antolín Polanco, director general de la Comisión Nacional de Población y Familia (CONAPOFA); y como subdirector del mismo organismo, Gerardo Gonell Santana.

También con el decreto 508-12 Maritza Altagracia Rossi Pérez, es designada directora Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA). Ángel Danilo Mesa, director Instituto Nacional de Educación Física (INEFI).

Con el decreto 509-12, Lidia Margarita Pimentel Báez, subdirectora social del INVI; en la misma entidad Tilsa Gómez fue designada como subdirectora, encargada de la consultoría jurídica; Víctor Ortiz y Rafael Vásquez, subdirectores administrativo y técnico del INVI, respectivamente.

Con el decreto 510 fue ratificado Andrés Vanderhorst Álvarez, como director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad.

Asimismo, con el número 511-12, Gabriel Castro González queda designado Superintendente de Valores; y Juan Ernesto Jiménez, como Intendente , ambos, hasta tanto la Junta Monetaria presente la terna a la que se refiera el artículo 23 de la Ley 19-01 que regula el mercado de valores en República Dominicana.

Con el 512-12 Omar Ramírez Tejada, queda designado  vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismos de Desarrollo Limpio; en la misma entidad, Evaristo Peña y Moisés Álvarez, directores administrativo y ejecutivo, respectivamente.

Con el decreto 513-12, Clarisa de la Rocha fue ratificada como vicegobernadora del Banco Central.

Almomento.net

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Jochy Gómez es autorizado por quinta vez por la Jueza Patricia Padilla a salir del pais.

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Santo Domingo, R.D.-Patricia Padilla, jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, autorizó al imputado José Gómez Canaán “Jochy” a salir del país hacia Panamá desde el 23 y hasta el 30 de junio de este año.

Se trata de la quinta ocasión que esta magistrada autoriza salir del territorio nacional al imputado en el caso de supuesta corrupción en el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.

Padilla también ordenó que la disposición judicial sea notificada al Ministerio Público (MP), al solicitante y a la Dirección General de Migración (DGM), con el objetivo de garantizar el cumplimiento del levantamiento provisional del impedimento de salida que pesaba contra el acusado.

Asimismo, la jueza impuso una sanción económica a la Procuraduría General de la República (PGR), que consistirá en una multa de 5,000 pesos diarios por cada día que se retrase en la ejecución de esta orden judicial.

Jochy Gómez es uno de los acusados junto al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras y otros encartados, de intentar estafar al Estado con más de 1,300 millones de pesos.

El supuesto fraude se habría intentado consumar a través del contrato para la instalación de semáforos inteligentes en el Gran Santo Domingo.

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Autoridades ponen en marcha Operación Begonias y desmantelan red de explotación sexual

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Santo Domingo.– Las autoridades pusieron en marcha desde este sábado la Operación Begonias con múltiples allanamientos en la provincia Santo Domingo, producto de una amplia investigación iniciada hace varios meses para desarticular redes transnacionales de trata de personas con fines de explotación sexual y con la que rescató a más de 40 mujeres.

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) adelantaron que los fiscales presentarán cargos criminales contra ocho imputados (cuatro hombres y cuatro mujeres) colombianos y dominicanos.

La operación, en conjunto con la Fiscalía de Santo Domingo Este, cuenta con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) y el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional. También participaron fiscales de la fuerza de Tarea de la Dirección General de Persecución, así como miembros del Departamento de Investigaciones de la PETT y la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.

La investigación contra las redes contó con el apoyo de Anti Trafficking Bureau (ATB).

Un equipo de 10 fiscales, más de 85 agentes de la Policía Nacional y varios técnicos de investigación y especialistas en atención a víctimas se movilizaron desde tempranas horas del sábado.

Durante la operación, los equipos de fiscales ocuparon dinero en efectivo, seis vehículos, equipos electrónicos, cuadernos de anotaciones y diferentes drogas narcóticas.

De igual forma, se incautaron los inmuebles que eran utilizados como espacios de operación de la red, incluyendo una edificación de varios niveles.

La procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, resaltó la importancia de la nueva operación contra las redes de trata de personas.

“Estás operaciones, que son antecedidas de un amplio trabajo de investigación, responden a las acciones impulsadas por la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso contra el crimen transnacional”, dijo Bejarán Álvarez.

Explicó que los imputados arrestados como parte de la Operación Begonias captaban en Colombia y movilizaban al país a las jóvenes que explotaban sexualmente.

Los imputados ofertaban trabajo a las víctimas como bartender o camareras de hoteles. Después de traerlas retenían sus documentos y las amenazaban con hacerle daño a sus familiares en Colombia, al tiempo de presionarlas por una supuesta deuda de 3,500 a 4,000 dólares que le hacían pagar si querían aceptar la promesa de que podrían

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Piden reclasificar acusación contra hermanos Espaillat en caso del Jet Set

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Santo Domingo, R.D.- Ciudadanos consultados consideran que los empresarios Antonio y Maribel Espaillat deben ser acusados de homicidio culposo o voluntario por la tragedia del Jet Set debido a que fueron advertidos del peligro y no tomaron medidas a tiempo.

Así afirmaron ciudadanos que consideran que el Ministerio Público está a tiempo de cambiar la calificación jurídica de la acusación antes del juicio de fondo.

Como crónica de una tragedia anunciada definen ciudadanos la madrugada del ocho de abril, en donde perdieron la vida 235 personas y 180 resultaron afectadas y más de 170 huérfanos.

Algunos ciudadanos afirmaron que esas personas estuvieran vivas si los hermanos Espaillat hubiesen atendido las advertencias que les hicieron de suspender la fiesta el pasado ocho de abril.

Las críticas ciudadanas incluyen al gobierno y al Ministerio Público por ser permisivos y genuflexos a favor de los hermanos Espaillat, quienes son acusados de homicidio involuntario, pese a que la misma instancia los señala como negligencias.

También juristas denunciaron que el Ministerio Público, al dar la calificación de homicidio involuntario, coincidió con las defensas de los imputados, lo que se convierte en una falta de protección para las víctimas.

Tras la solicitud de la magistrada Reinoso, el Congreso Nacional ha reactivado las discusiones de la propuesta legislativa que presente dotar al país de un Código Penal más actualizado.

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