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PRM: Sectores del PLD no quieren reforma electoral seria para seguir beneficiándose del desorden
Roberto Fulcar, presidente en Funciones del Partido Revolucionario Moderno (PRM) (Fuente Externa)
Santo Domingo,- La negativa de sectores del Partido de la Liberación Dominicana a que sean celebradas convenciones simultáneas con padrones propios de los diferentes partidos y se establezca un régimen electoral equitativo, se debe a su interés por seguir beneficiándose del desorden y la manipulación de los poderes públicos.
El planteamiento fue hecho este domingo por Roberto Fulcar, presidente en Funciones del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien agregó que la garantía de que se ponga fin a ese control es que las convenciones electoras se hagan al mismo tiempo en todos los partidos, que sean realizadas con patrones de votación propios y que sean arbitradas por la Junta Central Electoral.
Se refirió a que la ausencia de leyes de partidos y del régimen electoral que hagan transparente la vida de los partidos políticos, y la ausencia de límites en el financiamiento de las campañas es lo que permitió a la empresa constructora Odebrecht financiar campañas electorales entre 2012 y 2014, como han confesado importantes funcionarios de esa firma constructora.
Para Fulcar esas confesiones hacen cada vez más claro de dónde salió el dinero para imponer la modificación constitucional que permitió la reelección.
Consideró que todo ese dinero proveniente de los sobornos y sobrevaluaciones admitidas por Odebrecht, gastado en beneficio de un interés político, debe ser resarcido al pueblo dominicano, que debe ser compensado moral y económicamente
Fulcar subrayó que mientras las denuncias de corrupción de Odebrecht eran sustentadas por el PRM y la campaña de Luis Abinader, desde principios del año pasado, se creía que el tema era sólo parte del debate político.
Pero hoy, cuando día tras días llegan las noticias de los interrogatorios a los directivos de esa empresa, y de manera reiterada sale a relucir el financiamiento de las últimas campañas del PLD con ese dinero mal habido, salen las respuestas destempladas de funcionarios y dirigentes oficialistas que tratan de responsabilizar a la oposición de sus malas acciones.
En aras de sanear la actividad política, Fulcar calificó como trascendente servicio al país la propuesta de Luis Abinader para que todos los funcionarios y líderes políticos que ocupan o aspiren a desempeñar roles fundamentales en el estado transparenten el origen y volumen de sus respectivos patrimonios.
Ese sería el inicio de la transformación de la política en un servicio a la sociedad, y que deje de ser una fuente de enriquecimiento ilícito y al vapor de gente que ayer no tenía nada y hoy ostentan un derroche de dinero que ofende las tantas necesidades del pueblo.
Fulcar deploró que el principal objetivo que tiene hoy la mayoría de integrantes del Comité Político del PLD es el Presupuesto Nacional, a partir del cual calculan y sustentan sus concepciones, estrategias y acciones políticas.
Reconoció Fulcar que del empoderamiento y la acumulación económica en base al patrimonio nacional no son responsables todos los peledeístas, pues la mayoría de ellos padecen las estrecheces y carencias de la mayoría de la población y es sólo la cúpula peledeísta la que disfruta de elevados niveles de riqueza.
Consideró que cuando funcionarios como José Ramón Peralta y Monchy Fadul, ministros de la Presidencia y de Trabajo atribuyen a conspiraciones sediciosas las demandas por el fin de la corrupción y la impunidad sólo están revelando la descomposición que se está produciendo en la alta dirección del gobierno.
Precisó que si la pretensión del gobierno es amedrentar al PRM, a los partidos de oposición y a la Marcha Verde que lucha por la pulcritud en la administración de los fondos públicos y porque los delitos en contra del patrimonio nacional tengan consecuencias, están equivocados pues la mayoría de esos dirigentes saben que aquí el miedo terminó en el baúl de un carro un 30 de mayo de 1961.
elcaribe.com.do
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.