Santo Domingo, RD.-El Pleno de la Junta Central Electoral recibió la solicitud de los partidos Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo la convocatoria a una audiencia de partidos políticos para tratar varios temas relacionados con la organización de las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales del próximo cinco de julio.Nacionales
Solicitan audiencia de partidos para protocolo de elecciones y otros asuntos.
Santo Domingo, RD.-El Pleno de la Junta Central Electoral recibió la solicitud de los partidos Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo la convocatoria a una audiencia de partidos políticos para tratar varios temas relacionados con la organización de las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales del próximo cinco de julio.En un documento depositado en la secretaría general de la JCE, los partidos de oposición que en esa audiencia se deben de tratar temas como propuestas para crear un protocolo y presentar propuestas para la celebración de esos comicios, las cuales se realizaran con la presencia del coronavirus (Covid-19).
“Estamos a 74 días de esas elecciones, debemos por tanto, desde ahora, trabajar para, por un lado, proteger a los dominicanos de la necesaria salud pública, y por otro lado, para celebrar las elecciones libres, justas y con equidad”, establece el documento depositado firmado por Orlando Jorge Mera y Manuel Crespo, delegados ante la JCE del PRM y Fuerza del Pueblo, respectivamente.
Otro punto que solicitaron tratar en esa audiencia, es la designación de un nuevo director de informática y revisión de los cargos de subdirectores.
“Igualmente, entendemos que otros funcionarios, que ocupan cargos de subdirectores, deben ser objeto de revisión por parte de la Junta Central Electoral, para reestructurar y sanear el departamento de informática a partir de la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las fallas al sistema de voto automatizado en las elecciones suspendidas del 16 de febrero de 2020”, expresan.
Los resultados de la auditoria OEA sobre lo ocurrido en las elecciones municipales ordinarias del 16 de febrero, en donde los equipos del voto automatizado no cargaron las boletas electrónicas, reveló que no hubo una intervención externa en los equipos y que lo sucedido se debió a las fallas en los trabajos de la dirección de informática.
Luego de eso, el pleno de la JCE fue despedido Miguel Ángel García, quien fungía como director de informática y estaba suspendido de sus funciones desde el 20 de febrero para que este no se involucre en la investigación. Desde entonces los subdirectores Juan Carlos Saladin, Luis Leger, Johnny Rivera, Orlyn Pereyra se han hecho cargo del área.
El artículo 16 de la ley 15-19 sobre régimen electoral establece que los cargos de directores de Elecciones, Informática, Registro Civil y Registro Electoral, serán designados luego de consultar con los partidos políticos.
Otros puntos que solicitaron se trata son las garantías electorales y acceso equitativo a medios de comunicación del Estado y la reestructuración de juntas municipales electorales, en casos muy concretos, conforme al Artículo 45 de la Ley No.15-19.
Ese artículo establece que al designar los miembros y secretarios de las juntas electorales y sus respectivos suplentes sustitutos, se deberá tratar de designar a individuos que no estén afiliados a ningún partido político; y si esto no fuere posible, se deberá nombrar a afiliados no activistas de dos o más partidos políticos reconocidos, de tal modo que ninguno de estos tengan mayoría de votos en la junta y, especialmente, se tratará en todos los casos de que el presidente y el secretario, así como sus respectivos suplentes y sustitutos, pertenezcan a partidos políticos distintos.
Tanto el PRM como Fuerza del Pueblo, pidieron que para la audiencia sean invitados representamos de la OEA, la Fundación Institucionalidad para Sistemas Electorales (IFES), Participación Ciudadana y la Comisión de Acompañamiento a la JCE.
Delegación de Unión Europea llegará en junio
L a entidad electoral informó este miércoles que la Misión Electoral de Expertos (MEE) de la Delegación de la Unión Europea para las Elecciones Presidenciales y Congresuales del 5 de julio llegará al país el próximo 6 de junio del presente año, debido al cambio de fecha de dichas elecciones.
En adición, dicha delegación reiteró que atendiendo a la invitación de la JCE la llegada de los expertos se tenía prevista para el 17 de abril, y como consecuencia directa de la crisis mundial del COVID-19 y la postergación formal de las elecciones presidenciales del 5 de julio se ha decidido aplazar la llegada de los expertos para el próximo 6 de junio.
Igualmente, indicó que los nombres de los expertos serán comunicados ulteriormente, así como la duración de la Misión.
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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Nacionales
Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
«Se agregó que al Indotel, actuar de forma imprudente y precipitada, independientemente de las consideraciones técnicas sobre la diferenciación entre frecuencias físicas y canales virtuales, vulnera los principios de seguridad jurídica y de respeto al debido proceso al anticiparse a una decisión jurisdiccional definitiva», concluye el documento.
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
Alfredo Pacheco y Amado Díaz, presidente de la Cámara Baja y vocero de los diputados perremeístas, respectivamente, propusieron que los peritos sean designados por el MP, mediante dictamen motivado, durante la etapa preparatoria, siempre que no se trate de un anticipo jurisdiccional de prueba. En la legislación aprobada en primera lectura, el Pleno había quitado esta facultad al Ministerio Público, y fue devuelta.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.