Santo Domingo, RD.-El Pleno de la Junta Central Electoral recibió la solicitud de los partidos Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo la convocatoria a una audiencia de partidos políticos para tratar varios temas relacionados con la organización de las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales del próximo cinco de julio.Nacionales
Solicitan audiencia de partidos para protocolo de elecciones y otros asuntos.
Santo Domingo, RD.-El Pleno de la Junta Central Electoral recibió la solicitud de los partidos Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo la convocatoria a una audiencia de partidos políticos para tratar varios temas relacionados con la organización de las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales del próximo cinco de julio.En un documento depositado en la secretaría general de la JCE, los partidos de oposición que en esa audiencia se deben de tratar temas como propuestas para crear un protocolo y presentar propuestas para la celebración de esos comicios, las cuales se realizaran con la presencia del coronavirus (Covid-19).
“Estamos a 74 días de esas elecciones, debemos por tanto, desde ahora, trabajar para, por un lado, proteger a los dominicanos de la necesaria salud pública, y por otro lado, para celebrar las elecciones libres, justas y con equidad”, establece el documento depositado firmado por Orlando Jorge Mera y Manuel Crespo, delegados ante la JCE del PRM y Fuerza del Pueblo, respectivamente.
Otro punto que solicitaron tratar en esa audiencia, es la designación de un nuevo director de informática y revisión de los cargos de subdirectores.
“Igualmente, entendemos que otros funcionarios, que ocupan cargos de subdirectores, deben ser objeto de revisión por parte de la Junta Central Electoral, para reestructurar y sanear el departamento de informática a partir de la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las fallas al sistema de voto automatizado en las elecciones suspendidas del 16 de febrero de 2020”, expresan.
Los resultados de la auditoria OEA sobre lo ocurrido en las elecciones municipales ordinarias del 16 de febrero, en donde los equipos del voto automatizado no cargaron las boletas electrónicas, reveló que no hubo una intervención externa en los equipos y que lo sucedido se debió a las fallas en los trabajos de la dirección de informática.
Luego de eso, el pleno de la JCE fue despedido Miguel Ángel García, quien fungía como director de informática y estaba suspendido de sus funciones desde el 20 de febrero para que este no se involucre en la investigación. Desde entonces los subdirectores Juan Carlos Saladin, Luis Leger, Johnny Rivera, Orlyn Pereyra se han hecho cargo del área.
El artículo 16 de la ley 15-19 sobre régimen electoral establece que los cargos de directores de Elecciones, Informática, Registro Civil y Registro Electoral, serán designados luego de consultar con los partidos políticos.
Otros puntos que solicitaron se trata son las garantías electorales y acceso equitativo a medios de comunicación del Estado y la reestructuración de juntas municipales electorales, en casos muy concretos, conforme al Artículo 45 de la Ley No.15-19.
Ese artículo establece que al designar los miembros y secretarios de las juntas electorales y sus respectivos suplentes sustitutos, se deberá tratar de designar a individuos que no estén afiliados a ningún partido político; y si esto no fuere posible, se deberá nombrar a afiliados no activistas de dos o más partidos políticos reconocidos, de tal modo que ninguno de estos tengan mayoría de votos en la junta y, especialmente, se tratará en todos los casos de que el presidente y el secretario, así como sus respectivos suplentes y sustitutos, pertenezcan a partidos políticos distintos.
Tanto el PRM como Fuerza del Pueblo, pidieron que para la audiencia sean invitados representamos de la OEA, la Fundación Institucionalidad para Sistemas Electorales (IFES), Participación Ciudadana y la Comisión de Acompañamiento a la JCE.
Delegación de Unión Europea llegará en junio
L a entidad electoral informó este miércoles que la Misión Electoral de Expertos (MEE) de la Delegación de la Unión Europea para las Elecciones Presidenciales y Congresuales del 5 de julio llegará al país el próximo 6 de junio del presente año, debido al cambio de fecha de dichas elecciones.
En adición, dicha delegación reiteró que atendiendo a la invitación de la JCE la llegada de los expertos se tenía prevista para el 17 de abril, y como consecuencia directa de la crisis mundial del COVID-19 y la postergación formal de las elecciones presidenciales del 5 de julio se ha decidido aplazar la llegada de los expertos para el próximo 6 de junio.
Igualmente, indicó que los nombres de los expertos serán comunicados ulteriormente, así como la duración de la Misión.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.