Santo Domingo, RD.-El Pleno de la Junta Central Electoral recibió la solicitud de los partidos Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo la convocatoria a una audiencia de partidos políticos para tratar varios temas relacionados con la organización de las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales del próximo cinco de julio.Nacionales
Solicitan audiencia de partidos para protocolo de elecciones y otros asuntos.
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LA REDACCIÓN
Santo Domingo, RD.-El Pleno de la Junta Central Electoral recibió la solicitud de los partidos Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo la convocatoria a una audiencia de partidos políticos para tratar varios temas relacionados con la organización de las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales del próximo cinco de julio.En un documento depositado en la secretaría general de la JCE, los partidos de oposición que en esa audiencia se deben de tratar temas como propuestas para crear un protocolo y presentar propuestas para la celebración de esos comicios, las cuales se realizaran con la presencia del coronavirus (Covid-19).
“Estamos a 74 días de esas elecciones, debemos por tanto, desde ahora, trabajar para, por un lado, proteger a los dominicanos de la necesaria salud pública, y por otro lado, para celebrar las elecciones libres, justas y con equidad”, establece el documento depositado firmado por Orlando Jorge Mera y Manuel Crespo, delegados ante la JCE del PRM y Fuerza del Pueblo, respectivamente.
Otro punto que solicitaron tratar en esa audiencia, es la designación de un nuevo director de informática y revisión de los cargos de subdirectores.
“Igualmente, entendemos que otros funcionarios, que ocupan cargos de subdirectores, deben ser objeto de revisión por parte de la Junta Central Electoral, para reestructurar y sanear el departamento de informática a partir de la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las fallas al sistema de voto automatizado en las elecciones suspendidas del 16 de febrero de 2020”, expresan.
Los resultados de la auditoria OEA sobre lo ocurrido en las elecciones municipales ordinarias del 16 de febrero, en donde los equipos del voto automatizado no cargaron las boletas electrónicas, reveló que no hubo una intervención externa en los equipos y que lo sucedido se debió a las fallas en los trabajos de la dirección de informática.
Luego de eso, el pleno de la JCE fue despedido Miguel Ángel García, quien fungía como director de informática y estaba suspendido de sus funciones desde el 20 de febrero para que este no se involucre en la investigación. Desde entonces los subdirectores Juan Carlos Saladin, Luis Leger, Johnny Rivera, Orlyn Pereyra se han hecho cargo del área.
El artículo 16 de la ley 15-19 sobre régimen electoral establece que los cargos de directores de Elecciones, Informática, Registro Civil y Registro Electoral, serán designados luego de consultar con los partidos políticos.
Otros puntos que solicitaron se trata son las garantías electorales y acceso equitativo a medios de comunicación del Estado y la reestructuración de juntas municipales electorales, en casos muy concretos, conforme al Artículo 45 de la Ley No.15-19.
Ese artículo establece que al designar los miembros y secretarios de las juntas electorales y sus respectivos suplentes sustitutos, se deberá tratar de designar a individuos que no estén afiliados a ningún partido político; y si esto no fuere posible, se deberá nombrar a afiliados no activistas de dos o más partidos políticos reconocidos, de tal modo que ninguno de estos tengan mayoría de votos en la junta y, especialmente, se tratará en todos los casos de que el presidente y el secretario, así como sus respectivos suplentes y sustitutos, pertenezcan a partidos políticos distintos.
Tanto el PRM como Fuerza del Pueblo, pidieron que para la audiencia sean invitados representamos de la OEA, la Fundación Institucionalidad para Sistemas Electorales (IFES), Participación Ciudadana y la Comisión de Acompañamiento a la JCE.
Delegación de Unión Europea llegará en junio
L a entidad electoral informó este miércoles que la Misión Electoral de Expertos (MEE) de la Delegación de la Unión Europea para las Elecciones Presidenciales y Congresuales del 5 de julio llegará al país el próximo 6 de junio del presente año, debido al cambio de fecha de dichas elecciones.
En adición, dicha delegación reiteró que atendiendo a la invitación de la JCE la llegada de los expertos se tenía prevista para el 17 de abril, y como consecuencia directa de la crisis mundial del COVID-19 y la postergación formal de las elecciones presidenciales del 5 de julio se ha decidido aplazar la llegada de los expertos para el próximo 6 de junio.
Igualmente, indicó que los nombres de los expertos serán comunicados ulteriormente, así como la duración de la Misión.
Nacionales
Abinader tras violación de la Constitución se autocalifica como un presidente del centro y socialdemócrata.
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6 horas agoon
abril 9, 2026
Santo Domingo, R.D.-Tras la promulgación de una ley que viola la Constitución para buscar eliminar las candidaturas independientes, el presidente Luis Abinader aseguró que se ha guiado —y que pretende seguir guiándose— por una visión de “centro” en su gestión, al tiempo que defendió un modelo que combina desarrollo económico, impulso a la inversión privada y políticas sociales orientadas a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida.
Abinader habló durante un conversatorio de Café Político con estudiantes de la PUCMM, donde fue consultado directamente sobre la “filosofía política” que ha orientado “estos primeros seis años de gobierno” y la que guiaría “los últimos dos años” restantes.
“Es tan difícil ahora catalogarse, o ponerse o colocarse en una línea política, y especialmente en el caso nuestro”, respondió el mandatario, antes de referirse a la manera en que distintos sectores han intentado encasillar a su administración. Según explicó, a su gobierno lo han descrito en distintas ocasiones como “de derecha”, “de centro”, “de izquierda”, e incluso bajo fórmulas intermedias. “A mí me han puesto a veces ‘Gobierno de centro izquierda’, a veces ‘Gobierno de centro’ y a veces ‘Gobierno de centro derecha’. Yo he visto las tres categorías”, afirmó.
Sin embargo, Abinader buscó cerrar el debate con una definición propia: “Nosotros somos un Gobierno de centro”.
Para explicar esa ubicación, el presidente apeló a una referencia internacional: la socialdemocracia europea, particularmente en los países nórdicos y Alemania. En ese marco, sostuvo que se trata de una corriente que “cree en el desarrollo económico”, “cree en la inversión privada” y también entiende que “hay que fortalecer la inversión privada”. A la vez, subrayó que ese crecimiento debe ir acompañado de “una mejoría y una base social” que garantice un camino “hacia la eliminación y la disminución de la pobreza” y hacia la “mejoría de la calidad de vida”.
“Exactamente eso es lo que nosotros hemos conseguido en estos seis años”, dijo, al reivindicar los resultados de su gobierno bajo esa lógica de equilibrio entre dinamismo económico y políticas sociales. No ofreció cifras ni detalles de programas en su respuesta, pero insistió en que la orientación general de la gestión ha sido consistente con ese enfoque.
El mandatario también enmarcó su planteo en un período que describió como particularmente adverso por el contexto internacional. Recordó que llegó al poder “en el medio de la crisis del COVID” y que, cuando el país comenzaba a salir de la pandemia, sobrevino la “crisis de Ucrania”. “Y ahora ya ustedes saben…”, añadió, en alusión a un escenario global que —según su relato— ha continuado sumando presiones.
En un giro coloquial, Abinader resumió la sensación de gobernar en medio de crisis encadenadas con una frase que provocó reacción en el auditorio: “A veces yo digo: ‘Dame, échame algo bendito… A ver si tenemos más suerte’”. Acto seguido, insistió en que esos desafíos han sido parte del terreno que su administración ha tenido que enfrentar.
Nacionales
Presidente de la SCJ insiste en los supuestos avances en la justicia dominicana.
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6 horas agoon
abril 9, 2026
Santo Domingo, R.D.-Como una forma de cuidarse en salud en virtud de que se le vence su tiempo en el cargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial destacó los supuestos avances en la justicia dominicana en los últimos años, logros que, afirmó, son «frutos de una obra colectiva» de todos los sectores políticos y sociales.
Durante el acto de apertura de la Conferencia del Poder Judicial 2026, Molina subrayó que estos progresos han sido reconocidos tanto por indicadores nacionales como por estudios internacionales, al tiempo que exhortó a preservar estas conquistas y evitar cualquier retroceso.
Entre los principales logros resaltó una mayor confianza, la eliminación de la mora en la Suprema Corte de Justicia, que incluye una transformación del recurso de casación, que —según explicó— dejó de ser un mecanismo que retrasaba derechos, reduciendo su tiempo de tramitación de 107 a 27 días.
Sostuvo que el acceso digital permite a más de 33 mil abogados y ciudadanos acceder gratuitamente a sus casos sin traslados y sin intermediarios, asistir a audiencias virtuales, en los procesos civiles, y consultar sus expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero.
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En la actividad de inauguración de la conferencia participaron el presidente de la República, Luis Abinader, así como los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, junto a representantes del sector empresarial, la judicatura y diversas instituciones nacionales e internacionales vinculadas al ámbito jurídico.
Molina, quien cumplió el periodo de siete años como presidente de la SCJ y será sometido a evaluación próximamente por el Consejo Nacional de la Magistratura, expuso que el Poder Judicial ha procurado moverse al mismo ritmo que lo ha hecho el crecimiento económico en los últimos treinta años y que para lograrlo se crearon tres objetivos concretos.
En ese sentido, aseveró que la conferencia constituye el espacio rector del Plan de Justicia del Futuro 20-34 para revisar los avances y “corregir el rumbo cuando la circunstancia lo aconseja”, as í como renovar compromisos y voluntades.
La conferencia se desarrollará desde este jueves 9 de abril hasta el sábado 11.
El acto inaugural también contó con la participación del expresidente de la República Leonel Fernández; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; los legisladores Omar Fernández y Tobías Crespo, y la jueza Nancy Salcedo, integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.
Asimismo, los expresidentes de la SCJ, Jorge Subero Isa y Mariano Germán.

En la inauguración de la Conferencia de Justicia 2026, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el de la República, Henry Molina y Luis Abinader, entregaron un reconocimiento a la magistrada Olga Herrera Carbuccia por su papel en la creación y consolidación de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo.
“Constituyó un ejemplo de gestión judicial al convertir una idea en una institución organizada, eficiente y referente en materia penal, aún en contextos desafiantes”, se dijo al momento de hacérsele entrega a la placa con la que se le reconoció su labor.
Nacionales
Aumento sueldos en Camara de Cuentas sería otra violación a la Constitución.
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6 horas agoon
abril 9, 2026
Santo Domingo, R.D.-En medio de una serie de interrogantes tras la circulación de una resolución que plantea un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, abrió dudas sobre si el órgano se aprobó un incremento salarial en violacion de la Constitución de la República.
Sin embargo, una fuente de la institución negó la veracidad del documento que circula en medios de comunicación bajo el número de resolución ADM-2026-017, y dijo que la realidad es que hubo un aumento de salarios a los empleados que no excluye a los miembros del pleno de la institución.
A pesar de que en la página web de la Cámara de Cuentas están publicadas resoluciones con números posteriores, mas no la señalada.
El documento en cuestión corresponde a la resolución número ADM-2026-017, fechada el 13 de marzo de 2026. En su contenido se establece la modificación del «Manual unificado de políticas de compensación, derechos y beneficios del servidor público de la Cámara de Cuentas«.
El texto en debate indica un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno, bajo el argumento de reconocer «dedicación exclusiva y jornadas extraordinarias». También plantea que la medida tendría carácter retroactivo a febrero de 2026.
De aplicarse, el incremento impactaría directamente a los actuales integrantes del órgano. Según los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, la presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, mientras que el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
De ser veraz la resolución, la disposición entra en conflicto con el artículo 140 de la Constitución, que regula los aumentos de remuneraciones en el sector público.
El texto establece: «Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados».
Al tratarse de un aumento aprobado por los propios miembros para su período vigente, la resolución podría ser objeto de cuestionamientos de constitucionalidad. La Constitución también establece que el incumplimiento de esta disposición será sancionado conforme a la ley.
De acuerdo con los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, los miembros del pleno reciben las siguientes remuneraciones:
La presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
Con el nuevo esquema, las compensaciones podrían aumentar en más de 211,000 pesos mensuales en el caso de la presidencia y en alrededor de 189,000 pesos para los demás miembros, dependiendo de la aplicación del tope del 50 %.
La resolución también elimina el bono por antigüedad y suspende el bono vacacional. La medida se sustenta en que estos beneficios no estaban vinculados a criterios de desempeño o productividad institucional.
