Santo Domingo, RD.-El Pleno de la Junta Central Electoral recibió la solicitud de los partidos Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo la convocatoria a una audiencia de partidos políticos para tratar varios temas relacionados con la organización de las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales del próximo cinco de julio.Nacionales
Solicitan audiencia de partidos para protocolo de elecciones y otros asuntos.
Santo Domingo, RD.-El Pleno de la Junta Central Electoral recibió la solicitud de los partidos Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo la convocatoria a una audiencia de partidos políticos para tratar varios temas relacionados con la organización de las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales del próximo cinco de julio.En un documento depositado en la secretaría general de la JCE, los partidos de oposición que en esa audiencia se deben de tratar temas como propuestas para crear un protocolo y presentar propuestas para la celebración de esos comicios, las cuales se realizaran con la presencia del coronavirus (Covid-19).
“Estamos a 74 días de esas elecciones, debemos por tanto, desde ahora, trabajar para, por un lado, proteger a los dominicanos de la necesaria salud pública, y por otro lado, para celebrar las elecciones libres, justas y con equidad”, establece el documento depositado firmado por Orlando Jorge Mera y Manuel Crespo, delegados ante la JCE del PRM y Fuerza del Pueblo, respectivamente.
Otro punto que solicitaron tratar en esa audiencia, es la designación de un nuevo director de informática y revisión de los cargos de subdirectores.
“Igualmente, entendemos que otros funcionarios, que ocupan cargos de subdirectores, deben ser objeto de revisión por parte de la Junta Central Electoral, para reestructurar y sanear el departamento de informática a partir de la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las fallas al sistema de voto automatizado en las elecciones suspendidas del 16 de febrero de 2020”, expresan.
Los resultados de la auditoria OEA sobre lo ocurrido en las elecciones municipales ordinarias del 16 de febrero, en donde los equipos del voto automatizado no cargaron las boletas electrónicas, reveló que no hubo una intervención externa en los equipos y que lo sucedido se debió a las fallas en los trabajos de la dirección de informática.
Luego de eso, el pleno de la JCE fue despedido Miguel Ángel García, quien fungía como director de informática y estaba suspendido de sus funciones desde el 20 de febrero para que este no se involucre en la investigación. Desde entonces los subdirectores Juan Carlos Saladin, Luis Leger, Johnny Rivera, Orlyn Pereyra se han hecho cargo del área.
El artículo 16 de la ley 15-19 sobre régimen electoral establece que los cargos de directores de Elecciones, Informática, Registro Civil y Registro Electoral, serán designados luego de consultar con los partidos políticos.
Otros puntos que solicitaron se trata son las garantías electorales y acceso equitativo a medios de comunicación del Estado y la reestructuración de juntas municipales electorales, en casos muy concretos, conforme al Artículo 45 de la Ley No.15-19.
Ese artículo establece que al designar los miembros y secretarios de las juntas electorales y sus respectivos suplentes sustitutos, se deberá tratar de designar a individuos que no estén afiliados a ningún partido político; y si esto no fuere posible, se deberá nombrar a afiliados no activistas de dos o más partidos políticos reconocidos, de tal modo que ninguno de estos tengan mayoría de votos en la junta y, especialmente, se tratará en todos los casos de que el presidente y el secretario, así como sus respectivos suplentes y sustitutos, pertenezcan a partidos políticos distintos.
Tanto el PRM como Fuerza del Pueblo, pidieron que para la audiencia sean invitados representamos de la OEA, la Fundación Institucionalidad para Sistemas Electorales (IFES), Participación Ciudadana y la Comisión de Acompañamiento a la JCE.
Delegación de Unión Europea llegará en junio
L a entidad electoral informó este miércoles que la Misión Electoral de Expertos (MEE) de la Delegación de la Unión Europea para las Elecciones Presidenciales y Congresuales del 5 de julio llegará al país el próximo 6 de junio del presente año, debido al cambio de fecha de dichas elecciones.
En adición, dicha delegación reiteró que atendiendo a la invitación de la JCE la llegada de los expertos se tenía prevista para el 17 de abril, y como consecuencia directa de la crisis mundial del COVID-19 y la postergación formal de las elecciones presidenciales del 5 de julio se ha decidido aplazar la llegada de los expertos para el próximo 6 de junio.
Igualmente, indicó que los nombres de los expertos serán comunicados ulteriormente, así como la duración de la Misión.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.