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Plantean necesidad de un nuevo contrato social basado en el respeto, los valores y la empatía
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, al analizar la violencia y la criminalidad, planteó la necesidad de que todas las fuerzas vivas del país trabajen en el establecimiento de un nuevo contrato social basado en el respeto, los valores, la empatía y, sobre todo, que brinde mayores oportunidades a los más desposeídos.
Estoy planteando que en República Dominicana firmemos un nuevo contrato social afianzado en respeto, en principios, en valores, en escucha con empatía, en oportunidades para los que menos tienen…”, dijo Reynoso, al impartir la conferencia “Anatomía de la violencia y la criminalidad en República Dominicana: radiografía para una transformación necesaria”, atendiendo a una invitación de la Cooperativa Vega Real.
La conferencia, en la que participaron colaboradores y socios de la cooperativa, se desarrolló la mañana del sábado en la casa club de la entidad, ubicada en Bayacanes, La Vega.
La procuradora general recibió, de la mano de la alcaldesa de La Concepción de La Vega, Amparo Custodia, un reconocimiento en el que el Concejo de Regidores y el Ayuntamiento de esa ciudad la declaran visitante distinguida.
- También, el anfitrión de la actividad, Yanio Concepción, presidente ejecutivo de la Cooperativa Vega Real, entregó un reconocimiento a Reynoso durante la actividad, en la que estuvieron presentes el senador Ramón Rogelio Genao, la gobernadora provincial Luisa Jiménez y el coronel Ramón Dicló, director regional de la Policía Nacional, con asiento en la provincia de La Vega, así como la fiscal titular de esa provincia, Aura Luz García.
La procuradora general insistió en la integración de toda la población a un nuevo contrato social que brinde mayores garantías para acceder a justicia, salud y educación de mayor calidad. “Vamos a impulsar, como ciudadanos y servidores públicos, como Estado y sociedad, un pacto”, propuso.
Insistió en que impulsar una sociedad más justa requiere de la participación de los políticos, los religiosos, los cooperativistas y de todos los sectores representativos de la sociedad.
Reynoso recordó su propuesta tras explicar que la tasa de homicidios en República Dominicana se sitúa en 7.2 por cada 100,000 habitantes.
Sin embargo, dijo, que aproximadamente el 60 % de los homicidios resultan difíciles de prevenir porque están asociados a conflictos sociales, mientras existen países en la región que tienen los conflictos sociales prácticamente en cero o en un dígito.
En ese contexto, deploró que se quite la vida a alguien por la mitad de un pan, por una mala mirada o porque el otro molesta con una música alta.
Esto no es invento, son del parte diario que elabora la Policía de lo que ocurre a diario”, dijo.
Por cualquier conflicto: ‘yo te mato’, es un lenguaje violento que genera violencia y que tenemos que hacer un cambio, porque casi siempre el conflicto inicia con un lenguaje violento que después pasa a violencia física y lo mismo pasa en la violencia del hogar”, sostuvo.
Casos y perfil de los denunciados
Explicó que en 2025 el Ministerio Público recibió 236,783 casos. Indicó que más del 80 % de las personas denunciadas o que la investigación dice que son responsables de los delitos denunciados tiene menos de 35 años, lo cual quiere decir que los jóvenes, la generación del presente y del futuro, requieren atención inmediata.
Esos jóvenes los formamos nosotros. Entonces, deberíamos revisar: ¿qué hicimos?
¿Qué estamos haciendo? No es para buscar culpables, pero sí para buscar solución, porque esos jóvenes no se formaron solos. Esos jóvenes son el producto de esta sociedad”, dijo.
Violencia de género y feminicidios
En su conferencia, Reynoso también deploró los feminicidios, con la secuela que dejan en las familias y que matan a las madres que procrea la sociedad.
«El hijo que ve al padre golpear a la madre entiende en su subconsciente que, si su madre puede ser golpeada, el lenguaje natural de resolver los conflictos es la violencia,
y se va a golpear a la escuela y va a ser violento”, dijo.
Indicó que 73,295 de los casos denunciados en 2025 corresponden a violencia intrafamiliar, violencia de género y delitos sexuales.
En esos delitos, la mayor cantidad de involucrados son jóvenes de entre 18 y 34 años de edad. También llamó la atención sobre los delitos cometidos por menores de entre 13 y 18 años de edad que son imputables, aunque existen casos, incluso, de menos de 12 años, como ocurrió en Boca Chica, que son inimputables.
«Yo creo que tenemos que reenfocar la forma de nuestra educación, porque la educación no solo debe ser un lugar donde aprendemos matemática, reglas gramaticales”, dijo.
La educación tiene que ser el centro de formación, junto a la familia, donde formamos el modelo de ciudadano que queremos.
Santo Domingo, R.D.-El Séptimo Juzgado de Instruccion del Distrito Nacional, presidido por el juez Deiby Timoteo Peguero, fue apoderado para el conocimiento del juicio preliminar en contra de 14 personas físicas y jurídicas señaladas de integrar una red criminal que distribuyó sobornos por más de RD$108 millones para agenciarse contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
El apoderamiento fue realizado por la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, mediante sorteo aleatorio computarizado, en cumplimiento con el procedimiento establecido para la asignación de expedientes.
Con el caso ya en manos del magistrado, ahora corresponde que el juez Timoteo Peguero fije la fecha para la celebración de la audiencia preliminar, en la cual el Ministerio Público solicitará que se dicte auto de apertura a juicio en contra de los acusados.
También fueron acusadas las razones jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad de Quilvio Bienvenido Rodríguez, así como Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, vinculadas a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
De acuerdo con la acusación, los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, exigidos y recibidos por encargados de seguridad institucional a cambio de mantener vigentes las contrataciones, agilizar trámites administrativos y permitir la ejecución de los contratos sin fiscalización efectiva.
Los acusados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, delitos que fueron identificados durante la Operación Lobo, puesta en marcha en julio de 2025, cuando el Ministerio Público arrestó a militares y civiles señalados de integrar la estructura delictiva.
Santo Domingo, R.D.-El proceso para la modificación del Código Penal se detuvo y no siguio el curso esperado por el amontonamiento que han provocado los más de 80 observaciones en la Cámara de Diputados para cambiar algunos articulos de la ley, aunque el Congreso lleva a la carrera los cambios del mismo.
El plan de la Cámara de Diputados era aprobar ayer los cambios al Código Penal, pero la comisión que estudia el tema se ahogó en propuestas y discusiones, y no logró completar el proceso, por lo que los legisladores decidieron aplazar la votación del nuevo Código Penal para este viernes, durante una sesión extraordinaria.
«Estamos retrasados con la valoración de todas las sugerencias que se han hecho», admitió el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, al anunciar que la sesión convocada para ayer a las 3:00 de la tarde fue pospuesta para hoy.
«Vimos que el tiempo material que teníamos era prácticamente muy difícil«, sostuvo el legislador.
Cuestionado por las críticas de quienes atacan al Congreso por llevar rápido el estudio de las modificaciones, Pacheco replicó que el final de todas las legislaturas siempre viene cargado con proyectos delicados que se aprueban en la recta final del periodo para evitar que periman.
El Congreso aprobó el nuevo Código Penal hace un año y el presidente Luis Abinader lo promulgó en agosto. El artículo final de la Ley 74-25 daba un plazo de un año para que la normativa entre en vigencia con el objetivo de que todos los sectores conozcan el texto y que, además, la pieza se mejore con proyectos de modificación.
Sin embargo, las modificaciones nunca se ejecutaron durante todo un año y, casi a la entrada en vigencia de la ley, prevista para inicios de agosto, el Código Penal fue atacado por contener artículos que vulneran la libertad de expresión, como la difamación, el ultraje o la responsabilidad penal de los medios de comunicación.
Ese texto del Gobierno es el que ha imperado para modificar el nuevo Código Penal, pero el Congreso cuenta con alrededor de 84 propuestas de legisladores, juristas, universidades, partidos políticos y entidades que proponen cambios a la pieza.
Con el tiempo encima y apurados por el cierre de la legislatura, prevista para concluir el 26 de julio, los legisladores impulsan cambios al nuevo Código Penal e insisten en que aún hay tiempo para modificar la ley.
Pacheco aseguró que todas las propuestas depositadas por los diferentes sectores serán escuchadas y evaluadas, y añadió que, en los casos en que alguna observación no sea acogida, el Congreso establecerá un mecanismo para informar a sus proponentes si la iniciativa fue descartada o si quedará pendiente para una discusión posterior.
Antes de que concluyera el plazo para presentar observaciones, diversos sectores acudieron al Congreso con planteamientos para modificar artículos específicos del Código Penal.
El presidente de Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, entregó diez propuestas que incluyen eliminar la exclusión de responsabilidad penal para partidos políticos e iglesias, declarar imprescriptibles los delitos graves de corrupción, endurecer las penas por delitos contra el patrimonio público, incorporar el uso de inteligencia artificial y deepfakes en delitos contra el honor, eliminar el delito de ultraje y presentar un texto alternativo sobre las tres causales para proteger la vida de la mujer si estas no son aprobadas.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), encabezado por Trajano Potentini, propuso mantener el límite máximo de 30 años de prisión, revisar el aumento de las penas contempladas en el proyecto, eliminar figuras penales abiertas y disposiciones que, a su juicio, criminalizan la opinión y otorgan un trato privilegiado a funcionarios públicos.
De igual manera, un grupo de más de 70 juristas solicitó modificar los artículos 110 y 111 para incorporar las tres causales para la interrupción del embarazo y reformar la disposición sobre aborto forzado, mientras que una coalición integrada por Juventud con una Misión (Jucum), Acción Cristiana, Orozco & Asociados y otras organizaciones objetó varios artículos por entender que afectan la libertad de expresión y rechazó la inclusión de las tres causales.
Santo Domingo, R.D.-La atencion publica sigue en la reforma del Código Penal, mientras la comisión bicameral del Congreso que estudia las 84 propuestas de modificación se retrazó en el plazo de menos de 24 horas previsto para someterlo a votación.
Ayer precisamente el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) presentó ante la Cámara de Diputados su posición institucional sobre las propuestas de modificación a la Ley número 74-25, que instituye el Código Penal, donde planteó extender el plazo de entrada en vigencia de la normativa.
En un documento enviado al presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, la entidad sostiene que el texto es fruto de un amplio proceso de consulta con organizaciones empresariales, empresas de distintos sectores, abogados y especialistas.
El CONEP afirma que, como parte de este proceso, entregó al Congreso Nacional una matriz técnica con propuestas de redacción y recomendaciones artículo por artículo.
Entre los temas abordados figuran la responsabilidad penal de las personas jurídicas y del personal médico, libertad de expresión, y la incorporación de nuevos tipos penales vinculados a la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las estafas piramidales, entre otros aspectos considerados relevantes por el sector.
También valoró la apertura mostrada por el Congreso, y reiteró su disposición a continuar colaborando con la Comisión que lo estudia.
Según el constitucionalista, de aprobarse la iniciativa sin los ajustes necesarios, los funcionarios públicos, empresas contratistas del Estado y miembros honoríficos de consejos estatales podrían quedar desprotegidos frente a acusaciones falsas que destruyan injustamente su reputación.
Valerio enfatizó que, si bien la Constitución consagra la libertad de expresión y el derecho ciudadano a fiscalizar los asuntos públicos, estos derechos no deben confundirse con la atribución de hechos falsos. “Una cosa es informar y otra muy distinta es difamar”, señaló, recordando que la Carta Magna también exige el respeto al honor, la intimidad y la dignidad de las personas.
Para Valerio, aunque esta medida podría ser razonable en ciertos casos de injuria, resulta peligrosa e insuficiente cuando se trata de difamación, definida como la imputación falsa de un hecho concreto, como acusar a alguien de desviar fondos públicos sin pruebas.
Retraso de la Comisión
Sobre el plan de los legisladores de terminar al mediodía de ayer la evaluación de todas las observaciones presentadas por la sociedad, tras haber comenzado el proceso de revisión el miércoles aproximadamente a las 6:00 de la tarde.
No obstante, Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, expresó que el tiempo no sería suficiente, para presentarlo en la sesión extraordinaria convocada para las 3:00 de la tarde, por lo que los congresistas decidieron posponer la sesión para este viernes.
“Esto se debe a que estamos retrasados con la valoración de todas las sugerencias que se han hecho. Hemos visto que el tiempo que teníamos va a ser prácticamente muy difícil y atropellado”, dijo Pacheco al ser entrevistado en el Congreso. No obstante, aclaró que el tiempo restante antes de desarrollarse la sesión de hoy será utilizado para agilizar el proyecto de variación a la nueva Ley penal 74-25 y otras iniciativas.
Las críticas al procedimiento
Una de las principales críticas señaladas en contra del procedimiento que aplica la Comisión Bicameral, presidida por el diputado Wandy Batista, es el corto plazo que ha destinado para la evaluación de las observaciones presentadas por la población.
Ante estos cuestionamientos, Pacheco aseguró que “todas las propuestas serán atendidas”. Lo mismo resaltó el presidente de la Subcomisión, senador Pedro Catrain, quien está encargado de presentarle una matriz a la Comisión Bicameral que detalle el contenido de las diversas sugerencias de modificación.
“Lo que queremos enfatizar es que hemos revisado y vamos a revisar todas las propuestas de las instituciones y ciudadanos que han formulado al Congreso sus inquietudes”, dijo Catrain al conversar con reporteros.