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Procuraduría declara que en 2017 logró condenas por corrupción y sometió a decenas de funcionarios

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La Procuraduría  General de la República afirma que las condenas corresponden a los casos del Ministerio de Hacienda, SEMMA, PRA, OISOE, alcaldías de San Francisco de Macorís y San Cristóbal, así como a las juntas distritales de Cabarete y La Bija, de Cotuí.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Procuraduría  General de la República declaró que el Ministerio Público logró que fueran condenados 21 funcionarios, empleados y personas vinculadas a casos de corrupción con penas de hasta ocho años de prisión y el pago de multas por montos que superan los RD$100 millones, tras ser hallados culpables de delitos de corrupción.

Asimismo señaló, que como nunca antes visto han sido sometidas decenas de otros funcionarios y exfuncionarios de altísimo rango para que respondan ante la justicia en procesos que se encuentran en curso sin importar los gobiernos ni partidos que hayan pertenecido los mismos.

La institución indicó que las sentencias condenatorias fueron emitidas este año en diferentes tribunales del país por los delitos de desfalco contra el Estado, prevaricación, coalición de funcionarios y asociación de malhechores.

El procurador general de la República, Jean Rodríguez, dijo que seguirán duplicando los esfuerzos en interés de lograr una mejor administración de los fondos públicos, fomentar el establecimiento de una cultura de transparencia y fortalecer cada vez más la lucha contra la corrupción en el país, esperando que el Poder Judicial haga también su parte.

A través de un comunicado, la Procuraduría General de la República indicó que las condenas fueron impuestas luego que el equipo de fiscales adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) demostraran la comisión de los hechos imputados que constituyen una violación a la Constitución, el Código Penal Dominicano, la Ley No. 6200 del Ejercicio de la Ingeniería y la Arquitectura, y la antigua Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos.

Una de las condenas, señala la institución, fue la impuesta por el Tribunal Colegiado de San Cristóbal en contra del exalcalde de esta provincia, Raúl Mondesí Avelino, quien fue sentenciado a 8 años de prisión y al pago de una multa de RD$60 millones de pesos y la inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos.

Explica que junto a Mondesí el Ministerio Público también logró que fueran sentenciados el exsecretario de dicha alcaldía, Bienvenido Araujo Japa, y el extesorero Jesús Antonio Ferreira, quienes fueron condenados a 7 y 6 años de reclusión, el pago cada uno de una multa de RD$20 millones y la inhabilitación por 6 años y 7 años para ocupar cargos públicos, respectivamente.

La Procuraduría precisa que presentó acusación en contra de los involucrados en los US$3.5 millones de dólares que habría pagado como sobornos la empresa brasileña Embraer para obtener los contratos de venta de ocho aviones Super Tucano.

La institución señaló que por igual, tras acoger la petición del Ministerio Público, el Segundo Tribunal Colegiado de la provincia de Santo Domingo dictó una sentencia condenatoria de 5 años de prisión en contra del exalcalde de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez Gullón, en tanto que el ex encargado de nómina, Jerson Neris Lizardo Pérez, fue condenado a 8 años de reclusión.

Indicó que la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la condena de 3 años de prisión y el pago de una multa de RD$500 mil en contra de los encartados en el caso del Seguro Médico para Maestros (SEMMA) Marcelino Rijo Guzmán, Eddy Leonardo Terrero Fermín y Bélgica Olga Díaz Moreno.

Con relación al caso del Programa de Reducción de Apagones (PRA), indicó que la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó una condena de 3 años de prisión y el pago de una multa de RD$500 mil en contra del exdirector de esa entidad, Marcos Lara Lorenzo, y de 2 años de prisión y el pago de una multa de RD$250 mil en contra de Sauris Rodríguez Sánchez y Juan Portalatín Castillo.

En otra decisión, la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Puerto Plata condenó a los exdirectores de la Junta Distrital de Cabarete, Gabriel Antonio Mora Ramírez y Eddy Ramón Morfe, quienes fueron sentenciados a 2 años de reclusión menor y al pago de una multa equivalente a los valores desfalcados, ascendentes a RD$831,226.00 y RD$910,297.00 a favor del Estado dominicano.

Se recuerda que gracias a las diligencias del Ministerio Público, se logró que dicho tribunal revocara una decisión del Tribunal Colegiado de Puerto Plata mediante la cual los imputados habían sido descargados de los delitos de prevaricación y desfalco.

El organismo persecutor igualmente indica que la Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega ratificó una condena de 3 años de reclusión en contra del exalcalde de la Junta Distrital de La Bija, de Cotuí, Jesús Jiménez Castro.

De igual manera, precisó que contra el exdirector y la exsubdirectora del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Ministerio de Hacienda, Sergio Tulio SuncarLiriano e Isabel María Soto Santana, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ratificó una decisión del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que lo condena a 7 años de prisión e igualmente condena al empleado de esa entidad ÁngelJosé Castro a 5 años de reclusión.

La dirección de comunicación y prensa de la Procuraduría General, indica que la institución también obtuvo sentencias condenatorias en contra del exdirector del Departamento de Edificaciones Escolares de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y del excoordinador de la Dirección Técnica de esa entidad, Alejandro Isidoro De Los Santos y Joel Soriano Fabián, quienes fueron condenados por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a seis y cinco años de prisión, respectivamente.

En torno a ese mismo caso de OISOE, detalló que el tribunal también condenó a 5 años de reclusión a los imputados Ernesto Romero y el abogado Julio Rafael Pérez Alejo, éste último quien fue identificado como “El hombre del maletín” o “El hombre de los anillos”, y que aunque no laboraba para esa entidad, tenía a cargo la entrega del dinero prestado a contratistas para el avance de la construcción de las obras.

Casos en letargo fueron reabiertos con resultados favorables

La Dirección de Comunicación y Prensa de la Procuraduría destaca que se lograron decisiones favorables como resultado de las instrucciones dadas por el magistrado Jean Rodríguez al Ministerio Público para reabrir y darle continuidad a casos que se encontraban en un letargo a varios años de haberse iniciado el proceso judicial.

Destaca en ese orden, las citadas condenas de 3 y 2 años de prisión y el pago de multas impuestas a solicitud del Ministerio Público en contra de los encartados en el caso del Programa de Reducción de Apagones (PRA).

Igualmente, expresa que tras varios años de haberse iniciado una investigación contra el exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Héctor Rodríguez Pimentel y otras seis personas involucradas de la malversación de RD$1,500 millones y US$56,479,038.41 de esa institución, el Ministerio Público logró que se dictara apertura a juicio en su contra.

Junto a Rodríguez Pimentel también fueron enviados a juicio de fondo por su vinculación al caso, Príamo Méndez Cuesta, Manuel De La Cruz Martínez, José́ Antonio Pérez Jiménez, Fior D’ Aliza del Carmen Ares Salazar, Víctor Hugo Batista Linares y Teodoro Ruiz.

Más casos con apertura a juicio 

El Ministerio Público además logró este año apertura a juicio en contra de los inculpados José Mercedes Martínez Emeterio, Willis Alberto VilorioSarante y Basilia Castillo Espinal, en su calidad de alcalde, extesorero y esposa del exalcalde de Las Terrenas.

Además, fueron enviados a juicio de fondo el exalcalde del municipio cabecera de la provincia de La Romana, Juan Antonio Adames, y los extesoreros del cabildo, Rafael Rocha y Remigio Pilier.

Está igualmente en fase de apertura a juicio el caso de desfalco de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE) en el que está involucrada Octavia Angélica Medina.

Caso Super Tucano

Al exponer las acciones que lleva a cabo para perseguir y procurar sanción en los casos de corrupción, la Procuraduría precisa que presentó acusación en contra de los involucrados en los US$3.5 millones de dólares que habría pagado como sobornos la empresa brasileña Embraer para obtener los contratos de venta de ocho aviones Super Tucano.

En ese expediente figuran como imputados el exsecretario de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio, y el coronel de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), Carlos Piccini, así como Daniel Aquino Hernández, Daniel Aquino Méndez, Israel Abreu, Félix del Orbe, y las empresas Embraer, 4D Group y Magicorp.

Medidas de coerción

La entidad del Ministerio Público a cargo de la persecución de la corrupción señala finalmente que mantienen distintas medidas de coerción los 14 implicados en los US$92 millones dólares que la empresa brasileña Odebrecht admitió que pagó para obtener contratos de obras en el país.

Resalta que en un hecho sin precedentes y actuando de forma responsable, las medidas de coerción fueron solicitadas e impuestas a ÁngelRondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, RuddyGonzález, Andrés Bautista, TemístoclesMontás, CésarSánchez, Máximo De Óleo, Radhamés Segura, Roberto Rodríguez Hernández, Bernardo Castellanos, Julio CésarValentín, Tommy Alberto Galán y Alfredo Pacheco Osoria.

La institución resaltó que dentro del rol del Ministerio Público en materia de corrupción administrativa, el año 2017 ha sido el año de mayor cantidad de condenas, más sometimientos y logro de medidas de coerción a funcionarios y exfuncionarios de relevancia en la historia de la República Dominicana, lo que marca el inicio de un cambio en el fortalecimiento institucional.

acento.com.do

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Ministerio Público formaliza cargos contra red del caso «Onco14» por fraude millonario a SeNaSa y pacientes de cáncer

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Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público formaliza la imputación contra una estructura criminal desarticulada mediante la Operación Onco14, acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.

La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).

Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.

Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.

Un control prolongado para fines ilícitos

El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.

En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.

Tipificación penal

Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.

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Dos personas muertas y una sobreviviente en incidente de torre en Piantini

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Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.

Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.

Mientras que la joven Caroline Milagros Pérez, de 22 años, novia del fallecido, fue encontrada con signos vitales.

Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.

“Hasta el momento no tenemos mayores detalles que ofrecer. Estas tres personas fueron encontradas en el lugar y, preliminarmente, no se observaron signos de violencia”, declaró el portavoz policial.

Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.

“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.

El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.

Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.

“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.

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Buscan fortalecer convivecnia pacífica con implemantacion de nuevo plan.

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Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de fortalecer la convivencia pacífica y el bienestar en las comunidades, el Ministerio de Interior y Policía puso en marcha este jueves el Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana.

En una primera etapa, la iniciativa será implementada en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, y posteriormente se extenderá a otras localidades del país.

El acto estuvo encabezado por la titular del ministerio, Faride Raful, quien destacó que las instituciones involucradas en el programa trabajarán de manera coordinada con la comunidad.

“La seguridad ciudadana la construimos entre todos, junto a las instituciones que deben fungir como acompañantes”, afirmó.

De acuerdo con la ministra, antes del lanzamiento del programa las autoridades realizaron un diagnóstico para identificar las principales necesidades y brechas que pueden ser abordadas desde el Estado.

“Asumimos esas brechas para buscar soluciones. Antes de desarrollar el programa conversamos con comerciantes, juntas de vecinos e iglesias”, aseguró.

Raful explicó que los comunitarios solicitaron una mejor iluminación del sector, la adecuación de espacios públicos y un esquema de seguridad permanente.

Asimismo, sostuvo que una de las prioridades del plan es impedir que conductores de motocicletas realicen piruetas en las calles que alteren el orden público.

“Queremos que el espacio público vuelva a ser de la gente y no de las motocicletas que andan calibrando en las calles. Es una tarea de todos y entre todos vamos a recuperarlo”, expresó.

“Y tiene que funcionar; de lo contrario, es mejor retirarse de esto”, afirmó.

Según las autoridades, esta primera intervención en Villas Agrícolas incluirá la instalación de más de 500 luminarias, el fortalecimiento del patrullaje policial y la incorporación de nuevos agentes en los destacamentos de la zona.Expandir imagen

Infografía
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz; y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, durante el lanzamiento del Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional. (JUAN GUIO)

Insta a realizar denuncias

La ministra también exhortó a los comunitarios presentes en el lanzamiento a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana, al señalar que en muchas ocasiones las autoridades desconocen los casos por falta de reportes.

“A veces me dicen: ‘Ustedes no hacen nada’, pero muchas veces, cuando acudimos al lugar, nos percatamos de que desconocíamos el caso porque no había sido denunciado”, explicó.

  • El programa contempla, además, la ejecución de actividades sociales, el control territorial y acciones orientadas a la reducción de crímenes y delitos en la localidad.
  • En la elaboración y ejecución del programa participaron 40 instituciones públicas.
  • En el acto estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta; y representantes comunitarios del sector.

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